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“El tribunal no toma en cuenta la ideología política para su decisión”: las claves del fallo que envió a Daniel Jadue a la cárcel

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“Antes de comenzar a analizar los elementos materiales del delito, esta jueza desea advertir expresamente que, conforme al principio de imparcialidad que rige la función jurisdiccional, este tribunal no toma en cuenta afiliaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión (…). Esto implica que nadie debe recibir un trato preferencial y que las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos del caso, los antecedentes aportados y las leyes aplicables, sin considerar factores extralegales”.

De esta manera, la jueza del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Paulina Moya, lanzaba un dardo directo a quienes han cuestionado la imparcialidad de los tribunales, en torno a la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien fue acusado por la Fiscalía por la comisión de los delitos de cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y estafa.

La causa en contra del alcalde de Recoleta se inició por una querella por estafa presentada por la empresa proveedora Best Quality, la que vendió productos médicos a la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) el 2020, pero que acusa que nunca recibió el pago de estos. La Fiscalía durante la formalización aseguró que Jadue, valiéndose de su prestigio y posición, aparentó una capacidad económica de la asociación a sabiendas de que no tenían los recursos y pagó solo una parte del total a la empresa, generando un perjuicio de más de mil millones.

La resolución que dejó tras las rejas a Jadue, por ser considerado un “peligro para la seguridad de la sociedad”, se basó en elementos claves: su rol como presidente de Achifarp, la afectación patrimonial a la Municipalidad de Recoleta y su rol como alcalde de la comuna.

“Esta asociación de municipalidades tenía objetivos y directores”, expuso en la audiencia de formalización el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, quien insistió en que aunque el jefe comunal era el presidente de la asociación no todas las decisiones pasaban por él.

Sin embargo, para el tribunal esta tesis no fue acogida. “El imputado Jadue habría sido el único autorizado para girar cheques, aparecía en los contratos y transacciones judiciales, y habría sido quien ejercía la gestión financiera y planificación estratégica de la Achifarp”, sostuvo la jueza, agregando que “respecto al ejercicio abusivo de las facultades de administración, los antecedentes reunidos por el Ministerio Público dan cuenta que existen altas probabilidades de que el imputado Jadue conocía la compra realizada a Best Quality en junio de 2020, por más de mil millones de pesos”.

En esa misma línea, la jueza agregó que “este tribunal se pregunta, si este contrato con Best Quality era tan desventajoso y supuestamente su presidente y el directorio no lo aprobaron, ¿por qué no se ejercieron acciones legales para rescindir el contrato?, en lugar de intentar llegar a acuerdos para pagarlo. Esto resulta llamativo, ya que se mencionó en la audiencia que las mercancías del contrato estuvieron mucho tiempo en bodegas, inutilizadas”.

Mientras la magistrada daba lectura a la sentencia, Jadue solo miraba atento a la jueza y en ocasiones bajaba la mirada para mirar su celular. Ninguna mueca, ni gesto de reprobación. En su semblante solo se veía resignación.

El rol de Jadue como presidente de Achifarp también es determinante para la imputación del cohecho. Por ejemplo, la magistrada indicó que “se aprecia que el Ministerio Público aportó múltiples antecedentes que permiten justificar la existencia del delito y configurar presunciones fundadas de participación en lo relativo a la donación de $20 millones, a cambio de concretar la compra de insumos a Best Quality, productos que habrían sido entregados en las oficinas del Partido Comunista de Recoleta”.

En la lectura de su resolución, la jueza de garantía se refería a la Municipalidad de Recolecta como una “víctima” del caso, poniendo énfasis en que eran sus vecinos los principales afectados por las maniobras realizadas entre Jadue y Achifarp.

Esta tesis se explica, pues para el tribunal -acogiendo lo expuesto por el Ministerio Público- fueron dineros municipales los que se utilizaron para pagar las deudas de Achifarp de manera irregular. Además, lo que “también llamó la atención” de la magistrada fue que se haya tratado de usar “la salud pública” en este caso, tomando en cuenta la idea de fabricar un medicamento en contra del Covid-19, con dinero que nunca llegó a manos de la Universidad de Concepción.

“Al tribunal le llama la atención que, en un ámbito tan sensible como la fabricación de medicamentos para el Covid-19, los imputados hayan asegurado contar con los permisos respectivos. En circunstancias que se trata de una época en la que existía un miedo generalizado a los nuevos medicamentos, por lo que los argumentos de la defensa sobre haber creído que todo estaba en regla parecen poco creíbles. Además, es fundamental considerar que la fabricación y distribución de medicamentos están sujetas a estrictas regulaciones y controles, especialmente en situaciones de emergencia sanitaria”, dijo la jueza.

Además, agregó que “una vez recibido el aporte extraordinario de $204.976.800 para la fabricación del medicamento, este nunca fue transferido a la Universidad de Concepción, utilizándose para el pago de deudas contraídas con terceros por la Achifarp”.

En la resolución, de esta manera, se consideró que “con relación al perjuicio al patrimonio de la Municipalidad de Recoleta, el tipo penal establece que este puede consistir en pérdidas directas o en la privación de un lucro legítimo o cesante. Lo cierto es que las defensas no controvirtieron que los fondos municipales fueron desviados para cubrir deudas y gastos de Achifarp, privando a la municipalidad de usar legítimamente esos fondos para beneficio de la comunidad”.

Quizás el elemento que más pesó para decretar la prisión preventiva de Jadue -además de lo elevado de las penas de los delitos imputados- fue su rol actual como alcalde de Recoleta.

La magistrada partió exponiendo que “el tribunal no puede dejar de advertir que el imputado Jadue se encuentra en funciones en su cargo de alcalde de la comuna de Recoleta. Esta posición implica una relación directa y esencial con la administración de recursos, desempeñando un rol crucial en la gestión financiera, la planificación y la transparencia de las operaciones municipales”.

Agregó, enseguida, que “no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría configurar un peligro de reiteración. Finalmente, haciendo una prognosis de pena para los imputados Jadue y Muñoz, existe una alta probabilidad que para el caso que sean condenados por los delitos por los cuales fueron formalizados, no puedan acceder a penas sustitutivas y deban cumplir de manera efectiva sus condenas”.

Una vez dictada la prisión preventiva de Jadue, su abogado pidió hablar con él “en la entrada del calabozo” solo unos minutos. Antes de eso, el alcalde se paró tranquilo, estiró las manos, juntó sus muñecas y un gendarme cerró las esposas que lo acompañarían hasta ingresar a Capitán Yáber, mismo penal donde antes estuvieron otros alcaldes, senadores, diputados y empresarios, quienes, al igual que él, fueron considerados un peligro para la seguridad de la sociedad.

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Tianqi concreta su amenaza y recurre a tribunales para frenar la alianza entre SQM y Codelco

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El grupo chino Tianqi no detiene su ofensiva contra la alianza entre Codelco y SQM para explotar en conjunto el negocio del litio en el salar de Atacama. Tianqi tiene el 22% de la propiedad de SQM y pide que sea una junta de accionistas vote si la alianza con Codelco debe realizarse o no.

Los abogados de Tianqi, encabezados por Octavio Bofill y Rodrigo Saffirio, interpusieron este viernes en la Corte de Apelaciones un recurso de ilegalidad que impugna las resoluciones de la Comisión para el Mercado Financiero que determinaron que la asociación entre SQM y Codelco no requería ser votada por los accionistas de la minera privada, y que era facultad del directorio de la empresa la aprobación de la alianza. La CMF se pronunció en más de una ocasión en ese sentido, dando la razón a los argumentos de SQM.

SQM y Codelco suscribieron un acuerdo de asociación el 31 de mayo pasado, una integración que las partes esperan que comience a regir en la primera parte de 2025 y que tendrá vigencia hasta 2060.

En su extensa de presentación de 54 páginas, Tianqi, a través de su sociedad en Chile, Inversiones TLC SpA, pide que el tribunal decrete la suspensión de las resoluciones de la CMF que aprobaron la manera en que fue aprobada por SQM su alianza con Codelco “mientras se tramita el reclamo de ilegalidad deducido en lo principal de esta presentación y mientras no exista un pronunciamiento firme a su respecto”. De esta manera, Tianqi intenta congelar los efectos de la asociación público privada para explotar el negocio del litio.

“La implementación prematura del Acuerdo de Asociación, sin que exista un pronunciamiento judicial firme respecto de la materia sometida a la decisión de esta Iltma. Corte, hará imposible ejecutar una eventual sentencia favorable a esta parte, además de generarle un perjuicio irreparable”, sostienen los abogados de Tianqi en su argumentación para poner una pausa la mega alianza.

La empresa china sostiene que por medio del acuerdo de asociación, “SQM enajenará su participación controladora en su filial SQM Salar S.A. (“SQM Salar”), y, todavía más, todo el negocio de explotación del litio”, y dice que la ley exige que aquella enajenación sea ser sometida a los accionistas, con un quórum de dos tercios de las acciones.

La compañía sustenta su argumentación, además, en la opinión de tres informes en derecho que cita en su presentación. SQM había presentado ante la CMF otros cinco informes en derecho que sostenían lo contrario.

Entre las conclusiones, la presentación señala que ”se cumplen todas las condiciones para que acceda a la suspensión de efectos solicitada en esta presentación, en tanto (i) Tianqi ha demostrado tener un caso verosímil, respaldado por diversos antecedentes fácticos, conductuales y jurídicos; y, (ii) las consecuencias de continuarse con la ejecución del Acuerdo de Asociación mientras se tramita el presente reclamo de ilegalidad pueden ser graves e irreversibles para los derechos de Tianqi y el resto de los accionistas minoritarios”.

SQM y Codelco firmaron primero un memorándum de entendimiento el 27 de diciembre de 2023. Los primeros días de enero, reservadamente SQM consultó a la CMF si bastaba para ello la aprobación del directorio, como sostuvieron sus asesores legales: la CMF validó ese criterio a fines de febrero. La unanimidad de los ocho directores de SQM, entre ellos los tres electos por Tianqi, habían dado el visto bueno al negocio a fines de 2023.

Tras el primer pronunciamiento de la CMF, Tianqi forzó dos juntas extraordinarias de accionistas en las que se discutió el acuerdo, pero no se votó, como pedía el grupo chino. Tras ello, Tianqi volvió a recurrir a la CMF, que rechazó su petición de forzar una junta resolutiva y la reposición que sus abogados ingresaron entonces. Pasados quince días desde esto último, Tianqi recurrió por primera vez a los tribunales chilenos para paralizar la alianza firmada por las dos empresas el 31 de mayo pasado.

Tianqi tiene el 22% de las acciones y si suma a otros accionistas minoritarios a su posición, podría eventualmente conseguir un tercio de los votos para bloquear la integración de SQM Salar, la filial de SQM que tiene los derechos para explotar el salar de Atacama hasta 2030, y minera Tarar, la filial de Codelco que tendrá los derechos para hacerlo hasta 2060.

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Columna de Matías Acevedo: “Proteccionismo: la política que une a Kamala con Trump”

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Kamala es fanática de la comida india, y Trump, de las hamburguesas. Kamala es tres veces más productiva que Trump en la preparación de comida india y dos veces más productiva que él en la elaboración de hamburguesas. Sin embargo, Kamala insiste en especializarse en cocinar hamburguesas y Trump en preparar comida india.

David Ricardo, el destacado economista inglés, les daría el siguiente consejo: “Aunque Kamala sea mejor que Donald para cocinar ambas cosas (ventajas absolutas), si Kamala se dedica a la comida india (donde tiene más ventajas comparativas) y Donald a las hamburguesas (donde es menos ineficiente que Kamala), en conjunto producirán más”. Este simple, pero profundo consejo, permitió que el comercio internacional se multiplicara por 20 en los últimos 60 años. Desde 1990 hasta la fecha, la pobreza mundial se ha reducido a una cuarta parte, en parte porque los países de ingresos bajos y medios más que duplicaron su participación en el comercio mundial.

Pero la geopolítica una vez más está transformando el comercio internacional. Y aunque la apertura comercial trajo muchos beneficios para Estados Unidos, en algunos sectores de la sociedad desaparecieron industrias enteras como resultado de la globalización. Las personas de esas localidades se sentían frustradas porque anticipaban que tendrían una calidad de vida inferior a la de sus padres. Aunque este efecto negativo fue anticipado por David Ricardo hace dos siglos, la rapidez con la que ocurrió esta redistribución tuvo consecuencias políticas, como se evidenció en el triunfo del Brexit en el Reino Unido y la primera presidencia de Trump con una campaña proteccionista para “Make America Great Again”.

Pero la administración de Biden continuó con la mayoría de las políticas proteccionistas de aranceles de Trump y profundizó las políticas industriales. Introdujo subsidios para relocalizar la producción de semiconductores (Ley Chips) y una ley miscelánea de reducción de la inflación que adoptó una serie de subsidios a los insumos en la cadena de producción de vehículos eléctricos para garantizar su producción interna.

Tax Foundation estima que las medidas proteccionistas desde 2018 han recaudado US$233 mil millones, donde más del 60% corresponde a la administración de Biden. La misma entidad estima que dichas políticas industriales le han costado al país un menor crecimiento del PIB de 0,2 puntos porcentuales y menores horas trabajadas equivalentes a 142 mil empleos.

La propuesta de campaña de Trump en esta materia es establecer un arancel del 10% para todas las importaciones, pero para China del 60%. Se estima que, aunque producirá una mayor recaudación tributaria en el corto plazo (US$ 520 mil millones), a largo plazo reduciría el crecimiento del PIB en 0,8 puntos porcentuales, con 684 mil puestos de trabajo menos, además de un alza en los precios de los productos y su efecto contagio en el crecimiento del resto del mundo.

La pregunta es: ¿Hasta cuándo durará el proteccionismo de Estados Unidos? Como ha ocurrido a lo largo de la historia económica, hasta que los ciudadanos, hijos de los actuales padres frustrados por la globalización a quienes se pretende ayudar con el proteccionismo, vean que ahora su futuro se proyecta aún peor que el de sus padres.

Para economías en desarrollo como Chile, sería desacertado seguir el ejemplo del creciente proteccionismo de Estados Unidos y China, una disputa de “perros grandes” que debemos observar, pero nunca imitar. Por el contrario, debemos profundizar y agilizar la diplomacia comercial fortaleciendo las exportaciones, con nuevos y mejores acuerdos comerciales (Larroulet, 2024). Por ejemplo, con India, que según Goldman Sachs será el quinto mercado de consumo más grande del mundo en dos años. Aún tenemos mucho que ganar del resto del mundo, pero también mucho que perder si abandonamos nuestra política comercial abierta.

Y tal como predijo hace más de 200 años el célebre economista David Ricardo, llegará el día en que Kamala, aprovechando sus ventajas comparativas, se especialice en preparar comida india, y Trump, en hacer hamburguesas, por el bien común de todos y no solo de un grupo de ciudadanos.

#Columna #Matías #Acevedo #Proteccionismo #política #une #Kamala #con #Trump
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El proyecto de cobalto en Chile apoyado en Estados Unidos

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C3, Chilean Cobalt Corp., consiguió en menos de dos meses dos acuerdos clave para echar a andar su proyecto de cobalto y cobre en las cercanías de Huasco y Freirina, en Atacama. En junio, el EXIM Bank de Estados Unidos, que apoya financieramente a empresas de ese país para enfrentar la competencia china en energías renovables, le preaprobó un financiamiento por US$ 317 millones; y en julio, la suiza Glencore acordó comprar toda la producción de ese yacimiento, conocido como La Cobaltera, por cinco años.

“Suponiendo que se obtengan las aprobaciones finales y recibamos el paquete de préstamos del EXIM Bank, esto reducirá en gran medida el riesgo de nuestro proyecto La Cobaltera y nos permitirá asumir más riesgos en otras áreas, como la exploración”, dice el CEO de la minera junior estadounidense, Duncan Blunt.

El ejecutivo avisa que C3 tiene planes de largo plazo: “El distrito en el que operamos, y Chile en general, probablemente alberguen varios otros yacimientos de cobalto y cobre con geología similar. Nuestro enfoque está en restablecer la producción en La Cobaltera, pero nuestro interés en el cobalto abarca todo Chile. Nos gustaría ser una empresa operadora de múltiples minas en los próximos cinco a diez años”, resume.

La Cobaltera no es un yacimiento nuevo. Fue explotado entre 1844 y 1941 por inversionistas alemanes y después cayó en el olvido. Pasó por varias manos, mientras sus instalaciones se arruinaban hasta que el mineral emergió como otro de los insumos críticos para la transición energética hacia la electromovilidad. Conocido como el “oro azul”, el cobalto es empleado en las baterías de ion litio en vehículos eléctricos, pues prolonga su duración y evita que se sobrecalienten.

En 2018, Chilean Cobalt Corp, firma que entonces pertenecía al fondo de inversiones estadounidense Genlith, pero que ahora cotiza en la bolsa de Ventures de Nueva York (OTCQB), adquirió la propiedad.

Según un prospecto enviado al regulador norteamericano (SEC), Chilean Cobalt Corp -que se define como una firma de minería junior– tiene concesiones para explotar 2.635 hectáreas en todo el llamado Distrito Minero de San Juan, una zona ubicada entre los límites sur de Atacama y norte de Coquimbo, donde además de La Cobaltera, se han explotado históricamente pequeñas minas de cobre. Y C3 también está interesado en ese mineral.

El 30 de junio, C3 recibió la preaprobación de US$317 millones para financiar la explotación de La Cobaltera por parte del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank), para un crédito de hasta 15 años.

“Hemos estado trabajando en esto durante varios años. Se espera que la cifra de US$317 millones represente sustancialmente todo el capital de deuda requerido para el desarrollo de la Fase 1, que se centrará en las zonas de óxido”, explica Blunt. La primera fase considera extraer las capas minerales en orden de la más fácil a más difícil de procesar, llegando hasta la lixiviación. La etapa número dos considera ya molienda y otros procesos. La firma espera tener restablecida la producción de La Cobaltera en los próximos cuatro a seis años.

Este financiamiento forma parte del programa CTEP del EXIM Bank, que ayuda a firmas estadounidenses a enfrentar la competencia de los productores chinos en energía renovable, almacenamiento y eficiencia.

Según la información de la compañía, se proyectan de 3.000 a 5.000 toneladas métricas anuales de cobalto y de 20.000 a 25.000 toneladas métricas anuales de cobre; es decir una mina mediana.

El proyecto de cobalto en Chile que se apoya en Estados Unidos.

“El EXIM Bank y otras agencias del gobierno de los EE.UU. están trabajando para brindar apoyo y soluciones de financiamiento a empresas como la nuestra, que están desarrollando de manera activa y responsable proyectos de minerales críticos en jurisdicciones amigas, con un procesamiento futuro que se llevará a cabo en los EE.UU. y los países del Tratado de Libre Comercio de los EE.UU.”, añade el ejecutivo.

La producción de la firma se exportará como concentrado. Y ahí es donde entra el segundo acuerdo de C3.

El 8 de julio, Chilean Cobalt Corp. acordó con la minera suiza Glencore la venta del 100% de su producción de cobalto y cobre en Chile, durante un periodo inicial de cinco años.

“Glencore brindará un apoyo fundamental a nuestro proyecto en el desarrollo de la mina, el procesamiento posterior y la comercialización del producto. Ya estamos trabajando activamente con ellos, a través de sus equipos en Suiza, EE.UU. y localmente en Chile, y avanzaremos hacia los documentos finales del acuerdo definitivo durante el resto de 2024″, anticipa el CEO de C3.

Este acuerdo era clave para la viabilidad del préstamo del EXIM Bank, que exigió asegurar un socio de compra creíble antes de preaprobarlo. “Esto nos permitirá producir y exportar un producto concentrado a una instalación nueva planificada en EE.UU. Esto significa que podemos restablecer la producción de La Cobaltera en un cronograma potencialmente acelerado y también nos permite una mayor flexibilidad para considerar la futura integración vertical en el país”, avisa el ejecutivo.

Según el acuerdo, C3 y Glencore incluirán disposiciones sobre sostenibilidad y relaciones con la comunidad en el documento final.

El relanzamiento del proyecto coincide con mínimos de precios del metal en siete años. Pero Blunt sostiene que a pesar del exceso de oferta se espera que el mercado entre en déficit hacia finales de la década, ya que el menor valor actual ha dejado fuera de producción a algunos yacimientos, cuya salida podría ayudar a ajustar el mercado. “Nuestro proyecto es polimetálico, y los precios y los fundamentos del cobre han sido relativamente sólidos, por lo que eso respalda nuestro propio proyecto ahora y en el futuro. Como dice el dicho en el ámbito de las materias primas, ‘los precios altos son la cura para los precios altos, y los precios bajos son la cura para los precios bajos’”, aclara.

Según un informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), el mercado del cobalto seguirá dominado por la República Democrática del Congo y China, al menos hasta 2030. Blunt explica que el cobalto es un mercado relativamente pequeño, de unas 230.000 toneladas producidas por año (el cobre supera los 22 millones de toneladas por año), y como el cobalto es casi siempre un subproducto, esta dinámica a menudo puede dar lugar a niveles más altos de volatilidad de precios. “Los nuevos proyectos en la República Democrática del Congo e Indonesia aportaron más cobalto a un mercado que simplemente no necesitaba más oferta. El resultado final, como era de esperar, fue un retroceso de los precios”, dice.

C3, que se denomina así por las iniciales de Chilean Cobalt Corp., ha estado realizando sondajes y otros trabajos en su yacimiento del norte chico. La firma destaca las condiciones de la zona y su infraestructura, que Blunt califica de “excelentes” y “ventajosas”, por la baja altitud (a menos de 1.100 metros), clima seco, uso potencial de agua de mar (a 10 kilómetros de la costa), la cercanía del puerto de Huasco para exportar, buenas carreteras, potencial para trabajar con energía solar y mano obra local sin necesidad de levantar un gran campamento. Ahora solo falta que empiecen a llegar los recursos del EXIM Bank para que la Cobaltera vuelva a operar.

China tiene una posición dominante en el mercado del cobalto. Casi el 70% de la oferta global proviene de la República Democrática del Congo, y las empresas chinas controlan aproximadamente la mitad de la producción en ese país. Indonesia es el segundo mayor productor del mundo, con aproximadamente el 10% de la oferta mundial, y las empresas chinas controlan casi el 80% de esta producción.

En cuanto al procesamiento posterior, aproximadamente el 65% se hace en China. “Estas cifras representan un control de facto del mercado de cobalto extraído y refinado, y esta dinámica permite un cierto nivel de influencia sobre los precios que podría utilizarse como arma para asegurar la continuidad de esta posición dominante en el mercado”, reclama Blunt.

En 2019, Estados Unidos creó el programa CTEP de su fomento al comercio exterior, Exim Bank, con el objetivo de enfrentar la competencia de China en la carrera de las nuevas tecnologías y su dominio en el mercado de los metales críticos: además de financiamiento ofreció localizar en suelo estadounidense o de algunos socios comerciales la fabricación de baterías y demás componenentes. De hecho la producción de La Cobaltera se beneficiará de esas rebajas y exenciones.

Blunt menciona además, los problemas de derechos humanos y ambientales en algunas minas operadas por grupos chinos y las compara con el proyecto en Chile. En su última presentación a los mercados hace algunas semanas, C3 destaca que para La Cobaltera no será necesario relocalizar poblaciones.

La firma adhirió a los Principios de la IRMA (Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable, por sus siglas en inglés) que obliga a las minas a operar aplicando prácticas innovadoras para evitar los impactos negativos ambientales y sociales.

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