A poco más de una semana de que termine marzo, aún son cientos los estudiantes que, a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE) que centraliza la postulación de los estudiantes a colegios públicos y particulares subvencionados mediante un proceso aleatorio, se mantienen sin matrícula. El fenómeno, si bien se da con mayor fuerza en algunas comunas del norte y en Lampa, afecta a diversos territorios del país.

El problema permanente que ha enfrentado el sistema es que, por distintos motivos, la demanda no se ajusta a la oferta. Y no necesariamente por un tema de números, sino que también ocurre que lo que va quedando disponible no siempre es del gusto de las familias postulantes que aún permanecen sin cupo, exponiendo un problema principalmente de organización y distribución de la oferta existente. Todo esto ha llevado a que distintos expertos y actores involucrados -incluido el Mineduc- hayan puesto sus ojos en la apertura de nuevos establecimientos o vacantes. El problema es que la normativa sólo permite hacerlo si se cumplen ciertos requisitos, como demanda insatisfecha o la no existencia de un proyecto educativo similar.

En tal sentido, un reciente análisis de Horizontal, centro de pensamiento ligado a Evópoli, ha calculado en cuántas comunas del país se podrían crear nuevos colegios por existir una demanda superior a los cupos totales ofrecidos. Así, dichas estimaciones dicen que sólo en 77 comunas de Chile (22% del total) se da este fenómeno. Es decir, en 268 comunas (78% del total), la Ley de Inclusión impediría la creación de un nuevo establecimiento educacional particular subvencionado. “En estas comunas viven 1.205.111 niños y niñas entre las edades de 6 y 14 años que se verían potencialmente afectados por esta menor oferta educativa”, dice el documento.

Y si bien la ecuación a primera vista dice que menos de un cuarto de las comunas del país tiene un dilema numérico de cupos, el problema, acorde a Horizontal, es que la libertad de enseñanza está consagrada en la Constitución Política de la República, que básicamente protege la libertad de los padres para escoger en qué establecimiento se educan sus hijos, así como la libertad de los educadores para emprender proyectos educativos diversos. Y esto, dicen desde el centro de pensamiento, vino a ser torpedeado con las modificaciones a la regulación de estos establecimientos introducidas en 2016 en el contexto de la Ley de Inclusión, específicamente las que apuntaban a las restricciones para la creación de nuevos establecimientos y esas condiciones adicionales ya descritas para acceder al financiamiento estatal: la de responder a una demanda insatisfecha -cupos o proyecto- en esa comuna.

Así, a siete años de su promulgación, Horizontal considera que esta regulación contiene tres aspectos que requieren ser revisados: que impone una restricción discrecional sobre la existencia o no de un proyecto educacional similar en el territorio; que establece una restricción administrativa en la medida que, de existir cupos disponibles en establecimientos públicos o particulares subvencionados, no se pueden abrir establecimientos educacionales en dicho territorio; que el criterio de demanda insatisfecha no reconoce que las vacantes pueden existir producto de la baja calidad existente. “En otras palabras, asume que la calidad entre establecimientos educacionales es similar”, se lee.

“Es evidente que esta regulación incidió en la creación de establecimientos nuevos. Entre 2004 y 2015 los establecimientos particulares subvencionados crecieron un 33% en contraposición a la caída de 13% de los establecimientos municipales. A partir de 2015 la tendencia de los particulares subvencionados se revierte, cayendo un 8% y los municipales se estabilizaron, disminuyendo sólo 3% en el período. La introducción de estas restricciones no sólo propició un freno en la creación de los establecimientos particulares subvencionados, sino que ha contribuido a su paulatino retroceso. El freno en la creación de establecimientos particulares subvencionados ha significado un estancamiento en la oferta educacional”, se extiende el documento, antes de añadir que entre 2005 y 2015 el total de establecimientos educacionales creció 6%, tasa de crecimiento que se desaceleró en los últimos ocho años, creciendo sólo 4%. “Esto explica, en parte, que el SAE no sea capaz de asignar cupos a todos los estudiantes”.

En el reglamento que emerge de la Ley de Inclusión se detalla el mecanismo de cálculo para estimar la demanda insatisfecha: estimación de la demanda potencial, estimación de los cupos disponibles por curso de cada nivel del territorio, y estimación de la demanda insatisfecha por curso y nivel. Pero otro problema, analizan desde Horizontal, es la temporalidad de este cálculo, evaluación que se realiza ex post, es decir, solamente cuando ya existen estudiantes sin cupos. Por eso su análisis es del 2023, y no de este año, proceso de matrícula que sigue en curso.

Como sea, en base a la información disponible públicamente, Horizontal, como se ha dicho, calculó que el año pasado sólo 77 comunas de Chile tenían una demanda potencial superior a los cupos totales ofrecidos al principio del período, y, por el contrario 268 comunas no tenían ese problema.

Con todo esto como contexto, el centro de pensamiento plantea fortalecer la creación de nuevos proyectos educativos de calidad “a la luz de la baja calidad educativa que imparten los colegios públicos”, para lo cual creen que se deben derogar las restricciones que aluden a la demanda insatisfecha y a la existencia de un proyecto educativo similar, apuntando a que la Agencia para la Calidad de la Educación sea la que fije estándares, pero también señalando que, como solución de última instancia, los establecimientos con bajo rendimiento cierren.

Por ahora y para hacerle frente a la falta de matrícula, el gobierno de Gabriel Boric asegura haber habilitado 13.090 nuevos cupos durante su gestión, equivalente a 26 colegios. Sin embargo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, también aterrizó la cifra al explicar que dar respuesta a todas las personas sin cupo “más menos tendríamos que estar construyendo 300 establecimientos”. Asimismo, en los últimos días expuso que se trabaja en amplificar la capacidad total máxima generando sobrecupos, así como generar inversión de infraestructura en los territorios donde se requiere. Pero, además, en la cartera han propuesto soluciones alternativas e inmediatas, como permitir la flexibilidad horaria en ciertos establecimientos cosa de que puedan tener doble jornada, o abrir más cursos en recintos ya existentes.