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General Iturriaga releva del mando a dos oficiales a cargo de instrucción militar en la que murió Franco Vargas en Putre

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Este lunes, el comandante en jefe de Ejército, general Javier Iturriaga, se refirió por primera vez al fallecimiento del soldado Franco Vargas (18), quien hace nueve días perdió la vida en medio de una instrucción militar en Putre, Región de Arica.

Al respecto, informó que se resolvió relevar del mando a dos oficiales, un capitán y un teniente coronel –de los cuales prefirió reservar ambas identidades-, quienes fueron “indudablemente los comandantes directos que tuvieron participación en la campaña y en la ejecución de la marcha”.

“En beneficio de una mayor transparencia de la investigación en curso, especialmente en la investigación administrativa que busca determinar eventuales responsabilidades de mando, me he formado la convicción y he resuelto relevar del mando a los mandos directos del soldado fallecido: me refiero a su comandante de compañía y al comandante del batallón de instrucción en Pacollo”, declaró.

En este contexto, aclaró que ambos oficiales seguirán en las filas del Ejército, y serán destinados a otra unidad militar en la guarnición de Arica.

“Mientras la investigación siga en curso se asume la presunción de inocencia mientras no se comprueben sus responsabilidades efectivas por parte del fiscal militar, de la fiscalía o de un nuevo ministro en visita si así la corte marcial lo decide”, prosiguió.

Sobre la posibilidad de que sean dados de baja, Iturriaga enfatizó que “no hay bajas porque la investigación no ha dado cuenta. Las investigaciones si obtienen, en el camino, alguna información relevante, los mandos estamos obligados a tomar medidas de manera oportuna”.

Al mismo tiempo, anunció y “concordó” con que el Ministerio Público Militar solicitará este martes a la Corte Marcial la designación de un ministro en visita para que continúe con la tramitación de la causa.

“Esto en el bien entendido que buscamos una mayor transparencia en lo que estamos haciendo, porque lo peor que puede pasar es que la ciudadanía pierda la confianza en su Ejército”, remarcó.

En el mismo tenor, precisó que hasta el momento son cinco las investigaciones en curso, tanto para determinar lo sucedido como para buscar responsabilidades.

La primera tiene que ver con el fallecimiento del soldado conscripto Franco Vargas, con el fin de determinar lo que efectivamente concurrió en acto de servicio, la cual “está próxima a ser concluida”.

En este caso, el general Iturriaga adelantó que una vez concluyan las indagaciones se espera que la madre de la víctima “pueda recibir los beneficios legales que le corresponden, situación que hoy día le fue comunicada personalmente a ella”.

Asimismo, hay otras dos investigaciones médicas que apuntan a dar cuenta de la situación de los dos soldados que permanecen en estado grave en el Hospital militar, especialmente por eventuales secuelas y beneficios legales que les correspondería.

También, detalló que hay otra indagación para determinar las condiciones sanitarias y medioambientales del predio y del campamento de instrucción en Pacollo.

Finalmente, las últimas dos investigaciones tienen que ver con precisar las responsabilidades de mando o responsabilidades administrativas si las hubiera y, otra que está en curso en la Fiscalía Militar.

“Recalcar que luego de estos tres días en Arica me he permitido formarme una claridad de lo sucedido, preliminarmente por supuesto, mientras las investigaciones avanzan. Sin dejar de lado la preocupación por las familias y muy atento a la evolución que han seguido las diferentes investigaciones de manera de ir adoptando decisiones oportunas sin esperar que estas finalicen si así lo requiere la situación”, sostuvo.

Cabe señalar que, desde el primer minuto, la madre de la víctima, Romy Vargas, ha insistido en que efectivos del Ejército serían los responsables del deceso de su hijo, descartando que la causa de muerte se trate de supuestos problemas respiratorios.

Directamente, la mujer acusa que el joven fue torturado, por lo que recalcó que la institución castrense estaría efectuando una serie de acciones para ocultar lo que realmente ocurrió.

Debido a esta situación, la Fiscalía Militar de Arica abrió una investigación, y a la vez el gobierno instruyó la realización de dos sumarios administrativos para esclarecer lo sucedido.

A la par, abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público, considerando que al igual que el caso de Franco, otros 45 conscriptos se vieron afectados por un cuadro viral durante la instrucción militar, y adelantaron la presentación de una querella por apremios ilegítimos.

Respecto a las versiones contrarias en torno al suceso, el comandante en jefe del Ejército remarcó que “yo creo que en estas crisis siempre existen desinformaciones y descoordinaciones y es algo que todos los días tenemos que seguir aprendiendo”.

Consultado sobre las acusaciones surgidas a raíz de exceso de fuerza o maltrato en contra de los soldados conscriptos, quienes denunciaron que recibieron golpes, Iturriaga aseveró que “no conozco la situación en detalle porque no me corresponde a estas alturas, pero no tengo información de eso”.

“Respecto de los maltratos es una situación que está absolutamente prohibida en el Ejército, es una situación que se reitera continuamente y hasta el momento la investigación, que yo tenga conocimiento, no ha habido ningún reporte de eso”.

Abordó además las críticas de los conscriptos que afirmaron haber sido obligados a firmar un documento legal antes de salir del regimiento, indicando que “no es un documento que nació producto de esta situación, es un documento que lleva muchos años y es parte de nuestros protocolos”.

“Busca justamente que la persona, de manera consciente, una persona adulta, pueda determinar si efectivamente tuvo alguna situación o declarar que efectivamente tuvo maltrato. Él conscientemente lo firma y acepta no haber tenido maltrato, por tanto, si él no lo firma puede ser otra la situación”, añadió, asegurando que “ese documento no es para nada secreto, así que si un soldado quisiera llevarse una copia puede hacerlo”.

En torno a si los soldados fueron sometidos a exámenes previos a la controversial instrucción militar, el jefe del Ejército explicó que “nuestro protocolo actual considera exámenes básicos que han sido por muchos años nuestro protocolo y yo creo que es una situación, evidentemente, que tenemos que revisar e implementar a partir de ahora”.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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