El FBI dijo que desmanteló lo que probablemente es la red de bots más grande del mundo (un ejército de 19 millones de computadores infectados) que haya sido alquilada a piratas informáticos para delitos cibernéticos.
La red de bots, que se extendía por más de 190 países, permitió fraude financiero, robo de identidad y acceso a material de explotación infantil en todo el mundo, según un comunicado emitido este miércoles por el director del FBI, Christopher Wray. Otras violaciones relacionadas con la red de bots incluyeron amenazas de bomba y ataques cibernéticos, que probablemente provocaron miles de millones de dólares en pérdidas para las víctimas, según un comunicado del Departamento de Justicia.
La red estaba vinculada a más de 613 mil direcciones IP ubicadas en Estados Unidos, dijeron las autoridades. Las redes de bots se crean cuando los “ciberdelincuentes” instalan malware en computadores u otros dispositivos conectados y los usan para actividades perjudiciales, creando un “ejército zombi” de dispositivos cuyos propietarios generalmente no son conscientes de lo que está sucediendo.
Se confiscaron equipos y activos de internet, y se impusieron sanciones contra el presunto administrador de la red de bots, YunHe Wang, así como contra cómplices, dijo Wray.
El cabecilla
Wang, ciudadano chino, fue arrestado en Singapur el 24 de mayo, acusado de supuestamente instalar malware, y crear y operar un servicio proxy residencial conocido como “911 S5”. Se inició en 2014 y se basaba en una red de millones de computadores residenciales con Windows, según el Gobierno de EEUU. Luego, Wang generó millones de dólares ofreciendo a ciberdelincuentes acceso a estas direcciones IP infectadas por una tarifa, según el Departamento de Justicia.
EEUU está ahora a la espera de la extradición, según Brett Leatherman, subdirector adjunto de la División Cibernética del FBI. “Lo queremos cuanto antes”, dijo Leatherman a periodistas en una llamada el miércoles.
El FBI y sus socios internacionales también ejecutaron múltiples órdenes de cateo y entrevistas en Singapur y Tailandia que podrían dar lugar a arrestos adicionales, añadió.
Bienes incautados
La operación, llamada Operation Tunnel Rat, también incautó bienes de lujo, incluidos automóviles y relojes caros por valor de US$ 4 millones, así como más de US$ 29 millones en criptomonedas y alrededor de US$ 30 millones en bienes raíces en Singapur, Tailandia, Dubái y otros lugares, además de 22 dominios, dijeron las autoridades.
Las direcciones IP residenciales se vieron comprometidas cuando los usuarios descargaron cierto software gratuito o aplicaciones de redes privadas virtuales, que sin saberlo contenían malware asociado con la red de bots en sus dispositivos, dijo Leatherman. El FBI ha emitido una página web donde el público puede verificar si su dirección IP figuraba entre las que están comprometidas.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.