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Esquirlas judiciales de una caída: 42 municipalidades están demandadas por la asociación de Farmacias Populares que lideró Jadue

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En “liquidación judicial”. Ese es el estado en el que actualmente se encuentra la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), organización creada y liderada desde el 2016 por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). Autoridad comunal que próximamente será formalizado por cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, delitos que se habrían materializado mientras representaba al proyecto que buscaba agrupar a las municipalidades con el fin de conseguir precios más bajo en medicamentos.

Achifarp, según su acta de constitución, fue formada e integrada por 91 municipios, quienes pagarían cuotas de inscripción y de aportes anuales para permanecer en la asociación liderada por el alcalde comunista. Sin embargo, desde el 2021, y hasta finales del año pasado, la propia asociación ha presentado demandas en contra de 42 municipalidades con el fin de que estas paguen lo que, presuntamente, adeudan por haber integrado la agrupación.

De esas acciones judiciales ha quedado constancia en el proceso de liquidación judicial que se inició en septiembre del 2022 y que es encabezado por José Alfredo Rojas. En esa instancia consta que antes de asumir la enajenación judicial, Achifarp ya había iniciado las acciones civiles. En diciembre del 2022, se encomendó a un estudio de abogados que revisara esas causas que buscan generar los ingresos con el fin de pagar los más de mil millones en deudas que acumula la asociación.

En ese sentido, según el informe del estudio Aranis Espinosa, se detectó que Achifarp ha presentado 47 demandas civiles en contra de 42 municipios. Las cinco acciones judiciales de diferencia corresponden a reiteraciones judiciales a través de procesos de “confesión de deuda”, los cuales buscan acelerar el pago en vez de llegar a un extenso juicio civil.

A fines de julio del año pasado, el Ministerio Público en la investigación por presuntos delitos de corrupción en contra de Jadue, instruyó a Carabineros tomar declaración a los otros 90 alcaldes que formarían parte de Achifarp. Lo anterior, porque una de las líneas de investigación sería que algunos municipios nunca integraron la asociación. De hecho, en aquel entonces algunas autoridades señalaron a La Tercera que jamás habían integrado Achifarp.

Algo de lo que también ha quedado registro en los procesos civiles en contra de los municipios. Y es que del total de municipalidades demandadas, hay cinco de estas que ya han dado respuesta. En todos estos, las municipalidades no han reconocido la deuda que la asociación creada el 2016 les ha imputado. En este listado aparece la Municipalidad de Caldera, la que ante el tribunal civil dijo no deber $1.766.200 que la agrupación decía. Mismo caso que la Municipalidad de Freirina.

En el mismo escenario también se encuentra la Municipalidad de Carahue, la que ante el tribunal no reconoció la deuda de $12.680.458 que supuestamente mantiene con la asociación. De la Región de O’Higgins, Chimbarongo, por su parte tampoco dijo tener una deuda de $18.262.833 en cuotas a Achifarp.

En la Región de Antofagasta, la comuna del mismo nombre incluso forma parte de los cinco gobiernos comunales a los cuales Achifarp ha vuelto a demandar, en ambos procesos el municipio dirigido por Jonathan Velásquez (ind.-) no ha reconocido la supuesta deuda de $76.103.108 que tendría con la asociación de municipalidades.

De hecho, ese municipio en la primera demanda -el 2021- respondió sosteniendo que Antofagasta “nunca ha formado parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, no existiendo tampoco un acto administrativo alcaldicio que ligue a las partes contractualmente (…) por tanto, la demandante carece de legitimación absoluta para cobrar las cuotas de asociación a esta entidad comunal”. En el segundo proceso, iniciado el 2023, la Municipalidad de Antofagasta reiteró que no reconoce el pago que la asociación dice que se les debe.

De las 47 demandas que Achifarp presentó en contra de 42 municipios, 30 de estas se encuentran totalmente archivadas. Lo anterior, según el informe del estudio de abogados que consta en el proceso de liquidación, se debe a que los tribunales lo decretaron debido a que esas acciones judiciales ni siquiera fueron notificadas.

En este listado, figuran las comunas de Salamanca y Los Vilos en la Región de Coquimbo. En la Región de Valparaíso, también está la comuna del mismo nombre, la cual pese a estar demandada jamás fue notificada por lo cual su causa se archivó. En la misma región, Quillota sí inició un proceso, el cual aún está en tramitación sin acuerdos para resolver la deuda que $46.590.767 que supuestamente tiene ese municipio con Achifarp.

En la Región Metropolitana también existen municipios que fueron demandados por Achifar pero los cuales no se les notificó y, por ende, no inició el proceso. En este listado están las comunas de Puente Alto, Santiago, Lo Prado, Cerrillos, La Reina, San Miguel, San Bernardo y Talagante. Mismo caso, pero en la Región de O’Higgins para las comunas de: Graneros, Peumo, Marchigue y San Fernando. En la Región del Maule es la de Pencahue.

En la Región del Biobío las comunas demandas por Achifarp pero no notificadas, son las de Niquen, San Ignacio, San Carlos y Lebu. En La Araucanía, las comunas de Temuco y Renaico. Más al sur, en la Región de Los Ríos, las comunas de Río Bueno, y Panguipulli. En Los Lagos está Futaleufu, Frutillar y Puerto Varas. Por último, el municipio de Chile Chico, en la Región de Coyhaique también fue demandando por la asociación.

Respecto a estas causas, el estudio de abogados que tomó las acciones judiciales ha sostenido en su informe a la junta de acreedores que se ha optado por “posponer su notificación y citar a confesar deuda a los deudores, con la finalidad de ver la posibilidad de generar un título ejecutivo de más fácil cobro”. Pese a eso, también se expone que aquello “no implica que no puedan deducirse nuevamente demandas, pero se ha dado prioridad a las demandas ya en curso y no abandonadas, y a los procesos de confesión de deuda”.

También hay demandas en contra de cinco municipios que fueron decretadas abandonadas. En este listado están las municipalidades de: La Unión, Tagua Tagua, Vallenar, Tomé y Victoria.

Pese a que la mayoría de las causas de Achifarp en contra de los 42 municipios se encuentran archivadas, abandonadas o que sus deudas no fueron reconocidas, hay tres municipalidades que sí pagaron o llegaron a un acuerdo y por ende no siguen en el proceso civil.

Uno de estos casos es la Municipalidad de Copiapó, la cual a través del tribunal en una audiencia de conciliación llegó al acuerdo Achifarp de pagar luego de que esta rebajara el 10% de la deuda el año pasado. Acuerdo que debía ser ratificado por el concejo municipal y el cual hasta ahora no se ha informado al tribunal.

La Municipalidad de Paillaco por su parte, acordó también ante tribunales el pago de su deuda de $6.056.400, monto que ya fue depositado a la cuenta del tribunal y se está a la espera que este sea girado al proceso de liquidación de Achifarp. La Municipalidad de San Javier es otra que pagó una vez iniciado el proceso y por ende su causa ya está cerrada.

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Columna de Alejandra Mizala y Cristián Cabalin: La desinformación política sobre la selección escolar

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Debido a la lamentable situación de estudiantes que aún se encuentran sin matrícula, el Sistema de Admisión Escolar (SAE) ha sido sometido a un fuerte escrutinio por parte de algunas voces que han llamado a modificarlo totalmente o, incluso, a eliminarlo. Ciertamente, todas las políticas públicas deben ser evaluadas en términos técnicos y sociales, especialmente por la ciudadanía, en base a lo cual las autoridades deben realizar ajustes. Sin embargo, para que esta discusión sea genuina y apunte a mejorar la experiencia de las familias en su proceso de postulación a escuelas, se requiere que los argumentos se presenten de manera honesta en el debate público.

Sobre el SAE, hay controversias desde su diseño e implementación paulatina en 2016. El objetivo de terminar con la selección, el copago y el lucro en el sistema escolar con financiamiento público enfrentó resistencias políticas y técnicas de distintos sectores, pero también concitó el respaldo de quienes mostraban preocupación por la creciente segregación socioeconómica de nuestro sistema escolar. Algunos de esos discursos opositores a esta política educacional ahora sostienen que la falta de matrículas se relaciona con el funcionamiento del SAE. Sin embargo, sabemos que éste solamente asigna las vacantes disponibles en las escuelas, no puede crear cupos adicionales en zonas saturadas ni mucho menos asignar a estudiantes en escuelas con sobredemanda.

El SAE fue construido teniendo a la vista un horizonte de justicia educacional. El sistema centraliza las postulaciones de forma transparente y evita las discriminaciones arbitrarias a las que eran sometidas las familias, ampliando así sus posibilidades de elección. De esta manera, resguarda la libertad de enseñanza y asegura el cumplimiento del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Sus resultados son, hasta ahora, positivos y un alto porcentaje de las familias (más del 70%) logra un cupo en alguna de sus preferencias.

No obstante, existen aún preocupaciones legítimas de las familias, las que deben ser atendidas por los distintos actores. Por ejemplo, en investigaciones realizadas en la Universidad de Chile, hemos detectado que para muchos padres y madres el sistema de postulación online se hace impersonal, a veces estresante y que la información es escasa o confusa. Sin embargo, las familias valoran la igualdad de oportunidades al momento de postular y perciben que efectivamente están ejerciendo el derecho de educar a sus hijos e hijas. También existen observaciones de especialistas en educación sobre el funcionamiento de la plataforma o sobre la necesidad de considerar la distancia a escuelas alternativas en caso de comunas rurales, entre otros aspectos, los que pueden ser incorporados en la discusión sobre cómo mejorar el SAE. Además, persiste la necesidad de informar oportuna y correctamente sobre el proceso, para que las familias puedan sacar el mejor provecho de su postulación y, así, dotar de legitimidad social al sistema.

Nada de lo anterior se relaciona, entonces, con la actual falta de cupos en escuelas, concentrada especialmente en la transición de octavo básico a primero medio y en determinadas zonas del país. Según cifras oficiales, hay actualmente 880 estudiantes que aún no encuentran una vacante en un colegio. Ellos y sus familias merecen rápidamente una solución, pero esa respuesta no llegará demoliendo una política pública, simplemente porque no se comparte su fundamento de justicia educacional.

Por Alejandra Mizala, Ingeniería Industrial y CIAE, U. de Chile, y Cristián Cabalin, Instituto de Estudios Avanzados en Educación y CIAE, U. de Chile

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Senadores de oposición acusan que Minsal canceló reunión

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A eso de las 12.30 de este jueves, el senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, junto con la presidenta y también senadora de Demócratas, Ximena Rincón, acusaron que el Ministerio de Salud les canceló una reunión que tenían agendada para “solucionar problemas que ha tenido la tramitación” de la ley corta de isapres, la cual durante la jornada de ayer fue despachada desde la comisión de Hacienda de la Cámara y será votada la próxima semana en Sala.

En concreto, los diputados de la Comisión de Hacienda hicieron pocos ajustes al proyecto antes de enviarlo a sala. La ley corta de isapres del gobierno que se tramita actualmente en el Parlamento busca implementar el fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores.

El proyecto llegaría el 29 de abril al Senado. En el caso de que dicha rama del Congreso no acoja el proyecto tal como viene de la Cámara de Diputados, recaería en una comisión mixta, conformada por diputados y senadores, instancia que revisaría la iniciativa entre el 6 y 12 de mayo.

Para esta jornada, los tres senadores de Chile Vamos integrantes de la Comisión de Salud del Senado: Javier Macaya -quien preside esa instancia-, Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI), además de la timonel de Demócratas, tenían agendada una reunión con la titular de Salud, Ximena Aguilera. Sin embargo, según señalaron Macaya y Rincón, el encuentro fue suspendido.

“La reunión fue suspendida unilateralmente por el ministerio”, era para “solucionar problemas que ha tenido la tramitación”, dijo Macaya en un punto de prensa realizado en las dependencias del exCongreso Nacional.

“Creemos que la actitud del Ministerio de Salud es una actitud de una irresponsabilidad gigantesca. Es una falta de respeto para con una reunión que había sido agendada con antelación”, acusó el senador.

La suspensión de la cita, -que según cercanos a los parlamentarios- había sido coordinada por Macaya este martes al salir de la comisión de Salud de la Cámara Alta, causó molestia. De hecho, el timonel gremialista advirtió que “por lo menos desde la oposición nosotros anticipamos que el problema es del Ejecutivo. Con nuestros votos no van a contar para avanzar en esta vía de solución”.

“y si finalmente no hay ley, es una responsabilidad que recae en los hombros del Ejecutivo, no de nosotros”, agregó.

Por su parte, la presidenta de Demócratas sostuvo: “Es lamentable no haber podido tener esta reunión con la ministra, el poder entregar propuestas, construir caminos de solución a un tema que no tiene que ver con la industria de isapres, tiene que ver con las personas, con nombre y apellido”.

“Es importante que entienda el gobierno que (…) (la ley corta) tal como está, va a ir una mixta, porque en el Senado no vamos a avalar lo que venga de la Cámara de Diputados y lo que venga de la mixta”.

En esa línea, la senadora también hizo su advertencia: “yo quiero anticiparle al gobierno, no voy a votar en contra, pero tampoco voy a votar a favor, que el gobierno se haga cargo, porque ellos son los únicos que tienen potestad en materia de seguridad social”.

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TDLC rechaza regular negociación de aranceles entre médicos e isapres

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El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazó la solicitud de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para dictar instrucciones de carácter generar en relación a los convenios entre prestadores médicos e isapres. En concreto, la FNE pidió instruir a los médicos a negociar individualmente los valores de sus aranceles con las isapres, a menos que exista una integración previa, real y efectiva de sus operaciones.

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El TDLC apuntó a que no es necesario reiterar a través de instrucciones de carácter general “deberes de conducta que son propios del funcionamiento del libre mercado, como sería determinar individualmente los precios o aranceles de sus prestaciones”, manifestó la institución, declarando que todos los actores deben definir de manera independiente el precio que cobran por sus servicios.

La institución también señaló que excluir como excepción a la individualidad a los agentes que cuenten con integración de sus operaciones es innecesario, puesto que “si existiera una integración previa, real y efectiva de operaciones se estaría ante una sola entidad constituida por médicos individuales que, en realidad, no compiten entre sí”, explicó el TDLC.

En casos de integración menor, el tribunal determinó que se debe analizar caso a caso el mérito competitivo de las asociaciones, además de sus justificaciones, eficiencias y los resguardos que contemplan para proteger la libre competencia. De esta forma, concluyó que tampoco es necesario dictar instrucciones de carácter general en esta materia.

Desde FNE manifestaron que se encuentra analizando la resolución del TDLC y que “dada la importancia de este mercado, seguiremos monitoreando su funcionamiento y ejerciendo las atribuciones que nos confiere la ley para resguardar la libre competencia”, señaló el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg.

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