Francisco Huenchumilla tras asesinatos en Cañete: “La responsabilidad de senadores y diputados no es actuar con el estómago, es actuar con seriedad frente a esto”
El exvicepresidente del Senado Francisco Huechumilla, que proviene de La Araucanía, ha seguido desde siempre el conflicto en la zona y desde la copresidencia de la Comisión para la Paz y el Entendimiento advierte que este órgano “no tiene nada que ver con la contingencia”. Sin embargo, sí cree que la principal falla del Estado en hechos dramáticos como el de los tres carabineros asesinados el fin de semana en la Región del Biobío, ha sido en una carencia total de inteligencia para prevenir los hechos y así lo enfatiza en esta conversación con Diario Financiero.
-Cómo ve el atentado que terminó con tres carabineros fallecidos y que provocó que algunos sectores pidan estado de sitio para la zona?
-Naturalmente que este es un hecho que ha golpeado a todo al país, hemos quedado estupefactos por brutalidad con que esto ha pasado; pero, lógicamente que el Estado es el encargado de la seguridad y tiene personal especializado en el combate a la delincuencia, para darle seguridad al país. Esos organismos especializados son Carabineros, la PDI y los respectivos servicios de inteligencia policial…
-¿Lo ocurrido este fin de semana no es una muestra de que el Gobierno está fracasando justamente en su deber de administrar seguridad a la ciudadanía?
-Permítame terminar la idea para completarla simplemente… Entonces en la gente queda una franca sensación de repudio y, por lo tanto, exige explicaciones; pero no podemos irresponsablemente empezar a tirar cosas al aire, porque la respuesta la tiene que tener el Gobierno, a través de sus medios especializados, como son las instituciones de Carabineros.
-Pero eso demuestra que el Estado ha fracasado en su tarea, ¿o no?
-Creo que aquí hay un problema de Estado y, a mi juicio, el problema son los servicios de inteligencia que investigan delitos, pero intervienen después de que los delitos ocurren, igual que los tribunales, igual que el Ministerio Público, igual que la investigación. Aquí falta una política de anticipación, porque lo que está fallando son los servicios de inteligencia. Necesitamos un servicio de inteligencia moderno, a la altura de los que tienen los países desarrollados, con los recursos, con los medios humanos, tecnológicos. Si las cosas nos rebotan en la cara, quiere decir que no tenemos una política de anticipación y que está pendiente la modernización de las policías y de un sistema de inteligencia que esté a la altura de la gravedad de las contingencias de seguridad que hoy día está teniendo el país.
-Ahora, debido a lo ocurrido, el Congreso va a tramitar con mayor celeridad varios proyectos sobre seguridad, entre ellos la iniciativa sobre el sistema de inteligencia del Estado, ¿cree es posible que resulte una buena normativa con esta premura?
-Volvamos un poquito atrás. El Gobierno con el expresidente del Senado, senador Coloma, llegaron a un acuerdo sobre una agenda de seguridad, que en casi un 100% contenía proyectos relacionados con el derecho penal y se despacharon veintitantos. Pero, a mi juicio, el proyecto más central en todo esto es el proyecto de la nueva Ley de Inteligencia y para que esta camine seriamente, es fundamental que los especialistas en este tema le proporcionen los elementos al Congreso, porque los senadores y los diputados no somos especialistas en materia de seguridad ni de inteligencia, Chile tiene pocos civiles especialistas en este tipo de materias.
-Pero hay un consenso de tramitarla para avanzar.
-Si nos piden a los parlamentarios que la apuremos, lo podemos hacer, pero si no tenemos los elementos de juicio que tiene que proporcionarnos el Gobierno a través de todos sus especialistas para ver qué tipo de servicio vamos a tener… ¿Vamos a crear uno nuevo?, ¿vamos a tener agentes operativos?, ¿vamos a contar con los recursos?, ¿vamos a tener tecnología de punta?, ¿vamos a hacer un servicio de inteligencia en que concuerden las Policías y las Fuerzas Armada, una cosa potente en Chile? Pero nosotros aprobamos políticamente si los elementos de juicio que nos presentan son los adecuados.
“Cambia el clima a todo el país”
-Senador, ¿cree que es una forma de contención a lo que está pasando, tal vez, sería instaurar estado de sitio en la Macrozona Sur?
– Mire, el Gobierno es el llamado a tomar la decisión sobre el estado de sitio. Pero para tomar una decisión, todo gobierno consulta a sus asesores, a las instituciones especializadas. En este caso, me imagino que el Presidente y la ministra del Interior y el Comité Político han hablado con las Fuerzas Armadas y han hablado con Carabineros, Investigaciones. La pregunta es si se justifica subir el estado de excepción de emergencia a estado de excepción de estado sitio y la respuesta fue que las Fuerzas Armadas y Carabineros dijeron que por el momento no era necesario. Entonces, yo me quedo con la opinión de los especialistas. Yo creo que cuando la gente empieza a pedir la pena de muerte o el estado de sitio, son cosas que se hacen con el estómago, pero la responsabilidad de los senadores, diputados, no es actuar con el estómago, es actuar con racionalidad y con seriedad frente a esto, los organismos especializados, si necesitan el estado sitio, lo van a decir.
-En su condición de integrante de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, este proceso ha avanzado en algo, a propósito de esta contingencia hay alguna medida?
–La Comisión por la Paz y el Entendimiento no tiene nada que ver con la contingencia. No es una comisión de Gobierno, ni a cargo de los problemas concretos de contingencia, como si anduviéramos preocupados de los caminos, de la lluvia… Nosotros, estamos fuera de la contingencia, la nuestra es una tarea de Estado respecto del conflicto político que tiene el pueblo mapuche con el Estado chileno. Esa es nuestra competencia. Lo que vaya sucediendo ahí no nos compete y nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando.
-Se sabe poco de lo que pasa en la comisión, ¿en qué han avanzado?
-Bueno, se sabe poco porque nuestro trabajo es silencioso. Nosotros hemos recorrido las cuatro regiones; hemos tenido cualquier cantidad de reuniones, escuchando a todos los actores de todos los de todos los ámbitos del mundo mapuche, el mundo empresarial, los gremios, de la sociedad civil; hemos recibido a todos los organismos del Estado relacionados con este tema… Y estamos trabajando todas las semanas, silenciosamente. Por lo tanto, estamos en condiciones de empezar a ver cuáles van a ser las proposiciones que vamos a hacer. Y tenemos plazo hasta noviembre de este año, pero nuestro trabajo no tiene que ver con los acontecimientos que sucedan en la contingencia política, social o de seguridad.
-Me cuesta un poco entender que los procesos vayan en paralelo y no se junten, me refiero al trabajo de la comisión y lo que ocurre en términos de contingencia.
-No se juntan, porque no estamos mirando al Gobierno ni estamos mirando a los actores para hacer nuestra proposición. Nosotros queremos tomar una decisión y dado que aquí hay un conflicto, proponer cómo podría resolverse este conflicto, a juicio de la comisión. Pero lo que ocurrió, si sucedió en ese territorio significa que aquí tenemos problemas, pero tampoco está la respuesta de quién lo hizo ni el Estado la tiene. Entonces, la comisión no puede estar dando una respuesta que el propio Estado no tiene.
-¿Y no cambia el clima en que la comisión está trabajando con hechos como este?
-Yo creo que cambia el clima a todo el país. Y uno se pregunta cómo suceden estas cosas, pero eso no significa que las competencias que uno tiene y las responsabilidades que asumió pueda dejar de hacerlas. Las sigue haciendo con mayor razón todavía, pero nosotros no estamos en la contingencia y eso se lo hemos dicho a mucha gente que acude a la comisión pidiendo cosas concretas.
Los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMDG) están en el ojo de todos. Nacieron a mediados de la década pasada como una apuesta para diversificar la matriz energética e impulsar pequeños proyectos de ERNC (de hasta 9 MW), y así eliminar las barreras de entrada, fomentando el ingreso de nuevos actores al sector eléctrico.
Con el tiempo, estos proyectos han ido pasando a manos de grandes inversionistas; fondos internacionales y globales de inversión, situación que los tiene en la mira del Coordinador Eléctrico Nacional.
De hecho, el 23 de enero de este año, la Unidad de Monitoreo de la Competencia del organismo, ofició a todas las empresas con el objetivo de conocer sus respectivas estructuras societarias. Hoy tras siete meses, el ente ya tiene el listado, y está trabajando en el proceso de consolidación, con la finalidad de tener una radiografía clara de quienes son y a qué inversionista o grupo controlador pertenecen.
La razón que hay tras esta inquietud, es que a la fecha existen 828 unidades de PMGD en operación en Chile, de las cuales 77,2% son solar fotovoltaico, con una capacidad instalada de 3.252 MW, que se ubican mayoritariamente en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Ñuble y Biobío. A ellos se sumaría otros 2.336 MW que se encuentran en construcción, siendo el 96% solar fotovoltaico.
El punto de mira, es que lo que partió como una apuesta para que pequeños proyectos abrieran las puertas a las renovables, hoy se han convertido en un actor relevante y con ciertas ventajas al contar con un precio garantizado.
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El factor precio
Para los críticos, el precio estabilizado implicaría un subsidio irregular del cual gozan estos desarrollos, lo cual distorsiona el proceso competitivo al aumentarle el costo a un subconjunto de generadores, incluso renovables, que deben pagar a los PMGD.
Dada la gran cantidad de oferta de pequeños generadores que existe en el horario diurno, el costo marginal se está yendo a US$ 0, lo que es una clara señal de mercado que muestra que existe exceso de energía en dicho horario.
Es así como los fotovoltaicos, que representan más del 90% de la capacidad instalada PMGD, acumulan traspasos –por parte de otros generadores- que superan US$ 500 millones anuales.
La alerta para los actores del sistema, que promueven una revisión o adecuación reglamentaria de los Decretos Supremos N88 y N125 (que regulan a estos proyectos) es que, para 2025, existirán casi 5.000 MW de solar fotovoltaico de capacidad instalada en el país, para una demanda máxima a nivel nacional de aproximadamente 10.000 MW durante las horas diurnas. Por lo tanto, en 2025 sobre el 40% de la demanda nacional durante el día se podría abastecer solo con PMGD.
Otra consecuencia, tiene que ver con el aumento del vertimiento de energía en el sistema y el consecuente aumento de los costos marginales nulos en horario diurno, ya que mientras los pequeños tienen un alto precio por su energía, el resto de los generadores debe botar la propia y vender el resto a precio nulo, debiendo asumir además el costo de pagar por la energía PMGD, costo que es traspasado a los clientes.
Al respecto, Javier Bustos, director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos (Acenor) asegura que “el cargo por precio estabilizado había sido fluctuante, hoy ha estado subiendo permanentemente y con valores que van desde los 4 a los 7 US$/MWh en el corto plazo y que incluso pueden llegar a cerca de US$ 10 en el mediano plazo, si siguen entrando proyectos con régimen de precio de nudo. En términos comparativos, lo que pagan los clientes (tanto libres como regulados) por precio estabilizado ha sido en algunos meses más de lo que se paga por toda la transmisión nacional. Es urgente que hagamos algo con este tema. Hoy, el cargo por precios estabilizado es uno de los principales cargos sistémicos”.
Carmenmaría Poblete, directora legal de Aediles, explica que esta es una industria atomizada con una variedad de participantes. “Hay empresas internacionales y locales, desarrolladores, PYME y fondos de inversión, de impacto y de pensiones. Esto es un éxito del propósito legislativo de la ley corta que justamente buscaba, con la regulación de PMGD fomentar la entrada de nuevos actores a la industria. Los pequeños generadores por su condición de distribuidos, contribuyen a mejorar y fortalecer la red de distribución existente y constituyen un aporte fundamental a la descarbonización de la matriz”.
El director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar, Acesol, Darío Morales, defiende estas iniciativas, señalando que se han invertido más de US$ 3.000 millones en centrales de generación ubicadas estratégicamente cerca de los centros de consumo, además de aproximadamente US$ 100 millones en refuerzos a las redes de distribución. Agrega que es necesario mejorar la regulación en este contexto, “tener generación próxima a los centros de consumo no solo reduce las pérdidas de transporte de energía, sino que también permite a estas unidades ofrecer servicios que mejoran la continuidad y la calidad del suministro para los clientes conectados a las redes de distribución”, explica.
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La otra discusión
En forma paralela, los PMGD también están siendo objeto de discusión ante los cambios que se quieren hacer en el decreto que los regula y que contempla un régimen transitorio que permite continuar vendiendo a un precio estabilizado. A través de una mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Energía, se está estudiando la situación de estos proyectos, lo que podría implicar una revisión del precio estabilizado y su formulación. Esto tiene en alerta a los inversionistas de proyectos que han visto en el mercado chileno una opción de inversión relevante, toda vez que existe un precio estabilizado (y para algunos asegurado) de US$ 70 MWh. En paralelo, la CNE anunció cambios en la norma técnica de conexión.
Pero la industria también está en alerta por otro punto no menor. En el marco de la estabilización tarifaria, surgió la idea de que los PMGD le vendan energía a las empresas distribuidoras, es decir, a clientes regulados. El problema que levantan con esta propuesta, es que hace ya varios años que las generadoras no logran vender toda la energía que está comprometida en sus contratos con regulados, por lo cual, abrirle espacio a los PMGD no tiene a nadie contento; ni a los incumbentes, ni a las renovables que tienen de esos contratos, por tanto, desde todos los sectores anticipan que se vienen tiempos de nuevas discusiones y batallas en el sector eléctrico.
EL MAPA DE LOS PMGD, QUIÉNES ESTÁN TRAS LOS PROYECTOS
Más allá de la discusión, el desarrollo de los PMGD ha implicado el ingreso de nuevos actores al mercado eléctrico, lo que ha ido cambiando el mapa y diversificando las empresas e inversionistas. Partieron como proyectos de pequeños inversionistas, pero con el tiempo, su atractivo precio estabilizado, comenzó a llamar la atención de los grandes. Estos son:
Carbon Free: firma canadiense, que en Chile cuenta con alrededor de 361 MW en 50 proyectos.
Aediles: La canadiense gestiona la cartera de 47 proyectos PMGD de BlackRock en Chile, que suman 297 MW.
CVE Group (Cap Vert Énergie o Changing Visions of Energy): de origen francés, cuenta con una cartera de proyectos PMGD por 255,8 MW en operación y construcción.
oEnergy: fundada en 2013 por los ingenieros chilenos Ricardo Sylvester y Yuri Andrade para el desarrollo, construcción y operación de plantas fotovoltaicas en el segmento PMGD. Cuenta en la actualidad con 49 proyectos y 173 MW en operación y construcción.
Matrix Renewables: empresa española cuenta en Chile con una cartera de PMGD de aproximadamente 430 MW en 79 proyectos de energías renovables en operación, desarrollo y construcción. Respaldada por el Grupo TPG, plataforma global de inversión de impacto que gestiona en el mundo activos por unos US$ 18.000 millones a través de The Rise Funds, TPG Rise Climate y Evercare Health Fund y cuyos fundadores son el cantante de U2 Bono y Jeff Skoll, exfundador de eBay, y cuenta entre sus accionistas a Jim Coulter, Richard Branson (Virgin Group) y Paul Polman (exChairman de Unilever).
Solek: es una empresa de origen checo que explota y tiene en construcción cerca de 40 centrales fotovoltaicas en Chile con una capacidad de 250 MW.
Grenergy: empresa española que en Chile cuenta con 80 plantas y unos 146 MW en operación y construcción. Hace unos meses inauguró el proyecto a Gran Teno de 240 MW (la planta con baterías más grande de Chile) y Oasis Atacama el proyecto de almacenamiento que tiene una capacidad de más de 4,1GWh, y cerca de 1GW solares, actualmente en construcción.
Reden: cuenta con 180 MW. Sus dueños son el consorcio formado por los grupos financieros administradores de fondos: Macquarie Asset Management, British Columbia Investment Management Corporation (BCI) y Munich Ergo Asset Management GmbH (MEAG).
Sonnedix: de propiedad del fondo de inversión estadounidense JPMorgan Asset Management -en Chile su presidente es el exsubsecretario de Energía y presidente de Acera, Sergio del Campo-, cuenta con 125 MW en Chile.
Toesca Asset Management: fundada en 2016 por Alejandro Reyes, Carlos Saieh, Maximiliano Vial y Alejandro Montero, ex Celfin Capital, ha incursionado en los PMGD contando con alrededor de 109 MW.
Otros actores son: Inter Energy asociado al fondo de inversión Brookfield (45 MW), S-Energy de capitales coreanos (65,7 MW), Prime Energía de EnfraGen (126 MW), Chile Solar (27 MW),Inversiones Consorcio Energético Nacional (45 MW), Sun Grow Power (31 MW), Langa (27 MW), Next Energy (27 MW), Solar Pack (27 MW), Enel Green Power (24,5 MW).
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.