A las 9 de la mañana de este miércoles el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), ingresará hasta la sala 101 del edificio D del Centro de Justicia, donde se llevará a cabo la audiencia de formalización en su contra. Tras más de tres años de investigación, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte le imputará los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al Fisco y estafa.

Junto a él estarán otros siete imputados, todos ligados a las operaciones de la extinta Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), proyecto estrella de Jadue por el cual la fiscal Giovanna Herrera le imputará los presuntos hechos de corrupción, todos considerados en una serie de antecedentes que ha recopilado el Ministerio Público en los 1.181 días que han pasado desde que se presentó la primera acción judicial por este caso.

En 2016, el alcalde de Recoleta anunció la formación de Achifarp, proyecto que agruparía a los municipios del país para adquirir medicamentos a menor costo. Es por esa iniciativa que el 5 de marzo del 2021, una de las empresas proveedoras de la iniciativa presentaría una querella en contra de Jadue, acusando a la autoridad comunal del delito de estafa y que es precisamente uno de los hechos por los cuales la Fiscalía lo formalizará este miércoles.

Se trata de Best Quality, empresa proveedora de insumos médicos que durante la pandemia vendió mascarillas, alcohol gel y elementos de protección a la asociación encabezada por Jadue, pero por la cual le quedaron debiendo $ 961.667.273 sin pagar.

“El señor Jadue nos hizo confiar utilizando su imagen pública con el sólo objeto de obtener que le vendiéramos nuestras mercaderías, cosa que realizamos de buena fe, logrando de esta forma la disposición patrimonial de nuestros insumos, los que fueron recepcionados sin reclamo alguno”, sostenía parte de la querella que sería solo la punta del iceberg del caso que generaría la inminente formalización de Jadue.

Al poco andar de la acción judicial presentada por la empresa Best Quality se sumaría un antecedente de gran relevancia en esta indagatoria. César Ramírez, vendedor de la proveedora, se autodenunció ante la Fiscalía revelando que entregaron un millonario soborno a Achifarp para quedarse con la licitación de los insumos contra el Covid-19.

Ramírez reveló en su declaración del 9 de agosto del 2021 que el propio Jadue les pidió un “bono” extra de insumos para poder convertirse en el proveedor de las farmacias populares, productos adicionales que -según su denuncia- serían entregados en la sede comunal del Partido Comunista.

Pero no era lo único. El vendedor de Best Quality aseguró al ente persecutor que además de eso, el también exprecandidato presidencial, les ofreció que a cambio de aquello se convertirían en los proveedores de su próximo proyecto estrella: los supermercados populares.

Todo lo anterior, a juicio de la Fiscalía, configuraría el delito de cohecho, más aún cuando el propio trabajador de Best Quality aseguró que “accedimos como empresa a efectuar una donación”. A esto la Fiscalía también suma el delito de fraude al Fisco, por los recursos públicos involucrados.

Si bien en un comienzo la empresa no habría aceptado la solicitud de Jadue, posteriormente sí lo hicieron, luego de que, según la declaración de Ramírez, “comenzó a existir de parte del señor Jadue una insistencia a que la donación se concretara, haciendo múltiples referencias a su calidad de alcalde y líder de Achifarp”.

Entre lo señalado por el jefe comunal, según el vendedor, Jadue dijo que esto era una “bonificación” y que siempre lo hacían las empresas proveedoras de la agrupación de municipalidades.

Finalmente, en un camión, el 1 de julio del 2020, la empresa llegó hasta la calle Lircay, donde se encuentra la sede comunal del PC, en Recoleta, para concretar la entrega 100 bidones de alcohol gel de cinco litros, dos mil pecheras, 40 mil guantes de vinilo y 400 cajas de guantes quirúrgicos, lo que sumaban $ 20 millones en insumos. Todo, a cambio de ser los proveedores de Achifarp.

Pero no sólo declaraciones como las de Ramírez cuentan en la investigación de la fiscal Herrera. Y es que todos los acuerdos, según han declarado los integrantes de la empresa, se habrían concretado en una serie de reuniones en las cuales habría participado Ramírez junto a Álvaro Castro -representante legal de Best Quality- y Matías Muñoz, exsecretario de Achifarp y quien en aquel entonces era proveedor de Recoleta de insumos comprados a esa empresa, quien se convirtió en un “enlace”.

Uno de esos encuentros quedó registrado en una fotografía. Según ha explicado el jefe comunal, estas personas le habrían pedido esa foto al igual como lo hacen otras.

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De esas reuniones también habría quedado registro en una conversación de WhatsApp entre Ramírez y Muñoz para acordar una cita con el alcalde.

Otro de los antecedentes del caso es la declaración de un chofer de Best Quality, quien afirmó que tras las reuniones de la empresa con Jadue, recibió una orden de despacho y las fue a dejar a la sede del PC. Operación de la cual también quedó registro.

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Consultado al respecto, Mario Vargas, abogado querellante de la empresa, sostuvo que este miércoles “se conocerán con precisión los hechos y delitos por los que está siendo imputado el señor Jadue. Creemos que el Ministerio Público ha realizado un trabajo serio, minucioso, logrando conseguir antecedentes contundentes que acreditan la participación ilícita del alcalde”.

Respecto a qué esperar de esta audiencia, Vargas asegura que por la cantidad y gravedad de los delitos “existe alta posibilidad de que algunos imputados queden con medidas cautelares intensas, como es la prisión preventiva o arresto domiciliario”. Además de eso, sostiene que la querella presentada por el CDE la tarde de este martes, “viene a ratificar el hecho de la gravedad de los delitos investigados”.

Otro de los delitos que la Fiscalía le imputa a Jadue es la administración desleal de la asociación que iniciaría el 2016, pero que actualmente se encuentra en proceso de liquidación forzosa. El auge y caída de Achifarp está marcado por un serie de factores.

El primero de ellos, según sostuvieron los propios alcaldes que la integraron -y que declararon en Fiscalía- es que siempre existió un desorden administrativo y de falta de transparencia al interior de la agrupación. A esto le suman la falta de reales rebaja de precios ante la posibilidad, tras un cambio legal, de los municipios de poder comprar directo a la Cenabast medicamentos para sus farmacias populares.

Todo lo anterior, además de una serie de cuestionamientos por parte de la Contraloría, derivó en una liquidación forzada de la propia Best Quality a Achifarp. En ese proceso, el liquidador José Rojas totalizó en $ 1.291.937.035 la deuda de la entidad encabezada por el alcalde comunista.

En la recta final de esta investigación, la cual se mantuvo en reserva por parte de la Fiscalía, el 2 de abril pasado el alcalde de Recoleta compareció ante la fiscal Herrera. Al término de esto, aseguró que nunca le llegó dinero y “todo lo que se dice de supuestas donaciones son completamente falsos”.

Respecto a las acusaciones de Best Quality, sostuvo que el caso “es una vendetta de un proveedor que perdió mucha plata por abusador, es de un estafador confeso conocido en nuestro país que inventa esto para extorsionarnos y amenazar con dañar la candidatura presidencial si no le pagábamos inmediatamente una deuda que era impagable”.

Consultados por la jornada de este miércoles, el abogado del jefe comunal, Ramón Sepúlveda, manifestó que no harán declaraciones previo a la audiencia de formalización.

Pero en estos tres años, dos meses y 24 días, el alcalde ha cuestionado la labor de la Fiscalía, de los medios, ha anunciado varias querellas, incluso, en contra de la persecutora luego de que no pudiera viajar a Venezuela después de que se solicitara la audiencia de formalización en su contra.

En su última cuenta pública, Jadue aseguró que “aquí ha tenido que hacer un gran esfuerzo la Fiscalía para inventar un caso donde no lo hay”. Caso del cual quedarán en evidencia este miércoles las pruebas que la fiscal Herrera tenga en contra del alcalde, cuando frente al estrado de la sala 101 la persecutora lea una a una las imputaciones de quien fuera el precandidato presidencial estrella del PC y pida su prisión preventiva.