Durante la mañana de este martes el gobierno Ingresó a Contraloría el decreto que aplica Estado de Excepción “limitado” en la Macrozona Sur para la protección de rutas y caminos por parte de las Fuerzas Armadas.

La medida fue anunciada en La Moneda la noche del lunes por el Ministra del Interior, Izkia Sichesquien estuvo flanqueada por sus pares del Comité Político y por líderes de los partidos de gobierno.

“Es evidente que en los últimos tiempos hemos tenido un incremento de hechos de violencia en las rutas. Hemos sido testigos de ataques cobardes, como el que sufrió Ciro Palma. También hemos visto cierres de carreteras prolongados que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de vida en las zonas más atrasadas de nuestro país”, dijo anoche el jefe de Gabinete.

Si bien el presidente Gabriel Boric había dejado claro a su llegada al gobierno que estaba en contra de mantener esta medida que venía del gobierno de Sebastián Piñera, finalmente se optó por esta vía “limitada”, luego de una serie de negociaciones fallidas con los colectivos. simpatizantes del oficialismo para buscar avances en el proyecto de los Estados Intermedios, que era el camino que quería seguir el actual gobierno para proteger las rutas de la zona.

En el decreto presentado a la Contraloría -que el Tercera– suscrito por el Presidente y los Ministros Siches y Maya Fernández (Defensa), se justifica la aplicación de la medida, señalando que “en los últimos tiempos hemos tenido un incremento de hechos violentos en las vías, especialmente en la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y Biobío en la Región del Biobío, en reiteradas ocasiones se ha puesto en peligro la integridad física e incluso la vida de los trabajadores y personas que hacen uso cotidiano de las vías que conectan distintas zonas de nuestro territorio, lo que afecta especialmente a quienes Desempeñar funciones de vital importancia para el normal desarrollo de los servicios y actividades económicas y, en particular, de la cadena de producción y distribución de alimentos, bienes, insumos y material sanitario”.

Y agregó que “también hemos visto cierres viales prolongados que ponen en riesgo el libre tránsito, perturban el orden público y entorpecen las cadenas de suministro, aumentando el costo de vida en las zonas más atrasadas. Estos bloqueos se han producido en las rutas y han impedido el normal desarrollo de las actividades económicas y la vida cotidiana de las familias de las zonas afectadas, impactando tanto al sector público como al privado”.

Es así como el decreto establece tres artículos: el primero que establece que este Estado de Excepción regirá “en la Región de la Araucanía, y las provincias de Arauco y Biobío, de la Región del Biobío, para la protección de las rutas en esos territorios”.

“Las medidas adoptadas, con base en este decreto, deberán enfocarse en garantizar el libre tránsito y la seguridad de las rutas, buscando minimizar el impacto en el normal desarrollo de la vida de la población en las zonas afectadas”fue añadido al documento.

La segunda se refiere a los miembros de las Fuerzas Armadas. que estará a cargo de las áreas donde regirá la medida. Y por otra parte, en relación con las facultades de los jefes de Defensa que estarán a cargo de la seguridad, el artículo 3 del citado texto establece una serie de medidas que ya se habían visto en otros Estados de Emergencia, como la autorización de reuniones, control de acceso o dictado de medidas de protección para servicios de utilidad pública, centros mineros e industriales, entre otros.

Es así como se establece que los jefes de la Defensa deben “asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Seguridad que se encuentren en las zonas declaradas en estado de excepción, a los efectos de asegurar el orden público y reparar o prevenir el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado lugar a dicho estadodebiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales puestas bajo su jurisdicción, en especial las de los respectivos Delegados Presidenciales Regionales”.

También están facultados para “dictar normas encaminadas a impedir la divulgación de registros militares” y “autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público, cuando corresponda, y velar para que dichas reuniones no alteren el orden interno”.

Por otro lado pueden “controlar la entrada y salida de las zonas declaradas en estado de alarma y el tráfico en las mismas”. Además de “Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, minera, industrial y otros centros”.

El decreto gubernamental faculta al personal militar a cargo de dicha zona para “dar todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de las zonas, siempre en el marco del respeto a los Derechos Humanos y de acuerdo con las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), especialmente los principios del uso de la fuerza de legalidad, necesidad , proporcionalidad y responsabilidad. Es deber de los Jefes de la Defensa Nacional velar por el conocimiento y respeto de los derechos humanos y los principios del uso de la fuerza por parte de los funcionarios que realicen el mantenimiento del orden público en razón del presente decreto.”