Con más de 30 años de historia, la cadena hotelera Diego de Almagro -ligada al empresario español Faustino Alonso- ha logrado posicionarse como la más grande del país con 33 recintos desde Arica a Punta Arenas, número que la firma quiere seguir aumentando.
Para este ejercicio, la cadena espera inaugurar dos nuevos hoteles. La primera apertura está prevista para abril próximo en Santiago, específicamente en el sector de Enea, en Pudahuel, cercano al Aeropuerto de Santiago. El nuevo recinto -que involucró una inversión de US$ 15 millones- estará enfocado al público corporativo y tendrá 312 habitaciones, tres salones para eventos, un gimnasio, piscina temperada y estacionamientos.
Y para el segundo semestre de este año, Diego de Almagro espera abrir un nuevo hotel en La Serena, emplazado en la avenida Francisco de Aguirre. Este proyecto -que demandó inversiones en torno a US$ 13 millones- está dirigido a un público más variado, ya que incluye tanto el segmento corporativo como el vacacional, y contará con 202 habitaciones, un gimnasio y piscina, entre otras instalaciones.
“A nosotros como hoteleros nos tiene muy preocupados el tema de la seguridad. Es algo que no se puede controlar, sumamente complejo y que afecta la imagen país”.
Y eso no es todo. El gerente general de la cadena, Álvaro Castilla, indicó que hace algunas semanas iniciaron la construcción de un nuevo hotel en la ciudad de Valdivia, el cual contempla una inversión de más de US$ 10 millones, con una capacidad de 194 habitaciones y tres grandes salones.
“Nosotros estamos constantemente mirando hacia adelante. A futuro queremos seguir levantando proyectos. Hoy estamos presentes en 23 ciudades y queremos seguir llegando a más, tenemos un convencimiento de que nuestro negocio y propuesta de valor ha sido exitosa, por eso está el entusiasmo de seguir invirtiendo”, enfatizó.
En esta línea, indicó que la empresa está en permanente búsqueda de oportunidades a lo largo de Chile y se encuentran en proceso de evaluación de nuevos proyectos que están a la espera de concretarse.
La crisis de inseguridad
Ya dejando atrás los efectos de la crisis sanitaria, y encaminados a recuperar los índices prepandemia, Castilla detalló que la industria se está enfrentando a dos nuevas complicaciones: la crisis de seguridad que está viviendo el país y la baja promoción que está teniendo el turismo nacional.
En efecto, mientras Diego de Almagro logró llegar a las cifras de actividad que tenía en 2019 en parte importante de sus ubicaciones, el ejecutivo señaló que hay otras zonas del país en donde los indicadores no han logrado repuntar debido a que la inseguridad se ha tomado las calles.
“Tenemos destinos clásicos como Valparaíso y Antofagasta que han visto una gran disminución del turismo debido a su deterioro. A nosotros, como hoteleros, nos tiene muy preocupados el tema de la seguridad. La pandemia nos pegó a todos, pero uno se puede levantar de eso. En cambio, la seguridad es algo que no se puede controlar, sumamente complejo y que afecta la imagen país”, advirtió.
Ante este escenario, el ejecutivo señaló que han comenzado a tomar medidas como redoblar los esfuerzos para mejorar la seguridad en sus instalaciones, pero enfatizó que este problema va más allá de los privados, haciendo un llamado a las autoridades para que tomen las medidas necesarias.
Las carencias en promoción turística
En relación a la promoción del turismo nacional, Castilla señaló que durante este último tiempo los presupuestos han ido disminuyendo, lo que deja a Chile en desventaja con otras naciones de la región como Brasil, Argentina y Colombia, entre otros.
“Esto es un concurso de belleza, los países no solo tienen que mostrarse bonitos, sino que hay que vestirlo y prepararlo para atraer a los futuros veraneantes, y eso no se está haciendo. Entonces, hay que centrarse en buscar y aprender de los mecanismos que son exitosos en otros países. Hay diferentes alternativas que se están evaluando, que pueden ser atractivas para poder aumentar la recaudación, pero hay que llevarlas a acción”, concluyó.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.