Tras una larga sesión de directorio que se extendió por casi 5 horas y que retrasó la entrega de su balance 2023, Codelco reportó este jueves por la noche que sus aportes al Fisco llegaron a los US$1.426 millones durante el año pasado. Esta cifra representa una caída de 38% respecto de los US$2.301 millones entregados a las arcas fiscales en 2022, es decir, US$875 millones menos. En todo caso, el monto informado superó levemente los US$1.411 millones que había comprometido la administración de la minera estatal, encabezada por el presidente de su directorio, Máximo Pacheco, con el Ministerio de Hacienda.
Dicho resultado se da tras anotar Codelco una merma de 8,4% en su producción de 2023, la que se empinó sobre el 1,3 millón de toneladas de cobre fino. Los magros números de la compañía estatal también se reflejan en el sostenido aumento de sus costos. El C1, principal indicador usado por la industria, reveló que entre enero y diciembre del año pasado cada libra de cobre elaborada por Codelco significó un gasto de US$2,031, cifra un 22,8% mayor a la anotada en 2022.
En su comunicado, la cuprera estatal remarcó que la caída en la producción se dio por distintas dificultades operativas en algunos de sus yacimientos. El Teniente se vio afectado por la postergación en la preparación minera, eventos climáticos de junio y un sismo ocurrido en julio; Chuquicamata, por el agotamiento de la mina rajo, lo que fue compensado parcialmente por el aporte de la mina subterránea; Ministro Hales, por las menores leyes y la menor recuperación; Salvador, por el desfase en la entrada de la operación de Rajo Inca y Andina, la discontinuidad en la operación de la concentradora y además por eventos climáticos.
“2023 fue un año muy difícil en términos de operación y producción, pero estamos convencidos de que fue la parte más profunda de un valle productivo que desde este año comenzará a mejorar. Hacia adelante esperamos noticias positivas y remontar paulatinamente hasta volver a una producción propia de 1,7 millones de toneladas hacia el término de la década”, comentó Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco.
De todos modos, la producción total de la estatal, al incluir la participación en El Abra y Anglo American Sur -donde es dueña del 49% y 20% de la propiedad, respectivamente-, ascendió a 1,4 millón de toneladas de cobre fino.
La entrega de resultados 2023 de Codelco vino con una novedad. Tradicionalmente, la minera estatal chilena enfocaba sus comunicaciones en torno a los excedentes registrados en cada período. Se trata de un indicador que la compañía comenzó a informar buscando reflejar, de alguna forma, las utilidades de una empresa que tiene la particularidad de ser 100% propiedad del Estado de Chile. Con ello, pretendía establecer la utilidad antes del impuesto a la ganancia y del pago a las Fuerzas Armadas, que es el 10% de las ventas que la estatal aún entrega por la Ley Reservada del Cobre. Sin embargo, esta ocasión, por primera vez en término anuales, no destacó los excedentes en su reporte. Al respecto, en los últimos dos trimestres ha venido ensayando una fórmula comunicacional distinta, que le permita compararse con el resto de la industria: el Ebitda.
Dicho indicador es el reflejo más claro de la salud financiera de una empresa en cualquier parte del mundo, ya que alude a los beneficios que tiene antes del pago de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es decir, antes de deducir los gastos financieros.
Así, el Ebitda informado por Codelco en 2023 ascendió a los US$ 4.184 millones, una cifra que equivale a generar utilidades por más de US$11 millones diarios. Sin embargo, al compararlo con 2022, cuando Codelco logró un Ebitda de US$5.656 millones, se observa un descenso de 26% en dicho indicador. Entre un año y otro, la diferencia fue de US$1.472 millones.
Sin embargo, pese a que la palabra excedentes desapareció tanto de los estados financieros, como de los comunicados de la empresa, existe una línea contenida en el análisis razonado, enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde se informa el resultado total de la compañía antes de impuestos y la Ley Reservada del Cobre, y que se refiere a dicho indicador.
De esta forma, según revela el documento, los excedentes de Codelco en 2023 tuvieron una caída de 74%, llegando a US$719 millones. Tal monto es inferior en más de US$2.000 millones al registrado en 2022, cuando sumó US$2.746 millones.
Para 2024 la mayor cuprera del mundo espera, al menos, mantener los niveles vistos en 2023. Así lo reflejan las proyecciones para el año, donde se entrega el primer rango estimado para la elaboración de cobre. En su comunicado, la firma detalló que la producción oscilaría entre las 1.325 miles de toneladas métricas finas (1,32 millones) y las 1.390 miles toneladas métricas finas (1,39 millones), poniendo así como piso el resultado observado en 2023.
Algo muy similar hizo al momento de estimar cuál será el ‘cash cost’ (C1), el que se ubicaría entre los US$2,10 y US$2,02 por cada libra del metal rojo. En tanto, los gastos de capital estimados para 2024 rondarían entre los US$4.000 millones y US$5.000 millones.
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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.
La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.
Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.
Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.
Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.
Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.
Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.
Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.
Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.
Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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