Los mercados financieros privados se caracterizan por ser inversiones cerradas que, generalmente, se realizan a través de fondos en el sector inmobiliario, infraestructura, deuda privada, entre otros.
Al ser inversiones de largo plazo, se caracterizan por ser ilíquidas, pero ofrecen retornos atractivos para compensar su falta de liquidez.
Sin embargo, de acuerdo con el jefe de Alternativos de la división de Soluciones de Gestión de Activos de BTG Pactual, Ricardo Fernández, “los problemas de liquidez están dificultando la venta de activos”.
“La falta de opciones para vender a través de los mercados financieros, como Ofertas Públicas de Venta (OPV) o enajenaciones estratégicas, provoca que los activos permanezcan más tiempo del esperado en las carteras de los fondos”, precisó.
Con esto, la liquidez y el rendimiento de los activos se ven perjudicadas, “ya que normalmente los fondos de capital privado tienen un límite de tiempo, que puede ser de seis, ocho o diez años”, para que luego, el inversionista recupere su capital y lo diversifique hacia otras inversiones.
La falta de oportunidades de salida a través de los mercados de capitales está impidiendo devolverles el capital a los inversionistas, sostuvo Fernández, creando un desequilibrio entre el retorno y el capital que sigue recibiendo el fondo.
“La brecha entre las distribuciones a los inversionistas y las contribuciones al fondo se está ampliando”, mientras el fondo sigue atrayendo capital. Así, los inversionistas “no pueden avanzar hacia otras oportunidades”.
Capital Solution
Para abordar este problema, BTG Pactual adquirió hace tres meses el negocio en Brasil de Signal Capital, una firma de gestión de activos enfocada en mercados privados.
En este deal, el banco de inversión trajo a Fernández, para que lidere Capital Solutions, la nueva división creada por BTG dedicada exclusivamente a desarrollar soluciones para inversionistas institucionales y fondos de capital privado.
Fernández explicó que Capital Solutions puede ofrecer varias soluciones. Por ejemplo, pueden actuar como proveedores de liquidez en casos donde los plazos de inversión provocaron cambios en un activo. También, pueden comprar dicho activo en situaciones en las que un fondo se retrase en su venta y el inversionista ya haya alcanzado su retorno esperado. Además, encontrar clientes interesados en continuar con una inversión, permitiendo así que el primero obtenga liquidez.
El objetivo es llegar a más de US $ 5 mil millones de activos gestionados en los países donde opera el banco.
Mercado secundario
A través de esta nueva división del banco, los gestores de activos buscan mostrarles a estos inversionistas que el mercado público es una alternativa para equilibrar sus inversiones.
El inversionista “puede invertir en activos alternativos en capital privado a largo plazo. Pero si ese plazo resulta ser demasiado largo, tiene una salida comprando acciones en el mercado público. Pero luego, cuando decida volver a los mercados privados, puede hacerlo sabiendo que, si necesita salir y los fondos no están proporcionando la salida, tienes un mercado secundario”, explicó Fernández.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.