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Diego Mendoza, secretario general Anac: “Nuestra postura es la de avanzar siempre (…), pero con la gradualidad necesaria”

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Tres décadas de vida cumplió la Asociación Nacional Automotriz y lo celebró en grande, en una ceremonia que incluyó a más de 500 invitados de diversos ámbitos ligados a la industria. Desde antiguos ejecutivos y directores del ente gremial, autoridades públicas, pasando por concesionarios y embajadores de las marcas.

Una fiesta para celebrar los 30 años y el camino que se ha recorrido en estos años, los avances y los desafíos que tiene la entidad para las próximas décadas.

En esa línea, Diego Mendoza, Secretario General de Anac, profundiza en los diferentes temas que atañen a la entidad y cómo han logrado hacerse parte de las políticas tomadas en pro del transporte urbano y público.

Pareciera que la última década es cuándo más se ha avanzado en materia de legislación para la industria, ¿a qué se debe?

Se debe a que tras la llegada de vehículos de distintos orígenes, debimos actualizar permanentemente las normas de seguridad activa y pasiva, empezar procesos de revisión de normas de emisión, y coincidió con la implementación de normas medioambientales y tributarias que iban dirigidas a nuestro sector, todo en los últimos 10 años. Por ejemplo, la REP, el impuesto verde, el etiquetado de consumo vehicular o ahora este año la eficiencia energética, han sido todas leyes que deben regularse en un reglamento y también interpretarse en resoluciones u otros documentos, lo que lleva a nuestro sector a ser uno tremendamente regulado desde lo medioambiental, pero muy competitivo porque todas las marcas deben cumplir obligatoriamente con estos requerimientos.

¿Cómo se trabaja con las autoridades pertinentes frente a los diversos temas de interés, como seguridad, emisiones y tecnologías?

Nuestra postura es la de avanzar siempre en la incorporación de normativas, actualizarlas y estudiarlas, pero con la gradualidad necesaria para que todos los países o marcas que participan en el mercado chileno puedan adaptarse a los cambios. Por ejemplo, si adoptásemos un estándar de cargadores de autos eléctricos que sólo existe en China, o sólo se usa en Europa, o es exclusivo de América del Norte, estaríamos excluyendo del mercado a marcas de esos otros países productivos, algo que nuestros TLC nos impiden hacer. Somos un mercado abierto al mundo, y por eso la gradualidad es esencial para permitir que lleguen productos con la última tecnología en seguridad, emisiones, o infoentretenimiento, en los tiempos y formas correctos. En eso el trabajo con la autoridad ha sido históricamente bueno, porque Chile tiene en general las normas más avanzadas de la región en materia de seguridad y emisiones. Hoy, con Euro 6c publicada en el Diario Oficial y con la última revisión de normas de seguridad optativa y obligatorias, volvimos a ser punta de lanza en ambas materias.

Desde que llegó el primer auto eléctrico a Chile, hace casi 15 años, todos los gobiernos han sido enfáticos en decir que no habrá incentivos para la compra de ellos a personas particulares. ¿Siente que hay una deuda pendiente en el ítem “autos eléctricos” y su despegue en las ventas? ¿Cuál cree que debería ser el camino si es que no hay incentivos directos para las personas? ¿Cree que debería de revaluarse el impuesto al lujo y el ítem de 6%?

La postura de gobierno ha sido que el impulso a lo eléctrico debe comenzar por aquellos que recorren más kilómetros al año. Por eso Chile invirtió tanto en buses eléctricos para el sistema RED, primero en la Metropolitana y ahora en regiones. Esa señal es la correcta, pero creemos que debe ampliarse a quienes usan el vehículo una gran cantidad de kilómetros al año, y me refiero a las empresas de flotas, los rent-a-car, las empresas de transporte por aplicaciones, taxis y transporte colectivo menor, y por supuesto las Pymes o empresas de cualquier tamaño que necesitan vehículos para movilizar carga o personas. Hoy existe la tecnología para supervisar que el uso sea acorde a la normativa. No pedimos incentivos a la importación de estos vehículos, ni a quienes los venden, sino incentivos enfocados en la persona que conduce el modelo electrificado que es algo distinto a los países de producción donde sí se subsidia la compra directamente porque mueve la industria eléctrica nacional. Aquí hay una deuda pendiente porque se ha avanzado de a mordiscos, primero con el permiso de circulación costo $ 0 pero que expira en diciembre de este año -debiésemos pensar en prorrogarlo un par de años más- o en el no pago del impuesto verde, pero sí pagan impuesto al lujo -siendo que no son autos de lujo, sino de alto valor por su tecnología- o incluso en el pago de aranceles de internación en modelos eléctricos que vienen desde ciertos orígenes. Entonces el avance es desprolijo.

Entonces, ¿qué debiera hacerse en concreto?

El camino hoy debiese comenzar con lo que llamamos “modernización tributaria”, que es abrir el abanico de vehículos que acceden a incentivos tributarios -como el IVA crédito, la activación contable de vehículos, eliminar el concepto de gasto rechazado en empresas que los necesiten- y permitir que aquellos modelos con cierto nivel de electrificación, desde híbridos hacia full eléctricos, tengan esos pequeños incentivos que pueden ser socialmente beneficiosos por el menor consumo de combustible. Esa modernización tributaria por cierto que incluye el impuesto al lujo, que en la comisión de Hacienda se mencionó expresamente que sería revisado en una eventual reforma, para eliminarlo; y también el arancel del 6% que discrimina a un producto por ser de procedencia de tal o cual país, lo que es incorrecto.

¿Cómo ve el comportamiento del mercado para este año y los principales puntos a trabajar para 2024?

Este año estará marcado por la puesta en marcha de la ley de eficiencia energética, que aplicará un gravamen o multa a los vehículos vendidos desde marzo en adelante, si no cumplen con un rendimiento esperado que se define en base a las ventas anuales de cada importador. El estándar esperado es alto, de 18,8 km/l en ciclo mixto para vehículos livianos, que en promedio del parque de cero kilómetros han rendido 15,5 km/l en años anteriores. Entonces, si no hay esa mejora habrá que pagar una multa. Naturalmente eso puede producir una contracción, además en un año económicamente débil, de baja en la confianza de los consumidores y con pocos incentivos a la inversión empresarial. Pero, con todo, 2024 debiese ser un año en torno a la normalidad para el sector, que es superar las 300 mil unidades. De hecho, la proyección realizada por Forecast habla de entre 320 a 340 mil unidades, y hoy estaríamos por el rango bajo de esa proyección, lo que se debe revisar cuando haya transcurrido al menos el primer trimestre del año.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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