El aumento de los autofraudes no solo causa preocupación a la banca y el retail financiero, donde las estimaciones de estos sectores proyectan pérdidas por hasta US$ 350 millones por este concepto.
También, existe una creciente inquietud de parte de las empresas fintech que emiten tarjetas de crédito y prepago.
La argentina Mercado Pago reportó que durante el segundo semestre de 2023 tuvo 511 clientes que denunciaron fraudes a través de la Ley N°21.234 (que limita la responsabilidad del usuario de medios de pago y transacciones electrónicas ante el caso de extravío, hurto, robo o fraude) por un poco más de $ 73,9 millones.
Se trata de un número relevante si se considera que, durante el mismo período, pero en 2022, la fintech trasandina sólo registró 26 casos por $ 3,1 millones.
Otro de los actores relevantes de este negocio es Tenpo de Credicorp, que informó que 164 clientes con tarjetas de crédito reportaron fraudes por $ 33 millones y 9.197 usuarios con tarjetas de prepago denunciaron defraudaciones por $ 351 millones.
Lo anterior, supone también un incremento de los autofraudes. En ese sentido, Tenpo estimó que la legislación debe ser modificada, “ya que su objetivo es la protección del consumidor, pero los exuberantes costos propiciados por actos delictivos de autofraude van justo en la dirección opuesta”.
Se acaban los incentivos
FinteChile, gremio que agrupa a la industria financiera tecnológica del país, mostró su preocupación el alza de fraudes, ya que es un fenómeno que está afectando transversalmente a todos los emisores de tarjetas. “Necesita ser modificada (la ley) de forma urgente”, declaró la asociación presidida por el CEO de Tapp, José Gabriel Carrasco.
FinteChile advirtió que el alza de los auto fraudes en los últimos cuatro años está afectando los avances en inclusión financiera que han venido logrando en el sistema.
“Si no se controla el autofraude en el corto plazo, será cuestión de tiempo para que empiecen a desaparecer los incentivos para emitir tarjetas débito, crédito y prepago”, aseguró el gremio.
Críticas al proyecto
En 2023, el Ministerio de Hacienda envió un proyecto de ley que realiza una serie de modificaciones a la Ley de Fraudes a objeto de mitigar los problemas que está enfrentando el sector financiero por los autofraudes, en especial, BancoEstado. Actualmente, la iniciativa se discute en el Senado.
Si bien FinteChile valoró el espíritu de los cambios impulsados por el Gobierno, criticó algunas de las propuestas.
Uno de los puntos cuestionados por el gremio es el umbral de devolución de dinero que deben efectuar los emisores de tarjetas a sus clientes respecto de los recursos defraudados y que dicho monto sea fijado por los ministerios de Hacienda y Economía.
Para FinteChile, esto “podría incurrir en el riesgo de que la determinación de dicho umbral se haga bajo motivaciones que no sean estrictamente económicas, financieras o de protección a los usuarios del sistema financiero”.
Otra de las sugerencias sobre este tema es que los montos del umbral a devolver a los afectados sean diferenciados por el tipo de tarjeta.
“Así, un umbral fijado de forma generalizada y no especializada, no se ajustaría a la realidad de los emisores de prepago ni a la de otros emisores de menor tamaño”, sostuvo FinteChile.
El gremio reprochó que la iniciativa del Gobierno “implica un costo muy alto a pagar por los emisores de prepago y es una gran barrera de entrada para quienes desean ingresar al sistema financiero”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.