A sus casi 69 años, oriundo de Temuco, se la ha jugado en casi toda su trayectoria por componer la difícil situación en La Araucanía, principal preocupación del actual presidente del Senado, el militante de Renovación Nacional (RN) José García Ruminot. Es uno de los pocos parlamentarios que llegaron al Congreso junto con la recientemente recuperada democracia, en el año 1990; sin embargo siempre ha cultivado un bajo perfil y durante sus 34 años de parlamentario –diputado primero y luego senador– ha sido especialmente respetuoso de las decisiones institucionales, destacan en su propia bancada. Pero desde el cuarto piso del Senado, donde se encuentran las oficinas de la Presidencia, la panorámica es más amplia.
El miércoles 8 de mayo, los ministros del Trabajo y Hacienda, Jeannette Jara y Mario Marcel, respectivamente, llegaron hasta la oficina del presidente del Senado, en el cuarto piso de la Corporación. Las citas se produjeron en el contexto de una semana compleja en la que oficialismo y oposición estaban enfrascados en encontrar una salida a la ley corta de isapres; y, en la que, además, existía preocupación en el Ejecutivo, que veía como la mayoría opositora ponía trabas al avance de los proyectos de cumplimiento tributario y reforma de pensiones, en las respectivas comisiones.
El desafío
Si bien, durante toda su larga trayectoria parlamentaria se lo ha agrupado entre los legisladores técnicos, uno de los más serios y respetados; en su nuevo cargo, García Ruminot se ha visto en la obligación de sacar a relucir sus condiciones más políticas. Su desafío, dicen en la Cámara Alta, es poner en práctica su capacidad negociadora y hacerse oír por su sector, lo cual no es fácil, ya que tendrá que lidiar con los presidentes de los partidos más fuertes de Chile Vamos, como son Renovación Nacional (RN), donde milita, y la UDI, Rodrigo Galilea y Javier Macaya, respectivamente, que integran las correspondientes bancadas de senadores.
De hecho, en RN destacan justamente que García Ruminot “tiene carácter y trayectoria para estar donde está; y llega muy bien a todos los sectores”. Además, subrayan que “es muy respetuoso de quienes son los senadores que llevan los temas”; no obstante, también se comenta que el presidente del Senado cuenta con la “influencia y las condiciones” para llegar a acuerdos: “no se impone por el cargo, sino por cómo es”. Pese a todo, también se destaca que para llegar a acuerdos en ciertas materias tendrá que “coordinarse” con los suyos. Lo que da cuenta de que no le será fácil responder a las expectativas que ha puesto el Ejecutivo en él, con miras a avanzar en las reformas emblemáticas, pero también con la mayor prontitud posible en la Agenda Económica priorizada por La Moneda.
Otros, recuerdan que el senador “va de salida”, aludiendo al hecho de que no puede repostular, y que, en ese escenario, no tiene nada que perder poniendo su capital político al servicio del país. Y que no está de acuerdo con la postura de algunos de sus propios correligionarios y senadores de la UDI que han condicionado el fast track de proyectos económicos a que primero avance la Agenda de Seguridad, pues ambas pueden avanzar en paralelo, habría comentado a su entorno, coincidiendo con la postura del Gobierno y de Mario Marcel. “Tiene asumido un rol articulador de acuerdos”, que “no va a usar para sacar ventajas políticas pequeñas”, dice un cercano al presidente del Senado.
“Tiene que jugar un rol”
Si bien en el oficialismo comparten que García tiene un carácter “conciliador, caballeroso y amable” y que es respetado transversalmente, no olvidan el episodio que lo llevó a la testera y que para ello, recuerda el senador socialista Gastón Saavedra, “se incumplió un acuerdo con nuestro sector”. El parlamentario de Gobierno sostiene, además, que como la segunda autoridad del país, “tiene que jugar un rol y tiene que demostrar que está disponible para recomponer las confianzas, sobre todo para avanzar en pensiones y en reforma tributaria”.
El legislador oficialista, agrega que se requieren grandes acuerdos para avanzar en beneficio del país y que ese es el desafío de García, ya que “antes que él lo hicieron (Álvaro) Elizalde y (Juan Antonio) Coloma”. Y adelanta que, justamente pensando en esto, la bancada socialista analizó el escenario y acordó pedirle una audiencia al presidente de la Cámara Alta para plantearle los temas que creen que ameritan más urgencia, entre los que destacó la seguridad ciudadana y los temas económicos.
Así las cosas, no son pocos los ministros que desfilan por su oficina, especialmente en la de Valparaíso en las semanas legislativas. Y por si fuera poco, este jueves fue García Ruminot quien llegó a Teatinos 120 para reunirse con Marcel, en un extenso encuentro agendado con anterioridad a que el ministro de Hacienda emplazara a la derecha, a través de radio Pauta a apoyar el fast track económico: “Hemos escuchado durante meses, particularmente de parte de la oposición, la demanda por iniciativas que estimulen el crecimiento y ahora es donde se prueba si ese compromiso era real o sólo una forma de criticar el Gobierno”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.