El lunes recién pasado, finalmente el Congreso le dio luz verde a la Ley Corta de Isapres. Pero ese hecho fundamental para el Gobierno no puso fin en caso alguno a la polémica en torno al tema, ni tampoco a las recriminaciones al interior del oficialismo.
Uno de los escasos diputados que se salió de la fila a la hora de votar, el socialista Marcos Ilabaca, explica, defiende y no se muestra arrepentido de su decisión.
En esta conversación con Diario Financiero detalla sus razones, pero también manifiesta su preocupación respecto del futuro de los compromisos del Gobierno y de reformas emblemáticas con la actual conformación del Congreso. Está convencido de que “no vamos a ver reforma de pensiones, ni Pacto Fiscal, ni tampoco vamos a discutir en serio una reforma total al sistema de salud de nuestro país”.
Y, a pesar de su postura respecto de la Ley Corta de Isapres, enfatiza que “desde la izquierda también necesitamos hablar de economía, de desarrollo, de crecimiento, porque el Estado no es suficiente para salvar las graves deficiencias que tiene el sistema económico y, por lo tanto, la intervención de los privados es importante”.
– ¿Cuál es el principal motivo que lo hizo tomar la decisión de rechazar?
– Tuve una reflexión profunda sobre un sistema que me parece que está absolutamente colapsado y lo que se votaba fueron una serie de concesiones que el Gobierno tuvo que hacer ante una derecha que lo único que buscaba era ver de qué manera se le condonaba la deuda a las isapres. Y el resultado de la Comisión Mixta fue eso.
– ¿Una condonación?
– En definitiva fue traspasar el pago de la deuda a los afiliados, porque me podrían decir que no, pero si tienen 13 años para pagar, lo cierto es que le permitimos hoy día subir la prima de los planes hasta un 10% del valor actual, hoy día, el segundo semestre; le congelamos el ICSA en 7,4, lo que les permitiría hacer aumentos de hasta el 7,4% en los próximos tres años; le decimos que ya no son 10 años, son 13 años; le decimos que si lo paga al tiro se puede rebajar el interés máximo convencional; le digo, además, que el 7% va a ser el tope base de manera retroactiva. ¿Qué es eso? Eso es decirles, que no se preocupen, van a pagar los afiliados. Y ante eso yo no estaba disponible. Claro, existen normas que en lo particular me parecen súper interesantes…
– ¿Cómo cuáles?
– Como, por ejemplo, el seguro complementario para los afiliados Fonasa, creo que allí hay un avance. Pero ese avance que es necesario en una discusión mucho más profunda de cómo vamos a enfrentar el sistema de salud en el futuro, era insuficiente para el tremendo perdonazo que esta norma le entrega.
– Desde su propio sector, algunos destacaban el hecho de que las isapres no van a poder repartir utilidades mientras mantengan deuda con sus afiliados, ¿cosas como esa no eran suficiente para aprobar?
No, en ningún caso. Esto nace producto de una actitud permanente de parte de las aseguradoras privadas de desconocer cada uno de los fallos de la justicia. Durante más de 15 años estuvieron teniendo sendas de utilidades, retiraban permanentemente estas utilidades, se beneficiaban permanentemente de incumplir la instrucción que consistentemente los tribunales le entregaban. Entonces, hoy día, el entregar todas estas facilidades… considero que es un despropósito. Yo no voy a estar disponible para una situación de estas características.
Además, he escuchado y he leído varias entrevistas y la misma Asociación de Isapres dice que sabe que no están seguros si esta ley efectivamente los va a ayudar para enfrentar la deuda que tiene, no tienen certeza respecto a eso. Por otro lado, leo entrevistas que dicen que esto es un paracetamol ante una enfermedad que requería antibióticos. Entonces, qué certeza tenemos de que al final del día este aumento de plazo para pagar la deuda, va a significar pago de la deuda. Yo creo que ninguna.
– ¿Así de categórico?
– Es que nadie me asegura, ni las mismas isapres han sido capaces de hacerlo. Creo que tenemos un problema más profundo y lo que buscaba la ley era ver de qué manera se daba cumplimiento a un fallo de los tribunales. Primera vez que veo, en nuestro país, que una deuda que existe sea administrada por ley. Cuando un ciudadano chileno tiene una deuda tiene que pagar o lo ejecutan. Le pasa a todos los chilenos, en el caso de las isapres, producto del posible colapso del sistema, lo cierto es que le damos todas estas oportunidades, que en lo particular yo no estoy disponible.
“No vamos a ver reforma de pensiones, ni Pacto Fiscal”
– Algunos de los parlamentarios oficialistas en su argumentación decían que el Estado estaba cayendo en la subsidiaridad, ¿comparte eso?
– Creo que el Estado, en esto, estaba tratando de ver de qué manera salvaba el mercado de los seguros privados. Eso es el tema de fondo. De qué manera ayudábamos a unos incumplidores a que no caigan en insolvencia.
– ¿A qué atribuye esa postura del Gobierno?
– Lo que sucede es que el Gobierno está enfrentado a un tema más complejo. Tenía que buscar alguna medida alternativa que, en el corto plazo, no implicara un colapso total al sistema sanitario que vive nuestro país; y, ante la imposibilidad de avanzar con una reforma más profunda, porque no tenemos los votos, digamos las cosas como son. El Gobierno no puede llevar adelante su programa, tiene que llevar adelante un programa consensuado con la derecha. Y la derecha le exigía que se rebajara al máximo el nivel de deuda y el Gobierno, que estaba de manos atadas, hizo lo que pudo con las pocas herramientas que tenía. Y dice relación con un tema de principios. Yo creo que esta norma, que es solamente procedimental, que lo único que buscaba era ver de qué manera se ejecuta una sentencia judicial, cómo se ejecuta el pago de una deuda, no se hace cargo de un tema mucho más central que dice relación con nuestro sistema de salud.
– ¿Si terminar o no con las isapres, por ejemplo?
– Yo no soy de aquellos que va a tratar de sacar a los privados de este mercado, creo que sí han hecho un aporte, pero creo que tal cual hoy día se estructura el sistema de seguros de salud, tenemos que profundizarlo.
– ¿Qué debería venir ahora, a su juicio?
– Lo que sucede, y me pasa no sólo con este proyecto, sino con todos los proyectos que el Gobierno hoy día está planteando; me pasa con la reforma previsional, me pasa con el Pacto Fiscal… Estamos en un Congreso que está atomizado y estamos dependiendo muchas veces de cuánto voto tengo para poder llevar adelante una reforma. Ante eso, no vamos a ver reforma de pensiones, ni Pacto Fiscal, ni tampoco vamos a discutir en serio una reforma total al sistema de salud de nuestro país. En lo particular estoy súper escéptico a que esto avance.
– ¿Por qué?
– Porque no tenemos los votos, porque en definitiva se vio el actuar de la derecha en cada una de las instancias. Tenemos una derecha que ha estado asumiendo una actitud en términos discursivos mucho más dura, porque está viendo que el Partido Republicano está ganando espacio y cierto electorado mucho más duro y la derecha más democrática, más dialogante, para poder competirle, ha estado asumiendo ese discurso también más duro, donde los únicos que pierden son las transformaciones que el Gobierno quiere desarrollar. Tenemos, por otra parte, un sector del centro que también está mirando con más atención, está votando más por la derecha; y tenemos un grupo de diputados que van a estar con aquel sector que le entregue más concesiones y allí se construye la mayoría de este Congreso Nacional.
– Lo veo pesimista en ese sentido.
– Lo cierto es que el oficialismo no tiene votos para poder avanzar con ninguno de sus proyectos en menos de dos años que nos queda de Gobierno. Y creo, con mucho escepticismo, que el problema de fondo respecto al sistema de salud de nuestro país no va a avanzar y vamos a ver de qué manera el mercado finalmente va a regular y, al final, todas las isapres van a terminar siendo seguros complementarios, generando una nueva línea de negocio.
“Sigo siendo oficialista”
– A propósito de todas las reformas clave que usted mencionaba, ¿no le parece o que a lo mejor se puede llegar a acuerdos con la oposición para avanzar en esos temas? Porque si no, existe la posibilidad de que ellos lleguen al gobierno en el próximo periodo y van a tener el mismo problema.
– A la derecha le es muy cómodo que las cosas se mantengan en el statu quo, porque en el statu quo siguen ganando las AFP como condenadas, siguen teniendo concesiones las isapres; los empresarios más ricos siguen enriqueciéndose más, porque no se mueve nada. En el actual sistema de cosas pareciera que el estallido social del año 2018 no ocurrió. No ocurrió. Aquí no existe un país desigual, un país descontento con las inequidades que hoy día vivimos. Y eso es muy grave, porque en definitiva no nos estamos dando cuenta del tremendo problema que está desarrollándose al interior de nuestra población. Un sistema que se desconecta absolutamente de lo que piensa y vive la ciudadanía permanentemente. Y cuando la política no se hace cargo de los problemas, lo que se incuba es un descontento que podría estallar por cualquier lado.
– A su juicio, ¿qué temas son esos?
– Están los temas de seguridad, de derechos sociales y los temas económicos. Por eso yo rescaté cuando el Presidente, en su mensaje en la primera Cuenta Pública, dijo que tenemos tres seguridades de las que tenemos que hacernos cargo: una, la seguridad pública, porque necesitamos enfrentar con decisión la delincuencia y allí, lamentablemente, tampoco hemos tenido la cooperación permanente de ciertos sectores del oficialismo que les cuesta discutir estos temas. A nosotros como socialistas no nos cuesta, creemos que la seguridad pública debe ser un derecho que debemos cuidar, porque sin seguridad no tenemos libertad y la gente necesita tener esa seguridad. La segunda seguridad es en derechos; es decir, de qué manera el Estado o el Gobierno le entrega los derechos sociales mínimos para que la población pueda vivir de una manera digna en términos previsionales, de salud, educación, de vivienda.
– Usted hablaba de tres seguridades, ¿cuál sería la tercera?
– La seguridad en términos económicos. Chile requiere crecer, y lo dijo el Presidente hace poco ante los empresarios, desde la izquierda también necesitamos hablar de economía, de desarrollo, de crecimiento, porque el Estado no es suficiente para salvar las graves deficiencias que tiene el sistema económico y, por lo tanto, la intervención de los privados es importante. Y allí también existe cierto sector del oficialismo que rehúye esos temas; insisto, a nosotros desde el Partido Socialista, no nos cuesta hablar de seguridad y de hecho hemos liderado una serie de proyectos importantes en esta materia. No nos cuesta hablar de desarrollo de derechos, porque en definitiva ha sido nuestra bandera de lucha durante años; y tampoco nos cuesta hablar de economía, porque también tenemos una propuesta respecto a eso. Pero creo que lamentablemente en el poco tiempo que le queda al Gobierno, difícilmente vamos a avanzar en estas tres áreas.
– ¿Usted se sigue considerando oficialista? Se lo pregunto porque antes de la votación el diputado Diego Ibáñez advertía que estar en el Gobierno y votar en contra la Ley Corta de Isapres era incompatible.
– Leí la declaración del diputado Ibáñez, presidente de Convergencia Social, y la encontré lamentable, porque día a día veo como nuestro sector renuncia, muchas veces por mero cálculo electoral, a ciertas materias. Yo le diría al presidente de Convergencia Social, diputado Ibáñez, que yo sigo siendo oficialista, porque creo que deberíamos tratar de concretar el programa transformador al cual nos invitó el Presidente Gabriel Boric. Y con ese tipo de frases lo que se hace es que aquellos que hemos sido súper leales con el Gobierno, en la bancada del Partido Socialista cerca del 95 % ha votado a favor de cada uno de los proyectos, que me vengan a decir quesoy menos oficialista porque voto en contra una ley que lo único que buscaba era el salvataje al sistema privado de salud, creo que está equivocado.
Los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMDG) están en el ojo de todos. Nacieron a mediados de la década pasada como una apuesta para diversificar la matriz energética e impulsar pequeños proyectos de ERNC (de hasta 9 MW), y así eliminar las barreras de entrada, fomentando el ingreso de nuevos actores al sector eléctrico.
Con el tiempo, estos proyectos han ido pasando a manos de grandes inversionistas; fondos internacionales y globales de inversión, situación que los tiene en la mira del Coordinador Eléctrico Nacional.
De hecho, el 23 de enero de este año, la Unidad de Monitoreo de la Competencia del organismo, ofició a todas las empresas con el objetivo de conocer sus respectivas estructuras societarias. Hoy tras siete meses, el ente ya tiene el listado, y está trabajando en el proceso de consolidación, con la finalidad de tener una radiografía clara de quienes son y a qué inversionista o grupo controlador pertenecen.
La razón que hay tras esta inquietud, es que a la fecha existen 828 unidades de PMGD en operación en Chile, de las cuales 77,2% son solar fotovoltaico, con una capacidad instalada de 3.252 MW, que se ubican mayoritariamente en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Ñuble y Biobío. A ellos se sumaría otros 2.336 MW que se encuentran en construcción, siendo el 96% solar fotovoltaico.
El punto de mira, es que lo que partió como una apuesta para que pequeños proyectos abrieran las puertas a las renovables, hoy se han convertido en un actor relevante y con ciertas ventajas al contar con un precio garantizado.
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El factor precio
Para los críticos, el precio estabilizado implicaría un subsidio irregular del cual gozan estos desarrollos, lo cual distorsiona el proceso competitivo al aumentarle el costo a un subconjunto de generadores, incluso renovables, que deben pagar a los PMGD.
Dada la gran cantidad de oferta de pequeños generadores que existe en el horario diurno, el costo marginal se está yendo a US$ 0, lo que es una clara señal de mercado que muestra que existe exceso de energía en dicho horario.
Es así como los fotovoltaicos, que representan más del 90% de la capacidad instalada PMGD, acumulan traspasos –por parte de otros generadores- que superan US$ 500 millones anuales.
La alerta para los actores del sistema, que promueven una revisión o adecuación reglamentaria de los Decretos Supremos N88 y N125 (que regulan a estos proyectos) es que, para 2025, existirán casi 5.000 MW de solar fotovoltaico de capacidad instalada en el país, para una demanda máxima a nivel nacional de aproximadamente 10.000 MW durante las horas diurnas. Por lo tanto, en 2025 sobre el 40% de la demanda nacional durante el día se podría abastecer solo con PMGD.
Otra consecuencia, tiene que ver con el aumento del vertimiento de energía en el sistema y el consecuente aumento de los costos marginales nulos en horario diurno, ya que mientras los pequeños tienen un alto precio por su energía, el resto de los generadores debe botar la propia y vender el resto a precio nulo, debiendo asumir además el costo de pagar por la energía PMGD, costo que es traspasado a los clientes.
Al respecto, Javier Bustos, director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos (Acenor) asegura que “el cargo por precio estabilizado había sido fluctuante, hoy ha estado subiendo permanentemente y con valores que van desde los 4 a los 7 US$/MWh en el corto plazo y que incluso pueden llegar a cerca de US$ 10 en el mediano plazo, si siguen entrando proyectos con régimen de precio de nudo. En términos comparativos, lo que pagan los clientes (tanto libres como regulados) por precio estabilizado ha sido en algunos meses más de lo que se paga por toda la transmisión nacional. Es urgente que hagamos algo con este tema. Hoy, el cargo por precios estabilizado es uno de los principales cargos sistémicos”.
Carmenmaría Poblete, directora legal de Aediles, explica que esta es una industria atomizada con una variedad de participantes. “Hay empresas internacionales y locales, desarrolladores, PYME y fondos de inversión, de impacto y de pensiones. Esto es un éxito del propósito legislativo de la ley corta que justamente buscaba, con la regulación de PMGD fomentar la entrada de nuevos actores a la industria. Los pequeños generadores por su condición de distribuidos, contribuyen a mejorar y fortalecer la red de distribución existente y constituyen un aporte fundamental a la descarbonización de la matriz”.
El director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar, Acesol, Darío Morales, defiende estas iniciativas, señalando que se han invertido más de US$ 3.000 millones en centrales de generación ubicadas estratégicamente cerca de los centros de consumo, además de aproximadamente US$ 100 millones en refuerzos a las redes de distribución. Agrega que es necesario mejorar la regulación en este contexto, “tener generación próxima a los centros de consumo no solo reduce las pérdidas de transporte de energía, sino que también permite a estas unidades ofrecer servicios que mejoran la continuidad y la calidad del suministro para los clientes conectados a las redes de distribución”, explica.
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La otra discusión
En forma paralela, los PMGD también están siendo objeto de discusión ante los cambios que se quieren hacer en el decreto que los regula y que contempla un régimen transitorio que permite continuar vendiendo a un precio estabilizado. A través de una mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Energía, se está estudiando la situación de estos proyectos, lo que podría implicar una revisión del precio estabilizado y su formulación. Esto tiene en alerta a los inversionistas de proyectos que han visto en el mercado chileno una opción de inversión relevante, toda vez que existe un precio estabilizado (y para algunos asegurado) de US$ 70 MWh. En paralelo, la CNE anunció cambios en la norma técnica de conexión.
Pero la industria también está en alerta por otro punto no menor. En el marco de la estabilización tarifaria, surgió la idea de que los PMGD le vendan energía a las empresas distribuidoras, es decir, a clientes regulados. El problema que levantan con esta propuesta, es que hace ya varios años que las generadoras no logran vender toda la energía que está comprometida en sus contratos con regulados, por lo cual, abrirle espacio a los PMGD no tiene a nadie contento; ni a los incumbentes, ni a las renovables que tienen de esos contratos, por tanto, desde todos los sectores anticipan que se vienen tiempos de nuevas discusiones y batallas en el sector eléctrico.
EL MAPA DE LOS PMGD, QUIÉNES ESTÁN TRAS LOS PROYECTOS
Más allá de la discusión, el desarrollo de los PMGD ha implicado el ingreso de nuevos actores al mercado eléctrico, lo que ha ido cambiando el mapa y diversificando las empresas e inversionistas. Partieron como proyectos de pequeños inversionistas, pero con el tiempo, su atractivo precio estabilizado, comenzó a llamar la atención de los grandes. Estos son:
Carbon Free: firma canadiense, que en Chile cuenta con alrededor de 361 MW en 50 proyectos.
Aediles: La canadiense gestiona la cartera de 47 proyectos PMGD de BlackRock en Chile, que suman 297 MW.
CVE Group (Cap Vert Énergie o Changing Visions of Energy): de origen francés, cuenta con una cartera de proyectos PMGD por 255,8 MW en operación y construcción.
oEnergy: fundada en 2013 por los ingenieros chilenos Ricardo Sylvester y Yuri Andrade para el desarrollo, construcción y operación de plantas fotovoltaicas en el segmento PMGD. Cuenta en la actualidad con 49 proyectos y 173 MW en operación y construcción.
Matrix Renewables: empresa española cuenta en Chile con una cartera de PMGD de aproximadamente 430 MW en 79 proyectos de energías renovables en operación, desarrollo y construcción. Respaldada por el Grupo TPG, plataforma global de inversión de impacto que gestiona en el mundo activos por unos US$ 18.000 millones a través de The Rise Funds, TPG Rise Climate y Evercare Health Fund y cuyos fundadores son el cantante de U2 Bono y Jeff Skoll, exfundador de eBay, y cuenta entre sus accionistas a Jim Coulter, Richard Branson (Virgin Group) y Paul Polman (exChairman de Unilever).
Solek: es una empresa de origen checo que explota y tiene en construcción cerca de 40 centrales fotovoltaicas en Chile con una capacidad de 250 MW.
Grenergy: empresa española que en Chile cuenta con 80 plantas y unos 146 MW en operación y construcción. Hace unos meses inauguró el proyecto a Gran Teno de 240 MW (la planta con baterías más grande de Chile) y Oasis Atacama el proyecto de almacenamiento que tiene una capacidad de más de 4,1GWh, y cerca de 1GW solares, actualmente en construcción.
Reden: cuenta con 180 MW. Sus dueños son el consorcio formado por los grupos financieros administradores de fondos: Macquarie Asset Management, British Columbia Investment Management Corporation (BCI) y Munich Ergo Asset Management GmbH (MEAG).
Sonnedix: de propiedad del fondo de inversión estadounidense JPMorgan Asset Management -en Chile su presidente es el exsubsecretario de Energía y presidente de Acera, Sergio del Campo-, cuenta con 125 MW en Chile.
Toesca Asset Management: fundada en 2016 por Alejandro Reyes, Carlos Saieh, Maximiliano Vial y Alejandro Montero, ex Celfin Capital, ha incursionado en los PMGD contando con alrededor de 109 MW.
Otros actores son: Inter Energy asociado al fondo de inversión Brookfield (45 MW), S-Energy de capitales coreanos (65,7 MW), Prime Energía de EnfraGen (126 MW), Chile Solar (27 MW),Inversiones Consorcio Energético Nacional (45 MW), Sun Grow Power (31 MW), Langa (27 MW), Next Energy (27 MW), Solar Pack (27 MW), Enel Green Power (24,5 MW).
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.