La crisis que se vive en la Muncipalidad de Las Condes liderada por la alcaldesa Daniela Peñaolza (UDI) por el edificio de integración social situado en Rotonda Atenas y que según develó este medio tienen una serie de complejidades estructurales que se evidenciaron por las últimas lluvias que azotaron a la Región Metropolitana, suma un nuevo capítulo: la máxima autoridad comunal sale al paso de las críticas.
“Este es un proyecto vanguardista en el sentido de desarrollar un proyecto de vivienda social en una de las mejores ubicaciones de la ciudad, en cuanto a conectividad y acceso a servicios, logrando una verdadera integración social”, dice a La Tercera. Sin embargo, añade, “lograr este proyecto también ha presentado muchas dificultades desde el punto de vista constructivo y administrativo. La municipalidad asumió un rol coordinador en la construcción y entrega de viviendas, lo cual significó un gran desafío, dado que ningún municipio en Chile lo había hecho antes. No obstante, personalmente creo que este modelo no debería volver a replicarse de la forma en que se hizo”.
Todo esto ocurre mientras la alcaldesa Peñaloza convocó a una reunión de emergencia a los 85 propietarios para intentar buscar una salida.
En julio de 2018, el entonces alcalde Joaquín Lavín (UDI) y el exministro de Vivienda y Urbanismo Cristián Monckeberg captaron la atención al anunciar la construcción de un edificio dedicado exclusivamente a viviendas sociales en la comuna. “No se asusten”, decía el excandidato presidencial a los vecinos al presentar el proyecto ‘Las Condesas 5′, ubicado en Avenida Colón con Mayecura, cerca de la Rotonda Atenas, en el corazón de la comuna.
Sin embargo, los problemas en la implementación de políticas habitacionales han generado dificultades para la edil.
En paralelo a este conflicto, desde hace varios meses una pugna sin fin se mantiene viva entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Municipalidad de Las Condes encabezada por la alcaldesa Peñaloza debido a la aún fallida construcción de un nuevo parque urbano y cuatro edificios sociales de 85 departamentos cada uno en un terreno de tres hectáreas ubicado entre las calles Américo Vespucio, Cerro Colorado y Alonso de Córdova de dicha comuna.
Terreno donde se planean levantar las viviendas sociales de Cerro Colorado.
Tras la firma de dos oficios durante abril de este año, la Secretaría Regional Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana acusa incumplimientos de la casa edilicia por no llevar a cabo la restitución del terreno que hasta hoy ocupa la Federación de Tenis de Chile, lo que ha provocado que la entidad judicialice el proceso para habilitar las tierras y dar marcha al proyecto.
Desde el municipio, en tanto, replican que ellos han ido cancelando los permisos de la federación deportiva para obligarlos a salir del lugar y que, además, el ministerio no ha modificado el uso de suelo del sector y así determinar la nueva norma de las zonas donde se construirán. Y así, la pugna suma capítulos.
“Hace tres años la municipalidad se comprometió, cuando estaba el alcalde (Joaquín) Lavín, a construir un conjunto de viviendas sociales. Le pedimos de vuelta el terreno, nos dijo que iban a apurar el proyecto, pero hasta el momento no logramos avanzar”. Con esas palabras el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), se refería hace poco al conflicto.
Por lo mismo, y a pesar de que en el intertanto han existido reuniones entre las partes, desde el Minvu optaron por llevar a cabo sus propias medidas para intentar la habilitación del terreno después de no haberlo conseguido a través de un escrito formal del 8 de abril, donde la autoridad que encabeza la seremi, Carolina Casanova, ofició a la alcaldesa a fin de poner nuevamente en marcha el proyecto. “En caso de que la entrega material de la propiedad no fuese efectuada en el plazo indicado, las partes acuerdan que la legitimación activa para requerir la restitución judicial del inmueble recaerá en Serviu Metropolitano, habida consideración a su calidad de dueño”.
Y eso es lo que debiese ocurrir ahora: la seremi iniciará las acciones legales que correspondan, apuntando a un desalojo por la vía judicial.
“Aquí hubo un incumplimiento del municipio con el convenio. Estamos como servicio listos con la demanda del desalojo judicial pues no salieron el 31 de mayo. Esta demanda del desalojo judicial para la salida de la Federación de Tenis no inhabilita el convenio el cual sigue vigente”, indica la Seremi de Vivienda a La Tercera.
Asimismo, agregan que “este hecho es paralelo al proceso de modificación normativa que fue retomado en febrero pasado y actualmente se hizo el ingreso al Ministerio de Medio Ambiente el 13 de mayo pasado. Esta situación debería estar lista a fines del 2025, época en que ha definido hacer el llamado en formato de Vivienda de Integración Social”.
“Esperamos la participación del Municipio en las mesas de trabajo que ya están convocadas para estos efectos y que parten precisamente este viernes con los equipos técnicos municipales”, cerraron desde la institución dependiente del Minvu.
Desde la vereda del municipio, en tanto, insisten que todos los retrasos responden a que no se han hecho los trámites correspondientes para modificar el uso de suelo, lo cual es responsabilidad -a juicio de Peñaloza- de la cartera encabezada por Montes.
“No se ha podido avanzar en el proyecto de viviendas en Cerro Colorado porque para eso se requiere que el Minvu modifique el uso de suelo y determine la nueva norma urbanística de la zonas donde se construirán los edificios”, dice Peñaloza a este medio, quien además consultada por el incumplimiento que acusa el Serviu, asegura que la municipalidad ha cumplido con los acuerdos del último convenio.
Y añade: “Me reuní personalmente con el ministro Montes y determinamos la firma de un nuevo convenio que estableciera responsabilidades y obligaciones más claras de cada una de las partes. Este nuevo convenio fue firmado en abril de este año, y en él, el Minvu estableció que la Federación de Tenis de Chile debía desalojar dichos terrenos. Nosotros como municipalidad hemos dado cumplimento a nuestra parte no renovando los permisos de ocupación”.
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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.
La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.
Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.
Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.
Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.
Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.
Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.
Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.
Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.
Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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