Tras casi cuatro años entrampado, se dio el vamos al que es catalogado como uno de los mayores proyectos inmobiliarios que se va a desarrollar en Chile tras la pandemia, período en que la construcción de nuevas oficinas -principalmente- se paralizó ante el boom del teletrabajo.
Se trata de un complejo de tres edificios de hasta nueve pisos -para vivienda, oficinas y comercio- que se levantarán en un terreno con salida a las avenidas Américo Vespucio y Nueva Costanera, en la comuna de Vitacura.
La iniciativa -que estaba paralizada a la espera del permiso municipal, ya obtenido- es liderada por tres de los cuatro hermanos Gálmez, exsocios de la multitienda Paris: Juan Antonio, José Miguel y Luis Alberto, a través de su family office Asesorías GP.
“Se parte con viviendas este año. Para los otros dos edificios estamos en búsqueda de socios (…). Hoy el tema de oficinas hay que pensarlo muy bien, pero esta obra puede tener múltiples usos”.
Patrick Turner, arquitecto socio de la oficina a cargo de la obra.
La obra tiene un costo estimado total de US$ 105 millones. A cargo está Patrick Turner, socio de Turner Arquitectos, quien explica que, en una primera etapa, se levantará uno de los edificios, destinado para viviendas, con 149 departamentos. En una segunda fase se desarrollarán los otros dos inmuebles.
“Se parte con viviendas este año. Para los otros dos edificios estamos en búsqueda de socios, porque, ahora con los permisos en la mano, nos pilló otro país. Evidentemente, hoy el tema de oficinas hay que pensarlo muy bien, pero esta obra puede tener múltiples usos, como clínica u hotel”, explicó el arquitecto.
Hasta ahora, los Gálmez han sido activos inversionistas inmobiliarios, y este será el primer proyecto (el edificio de viviendas, a través de VMI Inmobiliaria) en que llevarán adelante un desarrollo propio.
“La parte de oficinas es la que está en conversaciones con distintos desarrolladores”, agregó Turner, quien detalla que para sacar adelante la iniciativa lograron conformar un paño de 7.500 metros cuadrados, adquiriendo 18 propiedades repartidas por las calles Américo Vespucio, Miguel De Iglesias, Nueva Costanera y Agustín del Castillo.
Fue así como el arquitecto conoció a los Gálmez: estos aportaron dos propiedades que tenían en la zona, vecinas a la oficina de Turner, que también se sumará al paño en cuestión. No es parte del proyecto el terreno donde se emplaza la tienda de diseño interior Contemporáneo, que está justo en la esquina de Vespucio con Nueva Costanera.
“El mercado de oficinas es muy raro, porque se activa y se desactiva; es un tobogán. Ahora, el stock de oficinas está muy bajo, y el que quiere estar en Nueva Costanera lo va a estar”, dice el arquitecto, haciendo referencia a la fuerte demanda por propiedades de este tipo en este exclusivo sector.
El arquitecto destaca la ubicación del proyecto, en una zona que denomina como el triángulo de Vitacura, donde convergen autopistas urbanas que han mejorado la accesibilidad. Además, explica que la iniciativa considera que la calle Miguel De Iglesias, que conecta Vespucio con Nueva Costanera, se va a transformar en paseo peatonal.
El largo proceso de tramitación
Los hermanos Gálmez llevan años en el negocio inmobiliario. Recordada es la venta de la Torre Paris al fondo alemán Union Investment Real Estate en US$ 57 millones en 2008, así como el traspaso del 23,6% que tenían en la inmobiliaria Almagro a Socovesa en US$ 35 millones en 2007; el paquete lo habían adquirido tres años antes en US$ 12 millones.
La caja del clan se multiplicó en 2018, cuando vendieron su negocio salmonero a AquaChile -hoy de Agrosuper- en US$ 255 millones.
Pero sacar adelante su nueva obra en Vitacura fue más complejo que lo proyectado. En noviembre de 2020, la empresa presentó a la Dirección de Obras de esa comuna la solicitud de permiso de edificación.
Unas semanas después, la DOM emitió un acta de observaciones, ya que a su juicio no se daba cumplimiento a una serie de normas.
La empresa respondió entregando nuevos antecedentes el 30 de noviembre de 2021, pero -en enero de 2022- la Dirección de Obras rechazó la solicitud de permiso de edificación.
Frente a esto, la inmobiliaria interpuso una reclamación ante la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, la que -tras 15 meses de análisis- resolvió acoger la solicitud del privado e instruyó a la DOM de Vitacura otorgar la aprobación de la solicitud de permiso de edificación.
Dentro de los cuestionamientos de la dirección de obras, se mencionó los estacionamientos exigidos del proyecto, así como su altura máxima, observaciones que finalmente fueron desestimadas por la autoridad central.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.