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FNE indaga casos de colusión en los mercados de la merluza y la centolla

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Él jefe de la División Anticartel de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Juan Correaadelanta dos investigaciones que apuntan a una supuesta colusión en la producción y comercialización de dos productos del mar.

Se trata de la merluza común, especie muy demandada durante las fiestas de Semana Santa, y la centolla, crustáceo de gran relevancia económica para la Región de Magallanes y apetecido en China.

El 24 de junio de 2019, el fiscal nacional economico, ricardo riesco, instruida para iniciar investigación reservada a raíz de una denuncia formulada por la Federación de Trabajadores de la Pesca en febrero de ese año, la cual fue remitida por la Subsecretaría de Pesca, por posible conducta anticompetitiva en la subasta de merluza pesca transable clase B licencias comunes en su unidad pesquera, cuya jurisdicción comprende el litoral desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Los Lagos. Luego de casi seis meses, el 17 de enero de 2020, la FNE solicitó al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera, autorización para realizar el allanamiento de las oficinas de cuatro empresas pesqueras, tres de ellas ubicadas en la Región de Coquimbo y el último en la Región de Valparaíso.

Según los documentos a los que accedió Legumbresera sobre Bracpesca SA.; Mariscos antárticos SA; Rubio Mauad Ltda. Y Pescadería Quinteroempresas que participaron en una licitación de cuotas de merluza común en diciembre de 2018. La similitud de las ofertas presentadas levantó las sospechas de las autoridades.

En cada una de estas empresas, los peritos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI debieron incautar no solo equipos de cómputo, sino también dispositivos internos o externos de almacenamiento de datos, como memorias USB y teléfonos móviles utilizados por los altos ejecutivos de dichas empresas. compañías. Pero no sería la única diligencia que uniría a la FNE con la pesca.

En octubre de 2021, la Fiscalía Nacional Económica realizó una serie de allanamientos con apoyo de la PDI en la Región de Magallanes, incautando computadoras, celulares y otros dispositivos en oficinas de empresas dedicadas a la explotación de centolla. El proceso obligó al traslado de los peritos a las ciudades de Punta Arenas y Porvenir, dicen conocedores del caso.

Entre las oficinas a las que ingresó la PDI se encontraba Pesquera Bahía Chilota, una pequeña empresa del mercado de jaiba, cuya participación alcanza cerca del 5% a nivel nacional.

La investigación, aseguran conocedores de este caso, surgió a raíz de una denuncia realizada por pescadores contra la empresa Bakkavor Chile, empresa propiedad del Grupo Reutter, uno de los cuatro mayores productores de cangrejo. La firma declinó responder las consultas planteadas por este medio.

El sistema de producción de centolla requiere que las empresas exportadoras entreguen cuantiosos fondos a los grupos de pescadores artesanales que realizan las capturas.

“Yo, por ejemplo, tengo que pagarles una cantidad bastante grande por adelantado para que salgan a pescar y pongan sus trampas”, explicó un ejecutivo de una de las empresas productoras de cangrejos que pidió no usar su nombre.

La misma fuente negó una posible colusión de las empresas, asegurando que quienes realmente realizan prácticas concertadas son los pescadores. “Te dicen que si no igualas el precio que paga tu competidor, como exigen los pescadores, tienes cero poder de negociación. No hay ningún incentivo para la colusión, porque si intentara hacerlo, aparecería otra empresa y ofrecería un mejor precio”, dijo el ejecutivo.

Otra de las peculiaridades de la investigación de la FNE es que la denuncia se dio en medio de una fuerte alza en los precios de la jaiba, por las restricciones sanitarias. Esto, considerando que más del 90% de la producción se envía a China.

La temporada de captura de cangrejos tiene una duración de cinco meses y la forma de operar es bastante particular, ya que a las dificultades del frío del extremo sur de Chile se suman las dificultades logísticas que involucran a más de dos barcos operando simultáneamente. Esto se debe a que el crustáceo se pesca con trampas y luego lo sigue un barco de transporte que se compra a los pescadores. Por la misma razón, si pasa un barco de transporte y cobra $5.000 por kilo de transporte, el barco también cobra una cantidad con su comisión incluida. Por lo mismo, fuentes vinculadas a las empresas que investiga la Fiscalía Nacional Económica niegan que haya coordinación en la compra a los pescadores, ya que es “imposible negociar” los precios.

Ante el allanamiento a las empresas de merluza, el abogado de Pesquera Quintero, José Joaquín Ugarte, socio de la firma Ugarte & Correa, presentó una denuncia ante el juez Juan Cristóbal Mera, acusando a la FNE y a la Policía de Investigaciones de un incumplimiento grave a sus obligaciones de custodia y conservación de las pruebas incautadas.

“Estas violaciones a la autoridad, por un lado, determinaron que la FNE y la PDI hayan perdido el celular del gerente general de Pesquera Quintero, el cual había sido incautado en dicho procedimiento. Y, por otro lado, viciaron por completo la diligencia en cuestión, ya que la autoridad violó la cadena de custodia de las especies incautadas”, acusó la pesquera, propiedad de la familia Morozin-Bajcic.

“Así, por la misma razón, si el celular en cuestión volviera a aparecer, no podría ser utilizado por la FNE como prueba, ya que no puede garantizarse más a esta parte que no hubo alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucción de su contenido”, agregó en su presentación.

El caso escaló la semana pasada a la Corte de Apelaciones de Santiago y próximamente se espera que el tribunal superior escuche los alegatos de las partes: Pesquera Quintero versus Fiscalía Nacional Económica.

Otro de los problemas denunciados por Pesquera Quintero es que, en el allanamiento del 22 de enero de 2020, la FNE incautó, tanto en formato físico como digital, el documento titulado Antecedentes de Pesquera Quintero por una denuncia por un caso de colusión en el bien común. tender de merluza, elaborado el 7 de marzo de 2019 por Andrés Quintanilla, jefe de producción de la pesquería.

Según la empresa, el informe corresponde a un informe elaborado por Pesquera Quintero para su asesor legal, el abogado Mario Cortés, en el marco de la relación cliente-abogado. La confidencialidad del informe es clave para la empresa, ya que el estudio se elabora a raíz de “una denuncia contra Pesquera Quintero por su supuesta participación en una supuesta colusión”.

“El ilícito que la jurisprudencia ha calificado como de especial gravedad; y que, como tal, aunque los hechos denunciados no sean ciertos, tiene la capacidad de afectar decisivamente incluso a la empresa más respetada, por lo que todos los antecedentes y comunicaciones asociadas deben ser tratados de manera confidencial”, insistió la empresa.

Ante la embestida de la empresa pesquera, el 2 de marzo de 2022, el titular de la División de Litigios de la FNE, Víctor Santelices, solicitó que se desestime la solicitud de la empresa, ya que a su juicio es improcedente el reclamo por una supuesta “interceptación”. La prohibición de decomisar determinadas especies no es absoluta, su aplicación dependerá de quién esté en posesión de las especies sujetas a decomiso”, sostuvo. Y agregó: “Los documentos incautados no corresponden, en ningún aspecto, a comunicaciones entre un abogado y su cliente”.

El juez Mera, sin embargo, dio la razón a la empresa pesquera y ordenó a la FNE que no “utilice estos documentos y sus anexos como prueba en procesos que eventualmente se sigan ante los tribunales de justicia”. Ante este fallo, la FNE recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

La FNE declinó comentar sobre el contenido de este artículo.

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El Banco de Inglaterra decide mantener la tasa

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El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra ha decidido mantener la tasa de interés de referencia para sus operaciones en el 5,25%, su nivel más alto desde abril de 2008, según ha anunciado la institución, muy dividida en la toma de sus decisiones.

De esta forma, se interrumpe la secuencia de catorce reuniones consecutivas de incrementos del precio del dinero. No obstante, el instituto emisor ha comunicado que la votación ha estado muy reñida, con cinco de sus miembros a favor de pausar los tipos frente a los cuatro que abogaban por una nueva subida de 25 puntos básicos, en línea con el alza del anterior cónclave.

En la cita de agosto, la decisión de subir los tipos en 25 puntos básicos contó con seis votos a favor, mientras que otros dos miembros del Comité votaron a favor de elevar la tasa en 50 puntos básicos y uno optó por mantenerla en el 5%, lo que ya apuntaba a la creciente división interna en el órgano de decisión del banco central.

El Comité sigue considerando que los riesgos en torno a la previsión de inflación “están sesgados al alza”, aunque en menor medida que en mayo, lo que refleja la posibilidad de que los efectos de segunda ronda de ‘shocks’ de los costes externos de la inflación sobre los salarios y los precios “tardan más en desplegarse que en aparecer”.

En desarrollo…

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Ley de Usurpaciones: La Moneda se inclina por un veto que sustituya todo el proyecto

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A más tardar el próximo viernes 29 de septiembre el gobierno debe enviar sus observaciones al proyecto de ley que endurece las medidas en contra de la usurpación de propiedades, que fue despachado el 30 de agosto pasado por el Congreso.

La Constitución le concede un plazo de 30 días al Presidente de la República, Gabriel Boric, para devolver el texto al Poder Legislativo con sus respectivas observaciones, también llamadas “vetos” en la jerga legislativa.

En este caso, se trataría de un veto sustitutivo “global”, es decir, el documento que ingresará el Ejecutivo reemplazará todo el texto que aprobaron el Senado y la Cámara. Ello obliga al oficialismo y a las fuerzas opositoras y no alineadas (como la DC, PDG, Amarillos y Demócratas) a votar la propuesta del gobierno como si fuera un paquete cerrado.

El planteamiento gubernamental requiere sólo de una mayoría simple en ambas ramas del Congreso para ser aprobado. Sin embargo, si es rechazado, no habría ley, por el mismo hecho de que el veto reemplaza en forma íntegra el escrito despachado por el Parlamento.

En caso de que fuera desechado este veto presidencial, la Constitución da una última chance, que los senadores y diputados reúnan dos tercios de ambas cámaras para imponer el texto original que el Presidente se resistió a promulgar. No obstante, reunir dos tercios del Congreso (33 senadores y 89 diputados) es una tarea casi imposible para la oposición.

Cómo estará redactado el veto en sus detalles aún no está zanjado. De hecho en el Ejecutivo aseguran que las alternativas están abiertas. Sin embargo, este miércoles en una reunión realizada en La Moneda, encabezada por la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, un grupo de diputados oficialistas fue informado de la estrategia, según confirman desde distintas bancadas de la alianza gubernamental.

“Será un veto sustitutivo global”, comentó el diputado Leonardo Soto (PS), quien fue uno de los asistentes al encuentro. A su juicio, la propuesta gubernamental igualmente “rescata la mayoría de las normas aprobadas por el Congreso en contra de la usurpación, establece procedimientos simplificados de recuperación por parte de la fuerza pública, pero también suprime los aspectos más cuestionables” del texto que aprobó el Parlamento.

De hecho, el objetivo principal del veto anunciado por el gobierno era eliminar la “legítima defensa privilegiada”, que le otorgaba a un privado el derecho de poder recuperar por la fuerza propia (sin auxilio de Carabineros) su propiedad usurpada. Ese principio sumado a la figura de la “flagrancia permanente”, es decir mientras dure la toma, el delito se sigue cometiendo, permitía a particulares proceder en cualquier momento para rescatar sus inmuebles.

El diputado Jaime Araya (Independiente PPD), integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, señala que “será un veto sustitutivo que hemos ido concordando”.

En la cita además participaron los diputados Andrés Giordano (Independiente Frente Amplio) y Lorena Fríes (Convergencia Social), Luis Cuello (PC), Alejandra Placencia (PC), Raúl Leiva (PS), Marta González (Indep. PPD), además de Soto y Araya.

Junto a la subsecretaria Lobos, en representación del asesor del Ministerio del Interior, estaba el asesor jurídico de la ministra Carolina Tohá, Rafael Collao.

El diputado Giordano comentó que en la reunión también le presentaron al gobierno “una carta suscrita por más de 150 organizaciones, expresando nuestra preocupación por el artículo del actual texto que pone en jaque formas de manifestación (ocupaciones) en el marco del derecho a huelga y pedimos al Ejecutivo que tenga en consideración esto para el veto”.

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Fed mantiene la tasa, pero prevé otra alza y un nivel alto por más tiempo, frente a lo cual los mercados se muestran cautos

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Un dólar más alto y las acciones de aquellas compañías con mayor deuda bajo presión, podrían ser los efectos que se sientan luego de que la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. decidiera responder a las expectativas del del mercado y mantener sin cambios las tasas de interés en su reunión de septiembre finalizada este miércoles, pero con un mensaje que anticipa probablemente otra alza de aquí a fin de año y que los niveles se mantendrán altos por más tiempo.

En una decisión unánime, la Reserva Federal conservó las tasas de interés en un rango entre 5,25% y 5,5%, pero estimó que será necesaria una política monetaria más restrictiva en 2024. Así, solo esperan una baja de medio punto porcentual el próximo año, frente al punto completo que indicaban en junio.

Hacia 2025, el organismo prevé que las tasas estén 50 puntos por encima de lo proyectado con anterioridad.

Por otro lado, las autoridades de la Fed proyectan que la economía estadounidense se expanda 2,1% este año, cifra que se ubica por encima de la estimación previa. Señalaron que la actividad económica está creciendo a un ritmo sólido. En cuanto a la inflación, indicaron que sigue elevada, y que están altamente atentos a los riesgos inflacionarios.

“La inflación sigue siendo alta”, sostuvo la Reserva Federal en un comunicado.

Tras la reunión de dos días, el presidente de la entidad, Jerome Powell, dio una rueda de prensa donde dijo que la inflación se ha moderado en algo, pero que llevar la inflación a la meta de 2% tomará tiempo.

“Podemos proseguir con cautela, nuestras decisiones se basarán en la evaluación de los datos y riesgos. Estamos fuertemente comprometidos en llevar la inflación al 2%”, manifestó Powell.

Y luego agregó que “mantendremos las tasas en niveles restrictivos hasta que estemos confiados en que la inflación se reduce hacia el 2%. La mayoría de las autoridades de la Fed cree que es más probable que sea apropiada otra alza de tasas”.

Afirmó, en todo caso, que las nuevas previsiones que apuntan a que la política monetaria se mantendrá más alta durante un periodo más prolongado no son una promesa de acción.

“No me gustaría atribuirle que eso es realmente un plan, sino que reflejan la opinión de las autoridades de que la economía se comportará mejor de lo que esperaban hace unos meses”, sostuvo, y enfatizó que los funcionarios procederán “reunión por reunión” y que están preparados para volver a elevar las tasas si es necesario.

Uno de los efectos de los dichos de la Fed se sentirá en el tipo de cambio. Así lo prevé Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Al respecto, indica que “en función de la trayectoria que ve para su tasa de política, prevemos que la convergencia del tipo de cambio a su equilibrio sería algo más lenta. En consecuencia, revisamos nuestra proyección a diciembre a $845″. Es decir, un nivel mayor, considerando que la proyección previa era de $830.

En la jornada, el dólar cayó $0,55 respecto al cierre del viernes pasado en la Bolsa Electrónica de Chile (Bec) y llegó a un valor de $882,7 la unidad. Con ello, la divisa anotó dos jornadas consecutivas a la baja y acumula una caída de $5,75.

Sin embargo, en las primeras operaciones del día, la divisa llegó subir hasta un máximo de $887,90. Mientras que, por la parte baja, el dólar alcanzó a marcar un mínimo de $880,3 y luego moderó su baja.

En tanto, Klaus Kaempfe, director de Portfolio Solutions en Credicorp Capital, considera que el mensaje de la Fed implica que las tasas de mediano plazo deberían tender a subir, y “por parte de las acciones, creo que acá la clave es diferenciar compañías con o sin caja, pues se pone un poco más cuesta arriba para compañías muy endeudadas”. Para el caso del IPSA, la clave será dilucidar, dice el experto, si “hay mayor o menor apetito por riesgo de parte de los inversionistas, pues si la renta variable cae afuera, eso se replicará en Chile. Eso es difícil de prever”.

Por su parte, Cristián Araya, gerente de estrategia de Sartor, comenta que “las acciones en Chile están frenadas más bien por China y un peso depreciado, que quita atractivo local. No obstante, en estos niveles del tipo de cambio (cerca de los $890-$900), el atractivo para el inversionista extranjero puede ser interesante, lo cual podría abrir algún punto de entrada de corta duración, lo que a su vez podría coincidir con un nivel algo castigado respecto del máximo, y de múltiplos aún baratos”.

La Bolsa de Santiago cerró con una baja de 1,16% en la sesión -cayendo otra vez por debajo de los 6.000 puntos, hasta los 5.932,83-, en línea con lo registrado por los principales mercados del mundo. De hecho, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq cerraron con descensos de 0,22%, 0,94% y 1,53%, respectivamente.

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