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Después del reto de Boric: el reservado oficio con que la ministra Toro cobra el retraso de la reconstrucción a otras carteras

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“Si bien hemos mejorado los montos y los estándares de los apoyos en relación a las catástrofes anteriores, tengo que decirles que no estoy conforme con la velocidad de los avances de reconstrucción. Hay demasiadas familias que aún tienen incertidumbre y que después de haberlo perdido todo no les estamos entregando la solución que merecen. Por eso, he instruido a los equipos a cargo redoblar los esfuerzos para atender las necesidades de quienes han sido afectados por esta tragedia”.

Veinticuatro segundos de la reciente Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric bastaron para agitar las aguas tanto en el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) a cargo de la ministra Javiera Toro, como en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). ¿A quién apuntó? Las preguntas de ese tipo comenzaron a resonar en ambas instituciones.

Más todavía porque las autoridades comunales, como la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, concordaron con Boric: “El Presidente tiene razón, se debe acelerar la reconstrucción y dar certezas de una buena vez a las familias”, dijo.

Y este jueves la titular de Mideso y encargada de la reconstrucción tomó cartas en el asunto al enviar un oficio al gabinete ministerial y en particular a los ministros que son parte del Comité para la Reconstrucción liderado por ella por la demora en el plan.

Junto con saludarle cordialmente, en mi calidad de ministra presidenta del Comité de Reconstrucción, dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 21.640 de Presupuestos del sector público correspondiente al año 2024, por el presente solicito su colaboración para el correcto seguimiento y ejecución de las medidas contenidas en el Plan de Reconstrucción Incendios: Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, Región de Valparaíso (en adelante, “Plan de Reconstrucción”)”, se lee.

“Como es de su conocimiento, el Comité elaboró un Plan de Reconstrucción para enfrentar las consecuencias de los incendios acaecidos durante febrero en comunas de la región de Valparaíso, el cual se estructura en ejes y componentes que se traducen en 166 medidas específicas. Al respecto, se le solicitó a Ud. una planificación de actividades y medios de verificación por cada una de las medidas de su responsabilidad. Asimismo Ud. informó un funcionario como punto focal general, quien representará a su institución en el equipo de reconstrucción del Ministerio de Desarrollo Social y Familia”, se agrega.

Y luego viene el punto donde la ministra Toro deja ver su malestar: “En relación con lo anterior, no todas las contrapartes han respondido satisfactoriamente a la información necesaria solicitada. Por ello, y como parte de la estrategia operativa de seguimiento y cumplimiento del Plan de Reconstrucción, se le informa que se cita a las contrapartes técnicas a reunión de trabajo el próximo martes 11 de junio a las 10:00 en dependencias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para cerrar el proceso de planificación de las medidas”.

Sumado a lo anterior, agrega, “y en un plazo acotado, entendida la urgencia de lo encomendado, se le solicitará actualizar las respectivas planillas de seguimiento de las medidas, con fecha hasta el 17 de junio. En ese sentido, se le comunica que la información solicitada será considerada para los reportes de avances y nudos críticos que se elaborarán por el gerente técnico para la reconstrucción y su equipo”.

Apenas escuchadas las palabras del Mandatario en su Cuenta Pública rápidamente también comenzaron los descartes sobre a quién iban y hoy, a 96 horas de ese momento, nadie parece hacerse cargo de la crítica del Mandatario. De hecho, Senapred, al ser consultado por la declaración del Presidente optó por no referirse al tema.

Y, por el contrario, lo que sí hizo el servicio que reemplazó a Onemi fue enviar los avances que hasta la fecha se llevan sobre habilitación de hogares, señalando que el lunes 15 de abril concluyó la primera etapa del proceso de rehabilitación con la instalación de 1.210 viviendas de emergencia entre las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Y que la segunda etapa se inició al día siguiente y que hasta este lunes ha permitido construir 692 nuevas viviendas, dando una cifra total de 1.902, de las cuales 819 son en Quilpué, 18 en Villa Alemana y 1.065 en Viña del Mar, explicando además que la etapa de rehabilitación (recuperación a corto plazo) es donde se entregan viviendas de emergencia, pero que la etapa de reconstrucción (reparación o reemplazo a mediano y largo plazo), es sectorial.

Y ha sido justamente ese proceso de rehabilitación, cuyo peso recae en Senapred, el que más cuestionamientos ha despertado debido a la demora en la instalación de las viviendas.

Puertas adentro, en todo caso, desde Senapred creen que su respuesta ha sido adecuada, sobre todo considerando la propia decisión del gobierno sobre construir en terrenos irregulares, lo que, creen, ha complejizado el proceso. “Desde ahora, desde estas emergencias, se empezó a instalar viviendas de emergencia a familias en terrenos irregulares. Eso aperturó a que también entregáramos bonos de acogida a familias en terrenos irregulares acorde a la nueva realidad que estamos teniendo en el país”, explicaba Camilo Grez, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencias de la Subsecretaría del Interior, durante la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados del 15 de mayo. Incluso esta decisión de Presidencia ya provocó una fuerte pugna con la Subsecretaría del Interior debido a las consecuencias y responsabilidades que implicaría para el servicio avanzar de manera inédita en la instalación de viviendas de emergencia en terrenos irregulares, toda vez que esto permite que esos sectores sigan en una condición de irregularidad, ahora con la venia del gobierno, que se enfrentó al dilema que no construir en esos terrenos dejaría a cientos de personas sin techo ad portas del invierno..

Pero, además, construir ahí ha traído una complejidad adicional a Senapred por la dificultad técnica de llevar materiales y edificar viviendas en zonas complejas, lo que ha implicado un retraso en los tiempos: según datos a los que tuvo acceso este medio a fines de mayo, la instalación de viviendas de emergencia en terrenos regulares toma como máximo 24 horas, mientras que en terrenos irregulares llega a un triple de 72.

Por otra parte, en los pasillos de Mideso sostienen que la crítica del Presidente llegó por sorpresa. Sobre todo porque, aseguran, como ha informado públicamente el Comité para la Reconstrucción, liderado justamente por la ministra y encargada de la reconstrucción, Javiera Toro, los avances en la región de Valparaíso han ido en tiempo y forma según lo establecido en el plan anunciado.

Y ahí, incluso, creen que los dichos del Mandatario apuntan a Senapred, porque son ellos los encargados de la primera etapa de respuesta. Y que por eso el llamado de atención no fue tomado dramáticamente.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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