En Chile no es novedad que se diga que los programas educacionales o las relaciones internacionales deben ser pensadas como políticas de Estado y no sólo como decisiones del gobierno de turno. ¿Por qué no pensar entonces el turismo bajo ese prisma?
Pensar en impulsar un desarrollo sostenible y ofrecer al país una discusión bastante más sana y útil que las diferencias históricas (que el Gobierno parece no saber cómo balancear de forma apropiada), podría resultar ser un interesante legado para la actual administración.
“Indonesia tuvo durante la pasada década un aumento sostenido de visitantes y el año pasado recibió a cerca de 5.5 millones de turistas. Chile, en cambio, pasó de 6,4 millones de turistas en 2017 a 4,5 millones en 2019”.
Y es que el turismo es una industria que no sólo apela a un sincero afecto que sentimos por nuestro país, al invitarnos a promover los paisajes que nos ofrece nuestra singular y rica geografía, sino que además es una actividad de múltiples beneficios que, por cierto, está dentro de aquellas de mejor recuperación económica después de los años marcados por el Covid-19. The Economist (“revenge” tourism) estimaba que en 2023 se podrían empezar a alcanzar los niveles registrados antes de la pandemia en cuanto a consumo por turismo en el mundo.
Un ejemplo de buena recuperación en turismo es Indonesia. El gigante archipiélago del sudeste asiático, que cuenta con más de 270 millones de habitantes y es una democracia estable que bajo el presidente Joko Widodo ha impulsado un crecimiento económico sostenido.
En lo que a turismo respecta, Indonesia tuvo durante la pasada década un aumento sostenido de visitantes; el año pasado recibió a cerca de 5.5 millones de turistas. Chile, en cambio tuvo una baja que comenzó el año 2017 al 2018, pasando de 6.4 millones a 5.7, y luego en 2019 llegando a 4.5 (Statista). De acuerdo con “The World Tourism Organization”, el turismo significa aproximadamente un 3.3% del PIB de Chile, cifra que coincide con el “Informe de resultados: aproximación PIB turístico de Chile” elaborado por Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) en 2021. Para Indonesia, en cambio, el turismo significa un 4.2% del producto.
¿Qué tenemos en común con Indonesia? Una extensa geografía, por supuesto con diferencias mucho más pronunciadas en cuanto a diversidad étnica y cultural que en Chile, pero, además, una cultura relacionada al surf que sólo puede crecer. La práctica del surf conlleva diversas mejoras en quienes lo incorporan en sus vidas, pero también en los lugares en donde éste se practica.
Ya desde 2007 comenzó una incipiente literatura económica que ha ido creciendo en el tiempo. En el año 2015 la Federación Canaria de Surf estimaba que el turismo por surf podía significar 12 millones de euros al año; por otra parte, en Australia, en 2020 se cuantificó el aporte del surf por ingresos equivalentes a 542 millones de dólares en The Gold Coast (Gold Coast Surf Management Plan).
En 2021, un artículo titulado “Establishing a pre-COVID-19 baseline for surf tourism: Trip expenditure and attitudes, behaviors and willingness to pay for sustainability” estimó que el consumo relacionado al turismo surf en el mundo está en un rango entre 31,5 y 64,9 mil millones de dólares.
Por todo esto, es una buena noticia que la moción de la senadora Ebensperger y de los senadores Durana, Chahuán, Prohens y Pugh sobre protección de las rompientes de las olas para la práctica del surf haya por fin terminado su primer trámite constitucional en el Senado; ahora le corresponde a la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados mantener el ritmo de esta discusión legislativa y así, ofrecerle al surf chileno y al turismo nacional, una buena noticia. Y al país, noticias que nos unan a todos.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.