En el marco de la memoria anual de la empresa, el presidente de Empresas Carozzi, Gonzalo Bofill Velarde, realizó una dura crítica a la situación actual del país y llamó a las autoridades a garantizar la seguridad y el crecimiento.
En el escrito, el empresario alude directamente a las malas decisiones políticas que han tenido lugar desde años atrás y asegura que estamos viviendo un periodo de inseguridad, estancamiento y polarización.
“Hoy somos más pobres que hace 10 años con un crecimiento inferior al 2% promedio anual en la última década, descontando el efecto de la pandemia, que dejó huellas profundas en nuestro quehacer (…) Nada de esto es casual, fue advertido en todos los tonos y formas, se fue hasta majadero respecto de las nefastas consecuencias que traerían las reformas que se implementaron durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet (…) tampoco se detuvieron en una reforma tributaria, por más que se les advirtió que detendría la inversión y provocaría una caída sostenida en el crecimiento. Lo mismo con una reforma política, que nos llevaría a una atomización de partidos que hace cada día más difícil gobernar”, sostuvo.
“Para revertir este estancamiento, necesitamos autoridades con mirada de futuro y capacidad de llegar a acuerdos de largo plazo”.
Bofill agregó que algunos de los que votaron a favor de las reformas antes mencionadas “reconocen que fue un error, pero ¿quién se hace verdaderamente responsable de la pobreza material y cultural que todo esto implicó? ¿Quién se hace cargo del dolor implícito y de la falta de oportunidades para miles de jóvenes que ya no serán lo que pudieron ser? ¿Quién le explica la situación a los que ya no pueden acceder a un crédito hipotecario y cumplir el sueño de la casa propia?”.
“Una década desperdiciada es un lujo que ningún país del mundo se puede dar, porque significa perder oportunidades, vivir con más incertidumbre y aceptar el magro desempeño económico y los bajos niveles de inversión como algo dado. Para revertir este estancamiento, necesitamos algo más que anuncios o buenas intenciones. Necesitamos autoridades con mirada de futuro y capacidad de llegar a acuerdos de largo plazo”, añadió.
Además el presidente de Empresas Carozzi indicó queel gobierno actual no ha sido capaz de crear soluciones acordes a las problemáticas y que es necesario comenzar a hacer cambios para brindarle seguridad a la ciudadanía.
“Lamentablemente no se ve en el oficialismo un plan acorde a la magnitud del problema, ni la convicción necesaria para superarlo. El gobierno ha sido inconsistente como ocurrió cuando se indultó a personas condenadas por graves delitos como un homicidio frustrado a un policía. ¿Qué señal es esa? Si el Ejecutivo no logra que cambiemos el rumbo, va a ser cada día más difícil recuperar el clima de seguridad ciudadana que la gran mayoría de los chilenos anhelamos”.
También, hizo hincapié en los fallidos procesos constitucionales que han tenido protagonismo desde 2020 y la repetitiva visión de darle más poder al Estado como solución a las dificultades económicas y sociales, “fuimos testigos de discusiones que terminaron siendo inútiles en materia constitucional y un escaso avance en temas que para la mayoría de los chilenos son prioritarios, como la salud y las pensiones, donde tenemos grandes brechas que saldar como sociedad. Lamentablemente, la propuesta reiterativa ha sido más Estado, pese al amplio consenso en contrario”.
Conforme a ello, habló de la polarización y la superioridad moral que han encabezado los periodos de votaciones y de debate nacional, garantizando que ha sido el mundo político “el primero en dar un mal ejemplo”.
Resultados 2023
Ahora, con respecto a cifras, la empresa cerró el año pasado con $1.470.164 millones de ingresos en ventas, lo que representó un crecimiento de 8,9% respecto del año anterior. En detalle, el resultado operacional fue de $188.857 millones y la utilidad neta alcanzó los $110.415 millones.
Concorde a esto, Bofill comentó “son buenos nuestros resultados y nos alegramos por ello. Quisiera destacar el aporte significativo de nuestras exportaciones agroindustriales, que se vieron favorecidas por los altos precios internacionales de las pulpas de tomate, pulpas de frutas y jugos concentrados”.
Cabe destacar, que si bien la empresa se encuentra celebrando sus 125 años de historia en el mercado y con números positivos, el ejecutivo caracterizó 2023 como “un año desafiante”.
En la misma línea, la inversión de la compañía fue cerca de US$60 millones en proyectos, como la planta de alimentos húmedos para las marcas Master Dog y Master Cat y un plan de automatización y transformación digital de procesos. Además, de contar con operaciones en Chile, Perú y Argentina, diversificada en 25 categorías de productos y realizando exportaciones a los cinco continentes.
#Gonzalo #Bofill #Diario #Financiero
Si quieres leer el artículo original puedes acceder desde este link:
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.