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Gobierno dicta instructivo para frenar otorgamiento de concesiones acuícolas en áreas protegidas

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“Es de nuestro interés comunicar sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado algunos efectos jurídicos que resultan aplicables a los procedimientos que actualmente podrían estar en curso para el otorgamiento de concesiones sectoriales dentro de los límites de áreas protegidas”. Así comienza el oficio que envió el 22 de septiembre el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), a través del subsecretario (s) Ariel Espinoza a una serie de reparticiones publicadas en el que suspende el procedimiento de otorgamiento de concesiones en áreas protegidas que no cuenten con un plan de manejo vigente.

“Mientras un área protegida, independiente de su categoría de protección, no cuente con un plan de manejo vigente, no podrán otorgarse concesiones, debiendo quedar suspendida la tramitación del procedimiento, de pleno derecho, hasta la aprobación del respectivo plan de manejo, de forma tal de evaluar la compatibilidad que exige el artículo en comento”, acotó la autoridad en el escrito al que tuvo acceso Pulso.

Ariel Espinoza es abogado de la Universidad de Chile y cuenta con un magíster de Derecho de los Negocios de la UAI. Desde 2011 se ha desempeñado en distintas reparticiones del Estado, como la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Firmó el oficio en su calidad de subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, debido a que el titular en el cargo, Maximiliano Proaño (CS), asumió como ministro (s), ya que Maisa Rojas por aquellos días se encontraba acompañando al Presidente Gabriel Boric en Nueva York, Estados Unidos, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Se trata de una medida que ha generado malestar en algunas regiones en las que opera la industria salmonera, como Los Lagos, Aysén y Magallanes. A inicios de mayo, diversas manifestaciones por parte de trabajadores, quienes, alertados por esta medida, salieron a protestar en defensa de sus puestos de trabajo, debido al impacto que provocaría una medida de este tipo. De hecho, en la tramitación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el Congreso rechazó la medida de prohibir las concesiones salmoneras en áreas protegidas.

Sin embargo, ahora -según las fuentes consultadas- este nuevo instructivo del Ministerio del Medio Ambiente viene a reinterpretar la ley, para producir el mismo efecto que tenía la reforma legal frustrada.

El documento, que cuenta con solo dos páginas, fue enviado a los ministerios de Defensa, Economía, Bienes Nacionales, Hacienda, Energía, Minería, Agricultura y Justicia. Además entre las entidades copiadas en su distribución figura la Corte Suprema y el gabinete del propio Ministerio del Medio Ambiente, que encabeza Maisa Rojas.

El oficio establece que, si bien el Servicio de Biodiversidad aún no está en funcionamiento, cuestión que será determinada por el Decreto con Fuerza de Ley que dictará el Presidente Gabriel Boric, la función de emitir el informe favorable se encuentra comprendida dentro del ámbito de la administración de las áreas protegidas. Es decir, corresponde a los órganos de la administración del Estado que actualmente ejercen tales funciones emitir dicho informe, según la categoría de protección que se trate.

Según el mismo documento, lo anterior va en línea con el artículo noveno transitorio de la 21.600 que creó el servicio de Biodiversidad y el sistema nacional de Áreas Protegidas, que establece que, tratándose de las categorías Parque Nacional, Monumento Natural y Reserva Nacional, las funciones y atribuciones contenidas en el artículo 5° letra b) entrarán en vigencia al tercer año, contados desde la entrada en funcionamiento del servicio.

Por lo mismo, el oficio establece que mientras no trascurra ese plazo y en virtud del principio de continuidad de la función pública, corresponde a Conaf emitir dicho informe favorable, así como también la función de elaborar y aprobar los planes de manejo de las respectivas unidades que se mantengan bajo su administración.

En paralelo, el instructivo aclaró que será la Subsecretaría del Medio Ambiente la que deberá estar a cargo de los planes de manejo de Santuarios de la Naturaleza, Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos, y Sitios Ramsar.

“Quedan prohibidas las concesiones sectoriales necesarias para el desarrollo de las actividades de explotación de recursos naturales con fines comerciales definidas en el inciso segundo del artículo 63 del mismo cuerpo legal, esto es, en las reservas de región virgen, parques nacionales y monumentos nacionales”, concluyó.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente explicaron a Pulso: ““El Oficio 23405/3, dictado por el ministerio del Medio Ambiente el 22 de septiembre de este año no ordena a los distintos órganos del Estado, sino que comunica una disposición legal que entró en vigencia. El documento va completamente en línea con lo que la Ley Para La Naturaleza (21.600) establece. Específicamente, en su artículo 92 se especifica que para “el otorgamiento de concesiones se requerirá que el área cuente con un plan de manejo y que la respectiva actividad sea compatible con los objetivos de la categoría, el objeto de protección y el referido plan de manejo del área”.

Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmón explicó a Pulso que “esto es algo que ocurrió muy reciente y nosotros como gremio lo estamos analizando. Pero creo que hay principios rectores que, más allá del análisis que estamos haciendo, se tienen que mantener. Cualquier interpretación jurídica y elementos ilustrativos que ocupe el Ejecutivo, siempre debe respetar la decisión soberana y autónoma de otro órgano del Estado, como fue lo aprobado y rechazado por el Congreso. Eso para nosotros es fundamental en la institucionalidad del país”. La asociación gremial está formada por cuatro empresas productoras de salmón: AquaChile, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén.

Además, “esta ley acaba de ser promulgada y tiene un plazo de promulgación de muchos meses, porque tiene una gran cantidad de lineamientos que deben ser elaborados por distintos estamentos del Estado”.

En mayo, la comisión mixta, en el trámite final de esta ley, rechazó, tras un empate a cinco votos, una indicación que prohibía el otorgamiento y la renovación de concesiones acuícolas en áreas protegidas. Antes de esa votación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, había entregado cifras: hay 423 concesiones vigentes, más de la mitad de ellas a perpetuidad, por lo que no se verían afectadas por la legislación, y 140 con plazos de vigencia de 25 años.

Por su parte, la diputada Marcia Raphael (RN) sostuvo que “la ministra del Medio Ambiente y el gobierno siguen en su obsesión de destruir la salmonicultura. Recodemos que durante la tramitación de la ley 21.600 que creó el Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, fue rechazada la indicación del Ejecutivo que buscaba prohibir las concesiones acuícolas”.

La actividad salmonera representa casi el 40% del PIB de la Región de Aysén y es la segunda actividad más importante después de la minería en el país, añadió la parlamentaria.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Calisto (DC) sostuvo que “el gobierno tiene radicado en el Ministerio del Medio Ambiente a personas que están en una acción anacrónica a lo que el propio gobierno ha señalado”. Y agregó: “Todos sabemos que el Ejecutivo busca impulsar una política procrecimiento y que el ministro de Hacienda está impulsando un gran acuerdo para promover un nuevo pacto para reactivar la economía. Esto involucra evidentemente a todas las actividades del país y la salmonicultura es la segunda actividad más importante, después de la minería”.

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En sesión especial del Senado por relaciones con Venezuela: piden régimen especial para expulsiones y otorgar urgencia a Ley de Inteligencia

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Con la presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá; el canciller, Alberto van Klaveren; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, el Senado realizó esta jornada una sesión especial para analizar las medidas adoptadas por el Ejecutivo por el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda, así como las relaciones diplomáticas con Caracas.

La jornada estuvo marcada por emplazamientos de parlamentarios de diversos sectores que solicitaron mecanismos más efectivos para concretar las expulsiones de migrantes, así como para dar urgencia a una serie de proyectos relativos a seguridad e inteligencia.

Entre estos últimos se incluyen la nueva Ley de Inteligencia, el proyecto que crea la policía fronteriza, el fortalecimiento de las policías y establecer regímenes penitenciarios diferenciados, entre otras normas.

Asimismo, diversos parlamentarios destacaron la necesidad de “proteger la soberanía de Chile” y “no aceptar los insultos de parte de autoridades del régimen venezolano”, en medio de las tensiones diplomáticas registradas con el régimen de Nicolás Maduro tras el asesinato del teniente Ojeda, principalmente luego de que el canciller venezolano, Yván Gil, negara la existencia del Tren de Aragua y lo atribuyera a una invención de la prensa latinoamericana.

En la ocasión, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que “como Estado estamos mejor preparados para defender nuestras fronteras, pero el desafío sigue siendo gigantesco”. En este sentido valoró los esfuerzos de diálogo político y las indicaciones que se están formulando para el proyecto de inteligencia, sumado al proyecto de inteligencia económica para combatir el crimen organizado.

Agregó que “en el caso de secuestro y homicidio (de Ronald Ojeda) hemos sido muy activos desde el primer momento”, tras lo cual indicó que “Venezuela tampoco se puede desentender, porque Chile y el mundo están viendo cómo se desempeña”.

Asimismo, sostuvo que “entendemos que se ha vuelto a abrir el debate de cómo podemos hacer más efectivos los procesos de expulsión de personas” y agregó que “como Ejecutivo vamos a formular una idea de cómo mejorar la legislación en esta materia”.

Por su parte, el canciller Alberto van Klaveren reforzó la importancia de las relaciones bilaterales con Venezuela, al destacar que “necesitamos canales de comunicación y la diplomacia actúa como un puente”.

Ante consultas de algunos senadores sobre la deportación de inmigrantes venezolanos, el jefe de la diplomacia sostuvo que “hay una limitación en la Constitución venezolana que impide extraditar a nacionales de ese país, y varios otros la tienen; sin embargo, existen algunos mecanismos para salvar esa limitación y uno de ellos es la Convención de Palermo”, indicó, en referencia a la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional.

Asimismo, Van Klaveren adelantó que, junto con la cartera del Interior, participará en los próximos días una reunión del Consenso de Brasilia, instancia que reunirá a ministros y altas autoridades de seguridad pública de Sudamérica.

Durante la sesión, intervinieron parlamentarios de las distintas bancadas para expresar sus inquietudes respecto de la seguridad y las relaciones con Venezuela.

En este sentido, la senadora de Demócratas, Ximena Rincón, sostuvo que “no desconocemos la realidad que viven más de 7 millones de venezolanos que han debido emigrar. Nuestro deber es levantar la voz frente al crimen organizado que proviene de ese país y hacemos un llamado al gobierno para dar urgencia a la reforma que crea la policía fronteriza, así como para tener un régimen penitenciario diferenciado”.

Por su parte, el socialista José Miguel Insulza, afirmó que “me parece pésima idea romper relaciones con Venezuela. Siempre hay gestos de disgusto, pero eso no significa romper relaciones, necesitamos información y exigir que nos entreguen antecedentes sobre el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda”. “A mi juicio, debiera existir un régimen especial para expulsados, me parece grave que anden en libertad”, añadió.

En tanto, el RN Francisco Chahuán destacó que “estamos en un punto de inflexión en nuestra política de largo plazo con Venezuela. Tenemos casi 8 millones de venezolanos en éxodo por responsabilidad del régimen de Maduro”.

Asimismo, tras los dichos de Nicolás Maduro, quien acusó que el fallecido presidente Sebastián Piñera y “la derecha” trajeron delincuentes venezolanos a Chile, el senador Chahuán sustuvo: “Pido que se levante una nota de protesta de la Cancillería por dichos que faltan el respeto al ex presidente de la República, Sebastián Piñera”.

A su turno, el UDI Iván Moreira afirmó que “muchos tenemos la convicción política, pero no la jurídica, de que el régimen venezolano está involucrado en el secuestro y crimen del refugiado venezolano, Ronald Ojeda. Aquí hay una lección que aprender pues, cuando le demos refugio a un ciudadano perseguido, tenemos que darle protección”. “Chile debe dar una última oportunidad a la diplomacia y proteger su soberanía”, añadió.

Su par gremialista Juan Antonio Coloma manifestó que “creo que éste es uno de los momentos más dramáticos en la diplomacia. Estamos hablando de un secuestro, tortura y asesinato de un perseguido político y que estaba asilado en nuestro país. ¿Está Venezuela cooperando? honestamente creo lo inverso. ¿Cuáles son los límites que supone tener relaciones diplomáticas con otro país?, no olvidemos que la propia Constitución venezolana prohíbe la extradición”.

En tanto, el DC Iván Flores sostuvo que “es importante conocer qué se ha hecho y que se hará frente a esta invasión de ciudadanos venezolanos que han llegado buscando un mejor refugio, escapando de una dictadura o bien, expandiendo los nexos del crimen organizado. Es importante saber si hay agentes de otros estados operando en Chile, por eso pido una sesión secreta de la Comisiones de Defensa y Seguridad para abordar estas materias”.

En tanto, el exrepublicano Rojo Edwards aprovechó la ocasión para invitar al embajador Gazmuri a la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. “No veo avances en la cooperación con Venezuela para combatir el crimen organizado. Lo único que veo permanentemente es que el régimen está toreándonos, mofándose y no veo por qué no cortar relaciones diplomáticas. Estados Unidos no tiene relaciones con Venezuela y está constantemente deportando sus ciudadanos”.

El senador Matías Walker (Demócratas), por su parte, destacó que “el dictador Maduro no puede insultar a Chile y después actuar como si nada. Entendemos que hay tener relaciones diplomáticas, pero por eso hemos propuesto que el embajador sea llamado de manera más permanente, porque también en diplomacia hay que hacer ver los juicios de reproche”.

Finalmente, la senadora RN María José Gatica se preguntó: “¿De qué sirve tener relaciones diplomáticas con un gobierno que abiertamente opera delicadamente en nuestro país? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar que el gobierno se digne, en este caso, a cerrar fronteras y dar urgencia a la ley para poner freno, pero de verdad, a la inmigración ilegal? Hoy existen cerca de 20 mil órdenes de expulsión vigentes”, destacó.

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Jugadores de Fernández Vial denuncian graves precariedades laborales

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Uno de los clubes más tradicionales del fútbol chileno, atraviesa por graves problemas. Hablamos de Fernández Vial, el cual enfrenta serias acusaciones de parte de su plantel y podría ser sancionado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Es que un comunicado que se hizo público en la tarde de este martes, los jugadores denuncian sueldos impagos y precarias condiciones laborales. “El club presenta deudas por remuneraciones correspondientes a marzo de 2024 con sus jugadores y cuerpo técnico. Parte de este último, además, registra deudas impagas de años anteriores”, se lee en la carta que postearon en redes sociales.

Luego agregan que “se adeudan diversas sumas por atrasos en los pagos de viviendas (arriendos y pensiones), lo que ha generado que a algunos compañeros se les exija el abandono inmediato de su lugar de residencia”.

Y por si ambas razones no fueran suficientes para encender las alarmas, el plantel del Almirante señala que “los últimos cuatro meses hemos lidiado con precarias condiciones laborales que no se condicen ni son aptas para el desarrollo de nuestra actividad de manera profesional, como por ejemplo, inadecuados lugares de entrenamiento, viajes, alimentación, indumentaria deportiva, entre otras”.

Pese a lo expuesto, ni jugadores ni cuerpo técnico dejarán de cumplir sus labores y se presentarán a a jugar contra Real San Joaquín, este viernes a las 19 horas. “Seguiremos cumpliendo nuestras labores, demostrando nuestro profesionalismo y compromiso con la hinchada vialina. Esperamos una pronta solución a todas estas problemáticas, por el bien de la institución, sus trabajadores, trabajadoras e hinchas”, anuncian.

Sin embargo, el conflicto no se terminará con su presentación en el gramado pues el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) pide sanciones inmediatas para los regentes del Inmortal. “Solicitamos a la ANFP que procedan con la retención de la garantía de participación de Fernández Vial por sueldos impagos de marzo. Además, club adeuda finiquitos de dos jugadores y pagaré por operación de accidente laboral a otro futbolista”, exigieron.

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Carter emplaza a Boric a propiciar ley de amnistía para carabineros por el 18-O

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El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, llamó al Presidente Gabriel Boric a propiciar una ley de amnistía para los funcionarios de Carabineros condenados por hechos en el marco del estallido social.

Esto, afirmó Carter, con el propósito de dar una señal concreta del gobierno a la institución policial, en medio de la crisis delictual y de crimen organizado que afecta al país.

“Así como indultó a los delincuentes de la primera línea, ha llegado la hora de que el Presidente, en una decisión que requiere mucho coraje, esté dispuesto a evaluar una amnistía general para los carabineros que están siendo perseguidos por hechos relacionados al estallido social. Y claramente tiene que quedar fuera de esto cualquier causa de homicidio”, sostuvo el jefe comunal.

“Ha llegado el momento de terminar con la persecución a Carabineros”, enfatizó Carter. “No tenemos carabineros detenidos por torturar, ni por poner electricidad, no eran centros de detención. Esto no fue una dictadura con centros ilegales de detención, fue una pelea callejera brutal”, explicó, acusando un “activismo judicial de la ultraizquierda” que, a su juicio, ha perseguido a los funcionarios policiales desde 2019.

En este sentido, destacó que deben darse garantías a los carabineros que dejen “a sus oficiales y suboficiales tranquilos, a su director general tranquilo, y que termine este acoso judicial del que están siendo víctimas”.

Cabe recordar que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, será formalizado el próximo 7 de mayo por 1.386 causas por violaciones a los derechos humanos el contexto del estallido social.

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