Una vendedora de bonos de Wells Fargo & Co. demandó al banco por discriminación de género, alegando que se le negaron los mismos ascensos y salarios que a los hombres y fue obligada a soportar un ambiente de “club de chicos”.
Michal Leavitt, ex directora gerente de Bear Stearns, presentó la demanda el viernes en Chicago. Afirma que fue obligada a unirse al grupo de instituciones financieras de Wells Fargo como vicepresidenta, que le pagaron hasta un 50% menos que a sus colegas varones y que una “gerencia desproporcionadamente masculina” nunca le asignó grandes cuentas.
“El grupo de instituciones financieras es un autoproclamado ‘club de chicos’, donde las ‘conversaciones de vestuario’ en el departamento de ventas son de rigor”, dijo Leavitt en su demanda.
Wells Fargo no hizo comentarios de inmediato sobre la querella.
Los grandes bancos se enfrentan desde hace tiempo a acusaciones de discriminación hacia las mujeres, con varios casos que han sido muy divulgados en los últimos años. En noviembre del año pasado, la directora gerente de Citigroup Inc. Ardith Lindsey demandó al banco por supuestamente tolerar años de acoso sexual contra ella. El año pasado, Goldman Sachs Group Inc. pagó US$215 millones para resolver una larga demanda colectiva presentada por mujeres que alegaban discriminación en la remuneración y los ascensos.
Según la demanda de Leavitt, cuando se incorporó a Wells Fargo en 2013, esperaba que le dieran un puesto de nivel directivo, pero le dijeron que la política del banco prohibía contratar vendedores a comisión en niveles superiores a los de vicepresidente. Leavitt afirma que varios hombres fueron contratados posteriormente en el grupo como directores.
Segundo ingreso
Ella no fue ascendida a directora de Wells Fargo hasta 2022, por detrás de varios colegas varones, alega Leavitt. Un factor importante en su falta de promoción fue la negativa del banco a asignarle grandes cuentas, según la demanda. Sin esas cuentas, trabajó duro para desarrollar un “libro de negocios de la nada”.
Leavitt solicita una cantidad no revelada en concepto de daños compensatorios, así como cambios en las políticas de asignación de cuentas de Wells Fargo.
Leavitt alega que cuando se quejó de que no le asignaban grandes cuentas, le dijeron que existía la percepción de que a su marido “le iba bien” y que el suyo era solo un segundo ingreso. Cuando fue entrevistada por primera vez en el banco, le preguntaron cómo afectaría el hecho de tener una familia a su capacidad de desempeño, según la demanda.
John Singer, abogado de Leavitt, afirmó en un comunicado que en la mayoría de las instituciones bancarias de inversión sigue habiendo “una falta de mujeres en puestos directivos”. “Estereotipos anticuados y falaces sobre las mujeres traders y vendedoras siguen siendo albergados y fomentados por una gran cantidad de varones en codiciados puestos de poder en Wall Street”.
Según la demanda, Leavitt recibió injustamente tres calificaciones negativas en sus evaluaciones de desempeño de 2023 y 2024, a pesar de aumentar su producción en un 11% en 2022. Cuando expresó su preocupación por estar sufriendo discriminación de género, un gerente “levantó la voz” y se enfureció, afirma.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.