Elecmetal denunció errores de cálculo, politización del proceso y rechazo a las sobretasas al acero procedentes desde China impuestas provisionalmente por la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios (CNDP).
Sobre el proceso de investigación de dumping por la importación de bolas de acero forjadas para molienda convencionales, de diámetro inferior a 4 pulgadas, la instancia determinó aplicar una sobretasa de 9,2% para la empresa Changshu Feifan Metalwork Co. Ltd.; de 22,5% para las importaciones originarias de Changshu Longte Grinding Ball Co. Ltd.; de 14,2% Jiangyin Xingcheng Magotteaux Steel Balls Co. Ltd.; y de 22,5% para las importaciones originarias del resto de las empresas de ese país.
En una declaración difundida este jueves, la empresa indicó que “manifestamos nuestra absoluta sorpresa y rechazo acerca de la forma en que una mayoría de la Comisión ha construido artificialmente un margen de dumping para las importaciones de Elecmetal donde no lo hay, con infracción directa de los Tratados Internacionales que obligan a Chile, evidenciando que se ha politizado un proceso que debe ser técnico”.
Elecmetal agregó que lo anterior queda en evidencia al considerar que tanto el Fiscal Nacional Económico -quien preside la Comisión- como los miembros representantes del Banco Central “se opusieron a la decisión y dejaron constancia en el acta de las infracciones a los criterios para calcular la existencia de un margen de dumping claramente establecidos en los tratados internacionales”.
La empresa -ligada al grupo DF- además aseguró que el acta deja en evidencia que existen “errores graves de cálculo, ya que la totalidad del 22,5% de tasa de derechos antidumping establecida para las importaciones de Elecmetal se hizo sobre un precio de venta considerablemente menor al real. Este error deriva de que Elecmetal informó el precio de venta a cliente en valores netos de IVA y la Comisión descontó nuevamente a ese precio un 19% de IVA al hacer los cálculos de margen de dumping. Una vez corregido este error, no corresponde aplicar a Elecmetal medida provisional alguna”.
“Chile es un país abierto al mundo, donde el comercio internacional juega un rol clave en nuestro modelo de desarrollo. Chile no puede aspirar a ser parte del comercio exterior y que sus socios comerciales respeten los tratados que son la base de ese comercio si la Comisión, pese a las advertencias técnicas explícitas de su presidente y demás miembros independientes de la Comisión, decide incumplir esos mismos tratados”, añadió.
“Elecmetal es una empresa chilena seria, prestigiosa y con más de 100 años de trayectoria en el país y el mundo, y esperamos que en lo que resta del proceso predomine una visión técnica en la investigación que se desarrolle en la CNDP. Seguiremos colaborando y entregando antecedentes técnicos, estudios e información y estando siempre a disposición de la entidad”, culminó la declaración.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.