En medio del interés que no cesa por el denominado combustible del futuro, el Gobierno materializará un nuevo paso: presentará el Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 que considera 81 acciones en dos ventanas de implementación. Este miércoles, los ministros de Energía, Diego Pardow, y de Hacienda Mario Marcel, entregarán el documento de forma privada al Presidente de la República, Gabriel Boric, el que contiene acciones que permitirían el despegue de esta nueva industria y sus derivados.
El documento estará disponible durante la jornada de hoy miércoles y se lanzará durante el mes de mayo en una reunión a la que asistirá el comité estratégico conformado para esta tarea.
DF accedió a los 10 hitos más relevantes y concretos que contempla la primera ventana de implementación, la que busca crear las condiciones que permitan el desarrollo de la industria definiendo estándares ambientales, sociales y laborales, además de entregar señales para la inversión fortaleciendo las instituciones críticas, contar con un sistema de permisos eficientes, impulsar la investigación científica en torno a la industria y avanzar en incentivos tributarios y financieros.
En concreto, en esta primera ventana son acciones que debiesen cumplirse en 2024, 2025 y 2026. Para este año, figura la instalación de equipamiento de electrolizadores en liceos técnico-profesionales de la Región de Magallanes para la enseñanza práctica del proceso de electrólisis y operación del electrolizador y los otros componentes de la cadena de valor; y la apertura formal de la Ventanilla Facility H2V con Crédito Verde, apoyando el financiamiento de proyectos de hidrógeno.
Se suma el cierre del primer proceso de asignación de terrenos fiscales “Ventana al Futuro” y la adjudicación de licitación refuerzo del Muelle Mardones en la Región de Magallanes para aumentar sus capacidades logísticas para el desembarque de equipos e insumos necesarios para la industria.
Una acción relevante para este año es el fortalecimiento a la Ley I +D, triplicando su umbral superior de crédito tributario, a través de la Ley de Reforma del Impuesto a la Renta (2024). Según se plantea, en el marco de la Ley de Reforma del Impuesto a la Renta, parte del Pacto Fiscal, se actualizará de manera prioritaria la denominada Ley de I+D vigente. Este instrumento ofrece un incentivo de hasta un 35% de crédito tributario contra el Impuesto de Primera Categoría sobre monto invertido en I+D y 65% restante podrá ser considerado como gasto necesario para producir la renta.
Próximos hitos
En 2025 se prevé el inicio de operaciones de la planta de hidrógeno verde en Cabo Negro, Magallanes, la cual permitirá inyectar hidrógeno a las redes de gas del complejo industrial de ENAP y la publicación de línea de base pública Ambiental de Magallanes, facilitando los procesos de evaluación ambiental y estandarizando la información disponible.
También el próximo año se espera la puesta en marcha de los Centros de Desarrollo Tecnológico de Magallanes y para la Industria Marítima y Naval a implementarse por la Armada, para fortalecer la capacidad de desarrollar y gestionar la innovación tecnológica de hidrógeno verde.Y, además, la publicación de la primera versión de plataforma de información y consulta sobre el hidrógeno verde, para facilitar la entrega de la información respecto a la industria, en línea con los estándares de acceso a la información del Acuerdo de Escazú.
Otra acción que se contempla en la primera ventana es la publicación de resultados de estudios de factibilidad de transporte de cobre y ácido sulfúrico, para permitir la materialización de la primera ruta comercial marítima verde en Latinoamérica antes de 2030.
Mientras, la segunda etapa, a partir de 2026 y hasta el 2030, considera contar con los instrumentos de ordenamiento territorial y regulación normativa en marcha; articulación de encadenamiento productivo y desarrollo local; información pública de proyectos y participación ciudadana; además de tener capital humano preparado. Asimismo, se espera contar con la certificación necesaria para la apertura a mercados verdes.
En el plan también se haría cargo de la “permisología”, ya que se se considera, entre 2024 y 2025, fortalecer los servicios que entregan permisos críticos para el adecuado desarrollo de la industria y establecer una ruta de implementación con foco regional.
Tras la publicación en 2020 de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, la actual administración trabajó en la elaboración de una hoja de ruta que focalice y priorice las acciones y medidas que deben desarrollarse en esta década. La elaboración del Plan contó con un proceso de participación a través de diversas instancias como talleres ciudadanos, una mesa interministerial, un Consejo Consultivo y un Comité Estratégico.En la etapa de consulta pública, que se desarrolló entre diciembre y febrero, se recibieron 1.942 comentarios y observaciones.
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Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.