Esta mañana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras reunirse con la Fiscal Regional, Marcela Cartagena, en Concepción, anunció que el Gobierno se querellará por “homicidio contra carabineros, infracción a la ley de armas y organización criminal” contra quienes resulten responsables del triple homicidio de carabineros ocurrido en la madrugada de este sábado en la comuna de Cañete, en la región del Biobío.
El subsecretario Monsalve, en un punto de prensa, precisó que, si bien se pensó en querellarse por ley antiterrorista, finalmente se optó por la tipificación de homicidio a carabineros y crimen organizado, porque permitía la máxima pena, cadena perpetua calificada.
“La tipificación de asociación criminal, que se hizo a mediados de 2022 con la ley que que permitió terminar con la asociación ilícita, permite al Ministerio Público usar herramientas en materias de investigación que son indispensables en hechos de esta naturaleza”, afirmó el subsecretario.
Añadió que elementos como la interceptación telefónica o agentes encubiertos se pueden ocupar en el marco de una persecución de una organización criminal, entonces “hemos utilizado las figuras penales que permiten las sanciones más altas y hemos utilizado para la querella las figuras penales que permiten tener herramientas más poderosas para investigar”, dijo.
El asesinato de los carabineros el sargento 1º Carlos Cisterna, el cabo 1º Sergio Arévalo y el cabo 1º Misael Vidal de la comisaría de Los Álamos, ocurrió mientras realizaban un control de una medida cautelar. Tras el suceso, el Gobierno declaró tres días de suelo nacional y toque de queda para la noche del sábado en las comunas de Tirúa, Cañete y Contulmo.
Arauco
El subsecretario adelantó que a las 15:00 horas de este domingo se reunirá en la Provincia de Arauco con la ministra de Defensa, Maya Fernández, y con el Jefe de Defensa Nacional para evaluar las medidas de seguridad de la zona, entre ellas, la realización de una segunda jornada de toque de queda.
“Las medidas se están evaluando, el Gobierno no se cierra a ninguna medida, el Presidente personalmente lo ha dicho, pero hay que hablar con las policías y con las fuerzas armadas para que sean medidas eficaces”, dijo.
También se reunirá con carabineros y con la Policía de Investigaciones (PDI), y durante el transcurso de la tarde con los subdirectores nacionales de la PDI, tanto la subdirectora de Inteligencia y Crimen Organizado, como el subdirector de Investigación Criminal.
Consultado respecto de si el crimen estaba relacionado con el narcotráfico, indicó que “hay una investigación en curso, por lo tanto, todas las hipótesis están abiertas” y que es “prematuro asignar una hipótesis”. No obstante, señaló que es “evidente” que es un hecho donde participaron más de tres personas.
Por otro lado, el subsecretario confirmó la amenaza telefónica que recibió este sábado la comisaría de Cañete, y dijo que se trata de un hecho que se “investigando”.
Tras culminar el período de juntas de accionistas, se produjo una renovación parcial en los directorios de las 49 empresas que componen el IGPA (incluyendo las que también integran el S&P IPSA).
Según un análisis realizado por el ESE Business School de la Universidad de los Andes, durante 2024 se registraron dos grandes tendencias: una mayor presencia de las familias controladoras en los directorios y el aumento de la participación femenina en las mesas directivas.
Familias controladoras
De acuerdo con el análisis del ESE Business School, ocho de las 49 empresas IGPA reforzaron su presencia familiar, tras incorporar a nuevas generaciones en los directorios.
Los principales cambios ocurrieron en las mesas de Quiñenco, Bci, CAP, Cencosud, Consorcio Financiero Indisa, Sigdo Koppers y las cascadas de SQM, Norte Grande, Oro Blanco.
En estas últimas, tres de los cuatro hijos de Julio Ponce Lerou -uno de los máximos accionistas de la minera- ingresaron a las cinco cascadas de SQM. De estas, Norte Grande y Oro Blanco son parte del IGPA.
De acuerdo con el director del Centro de Gobierno Corporativo y Sociedad del ESE Business School, Alfredo Enrione, este año hubo un movimiento más intenso de lo habitual en la sucesión familiar en los directorios.
“Creemos que es una coincidencia que varias familias lo hayan hecho este año, pero nos parece positivo. Se avanza en el proceso sucesorio, lo que reduce la incertidumbre para los inversionistas y, por otro lado, se rejuvenecen los directorios con perspectivas y visiones sociales y tecnológicas que son valiosas para la toma de decisiones”, sostuvo.
Engie y Santander lideran presencia de mujeres
El aumento de la participación femenina en los directorios de las empresas IGPA fue otra de las tendencias del proceso, ya que alcanzó el 21% de las mesas, avanzando 15% respecto de 2023 y llegando a su mayor nivel histórico.
Asimismo, la proporción de directoras que participa en más de un directorio dentro de las empresas IGPA aumentó de 6% a 12%.
Además, el número de directoras que integra más de un directorio sin pertenecer a empresas relacionadas es mayor que la de los hombres (78% vs 40%).
Según el ESE Business School, las empresas con mayor participación femenina son Engie y Banco Santander con cuatro directoras, seguidas por Cencosud, CMPC, Embotelladoras Andina, Ripley y Enel Chile, que tienen tres mujeres en sus mesas directivas.
“Vemos que como país nos vamos moviendo en la dirección correcta y en los últimos años el avance ha sido muy rápido. Está por verse si mantendremos el momentum o toparemos techo en la incorporación voluntaria de la diversidad de género”, dijo Enrione.
En cambio, las denominadas “empresas cero”, es decir, que no tienen representación femenina en sus directorios son: Almendral, Itaú, IAM y SAAM.
Ingenieros predominan
Tras las juntas ordinarias de accionistas, entraron 68 nuevos integrantes a los directorios IGPA.
La mayor cantidad de directores son ingenieros comerciales (47,6%), seguido de ingenieros civiles (26,6%) y abogados (15,9%).
Sobre las profesiones, en las mujeres, hay una mayor proporción de abogadas e ingenieras comerciales, mientras que en los hombres predominan los ingenieros civiles.
El 47% de los directores proviene de la Universidad Católica de Chile y el promedio de edad de estos se sitúa en los 61 años.
Además, se evidenció que, los directores de nacionalidad chilena son mayoría, con un total de 279 sillas, lo que corresponde a 82,8%. A esto les siguen directores provenientes del resto de América (7,4%), Europa (7,4%) y Asia (0,9%).
A una semana del revuelo generado por el inicio de la liquidación del fondo de inversión “Rentas Inmobiliarias” de la administradora general de fondos (AGF) Toesca, el mercado ya comienza a mirar a los vehículos del sector que enfrentan prontos plazos de vencimiento.
Se trata del “Renta Comercial” de BTG Pactual, y los tres vehículos de “Renta Inmobiliaria” de Sura, los cuales, de no aprobarse su prórroga, deberían terminar sus operaciones durante 2025 e iniciar la venta ordenada de sus activos.
Las fechas límites para aprobar una prórroga o liquidar fondos de este tipo llegan tras años marcados por el estallido social, alza en la vacancia por la pandemia, baja de ingresos y el alza de tasas de interés.
El gigante de BTG
El fondo “Renta Comercial” de BTG es uno de los más grandes vehículos inmobiliarios del país con un portafolio valorizado en más de US$ 979 millones. De acuerdo a su reglamento interno, tiene una duración hasta el 25 de julio de 2025, “pudiendo prorrogarse dicho plazo en los términos que acuerden los aportantes del fondo reunidos en asamblea extraordinaria”.
En su más reciente webinar a los aportantes del fondo, el gerente de activos inmobiliarios de la AGF, Pedro Ariztía, destacó que la vacancia se mantuvo estable al cierre de 2023 -en 12,3%-, pero reconoció que “hubo que remar bastante para mantener este nivel”.
En 2023, el vehículo realizó un aumento de capital por UF 1,5 millones para robustecer financieramente al fondo y vendieron activos por otros UF 1,3 millones.
Los principales aportantes son las cuotas custodiadas por la corredora de bolsa de BTG con un 55% de las inversiones, y le siguen AFP Cuprum (14%) y AFP ProVida (4,9%) en el podio.
A finales de octubre, el fondo pagó un dividendo por $ 5.220 millones, es decir, unos $ 500 por cuota.
El exedificio de Latam vacante
En el caso de los fondos de Sura, enfrentará tres vencimientos en 2025.
En el mercado destacan el fondo “Rentas Inmobiliarias III”, cuya prórroga podrá ser aprobada con mayoría absoluta de los aportantes.
Al cierre de marzo pasado, registró una vacancia de 42,3% en los 42.597 m2 de oficinas que posee el fondo. En tanto, la tasa de desocupación, incluyendo sus activos comerciales e industriales, se ubicó en 22,4%.
Estos números se vieron arrastrados por la desocupación del 100% del exedificio de Latam en la comuna de Renca, así como la vacancia del 75% de la torre Estado 10 -que también era de la aerolínea- ubicado en el centro de Santiago.
De esta manera, el fondo anota un retorno negativo de UF-1,2% desde los inicios del vehículo a marzo de 2024.
El último dividendo entregado por el vehículo fue en 2022 con UF 38.701 repartidos a los aportantes, unos $ 647 por cuota, contrastando con las UF 82.930 distribuidas en 2020.
Los otros fondos de Sura
A “Rentas Inmobiliarias III” se suman sus dos predecesores con vencimientos en julio y octubre de 2025, pero con una cláusula que permite la prórroga del vehículo con la aprobación de dos tercios de los aportantes.
Los principales inversionistas de los tres fondos son cuotas custodiadas por la corredora de bolsa de Sura, las que en parte corresponderían a clientes de la banca privada de la firma, dijeron fuentes del mercado.
“Rentas Inmobiliarias” será el primero en vencer. Según su reglamento interno, si no se vota una prórroga, deberá bajar la cortina el 10 de julio de 2025.
Al cierre de marzo de 2024, el vehículo anotó una vacancia de 27% sobre la superficie arrendable de oficinas en manos del fondo, de unos 23,256 m2 repartidos en tres edificios.
El fondo ha anotado un retorno de UF+6,49% desde sus inicios a marzo pasado. Con todo, los dividendos repartidos entre los aportantes han ido disminuyendo con los años. Si en 2020 entregó un dividendo de UF 67.876 o $ 1.948 por cuota, en 2023 entregó UF 12.785, unos $ 460 por cuota.
Unos meses después, en octubre de 2025, llegaría el vencimiento de “Rentas Inmobiliarias II”. El fondo tiene una vacancia de solo 2% en oficinas, segmento en que tienen 20.603 m2, correspondientes al 48% del fondo. Los edificios en cartera son la torre Nueva Santa María (Providencia) y Las Artes (Nueva Las Condes), de este último tienen el 79%.
Desde sus inicios a marzo pasado, el fondo ha visto un retorno UF+1,6%. Mientras que pasaron de entregar UF 62.551 en dividendos -unos $ 1.521 por cuota- en 2020, a UF 25.718 el año pasado, unos $ 750 por cuota.
Al igual que el fondo de BTG, “Rentas Inmobiliarias II” de Sura aprobó en marzo pasado un aumento de capital por UF 300.000 para la amortización parcial y refinanciamiento de la deuda del Edificio Las Artes.
Una nueva sesión de audiencia de formalización por el Caso Primus se vivió este lunes en el Centro de Justicia de Santiago. La instancia comenzó el viernes 10 de mayo y continuó con la defensa del exgerente general del factoring, Francisco Coeymans.
Sin embargo, una serie de incidentes dejaron nuevamente en s18:30uspenso la audiencia.
Uno de los abogados de Coeymans, el exfiscal Manuel Guerra, no llegó a la instancia, mientras que su segundo defensor, Mario Vargas, renunció a la representación del exejecutivo de Primus en plena audiencia.
La audiencia de formalización para el exgerente general de Primus se retomará el 22 de mayo.
Vargas argumentó que no se encontraba en capacidad para defender al imputado por no estar en conocimiento a cabalidad de la carpeta investigativa y del caso, explicando que Guerra es el líder de la defensa.
El abogado Vargas figuraba como titular de la defensa del exejecutivo de Primus desde comienzos de abril, luego de que el penalista Juan Domingo Acosta renunció al patrocinio de Coeymans.
Por ello, solicitó a la jueza Estefanía Asenjo la renuncia al patrocinio de Coeymans, la cual fue acogida por el tribunal. Así, Vargas dejó la sala minutos después.
Por su parte, el exfiscal Guerra no llegó a la instancia tras presentar durante la noche del 12 de mayo una solicitud de justificación de incomparecencia por una licencia médica otorgada durante el mismo día, con duración de cinco días.
“Es una situación bastante inédita la que ocurrió en esta causa”, sostuvo el persecutor jefe de la Fiscalía de Las Condes, Felipe Sepúlveda, en una de sus intervenciones tras la renuncia de Vargas.
Nueva fecha
De esta manera, al no tener abogados presentes para la instancia, la representación del exgerente general de Primus en la audiencia de formalización pasó a manos de la Defensoría Penal Pública.
La defensa quedó a cargo de la defensora Marcela Araya, quien solicitó reiniciar -en otra fecha- la audiencia, ya que no tenía conocimiento de los antecedentes del caso de la carpeta investigativa.
“No estamos en las condiciones para asumir la defensa”, precisó Araya. La petición fue rechazada por la jueza Asenjo.
Desde el Ministerio Público, en tanto, se comprometieron a remitir todos los antecedentes a la brevedad.
Así, la continuación de la audiencia de formalización de Coeymans se retomará el 22 de mayo, donde se espera la réplica de su nueva defensa respecto de las imputaciones de la Fiscalía, así como la discusión en torno a su extradición desde Perú, país donde se encuentra detenido.