La directora de la División de las Américas Human Rights Watch, Juanita Goebertus Estrada, cuestionó las elecciones que dieron por amplio ganador a Nayib Bukele como Presidente de El Salvador.
En unas elecciones celebradas el 4 de febrero, el actual mandatario alcanzó más de 10 veces los votos que el segundo candidato en disputa, Manuel “Chino” Flores, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de izquierda.
Sin embargo, dichos comicios han levantado cuestionamientos. “Nadie puede cuestionar que es altamente popular. Pero esta elección difícilmente puede ser considerada justa”, afirmó Juanita Goebertus Estrada.
Parte del cuestionamiento de Goebertus, en una carta publicada en El Mercurio, se basa en que la supuesta concentración de poderes que tiene Bukele en El Salvador: “Ha desmontado los requisitos básicos de cualquier democracia respetuosa de los derechos humanos, incluyendo la independencia judicial y las garantías para la prensa y la sociedad civil”.
Por ejemplo, la autoridad de Human Rights Watch afirma que “Bukele cooptó el Poder Judicial, empezando por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Y tal como hicieron Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia, se aprovechó de este control para saltarse las disposiciones constitucionales que prohíben la reelección inmediata”.
Asimismo, agrega que el mandatario “controla la Asamblea Legislativa. La ha utilizado, entre otras medidas, para reformar las reglas electorales pocos meses antes de las elecciones. Estas reformas, según denuncian expertos electorales, le permitirían al partido de Bukele aumentar aún más su mayoría en la Asamblea”.
Por otro lado, cuestionó el principal foco de Bukele en su país: controlar la delincuencia organizada: “Tampoco se puede negar que la popularidad de Bukele responde a que su gobierno logró reducir notablemente los principales indicadores de violencia en El Salvador. Durante sus primeros años, el gobierno de Bukele negoció de forma secreta beneficios carcelarios y protección frente a extradiciones para las pandillas, a cambio de que redujeran los asesinatos”
“Cuando estas negociaciones fracasaron, Bukele acudió a detenciones masivas, sobre todo en comunidades pobres. Con derechos constitucionales suspendidos, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 75.000 personas, incluyendo al menos a 2.800 niños, niñas y adolescentes”, afirmó Goebertus.
En ese sentido, señaló: “Como hemos documentado en terreno, muchas personas detenidas no tenían nada que ver con las pandillas; muchos han sido torturados y algunos, desaparecidos forzosamente. En los juicios, por ejemplo, en audiencias virtuales con más de 500 imputados, se han violado las garantías más básicas del debido proceso”.
Goebertus asegura que “hay motivos para dudar de la sostenibilidad y efectividad” de la política antidelincuencia de Bukele. “A la fecha, pocos detenidos han sido condenados. Y la experiencia en la región, incluyendo en El Salvador a comienzos de siglo, demuestra que paradójicamente, el encarcelamiento masivo permite al crimen organizado fortalecer su reclutamiento”.
“Así y todo, no es difícil entender por qué Bukele es popular en otros países de la región. América Latina y el Caribe registran la tasa de homicidios más alta del mundo, con 15 por cada 100.000 habitantes en 2021 Y varios países de la región, en especial Ecuador, han sufrido en los últimos años un aumento preocupante de la violencia. Muchos ciudadanos están hartos de la violencia y la extorsión, con razón, y quieren soluciones inmediatas, así no sean sostenibles”, reconoció.
Eso sí, señaló que “ningún país debería sacrificar los derechos de sus ciudadanos para frenar la violencia. Los gobernantes de la región tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía con políticas de seguridad que sean, al mismo tiempo, efectivas y respetuosas de los derechos humanos”.
En la parte fina de su carta, Goebertus sugirió “fortalecer la capacidad del Poder Judicial, (…) fortalecer el control civil sobre las fuerzas militares y la policía, y robustecer la judicialización de los máximos responsables de los crímenes violentos que más afectan a la ciudadanía”.
“También es necesario ofrecer alterativas de educación y empleo para jóvenes, para evitar el reclutamiento”, agregó sobre ese punto.
“Lejos de ser un modelo, la estrategia de Bukele es una amenaza a los derechos humanos en la región. Ya hemos visto en países como Venezuela cómo queda desprotegida la población cuando se permite que un líder, por más popular que sea inicialmente, concentre todo el poder. Para evitar que esta amenaza se propague, los gobernantes democráticos deben garantizar la seguridad y proteger los derechos humanos”, remató.
Bukele en su país cuenta con una popularidad cercana al 90%. Parte de esa popularidad se basa en los resultados que ha obtenido para controlar a las pandillas. En ese país son los Mara Salvatrucha quienes, hasta hace un tiempo, controlaban las calles. Hoy día, las cárceles de ese país están copadas con sus integrantes.
Bukele ha catalogado su plan antidelincuencia como “la estrategia más exitosa en materia de seguridad que se haya conocido en la historia”.
Hasta hace un tiempo, El Salvador era uno de los países más violentos de la región. Según datos de ese país, publicados en enero de 2024, el año anterior tuvo la cifra de homicidios más bajas en su historia de El Salvado, con 154 homicidios, una tasa de 2,4 por cada 100.000 habitantes. En 1994, El Salvador reportaba 134,78 homicidios por cada 100.000 habitantes, según reportes de prensa.
“La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, es de 2.4 y el promedio diario de homicidio anual, es de 0.4, esto nos coloca, a nivel de América, en el segundo país y el primero de Latinoamérica; con la tasa más baja de homicidios, apenas por debajo de Canadá, que cerró con 2.25 homicidios por cada 100 mil habitantes”, afirma el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.
Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.
A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).
En ese contexto, añaden que la acción“son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.
Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.
Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.
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Un gran número de personas se reúne a esta hora frente al Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, quienes piden justicia por las víctimas del empresario Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual contra menores, al tiempo que demandan que su hijo, el senador Javier Macaya, deje su puesto en la Cámara Alta por defender a un pederasta condenado.
Portando pancartas y carteles, al menos 200 personas comenzaron a llegar minutos antes de las 18 horas al edificio emplazado en calle Compañía, tras una convocatoria realizada por organizaciones feministas. Los asistentes han realizado cánticos solicitando principalmente que Javier Macaya deje su puesto en el Senado, afirmando que la defensa que ha hecho de su padre lo inhabilita para legislar.
Hasta pasadas las 18.30, la manifestación continuaba de manera pacífica.
Cabe recordar que el pasado 21 de julio, en entrevista con T13, el senador Macaya insistió en la inocencia de su padre a pesar del fallo judicial, manteniendo así las declaraciones que realizó desde que se destapó el caso.
“Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy”, sostuvo Javier Macaya, quien destacó, además, que la grabación que se utilizó como prueba de los abusos realizados por su padre se realizó “en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”.
Y pese a que -previo a renunciar como presidente de la UDI el pasado 23 de julio- el parlamentario afirmó que “cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal”, dos días después se conoció que Javier Macaya fue parte de la defensa judicial de su padre y que, incluso, declaró cuestionando a una de las víctimas.
Cabe recordar que esta jornada, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantenía Eduardo Juan Macaya Zentilli, la que fue modificada por prisión preventiva, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua a la espera de los recursos que interpondría su defensa para impugnar la condena o, en definitiva, hasta que se aplique el “cúmplase”.
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En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando tuvo lugar este viernes una audiencia en que se revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantiene Eduardo Juan Macaya Zentilli,padre del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya.
En la instancia se modificó la cautelar que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua y en su lugar, el tribunal dictó prisión preventiva. Lo que significa que el acusado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa para impugnar la condena.
La lectura de sentencia estaba programada para las 16.00 horas, pero finalmente se realizó una hora más tarde. Tras la resolución, el abogado querellante de una de las víctimas, Hernán Fernández detalló que los cuestionamientos de un supuesto trato diferenciado durante su paso por la cárcel de Rancagua fueron considerados en los alegatos para decretar prisión preventiva y añadió: “No puede haber un trato de privilegio. Esto lo voy a decir yo también responsablemente, en cuanto a lo que implica el poder económico y también el poder que el condenado ha demostrado que tiene”.
Fernández explicó que “el argumento de fondo es que con los nuevos antecedentes que se aportaron, se ha incrementado el peligro de fuga”.
Poco antes de la audiencia, fijada a partir de las 14.00 horas, el empresario vinícola llegó al tribunal desde su residencia, el fundo Santa Elena de Placilla. Mantuvo silencio, evitando responder a la prensa que lo esperaba.
Con la comunicación de sentencia de seis años de presidio efectivo para el empresario vinícola de 72 años por su responsabilidad como autor de cuatro delitos reiterados de abuso sexual contra menores de 14 años, el tribunal de primera instancia fijó su prisión preventiva por el peligro de fuga, ordenando su ingreso a la cárcel de Rancagua el viernes 19 de julio. Tres días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua reemplazó por arresto domiciliario total la medida cautelar y Eduardo Macaya regresó a su residencia en Placilla.
El mismo tribunal de alzada había otorgado el arresto domiciliario a Macaya el 15 julio de 2023, luego de 38 días en prisión preventiva tras ser formalizado, por una caución de 150 millones de pesos.
Al respecto del cambio en la medida cautelar, la fiscal que lideró la investigación, Javiera Oro, manifestó que presentaron nuevos antecedentes, entre ellos el sumario administrativo que envió Gendarmería, másla resolución del Tribunal Constitucional.“Nos encontramos conformes con esta resolución”, indicó.
La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins en su acusación solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para el sentenciado y había mantenido su pretensión punitiva tras la condena, pese a que el empresario fue absuelto respecto a dos de los cuatro hechos imputados.
El abogado querellante Hernán Fernández, representante de una de las víctimas, calificó de “baja” la pena de seis años de cárcel impuesta al empresario, aunque valoró que se trate de una pena de presidio efectivo.
Desde que fue formalizado, Macaya ha permanecido privado de libertad por 415 días, tiempo que será abonado a su condena de ser ejecutoriada. Luego de la lectura de sentencia, las partes cuentan con un plazo de 10 días para recurrir por la nulidad del juicio. El plazo corre hasta el lunes.
Eduardo Macaya en el tribunal de San Fernando. Foto: Jorge Loyola / Aton Chile.
En el marco del proceso, la defensa del empresario acudió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad respecto a la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 que delimita cuándo se deben aplicar las penas privativas o restrictivas de libertad. La acción se materializó en noviembre del año pasado por el abogado Juan Carlos Manríquez. El equipo jurídico del alcalde pedía que no se aplicara en su caso la norma que indica que no pueden acceder a una sustitución de penas quienes sean condenados por abusos sexuales. El TC lo rechazó y si la condena queda a firme, el ingeniero agrónomo la deberá cumplir en forma efectiva.
Ante un reportaje de El Mostrador que dio cuenta de un presunto trato preferencial que favoreció al empresario en la cárcel, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile instruyó la realización de un sumario administrativo.
Por otro lado su hijo, Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI por presiones de su sector ante afirmaciones que hizo en defensa de su padre tras la condena.
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