A días del vencimiento del plazo de entrega de antecedentes en la consulta sobre los servicios de salud que realizan las mutualidades de seguridad fuera del ámbito de la cobertura laboral obligatoria que activó Inversiones Renacer SpA, ligada al grupo Andes Salud, ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC), la Fiscalía Nacional Económica solicitó hacerse parte de esta causa no contenciosa y pidió ampliar el periodo de aporte de información por un lapso de 60 días ante la “cantidad relevante” de información solicitada.
“Solicito tener como interviniente en esta causa a la Fiscalía Nacional Económica en resguardo del interés general de la colectividad en el orden económico”, indicó en el escrito presentado ayer jueves el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg sobre la “Consulta de Inversiones Renacer SpA sobre la prestación de servicios de salud por parte de las Mutualidades de Seguridad fuera del ámbito del seguro laboral obligatorio”.
La acción interpuesta por la sociedad que controla un conjunto de seis clínicas y centros médicos – propiedad de inversionistas de la Octava Región entre los que figura el empresario Nicolás Imschenetzky-, tiene como objetivo que la autoridad antimonopolios realice una investigación a lo que advierte como la realización de actividades de prestaciones de salud que exceden el radio de acción propio de las mutuales–cuya actividad de basa sobre el seguro laboral obligatorio a partir del 0,9% de la remuneración imponible para cubrir accidentes laborales y enfermedades profesionales- y se ha ampliado al ámbito de atenciones propias del sector privado. Al respecto, Inversiones Renacer busca que se investigue la eventual existencia de subsidios cruzados que puedan configurar un caso de competencia desleal.
El principal foco de esta ofensiva de este grupo privado de salud es la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), con motivo de su expansión a través de su red de clínicas regionales.
En la solicitud de la FNE ante el TDLC para actuar “como interviniente en estos autos”, el fiscal Grunberg pidió además prorrogar el plazo de aporte de antecedentes en esa causa por 60 días hábiles, argumentando que “es necesario contar con un plazo mayor para emitir el aporte de antecedentes a ser acompañado en estos autos”. Esto, en relación a la fecha límite vigente el próximo 9 de mayo.
Al justificar esta petición atendiendo al carácter de esta investigación, el titular de la FNE indicó que “ha requerido una cantidad relevante de antecedentes a las mutualidades existentes, los cuales fueron recientemente recibidos y que, además de requerir su procesamiento y análisis, darán lugar a la realización de diligencias adicionales a fin de caracterizar adecuadamente los mercados concernidos, tanto con agentes públicos como privados”.
En este punto, detalló que “dado que las materias de este proceso versan sobre aspectos relacionados a la implementación del Seguro Laboral Obligatorio contemplado en la Ley N°16.744, adicionalmente resultará necesario solicitar información a la Superintendencia de Seguridad Social a fin de aclarar algunos aspectos propios de la normativa aplicable a dicha actividad”.
Finalmente, el escrito enfatizó que “la magnitud y complejidad de la información requerida es considerable, por lo que para efectos de su procesamiento y análisis es relevante disponer de un periodo de tiempo suficiente para tal efecto”.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.