Una dura declaración pública emitió la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), luego de que se conociera el requerimiento que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) denunciando una colusión entre las transnacionales Indura y Linde en el mercado de gases industriales y medicinales.
“Condenamos y rechazamos terminantemente la colusión y todo tipo de práctica anticompetitiva que atente contra la libre y leal competencia que debe existir en los mercados”, parte señalando la declaración escrita.
Según plantearon desde la multigremial, la libre competencia “es el motor de la economía, ya que asegura el derecho de todas las empresas y personas a participar en igualdad de condiciones en las actividades económicas, logrando así ofrecer y acceder a productos y servicios que maximicen el bienestar de los consumidores y de la sociedad en general”.
Ximena Aguilera, ministra de Salud y Ricardo Mewes presidente de la CPC. Fotos: Julio Castro y Archivo
Desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), también salieron a criticar la situación. A través de una declaración escrita, los industriales señalaron que “atentados de este tipo son inaceptables, pues tienen un impacto directo en el bienestar de todas las personas. En particular, este caso es más grave aún, puesto que se trataría de la colusión de empresas que proveen insumos clave para la salud y que, de acuerdo con la FNE, operó en plena pandemia, cuando el oxígeno era vital para el tratamiento contra el Covid-19”.
La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) se sumó a los cuestionamientos y calificó de “gravísima” la denuncia de la FNE.
“La comisión de delitos por personas que utilizan sus cargos públicos, estructuras societarias como fundaciones o empresas ha estado presente en el pasado, lo está en este momento y lo estará en el futuro. Esta constatación de realidad significa que estos hechos deben ser perseguidos con fuerza, castigados de forma ejemplificadora y comunicados profusamente, porque no pueden vencernos ni hacernos bajar nuestros estándares. Desde nuestro gremio, los condenamos fuertemente”, enfatizó la presidenta de la CCS, María Teresa Vial.
Desde el Gobierno también se hicieron parte de las críticas. El ministro de Economía, Nicolás Grau, calificó de graves las conductas denunciadas por la FNE, afirmando que se trata de una acusación que se funda en “evidencia sólida” que aporta el organismo para fundamentar su acusación.
Grau sostuvo que “quiero valorar el anuncio de la FNE de este recurso ante el TDLC contra dos empresas de gases industriales y medicinales, que va a implicar la solicitud de la fiscalía de una sanción de más de US$ 30 millones”.
El secretario de Estado afirmó que “la sanción se justifica por las graves conductas colusivas que habrían tenido estas dos empresas y para las cuales la FNE tiene evidencia sólida que ha podido presentar a este tribunal”.
Por su parte, la jefa (s) de la División de Gestión de Redes Asistenciales, Susana Fuentealba, indicó “que rechaza cualquier práctica de colusión, especialmente si dicha situación se produjo en el marco de una emergencia sanitaria que no solo afectó a Chile sino al mundo entero”.
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Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.