Los grandes estudios jurídicos de Estados Unidos aumentan la distancia con los británicos. Kirkland, Latham, DLA y Baker McKenzie, refuerzan su liderazgo como las mayores firmas legales del mundo. El ranking se completa con Skadden, Sidley y Gibson, todos ellos por encima de los US$ 3 mil millones de facturación anual.
Aunque la mayoría de los estudios británicos no presentarán sus cuentas anuales (2023) hasta el verano del hemisferio norte, su negocio no sobrepasaría los US$ 2.500 millones, en el mejor de los casos.
Este año la medalla de oro se la lleva Kirkland, que por primera vez en la historia del sector logra una facturación mayor a US$ 7 mil millones.
Hablamos de las firmas líderes: Allen & Overy y Clifford Chance. Con esas cifras, los reyes absolutos en Europa, ni siquiera entrarían en el top ten mundial, dominado por los estadounidenses.
En el caso de los españoles, con Garrigues a la cabeza -líder también en Europa continental-, cuando se trata de comparativas internacionales, logran por muy poco entrar en el top 100 de ingresos, con poco más de US$ 490 millones.
Los grandes ganadores
Así, a nivel global este año la medalla de oro se la lleva Kirkland, que no solo conserva su liderazgo, sino que por primera vez en la historia del sector ha logrado una facturación superior a los US$ 7 mil millones.
La firma legal -que cuenta con oficinas en más de 20 ciudades del mundo y más de 6 mil abogados- enfoca su práctica en asuntos de capital privado. Según entendidos, se ha convertido en la firma legal con más ingresos del mundo al centrar su modelo de negocio en las empresas de capital riesgo, que han eclipsado a los bancos de inversión.
En el resto de la tabla -más allá de algún salto relevante, como el de Gibson, que ha pasado de la novena a la séptima posición-, el top ten se mantiene bastante fijo.
Habrá que esperar al año que viene para que Allen & Overy revolucione la clasificación y se cuele directamente entre los cinco primeros gracias a su fusión con Shearman & Sterling, firma neoyorquina que actualmente está en el puesto 62 por ingresos.
La integración se completó hace unas semanas y el próximo año debutará en el ranking de American Lawyer como A&O Shearman.
Fiesta de millones
En términos globales, las firmas estadounidenses destacaron el año pasado por un incremento de la facturación de casi un 7%, aunque hay que tener en cuenta que los cien mayores despachos de EEUU concentran un 80% del total del negocio, valorado en US$ 200 mil millones en términos absolutos.
Presencia en Chile
Del top ten de mayores ingresos, hay dos firmas que tienen oficinas en Chile. DLA Piper, que ha logrado un posicionamiento local relevante en materias de M&A y Venture Capital, mientras Baker McKenzie, la más antigua de las firmas globales con presencia en el mercado chileno, sigue siendo una firma de referencia para empresas locales y multinacionales que buscan asesoría corporativa, desarrollo de proyectos y litigios, entre otras materias.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.