Los que más emitieron licencias el año pasado fueron seis médicos, que registraron 5.000 o más LME (Licencia Médica Electrónica) cada uno. Ellos representa tan solo el 0,01% del total de profesionales de la salud. Así, cada uno de esos seis médicos el año pasado emitió en promedio 14 licencias diarias o más, incluyendo fines de semana y festivos.
Este es un grupo muy pequeño de médicos si se considera que en 2023 hubo 48.508 profesionales de la salud que emitieron un total de 7.823.590 LME, un promedio anual de 161 licencias emitidas por médico, o menos de una licencia diaria por cada uno.
Toda esta información surge porque, para hacer una caracterización de quiénes son las personas que están emitiendo licencias, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) hizo un estudio en base a cuatro tramos de emisión. El primer tramo son quienes emiten menos de 1.600 LME al año, el tramo dos es para quienes emiten entre 1.600 y 2.499 LME anuales, el tramo tres abarca entre 2.500 y 4.999 LME, y el tramo cuatro considera 5.000 LME o más.
¿Quiénes son y qué tipo de licencias emiten los médicos que hicieron más 5 mil licencias en 2023? Según lo que se desprende del informe anual de emisores de LME de 2023 que realizó la Suseso, son cuatro profesionales hombres y dos mujeres. Tres de ellos son colombianos, dos son venezolanos, y uno es chileno.
Este grupo de seis médicos en promedio emitió licencias por 24,9 días, convirtiéndose en el tramo que por lejos registró el mayor número de días promedio, casi duplicando al primer tramo; ya que los profesionales que emitieron menos de 1.600 LME cada uno, en realidad entregaron licencias por 13,6 días en promedio.
En total, las licencias que emitieron estos seis profesionales de la salud y que fueron autorizadas llegaron a 28.617, un 0,4% del total. Así, acumularon el 0,6% del gasto total estimado en subsidio por incapacidad laboral (SIL).
El diagnóstico que por lejos acapara la mayor cantidad de licencias emitidas por este grupo, es por trastornos mentales: el 86,4% de las LME que hicieron fueron por este diagnóstico, es decir, 32.084 licencias (emitidas, no necesariamente autorizadas), otorgando 26,1 días promedio por este concepto, y concentrando el 90,9% del gasto total en SIL de este tramo.
Lo anterior está muy lejos de lo que ocurre al ver el total de licencias emitidas en el país, donde si bien las que fueron hechas por trastornos mentales son las que concentran la mayor cantidad de LME autorizadas en 2023, ellas representaron un 29,1% del total, y acumularon un 37,6% del gasto total en SIL. Este grupo de diagnóstico es también el que concentra la mayor cantidad de días promedio que se otorgaron por cada licencia, pero con 18,5 días.
Los seis médicos de este grupo que en total entregaron más de 31 mil LME por trastornos mentales, en su mayoría (cuatro) no tienen una especialización, es decir, son médicos cirujanos o comúnmente llamados médicos generales; mientras que dos de ellos tienen una especialidad, pero es distinta de psiquiatría y neurología, es decir, en este grupo no hay médicos con “especialidad mental”, a diferencia de lo que ocurre en los otros tres tramos que estudió la Suseso.
El estudio también concluye que “las LME rechazadas aumentan a medida que el profesional de la salud es más emisor, llegando a más del triple de rechazo para quienes emiten más de 5.000 LME al año, respecto de quienes emite menos de 1.600 LME anuales en ambos años en estudio”. Lo anterior, considerando que se rechazaron el 21,2% del total de LME que emitió este grupo de seis profesionales. En la vereda opuesta se ubicó el tramo uno, con una tasa de rechazo de 6,8%.
En 2023 hubo seis médicos que emitieron 5 mil licencias o más, pero en 2022 esa cifra era mayor, ya que hubo 41 médicos que emitieron ese nivel de licencias, un 0,1% del total.
Es que de las cifras que reveló este reporte de la Suseso, se desprende que algunos de los grandes emisores están siendo más precavidos a la hora de emitir licencias. “En el año 2023 se observó una importante disminución en el número de LME que emitieron los profesionales que fueron investigados y sancionados, situación que se puede explicar por el aumento en el número y efectividad de las investigaciones realizadas por la Suseso, así como también por las medidas cautelares interpuestas por el Juzgado de Garantía a 26 profesionales médicos en diciembre del año 2022″, afirma el reporte.
Según el documento, la Suseso “realizó un total de 1.362 investigaciones durante los años 2022 y 2023. Dichas investigaciones tuvieron por objeto investigar a un total de 809 profesionales médicos, de los cuales se multó a 251 y se sancionó con multa y suspensión de la facultad de emitir licencias médicas a 56″.
Respecto al número de LME que emiten los profesionales investigados, el informe detalla que “éstos concentraron el 13% del total de LME emitidas en el año 2022 cifra que disminuye a un 7,4% del total de LME emitidas en el año 2023″.
Además, asegura que “el número de LME emitidas por los profesionales médicos que fueron sancionados durante los años 2022 y 2023, disminuyó drásticamente en el año 2023. Así, es posible ver que los médicos sancionados (multados y/o suspendidos) emitieron 577.354 licencias en el año 2022, cifra que disminuyó en un 63,4% en el año 2023, donde éstos profesionales emitieron 211.069 LME”.
Agrega que “a su vez, se aprecia que tanto los profesionales sancionados como aquellos que no fueron sancionados, cambiaron su comportamiento al restringir el número de LME que emiten desde el mes de diciembre de 2022, fecha que coincide con la medida cautelar de prisión preventiva o la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas decretada por el tribunal a 26 profesionales de la salud”.
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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.
Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.
A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).
En ese contexto, añaden que la acción“son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.
Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.
Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.
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Un gran número de personas se reúne a esta hora frente al Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, quienes piden justicia por las víctimas del empresario Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual contra menores, al tiempo que demandan que su hijo, el senador Javier Macaya, deje su puesto en la Cámara Alta por defender a un pederasta condenado.
Portando pancartas y carteles, al menos 200 personas comenzaron a llegar minutos antes de las 18 horas al edificio emplazado en calle Compañía, tras una convocatoria realizada por organizaciones feministas. Los asistentes han realizado cánticos solicitando principalmente que Javier Macaya deje su puesto en el Senado, afirmando que la defensa que ha hecho de su padre lo inhabilita para legislar.
Hasta pasadas las 18.30, la manifestación continuaba de manera pacífica.
Cabe recordar que el pasado 21 de julio, en entrevista con T13, el senador Macaya insistió en la inocencia de su padre a pesar del fallo judicial, manteniendo así las declaraciones que realizó desde que se destapó el caso.
“Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy”, sostuvo Javier Macaya, quien destacó, además, que la grabación que se utilizó como prueba de los abusos realizados por su padre se realizó “en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”.
Y pese a que -previo a renunciar como presidente de la UDI el pasado 23 de julio- el parlamentario afirmó que “cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal”, dos días después se conoció que Javier Macaya fue parte de la defensa judicial de su padre y que, incluso, declaró cuestionando a una de las víctimas.
Cabe recordar que esta jornada, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantenía Eduardo Juan Macaya Zentilli, la que fue modificada por prisión preventiva, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua a la espera de los recursos que interpondría su defensa para impugnar la condena o, en definitiva, hasta que se aplique el “cúmplase”.
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En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando tuvo lugar este viernes una audiencia en que se revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantiene Eduardo Juan Macaya Zentilli,padre del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya.
En la instancia se modificó la cautelar que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua y en su lugar, el tribunal dictó prisión preventiva. Lo que significa que el acusado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa para impugnar la condena.
La lectura de sentencia estaba programada para las 16.00 horas, pero finalmente se realizó una hora más tarde. Tras la resolución, el abogado querellante de una de las víctimas, Hernán Fernández detalló que los cuestionamientos de un supuesto trato diferenciado durante su paso por la cárcel de Rancagua fueron considerados en los alegatos para decretar prisión preventiva y añadió: “No puede haber un trato de privilegio. Esto lo voy a decir yo también responsablemente, en cuanto a lo que implica el poder económico y también el poder que el condenado ha demostrado que tiene”.
Fernández explicó que “el argumento de fondo es que con los nuevos antecedentes que se aportaron, se ha incrementado el peligro de fuga”.
Poco antes de la audiencia, fijada a partir de las 14.00 horas, el empresario vinícola llegó al tribunal desde su residencia, el fundo Santa Elena de Placilla. Mantuvo silencio, evitando responder a la prensa que lo esperaba.
Con la comunicación de sentencia de seis años de presidio efectivo para el empresario vinícola de 72 años por su responsabilidad como autor de cuatro delitos reiterados de abuso sexual contra menores de 14 años, el tribunal de primera instancia fijó su prisión preventiva por el peligro de fuga, ordenando su ingreso a la cárcel de Rancagua el viernes 19 de julio. Tres días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua reemplazó por arresto domiciliario total la medida cautelar y Eduardo Macaya regresó a su residencia en Placilla.
El mismo tribunal de alzada había otorgado el arresto domiciliario a Macaya el 15 julio de 2023, luego de 38 días en prisión preventiva tras ser formalizado, por una caución de 150 millones de pesos.
Al respecto del cambio en la medida cautelar, la fiscal que lideró la investigación, Javiera Oro, manifestó que presentaron nuevos antecedentes, entre ellos el sumario administrativo que envió Gendarmería, másla resolución del Tribunal Constitucional.“Nos encontramos conformes con esta resolución”, indicó.
La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins en su acusación solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para el sentenciado y había mantenido su pretensión punitiva tras la condena, pese a que el empresario fue absuelto respecto a dos de los cuatro hechos imputados.
El abogado querellante Hernán Fernández, representante de una de las víctimas, calificó de “baja” la pena de seis años de cárcel impuesta al empresario, aunque valoró que se trate de una pena de presidio efectivo.
Desde que fue formalizado, Macaya ha permanecido privado de libertad por 415 días, tiempo que será abonado a su condena de ser ejecutoriada. Luego de la lectura de sentencia, las partes cuentan con un plazo de 10 días para recurrir por la nulidad del juicio. El plazo corre hasta el lunes.
Eduardo Macaya en el tribunal de San Fernando. Foto: Jorge Loyola / Aton Chile.
En el marco del proceso, la defensa del empresario acudió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad respecto a la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 que delimita cuándo se deben aplicar las penas privativas o restrictivas de libertad. La acción se materializó en noviembre del año pasado por el abogado Juan Carlos Manríquez. El equipo jurídico del alcalde pedía que no se aplicara en su caso la norma que indica que no pueden acceder a una sustitución de penas quienes sean condenados por abusos sexuales. El TC lo rechazó y si la condena queda a firme, el ingeniero agrónomo la deberá cumplir en forma efectiva.
Ante un reportaje de El Mostrador que dio cuenta de un presunto trato preferencial que favoreció al empresario en la cárcel, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile instruyó la realización de un sumario administrativo.
Por otro lado su hijo, Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI por presiones de su sector ante afirmaciones que hizo en defensa de su padre tras la condena.
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