En calidad de ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve asistió este lunes a la sesión de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y abordó ante los legisladores consultas por el convenio de colaboración policial con Venezuela.
Monsalve también se refirió a las críticas por el manejo de la administración de Gabriel Boric a los dichos del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, respecto a que el homicidio y secuestro del exmilitar de ese país refugiado en Chile, Ronald Ojeda, pudo ser ejecutado por “cuerpos de Inteligencia de Chile y extranjeros” como una “operación de falsa bandera”.
“Yo pediría que en materia de relaciones internacionales no le hagamos el juego al fiscal general de Venezuela, parece ser que parte de la oposición termina siendo pauteada por el fiscal venezolano”, advirtió.
Temprano, en entrevista con CNN Chile Radio, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, acusó “ingenuidad” del gobierno del Presidente Gabriel Boricen la relación con el régimen de Nicolás Maduro y apuntó a Monsalve por la firma del convenio en enero para facilitar el intercambio de antecedentes penales, datos de delitos violentos y crimen organizado.
La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a ese planteamiento, calificándolo de “poco patriota”. Al finalizar la sesión, Monsalve fue consultado por la prensa del Congreso respecto a ese calificativo que utilizó la vocera y señaló que para “proteger de verdad a la patria, es muy importante mantener unidad en materia de políticas internacionales y esa unidad se hace respaldando al Jefe de Estado en materia de relaciones internacionales”.
También desde las filas de la Unión Demócrata Independiente, el diputado por La Araucanía Henry Leal, integrante de la instancia, afirmó en la sesión que frente al tema “este gobierno ha actuado con debilidad y no ha defendido los intereses del país”.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional y presidente de la comisión, Andrés Longton, cuestionó que ante los dichos del fiscal venezolano se reaccionara de la misma forma que se reaccionó por las declaraciones de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, que afirmó que el grupo terrorista Hezbollah tendría presencia en Chile. En ambos casos se optó por una nota de protesta.
Ante esto, la autoridad de gobierno aseguró que el carácter de la administración corresponde a un debate que se está planteando desde que asumieron en marzo de 2022.
“El tema de la ingenuidad, de la falta de carácter, de la debilidad para enfrentar los temas de seguridad fue el primer argumento que se esgrimió en La Araucanía y basta mirar los hechos para demostrar que este gobierno no solo ha tenido más carácter, ha tenido mejor capacidad para tomar decisiones que permitan revertir una tendencia persistente al alza en materia de seguridad en la región”, afirmó.
El subsecretario agregó que el tema también se discutió en el norte, a propósito de las tasas de homicidios, asegurando que demostraron capacidad para aplicar allí una estrategia para revertir la tendencia al alza en las cifras de eso delitos.
Respecto al convenio, hizo una acotación para precisar que se refiere a apoyo en materia información que la Policía de Investigaciones coordina y no se relaciona con la colaboración solicitada por el Ministerio Público por canales diplomáticos.
“Lo quiero separar porque en el marco de ese convenio no ha habido ninguna solicitud de información respecto a los casos que hay, ninguna. La solicitud de información no la hace el gobierno, y no la hace ocupando este convenio, por supuesto, la hace el Ministerio Público chileno, la Fiscalía chilena, que hace una solicitud de cooperación penal internacional (…) en el marco, además, de un convenio que la Fiscalía tiene, con la Fiscalía de Iberoamérica, en la cual incluía la Fiscalía de Venezuela. Por lo tanto, si alguien acusa ingenuidad, tendría que hacer esa acusación a la Fiscalía, en este caso”, argumentó.
Manuel Monsalve expuso que Walter Rodríguez Pérez, uno de los sujetos identificado como responsable del secuestro y homicidio del disidente, ingresó a Chile en marzo de 2019 y seis meses después accedió a una visa por un año porque en esos días se entregaba documento sin hacer la revisión de los antecedentes penales de los solicitantes.
“¿Es razonable que el país entregue una visa sin hacer el esfuerzo de poder hacer a los antecedentes penales de las personas que se le están entregando? A mí me parece que no es razonable. Y lo que nosotros hicimos, y lo dijimos aquí en esta comisión, que el convenio tenía un solo fin. Habíamos empadronado 182.000 personas. Sabíamos que, eventualmente, había miles de venezolanos que habían ingresado en situación absolutamente irregular a Chile, de los cuales no teníamos ningún conocimiento en términos de ni su identidad ni sus antecedentes. Ya teníamos 182.000 huellas, 182.000 rostros y nombres. Y además teníamos un problema porque la justicia tomaba detenidas personas, que daban un nombre, eran liberadas para que tres días después fueran detenidas y dieran otro nombre. ¿Le hacía bien eso al país? A nosotros nos parecía que no. Y nos parecía, por lo tanto, que era necesario, indispensable, hacer los mayores esfuerzos para acceder a los antecedentes policiales y penales de esas personas. Ese fue el objetivo del convenio”, argumentó.
“Yo no estoy en condiciones de entregar el detalle de la información que ha solicitado la PDI. Lo que sí puedo decir es que la PDI ha obtenido información policial de blancos de interés en Chile. Y esa información permite darle más seguridad a los chilenos”, agregó.
“¿Cuál es la ingenuidad? ¿Dónde parta la ingenuidad en querer saber cuáles son los antecedentes penales de ciudadanos extranjeros que están en Chile para poder tomar decisiones correctas, para proteger la seguridad del país?¿Eso es ingenuidad? Hacer el esfuerzo de tener esos antecedentes no tiene nada de ingenuo. Es nuestra responsabilidad. Que es la que hemos buscado cumplir”, afirmó.
“Yo pediría que en materia de relaciones internacionales no le hagamos el juego al fiscal general de Venezuela, parece ser que parte de la oposición termina siendo pauteada por el Fiscal venezolano”
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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.
La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.
Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.
Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.
Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.
Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.
Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.
Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.
Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.
Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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