Él jefe de la División Anticartel de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Juan Correaadelanta dos investigaciones que apuntan a una supuesta colusión en la producción y comercialización de dos productos del mar.

Se trata de la merluza común, especie muy demandada durante las fiestas de Semana Santa, y la centolla, crustáceo de gran relevancia económica para la Región de Magallanes y apetecido en China.

El 24 de junio de 2019, el fiscal nacional economico, ricardo riesco, instruida para iniciar investigación reservada a raíz de una denuncia formulada por la Federación de Trabajadores de la Pesca en febrero de ese año, la cual fue remitida por la Subsecretaría de Pesca, por posible conducta anticompetitiva en la subasta de merluza pesca transable clase B licencias comunes en su unidad pesquera, cuya jurisdicción comprende el litoral desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Los Lagos. Luego de casi seis meses, el 17 de enero de 2020, la FNE solicitó al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera, autorización para realizar el allanamiento de las oficinas de cuatro empresas pesqueras, tres de ellas ubicadas en la Región de Coquimbo y el último en la Región de Valparaíso.

Según los documentos a los que accedió Legumbresera sobre Bracpesca SA.; Mariscos antárticos SA; Rubio Mauad Ltda. Y Pescadería Quinteroempresas que participaron en una licitación de cuotas de merluza común en diciembre de 2018. La similitud de las ofertas presentadas levantó las sospechas de las autoridades.

En cada una de estas empresas, los peritos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI debieron incautar no solo equipos de cómputo, sino también dispositivos internos o externos de almacenamiento de datos, como memorias USB y teléfonos móviles utilizados por los altos ejecutivos de dichas empresas. compañías. Pero no sería la única diligencia que uniría a la FNE con la pesca.

En octubre de 2021, la Fiscalía Nacional Económica realizó una serie de allanamientos con apoyo de la PDI en la Región de Magallanes, incautando computadoras, celulares y otros dispositivos en oficinas de empresas dedicadas a la explotación de centolla. El proceso obligó al traslado de los peritos a las ciudades de Punta Arenas y Porvenir, dicen conocedores del caso.

Entre las oficinas a las que ingresó la PDI se encontraba Pesquera Bahía Chilota, una pequeña empresa del mercado de jaiba, cuya participación alcanza cerca del 5% a nivel nacional.

La investigación, aseguran conocedores de este caso, surgió a raíz de una denuncia realizada por pescadores contra la empresa Bakkavor Chile, empresa propiedad del Grupo Reutter, uno de los cuatro mayores productores de cangrejo. La firma declinó responder las consultas planteadas por este medio.

El sistema de producción de centolla requiere que las empresas exportadoras entreguen cuantiosos fondos a los grupos de pescadores artesanales que realizan las capturas.

“Yo, por ejemplo, tengo que pagarles una cantidad bastante grande por adelantado para que salgan a pescar y pongan sus trampas”, explicó un ejecutivo de una de las empresas productoras de cangrejos que pidió no usar su nombre.

La misma fuente negó una posible colusión de las empresas, asegurando que quienes realmente realizan prácticas concertadas son los pescadores. “Te dicen que si no igualas el precio que paga tu competidor, como exigen los pescadores, tienes cero poder de negociación. No hay ningún incentivo para la colusión, porque si intentara hacerlo, aparecería otra empresa y ofrecería un mejor precio”, dijo el ejecutivo.

Otra de las peculiaridades de la investigación de la FNE es que la denuncia se dio en medio de una fuerte alza en los precios de la jaiba, por las restricciones sanitarias. Esto, considerando que más del 90% de la producción se envía a China.

La temporada de captura de cangrejos tiene una duración de cinco meses y la forma de operar es bastante particular, ya que a las dificultades del frío del extremo sur de Chile se suman las dificultades logísticas que involucran a más de dos barcos operando simultáneamente. Esto se debe a que el crustáceo se pesca con trampas y luego lo sigue un barco de transporte que se compra a los pescadores. Por la misma razón, si pasa un barco de transporte y cobra $5.000 por kilo de transporte, el barco también cobra una cantidad con su comisión incluida. Por lo mismo, fuentes vinculadas a las empresas que investiga la Fiscalía Nacional Económica niegan que haya coordinación en la compra a los pescadores, ya que es “imposible negociar” los precios.

Ante el allanamiento a las empresas de merluza, el abogado de Pesquera Quintero, José Joaquín Ugarte, socio de la firma Ugarte & Correa, presentó una denuncia ante el juez Juan Cristóbal Mera, acusando a la FNE y a la Policía de Investigaciones de un incumplimiento grave a sus obligaciones de custodia y conservación de las pruebas incautadas.

“Estas violaciones a la autoridad, por un lado, determinaron que la FNE y la PDI hayan perdido el celular del gerente general de Pesquera Quintero, el cual había sido incautado en dicho procedimiento. Y, por otro lado, viciaron por completo la diligencia en cuestión, ya que la autoridad violó la cadena de custodia de las especies incautadas”, acusó la pesquera, propiedad de la familia Morozin-Bajcic.

“Así, por la misma razón, si el celular en cuestión volviera a aparecer, no podría ser utilizado por la FNE como prueba, ya que no puede garantizarse más a esta parte que no hubo alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucción de su contenido”, agregó en su presentación.

El caso escaló la semana pasada a la Corte de Apelaciones de Santiago y próximamente se espera que el tribunal superior escuche los alegatos de las partes: Pesquera Quintero versus Fiscalía Nacional Económica.

Otro de los problemas denunciados por Pesquera Quintero es que, en el allanamiento del 22 de enero de 2020, la FNE incautó, tanto en formato físico como digital, el documento titulado Antecedentes de Pesquera Quintero por una denuncia por un caso de colusión en el bien común. tender de merluza, elaborado el 7 de marzo de 2019 por Andrés Quintanilla, jefe de producción de la pesquería.

Según la empresa, el informe corresponde a un informe elaborado por Pesquera Quintero para su asesor legal, el abogado Mario Cortés, en el marco de la relación cliente-abogado. La confidencialidad del informe es clave para la empresa, ya que el estudio se elabora a raíz de “una denuncia contra Pesquera Quintero por su supuesta participación en una supuesta colusión”.

“El ilícito que la jurisprudencia ha calificado como de especial gravedad; y que, como tal, aunque los hechos denunciados no sean ciertos, tiene la capacidad de afectar decisivamente incluso a la empresa más respetada, por lo que todos los antecedentes y comunicaciones asociadas deben ser tratados de manera confidencial”, insistió la empresa.

Ante la embestida de la empresa pesquera, el 2 de marzo de 2022, el titular de la División de Litigios de la FNE, Víctor Santelices, solicitó que se desestime la solicitud de la empresa, ya que a su juicio es improcedente el reclamo por una supuesta “interceptación”. La prohibición de decomisar determinadas especies no es absoluta, su aplicación dependerá de quién esté en posesión de las especies sujetas a decomiso”, sostuvo. Y agregó: “Los documentos incautados no corresponden, en ningún aspecto, a comunicaciones entre un abogado y su cliente”.

El juez Mera, sin embargo, dio la razón a la empresa pesquera y ordenó a la FNE que no “utilice estos documentos y sus anexos como prueba en procesos que eventualmente se sigan ante los tribunales de justicia”. Ante este fallo, la FNE recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

La FNE declinó comentar sobre el contenido de este artículo.