La entrevista con la delegada presidencial de BioBío, publicada en la edición de ayer, dio un crudo recuento de hasta qué punto la inseguridad y la violencia -relacionada fundamentalmente con lo que ella denomina “el conflicto de Arauco”, pero también con otras situaciones puntuales como el reciente paro por los subcontratistas de Enap- han sido preocupaciones centrales de su aún breve gestión.

Aceptar que poner fin a la violencia es responsabilidad primordial del Estado parece una meta políticamente lejana.

Como ella misma reconoce, se trata de un problema de múltiples aristas que no puede reducirse a una dicotomía entre “terroristas” y “pueblos originarios”, pero en su propia enumeración de los factores en juego destacan elementos que contradicen la lectura que, como durante años ha sostenido una parte del espectro político, lo que allí sucede es, en esencia, la expresión de un conflicto histórico entre una minoría indígena vulnerable y el Estado chileno. Así, si bien la autoridad alude como parte de la ecuación a las “pretensiones originales” -y evita hablar de terrorismo-, lo hace sólo después de mencionar primero la delincuencia común, el robo de madera y el crimen organizado.

Las medidas que pone sobre la mesa para enfrentar eso -vehículos blindados, más policías, cámaras de vigilancia, entre otras- muestran una situación que supera con creces el aspecto de un conflicto social, y no excluye un eventual cambio de ley” para también poder usar las Fuerzas Armadas para proteger el área”. No está claro si dicha modificación es necesaria, dado que el propio gobierno decidió levantar el estado de emergencia que permitía, precisamente, el recurso a las Fuerzas Armadas, y que había sido decretado por la administración anterior, sin embargo, su sola consideración da cuenta de una mayor sobriedad en el diagnóstico de la realidad sobre el terreno, que la que surge de un supuesto “conflicto mapuche”.

Ante esto, resulta paradójica la insistencia en temas como la recuperación de tierras, aun cuando la idea de la reparación a todas las víctimas de la violencia, largamente postergada, es bienvenida. Aceptar que restaurar la paz es la principal responsabilidad del Estado sigue siendo, al parecer, un objetivo políticamente distante.