Un grupo de diputados de Chile Vamos ingresó un requerimiento ante la Controlaría General de la República por el spot propagandístico del gobierno en torno a la reforma de pensiones y que volvió a tensionar el ambiente por el proyecto que se encuentra en su segundo trámite constitucional en el Senado.

El requerimiento ante el órgano que dirige como subrogante Dorothy Pérez se da luego de que el gobierno, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, iniciara la difusión de una campaña comunicacional en torno a la reforma previsional, denominada “Mejores pensiones para Chile” y que significó un costo de $430 millones con la empresa CyberCenter S.A.

En respuesta a los cuestionamientos surgidos, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, manifestó que “lo que el gobierno ha hecho en general es informar, y vamos a seguir haciéndolo con todas sus virtudes, con todos sus desafíos que este proyecto de ley tiene” y acusó a las AFP de invertir “una gran cantidad de recursos en, más que informar, desinformar a la ciudadanía”.

Los diputados Frank Sauerbaum (RN), Juan Antonio Coloma Álamos (UDI), Jorge Guzmán (Evópoli), ingresaron un requerimiento de 10 páginas a la Contraloría, en el que cuestionan la campaña del gobierno en torno a un proyecto que aún se encuentra en fase de discusión legislativa y se solicita que se fiscalice en torno a la probidad y pertinencia.

En el escrito, los requirentes hicieron una revisión por las cuentas digitales de la Subsecretaría de Previsión Social, tanto en Instagram, YouTube, X y Facebook, donde advirtieron que se compartió el comercial en torno a la reforma propuesta por el Ejecutivo.

“El video hace referencia al proyecto de ley, pero no profundiza en el contenido del mismo, limitándose únicamente a slogans y afirmaciones que han reiterado personeros y parlamentarios oficialistas desde que asumieron el gobierno el 11 de marzo del año 2022. (…)”, afirma el escrito de los legisladores.

Añaden que “en la dramatización del video se minimiza la posición de la oposición, se simplifica el debate de manera tendenciosa y se desvirtúa el proyecto de ley con una vinculación a la Pensión Garantizada Universal, política pública vigente con la publicación de la ley Nº 21.419″.

En esa línea, califican que la pieza audiovisual de la Subsecretaria de Previsión Social “realiza una difusión tendenciosa y favorable a la posición del Gobierno de una iniciativa que se encuentran en pleno trámite legislativo, más específicamente en su segundo trámite constitucional en el Senado”.

Durante la tarde, se informó que el ente contralor acogió a trámite el escrito y solicitó los antecedentes al Ministerio del Trabajo, a través de un oficio al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, para que se remitan los antecedentes en un plazo de 10 días hábiles.

“Celebramos y agradecemos la diligencia que le ha dado la Contralora a nuestra petición de investigación. Nosotros creemos que hay que recuperar la fe pública rápidamente y recuperar también los recursos que se han invertido malamente en una campaña más bien de propaganda que una educación previsional como establece la ley. Creemos que es pertinente que a la brevedad se conozca el resultado y los chilenos puedan saber que los recursos que nosotros aprobamos en el Congreso Nacional se utilizan debidamente”, señaló el diputado Sauerbaum.

Los diputados Sauerbaum (RN), Coloma Álamos (UDI) y Guzmán (Evópoli) en su escrito exponen una serie de normativas que regula el funcionamiento de la Subsecretaría de Previsión Social, el Ministerio del Trabajo y también el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencial, en torno a la difusión de información.

En esa línea, sostienen que de acuerdo al artículo 3 de la ley 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se establece que “los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión que los necesarios para el cumplimiento de sus funciones y en aquellos que tengan por objeto informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan”.

Asimismo, agrega la normativa que “cuando no existan todavía prestaciones concretas que corresponda otorgar, el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos dependientes o relacionados con él por intermedio de alguna de las Secretarías de Estado, solo podrá informar sobre el contenido de los programas y acciones que resuelva propiciar, utilizando medios idóneos a tal efecto. En el caso de las iniciativas de ley, deberá señalar su sujeción a la aprobación legislativa correspondiente”.

Por lo anterior, los diputados sostienen que la comunicación de estas iniciativas corresponde al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, “rol que no puede asumir cualquier cartera de Estado independiente de su participación en la tramitación legislativa de la iniciativa si no cuenta con norma legal habilitante para ello”.

También hacen mención a lo establecido en la Ley de Presupuesto en torno al gasto en publicidad y difusión. En el artículo 21 se consigna que “en ningún caso podrán efectuarse campañas publicitarias que tengan por objeto único enumerar los logros de una autoridad específica o del gobierno en general, con excepción de las cuentas públicas que los organismos señalados en el citado artículo realicen”.

Asimismo, se cita el dictamen N°E427443N23 de la Contraloría, que señala que las disposiciones a la restricción al gasto en publicidad se dan debido a que la función pública se puede desarrollar sin incurrir en esos desembolsos y que se pueden desarrollar “cuando estos tengan por finalidad servir para el desempeño de sus funciones o para dar a conocer a los usuarios la forma de acceder a las prestaciones que confieren”.

Los diputados también agregaron como antecedentes los desembolsos de dinero de la Subsecretaría de Previsión Social durante los últimos dos años por “servicio de asesoría creativa y ejecución de planes de medios para campañas comunicaciones y otros servicios de apoyo a la difusión de actividades de la Subsecretaría de Previsión Social” con la empresa Cybercenter S.A.

De acuerdo a resoluciones exentas del año 2023, a Cybercenter S.A, se le pagó $325.000.000 y “$430.000.000 para el año 2023 y 2024 respectivamente”, indica el escrito y añade que “vale indicar que el año 2022 el contrato fue por $200.000.000, pero a diferencia de estos dos últimos no se hace mención de ‘otros servicios de apoyo a la difusión de actividades de la Subsecretaría de Previsión Social’”.

“Concretamente, a la Subsecretaria de Previsión Social le estaría vedada la difusión de ‘un germen de política pública’ porque carece de habilitación legal para ello. De cualquier forma, aun cuando eso le estuviese permitido, la información que se transmite es tendenciosa y solo tiene por objeto generar adhesión social frente a una tramitación legislativa adversa, en la que incluso se rechazó el aumento de cotización que permitiría el fondo solidario al cual alude el spot publicitario”, sostienen los diputados.

Por lo anterior, es que solicitan a la contralora (s) Dorothy Pérez que fiscalice y “vele por la preeminencia del principio de legalidad y probidad administrativa en toda función o cargo público” y solicite la información necesaria a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara y del subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes y otras personas que se determine pertinente.