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FNE indaga casos de colusión en los mercados de la merluza y la centolla

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Él jefe de la División Anticartel de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Juan Correaadelanta dos investigaciones que apuntan a una supuesta colusión en la producción y comercialización de dos productos del mar.

Se trata de la merluza común, especie muy demandada durante las fiestas de Semana Santa, y la centolla, crustáceo de gran relevancia económica para la Región de Magallanes y apetecido en China.

El 24 de junio de 2019, el fiscal nacional economico, ricardo riesco, instruida para iniciar investigación reservada a raíz de una denuncia formulada por la Federación de Trabajadores de la Pesca en febrero de ese año, la cual fue remitida por la Subsecretaría de Pesca, por posible conducta anticompetitiva en la subasta de merluza pesca transable clase B licencias comunes en su unidad pesquera, cuya jurisdicción comprende el litoral desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Los Lagos. Luego de casi seis meses, el 17 de enero de 2020, la FNE solicitó al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera, autorización para realizar el allanamiento de las oficinas de cuatro empresas pesqueras, tres de ellas ubicadas en la Región de Coquimbo y el último en la Región de Valparaíso.

Según los documentos a los que accedió Legumbresera sobre Bracpesca SA.; Mariscos antárticos SA; Rubio Mauad Ltda. Y Pescadería Quinteroempresas que participaron en una licitación de cuotas de merluza común en diciembre de 2018. La similitud de las ofertas presentadas levantó las sospechas de las autoridades.

En cada una de estas empresas, los peritos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI debieron incautar no solo equipos de cómputo, sino también dispositivos internos o externos de almacenamiento de datos, como memorias USB y teléfonos móviles utilizados por los altos ejecutivos de dichas empresas. compañías. Pero no sería la única diligencia que uniría a la FNE con la pesca.

En octubre de 2021, la Fiscalía Nacional Económica realizó una serie de allanamientos con apoyo de la PDI en la Región de Magallanes, incautando computadoras, celulares y otros dispositivos en oficinas de empresas dedicadas a la explotación de centolla. El proceso obligó al traslado de los peritos a las ciudades de Punta Arenas y Porvenir, dicen conocedores del caso.

Entre las oficinas a las que ingresó la PDI se encontraba Pesquera Bahía Chilota, una pequeña empresa del mercado de jaiba, cuya participación alcanza cerca del 5% a nivel nacional.

La investigación, aseguran conocedores de este caso, surgió a raíz de una denuncia realizada por pescadores contra la empresa Bakkavor Chile, empresa propiedad del Grupo Reutter, uno de los cuatro mayores productores de cangrejo. La firma declinó responder las consultas planteadas por este medio.

El sistema de producción de centolla requiere que las empresas exportadoras entreguen cuantiosos fondos a los grupos de pescadores artesanales que realizan las capturas.

“Yo, por ejemplo, tengo que pagarles una cantidad bastante grande por adelantado para que salgan a pescar y pongan sus trampas”, explicó un ejecutivo de una de las empresas productoras de cangrejos que pidió no usar su nombre.

La misma fuente negó una posible colusión de las empresas, asegurando que quienes realmente realizan prácticas concertadas son los pescadores. “Te dicen que si no igualas el precio que paga tu competidor, como exigen los pescadores, tienes cero poder de negociación. No hay ningún incentivo para la colusión, porque si intentara hacerlo, aparecería otra empresa y ofrecería un mejor precio”, dijo el ejecutivo.

Otra de las peculiaridades de la investigación de la FNE es que la denuncia se dio en medio de una fuerte alza en los precios de la jaiba, por las restricciones sanitarias. Esto, considerando que más del 90% de la producción se envía a China.

La temporada de captura de cangrejos tiene una duración de cinco meses y la forma de operar es bastante particular, ya que a las dificultades del frío del extremo sur de Chile se suman las dificultades logísticas que involucran a más de dos barcos operando simultáneamente. Esto se debe a que el crustáceo se pesca con trampas y luego lo sigue un barco de transporte que se compra a los pescadores. Por la misma razón, si pasa un barco de transporte y cobra $5.000 por kilo de transporte, el barco también cobra una cantidad con su comisión incluida. Por lo mismo, fuentes vinculadas a las empresas que investiga la Fiscalía Nacional Económica niegan que haya coordinación en la compra a los pescadores, ya que es “imposible negociar” los precios.

Ante el allanamiento a las empresas de merluza, el abogado de Pesquera Quintero, José Joaquín Ugarte, socio de la firma Ugarte & Correa, presentó una denuncia ante el juez Juan Cristóbal Mera, acusando a la FNE y a la Policía de Investigaciones de un incumplimiento grave a sus obligaciones de custodia y conservación de las pruebas incautadas.

“Estas violaciones a la autoridad, por un lado, determinaron que la FNE y la PDI hayan perdido el celular del gerente general de Pesquera Quintero, el cual había sido incautado en dicho procedimiento. Y, por otro lado, viciaron por completo la diligencia en cuestión, ya que la autoridad violó la cadena de custodia de las especies incautadas”, acusó la pesquera, propiedad de la familia Morozin-Bajcic.

“Así, por la misma razón, si el celular en cuestión volviera a aparecer, no podría ser utilizado por la FNE como prueba, ya que no puede garantizarse más a esta parte que no hubo alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucción de su contenido”, agregó en su presentación.

El caso escaló la semana pasada a la Corte de Apelaciones de Santiago y próximamente se espera que el tribunal superior escuche los alegatos de las partes: Pesquera Quintero versus Fiscalía Nacional Económica.

Otro de los problemas denunciados por Pesquera Quintero es que, en el allanamiento del 22 de enero de 2020, la FNE incautó, tanto en formato físico como digital, el documento titulado Antecedentes de Pesquera Quintero por una denuncia por un caso de colusión en el bien común. tender de merluza, elaborado el 7 de marzo de 2019 por Andrés Quintanilla, jefe de producción de la pesquería.

Según la empresa, el informe corresponde a un informe elaborado por Pesquera Quintero para su asesor legal, el abogado Mario Cortés, en el marco de la relación cliente-abogado. La confidencialidad del informe es clave para la empresa, ya que el estudio se elabora a raíz de “una denuncia contra Pesquera Quintero por su supuesta participación en una supuesta colusión”.

“El ilícito que la jurisprudencia ha calificado como de especial gravedad; y que, como tal, aunque los hechos denunciados no sean ciertos, tiene la capacidad de afectar decisivamente incluso a la empresa más respetada, por lo que todos los antecedentes y comunicaciones asociadas deben ser tratados de manera confidencial”, insistió la empresa.

Ante la embestida de la empresa pesquera, el 2 de marzo de 2022, el titular de la División de Litigios de la FNE, Víctor Santelices, solicitó que se desestime la solicitud de la empresa, ya que a su juicio es improcedente el reclamo por una supuesta “interceptación”. La prohibición de decomisar determinadas especies no es absoluta, su aplicación dependerá de quién esté en posesión de las especies sujetas a decomiso”, sostuvo. Y agregó: “Los documentos incautados no corresponden, en ningún aspecto, a comunicaciones entre un abogado y su cliente”.

El juez Mera, sin embargo, dio la razón a la empresa pesquera y ordenó a la FNE que no “utilice estos documentos y sus anexos como prueba en procesos que eventualmente se sigan ante los tribunales de justicia”. Ante este fallo, la FNE recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

La FNE declinó comentar sobre el contenido de este artículo.

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Registran a migrantes ilegales entrando a EE.UU. en la costa de San Diego

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Toyota se adelanta e instala la primera planta de producción y suministro de hidrógeno para el sector automotriz nacional

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Con una visión hacia el futuro y de ir más allá en la búsqueda de la carbono neutralidad, Toyota inauguró la primera planta de producción y suministro de hidrógeno en el sector automotriz chileno. La obra ubicada en Pudahuel, cercana a la intersección entre la Ruta 68 y Américo Vespucio, fue inaugurada el pasado 22 de marzo y contó con la presencia de autoridades como Takako Ito, embajadora de Japón en Chile; Iván Morán, Seremi de Energía, Rodrigo Valladares, Seremi de transportes y telecomunicaciones, Paola Tapia, directora del DTPM, Diego Mendoza, secretario general de ANAC e Ítalo Bravo, alcalde de la comuna.

La marca japonesa de vehículos apuesta por el hidrógeno verde como la nueva fuente de energía, al no generar ningún tipo de emisiones de carbono y al convertirlo en electricidad, la única emisión es agua. El establecimiento cuenta además con una planta de purificación de agua, para evitar problemas con los diferentes minerales en el agua potable consumida en Santiago.

Es así como en el lugar podrá cargar rápidamente la batería que necesita el Toyota Mirai, el primer vehículo eléctrico con celdas de combustible a hidrógeno homologado en Chile. Mirai es uno de los modelos modernos de la compañía disponible en países desarrollados como Estados Unidos, Japón y naciones de Europa. Hasta ahora en Latinoamérica, solo nuestro país cuenta con tres modelos traídos directamente desde la fábrica. La planta suministra una carga completa a Toyota Mirai en tan solo 5 minutos, entregando una autonomía de hasta 650 kilómetros.

“Nos vimos con la dificultad de que no existían estaciones de carga disponibles aquí en Chile para ese tipo de producto. Junto con traer estos vehículos y hacer ese esfuerzo para poder mostrar la tecnología, inauguramos la primera planta de producción y suministro de hidrógeno”, relata Claudio Isgut, gerente de Asuntos Corporativos y ESG de Toyota Chile.

Isgut reconoce que la instalación de la planta significó un proceso de dos años y medio, y que con el lugar de carga podrán evaluar y poner a prueba esta nueva innovación, para eventualmente poner a disposición del país esta y otras opciones. “Queremos demostrar que con el potencial que tiene Chile en hidrógeno puede ser una muy buena alternativa al futuro”, complementa.

Ante las actuales demandas en el consumo de hidrógeno en el mercado, Claudio Isgut puntualiza que el país se encuentra en una “etapa inicial de desarrollo”, aunque presenta un “gran potencial” en la fabricación, elaboración y desarrollo del hidrógeno verde. “Nuestro país tiene muchos avances fotovoltaicos, generación de energía eólica, los cuales son un tremendo potencial para generar este hidrógeno verde que podemos exportar incluso en el futuro”, declara.

Ante los esfuerzos por potenciar otros tipos de movilidad sustentable, Toyota Chile realizó un esfuerzo privado como “puntapié inicial de manera de incentivar y motivar al área pública y la empresa privada a su desarrollo”; ello considerando que existe una estrategia nacional de hidrógeno verde.

“La demanda actual es baja, el costo por el momento es alto, pero entendíamos que alguien tenía que comenzar con esto y nosotros quisimos dar el primer paso”, reconoce, pensando que con la existencia de la planta podría ser más competitivo el costo nivelado de producción. Ante ello, Toyota cree en el trabajo colaborativo: “Nosotros estamos abiertos a conversaciones y colaboraciones con otras entidades para utilizar esta planta, en caso de ser necesario cargar otro tipo de vehículos, desde buses a camiones”.

El gerente de Asuntos Corporativos y ESG de Toyota Chile declara esto pensando que existe un mercado aún no completamente explorado en el rubro de vehículos livianos, no así con vehículos pesados, dado que camiones y buses tienen un gran desarrollo en diferentes del mundo, probablemente, de aquí a 10 o 15 años vamos a estar en otro escenario muy distinto y existirán más estaciones de hidrógeno y el costo se reduzca”, propone.

Todo avanza hacia la electromovilidad, y Toyota celebra diversos hitos en este camino y compromiso con el medio ambiente. Fabricante pionero en la comercialización de autos híbridos y líder en la categoría, acumulando más de 20 millones de unidades vendidas en un periodo de 23 años, fue en 1997 cuando el gigante japonés lanzó el primer modelo híbrido y electrificado llamado Prius, en momentos en que pocas marcas pensaban en el futuro verde. Dicho modelo reduce en un 30% las emisiones de CO2 y consume hasta un 40% menos de combustible.

“Los vehículos híbridos gracias a ese lanzamiento nos han posicionado como marca líder en tecnología híbrida. Son vehículos que no se enchufan, que tienen motores eléctricos y de gasolina y que permiten esta ventaja”, manifiesta Claudio Isgut, quien señala que ya cuentan con diez modelos híbridos en el mercado nacional, notando la preferencia de los clientes por comprar este tipo de tecnologías más limpias, que son más asequibles actualmente que un vehículo 100% eléctrico.

En Chile, el 2007 Toyota inició el proceso de introducción de la tecnología híbrida, dejando grata respuesta de los conductores. Hoy se puede encontrar a nivel mundial disponibles diferentes tecnologías como los modelos híbridos recargables, híbridos enchufables, 100% eléctricos y con pila de hidrógeno, siendo un mix de productos y plataformas que irán introduciendo de acuerdo a la realidad de cada país.

Actualmente, aún predominan los vehículos con combustibles fósiles en la población. Ante ello, Claudio Isgut, gerente de Asuntos Corporativos y ESG de Toyota Chile, sentencia que debemos acelerar el recambio tecnológico, por otras plataformas que no requieren mayor nivel de inversión en infraestructura y que permitan reducir las emisiones de CO2.

“La idea es no aumentar el parque, sino cambiar el parque. La confianza que entrega Toyota con tecnologías disponibles que están cercanas al alcance de los consumidores, no tan elevadas como otros productos 100% eléctricos, permite ir pavimentando un camino hacia la carbono neutralidad”, cierra.

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300 fiscalizaciones a buses por Semana Santa

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Durante este jueves 28 y viernes 29 de marzo, la Dirección del Trabajo (DT) tiene planificado efectuar un mínimo de 300 fiscalizaciones a buses interurbanos en todos los terminales del país -excepto en las regiones de Aysén y Magallanes-, con motivo del fin de semana largo que se aproxima, en virtud del feriado religioso de Semana Santa. Esa cifra representa casi el doble de fiscalizaciones que se realizaron en el último fin de semana extenso de 2023.

El director nacional de la DT, Pablo Zenteno, explicó que las inspecciones consisten en velar por las “condiciones seguras del transporte, pero también por las condiciones adecuadas de trabajo”.

“Estos programas generalmente los realizamos en estas fechas, son muy importantes porque nos permiten verificar que las horas de conducción se respeten. Recordar que no se puede conducir más de cinco horas, cada cinco horas debe haber un descanso mínimo de dos horas y dentro de 24 horas de conducción deben (los conductores) a lo menos descansar 8 horas, esos son los aspectos que vamos a estar fiscalizando”, indicó.

En ese sentido, aseguró que en octubre del año pasado se efectuó un plan de fiscalización de similares características, a raíz del cual se llevaron a cabo “casi 150 fiscalizaciones y este año las vamos a ampliar a 300 fiscalizaciones en todo el país”.

Fiscalización de buses Semana Santa 2024. Foto: Dirección del Trabajo.

En detalle, la jornada de fiscalización contiene algunas diferencias con los anteriores programas inspectivos a este sector.

En esta oportunidad, durante el primer día se fiscalizará tanto en horario diurno como vespertino. Además, en la Región Metropolitana se realizarán controles en todos los terminales: Los Héroes, San Borja, Alameda, Sur (zona poniente) y Bellavista La Florida, Alto Las Condes y San Bernardo.

Las fiscalizaciones se realizarán en los terminales de buses de cada región, de preferencia este jueves de 00:07 a 09:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas, y el día viernes 29, de 07:00 a 10:00 horas, o bien en los horarios determinados por cada DRT.

Además, desde la entidad señalaron que se fiscalizará, de preferencia, a los buses cuyos recorridos se originen y/o concluyan en la región donde se está fiscalizando.

Junto con ello, precisaron que solo se fiscalizará a los conductores y buses que realicen viajes de más de 5 horas de duración.

Fiscalización de buses Semana Santa 2024. Foto: Dirección del Trabajo.

Desde la DT, informaron que se cursarán infracciones que van entre 3 y 60 UTM ($64.793 y $3.887.580, respectivamente) si se constata, por ejemplo, que un conductor manejó más de 5 horas continuas, o si no se le otorgó un descanso mínimo de 2 horas entre viajes.

También se podrán suspender a tripulantes cuando no esté instalado el registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo o si se reportan infracciones a las normas de conducción y descanso.

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