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“Ignoranta”, “payaso”, “vieja loca” y otros episodios que han puesto a prueba a la Cámara

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“Presidente…”, dijo el diputado Gonzalo de la Carrera (independiente-republicano) al dirigirse a su homólogo del PC y titular de la Comisión de Constitución, Karol Cariola, en una sesión de ese organismo el 5 de abril.

“Presidente,” ella lo corrigió.

“No, presidente, para mí es presidente”, insistió De la Carrera.

“Me está faltando el respeto, diputado… Lo llamo al orden”, respondió Cariola enojada.

“No lo hagas. No eres ignorante ni ignorante”, respondió, sugiriendo implícitamente el concepto de “ignorante”.

Eso fue parte del diálogo en el que se involucró la Comisión de Constitución y que llevó a que un grupo de diputados saliera en apoyo a Cariola, acusando de “una provocación”.

Más temprano, en la sala, De la Carrera había protagonizado una polémica similar al tratar de “presidenta” a Claudia Mix (Comunes), vicepresidenta de la Cámara, quien encabezaba el debate en ese momento.

El argumento de De la Carrera fue que el sufijo “entidad” o “ante” es neutro y que el “participio activo” de “preside es presidente”, leyendo un texto que supuestamente fue sacado del “diccionario”, según la diputada Gloria Naveillan. interviniendo en la sala en apoyo de su colega.

Lo que citó De la Carrera, sin embargo, fue un texto que circulaba en redes sociales (al menos desde 2011) y que no es correcto, según Fundeú (Fundación España Urgente, entidad creada por la agencia EFE, BBVA y la Real Academia). Español). De hecho, la propia RAE recomienda “presidenta” en el caso de las mujeres, añadiendo que su uso está documentado desde el siglo XV y que el diccionario lo recoge desde 1803.

Ambos episodios protagonizados por De la Carrera motivaron al presidente de la Cámara, Raúl Soto, a hablar con el jefe de la bancada republicana, Cristóbal Urruticoechea, para pedir a sus representantes evitar este tipo de incidentes.

A la semana siguiente, De la Carrera se dirigió a Cariola como “señorita presidenta”, precisando que lo hizo solo como una “deferencia”, pero sin retractarse.

Consultado por La Tercera, De la Carrera dijo que no hubo mediación de Urruticoechea y que solo le interesaba hacer un “punto político” de que se puede usar el lenguaje de esa manera “sin ánimo de ofender”.

Si bien la secuencia de episodios no escaló, se convirtió en una alerta más para las autoridades de la corporación.

Ante la diversa integración que existe hoy en el Congreso, con grupos tan opuestos que se encuentran incluso a la derecha del Partido Republicano y a la izquierda del PC, se mantienen a raya estos incidentes, donde algunos protagonistas tienden a repetirse. en más de un caso- es una preocupación, como admitió el presidente de la Cámara, Raúl Soto. “Ha habido casos puntuales, pero al hablar con los grupos se han podido calmar”, agregó.

Pese a ello, Soto remarcó que “hemos tenido un clima, dentro de todo, controlado. Al menos desde la mesa nos hemos preocupado por conversar y tratar de generar un ambiente de respeto, más allá de las diferencias legítimas”. “Lo que está pasando en las escuelas y en la sociedad en general, creo que también es un precedente que tenemos que tomar en cuenta. Lo que sucede en el Congreso repercute en el resto de la sociedad”, comentó el presidente de la Cámara.

Este clima aparentemente controlado, sin embargo, tiene varias amenazas latentes. Uno de ellos es la rivalidad colectiva entre las facciones del PC y el Partido Republicano, cuya definición estratégica es ser una “alternativa contra el próximo gobierno comunista”, según dijo Urruticoechea en febrero.

Además del episodio que vivió Cariola con De la Carrera, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Pizarro (PC y líder de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos), ha tenido varios roces con Gloria Naveillán y Johannes Kaiser ( ambos representantes del comité republicano independiente), que van desde diferencias conceptuales hasta decisiones regulatorias. Sin embargo, detrás de estas fricciones también hay una decisión de cuestionar la presidencia de esa comisión a cargo de un militante comunista.

“La inconsistencia de elegir al representante del partido que más viola los derechos humanos en la historia como presidente de esta comisión me sorprende”, escribió Kaiser en Twitter el 16 de marzo.

En la misma red social, su homóloga comunista Carmen Hertz le respondió: “Payasa insolente y descarada. Lorena Pizarro es una mujer digna y valiente”.

El 22 de marzo, Kaiser le respondió en el pleno de la Cámara, ejerciendo su derecho estatutario, argumentando por qué el comunismo era responsable de crímenes contra la humanidad. “El PC no puede presidir la Comisión de Derechos Humanos”.

Luego, solo le tocó al subjefe de la bancada del PC, Boris Barrera, tomar la palabra para informar sobre el proyecto que abarató el precio de la gasolina. “¡Gracias presidente (dirigiéndose a Raúl Soto), por darle la palabra a este comunista!… y, después de este bochornoso momento, me voy al salón de honor”, dijo.

De la Carrera y Kaiser también acumulan episodios con representantes de otros partidos, que derivan de viejas polémicas, incluso anteriores a su llegada al Congreso. Por ejemplo, cuando De la Carrera, en su primer día, preguntó a la diputada de RD Maite Orsini cómo llegar a su oficina y ella le reprochó los insultos que escribió en Twitter años atrás.

De la Carrera también incomodó a RN cuando arremetió contra sus compañeras Érika Olivera y Ximena Ossandón porque solían votar en sintonía con la izquierda.

Kaiser, por su parte, se ha convertido en un usuario habitual del espacio que otorga el artículo 33 del Reglamento de la Cámara para que los legisladores hagan descargos cuando sientan que su reputación ha sido dañada. Hasta la fecha, este artículo ha sido invocado siete veces. Cuatro de ellos han sido solicitados por Kaiser. La primera vez, el 22 de marzo, para responder a Hertz y reiterar su objeción contra Pizarro.

El 11 de abril invocó el artículo 33 para dar su defensa frente a las críticas de Orsini al proyecto que protege la menstruación. “Quiero decirle al diputado Kaiser que se lave la boca antes de repetir que las feministas queremos invisibilizar a las mujeres”, le había dicho el favorito el 6 de abril.

El 19 del mismo mes, Kaiser hizo un punto reglamentario para cuestionar el uso por parte de los socialistas del mencionado artículo después de que el diputado Gael Yeomans los criticara, en alusión a Carlos Lorca, parlamentario del PS detenido y desaparecido. El argumento del independiente-republicano fue que se trataba de una “interpretación histórica”, por lo que -a su juicio- no correspondía invocar el espacio normativo. El hecho molestó a la comisión del PS, que a través del vicepresidente de la bancada, Tomás de Rementería, aseguró que “si se está cuestionando el martirio de Carlos Lorca, me parece que es más grave”. Minutos después, el independiente-PPD René Alinco llamó “fascista” a Kaiser.

Al día siguiente, miércoles 20, Kaiser volvió a invocar su derecho a réplica cuando se sintió “insultado por el honorable diputado Alinco” e hizo una definición de “fascista” en la “imperativa necesidad de mejorar el lenguaje en esta sala”. “George Orwell también fue tildado de fascista por matones fascistas”, dijo.

De todas formas, la primera diputada en solicitar el espacio reglamentario fue la RD Ericka Ñanco, el 21 de marzo, para responder al propio Kaiser, quien la semana pasada había señalado que era una falta de cortesía hablar en mapudungun en la sala.

Además de los incidentes colectivos, Cariola ha comenzado a desarrollar una tensión latente al interior de la Comisión de Constitución con la diputada Pamela Jiles, a partir de lo que fue la tramitación del “quinto retiro”.

En las sesiones de la comisión, entre finales de marzo y principios de abril, Jiles acusó a Cariola de retrasar el debate e incluso amenazó con presentar una moción para destituirla como presidenta de la instancia. Además, la llamó a ella y a su caucus “comunistas neoliberales”.

El PC respondió que “sus acusaciones son insultantes” y que nunca demoró el trámite. De hecho, se le puso en tabla en las primeras sesiones. Y a pesar de que la reforma de la reforma de pensiones fue rechazada, la polémica siguió en las redes sociales.

Otra rivalidad incipiente ha sido entre las diputadas María Luisa Cordero (indep. RN) y Orsini. Cuando se discutía un proyecto de la parlamentaria de RD que sanciona el acoso sexual en Bomberos, Cordero acusó a su pareja de enfrentarse a ella de forma violenta, a lo que le preguntó si ella “creía que esto era una discoteca”. Orsini respondió por el micrófono: “¿Qué te pasa, vieja loca”.

El hecho ocurrió en la sala de sesiones del 19 de abril; El vicepresidente Mix, que dirigía el debate, llamó al orden al legislador de RD.

En RN comentan que el episodio no está cerrado y adelantan que el diputado Cordero hará una presentación ante la Comisión de Ética de la Cámara, órgano encargado de resolver conflictos y sancionar las malas conductas de los diputados.

El problema es que la citada comisión aún no se ha constituido y no se sabe quiénes serán sus integrantes.

En 2018, el órgano disciplinario se constituyó el 9 de mayo de ese año, por lo que la definición de sus integrantes es una asignatura pendiente que las bancadas deberán dirimir en la reunión del comité de la próxima semana.

Sin embargo, dado que los casos se han ido acumulando, a juicio del presidente de la Cámara, los integrantes, y en especial el que encabeza la Comisión de Ética, deben ser diputados que den garantías a todos y generen respeto transversal.

“¿Cómo te han tratado?” El senador y presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards, le dijo a su colega independiente Fabiola Campillai cuando se topó con ella en el corredor del Senado el 20 de abril. “Bien, gracias”, respondió Campillai con una sonrisa.

A pesar de que Campillai y Edwards representan los cargos más distantes dentro del Senado, el buen trato que existe en la corporación es un valor que suelen destacar los senadores.

De hecho, los conflictos desde el 11 de marzo se han limitado a la tensión dentro de la derecha que se suscitó entre la UDI y la RN por la elección de la mesa y las recriminaciones que han recibido los comunistas de sus pares del PPD y DC por apoyar el fin de la Cámara Alta. Sin embargo, en ambos casos las diferencias no han roto la relación.

A juicio del actual presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, existe un buen clima de convivencia, donde cada uno defiende con respeto sus convicciones. “De eso se trata la democracia”, dijo.

Uno de los mecanismos del Senado para apaciguar los conflictos es trasladar los nudos principales a la “reunión de comisiones”, donde están representadas todas las formaciones políticas, salvo el independiente Karim Bianchi.

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Tianqi concreta su amenaza y recurre a tribunales para frenar la alianza entre SQM y Codelco

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El grupo chino Tianqi no detiene su ofensiva contra la alianza entre Codelco y SQM para explotar en conjunto el negocio del litio en el salar de Atacama. Tianqi tiene el 22% de la propiedad de SQM y pide que sea una junta de accionistas vote si la alianza con Codelco debe realizarse o no.

Los abogados de Tianqi, encabezados por Octavio Bofill y Rodrigo Saffirio, interpusieron este viernes en la Corte de Apelaciones un recurso de ilegalidad que impugna las resoluciones de la Comisión para el Mercado Financiero que determinaron que la asociación entre SQM y Codelco no requería ser votada por los accionistas de la minera privada, y que era facultad del directorio de la empresa la aprobación de la alianza. La CMF se pronunció en más de una ocasión en ese sentido, dando la razón a los argumentos de SQM.

SQM y Codelco suscribieron un acuerdo de asociación el 31 de mayo pasado, una integración que las partes esperan que comience a regir en la primera parte de 2025 y que tendrá vigencia hasta 2060.

En su extensa de presentación de 54 páginas, Tianqi, a través de su sociedad en Chile, Inversiones TLC SpA, pide que el tribunal decrete la suspensión de las resoluciones de la CMF que aprobaron la manera en que fue aprobada por SQM su alianza con Codelco “mientras se tramita el reclamo de ilegalidad deducido en lo principal de esta presentación y mientras no exista un pronunciamiento firme a su respecto”. De esta manera, Tianqi intenta congelar los efectos de la asociación público privada para explotar el negocio del litio.

“La implementación prematura del Acuerdo de Asociación, sin que exista un pronunciamiento judicial firme respecto de la materia sometida a la decisión de esta Iltma. Corte, hará imposible ejecutar una eventual sentencia favorable a esta parte, además de generarle un perjuicio irreparable”, sostienen los abogados de Tianqi en su argumentación para poner una pausa la mega alianza.

La empresa china sostiene que por medio del acuerdo de asociación, “SQM enajenará su participación controladora en su filial SQM Salar S.A. (“SQM Salar”), y, todavía más, todo el negocio de explotación del litio”, y dice que la ley exige que aquella enajenación sea ser sometida a los accionistas, con un quórum de dos tercios de las acciones.

La compañía sustenta su argumentación, además, en la opinión de tres informes en derecho que cita en su presentación. SQM había presentado ante la CMF otros cinco informes en derecho que sostenían lo contrario.

Entre las conclusiones, la presentación señala que ”se cumplen todas las condiciones para que acceda a la suspensión de efectos solicitada en esta presentación, en tanto (i) Tianqi ha demostrado tener un caso verosímil, respaldado por diversos antecedentes fácticos, conductuales y jurídicos; y, (ii) las consecuencias de continuarse con la ejecución del Acuerdo de Asociación mientras se tramita el presente reclamo de ilegalidad pueden ser graves e irreversibles para los derechos de Tianqi y el resto de los accionistas minoritarios”.

SQM y Codelco firmaron primero un memorándum de entendimiento el 27 de diciembre de 2023. Los primeros días de enero, reservadamente SQM consultó a la CMF si bastaba para ello la aprobación del directorio, como sostuvieron sus asesores legales: la CMF validó ese criterio a fines de febrero. La unanimidad de los ocho directores de SQM, entre ellos los tres electos por Tianqi, habían dado el visto bueno al negocio a fines de 2023.

Tras el primer pronunciamiento de la CMF, Tianqi forzó dos juntas extraordinarias de accionistas en las que se discutió el acuerdo, pero no se votó, como pedía el grupo chino. Tras ello, Tianqi volvió a recurrir a la CMF, que rechazó su petición de forzar una junta resolutiva y la reposición que sus abogados ingresaron entonces. Pasados quince días desde esto último, Tianqi recurrió por primera vez a los tribunales chilenos para paralizar la alianza firmada por las dos empresas el 31 de mayo pasado.

Tianqi tiene el 22% de las acciones y si suma a otros accionistas minoritarios a su posición, podría eventualmente conseguir un tercio de los votos para bloquear la integración de SQM Salar, la filial de SQM que tiene los derechos para explotar el salar de Atacama hasta 2030, y minera Tarar, la filial de Codelco que tendrá los derechos para hacerlo hasta 2060.

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Columna de Matías Acevedo: “Proteccionismo: la política que une a Kamala con Trump”

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Kamala es fanática de la comida india, y Trump, de las hamburguesas. Kamala es tres veces más productiva que Trump en la preparación de comida india y dos veces más productiva que él en la elaboración de hamburguesas. Sin embargo, Kamala insiste en especializarse en cocinar hamburguesas y Trump en preparar comida india.

David Ricardo, el destacado economista inglés, les daría el siguiente consejo: “Aunque Kamala sea mejor que Donald para cocinar ambas cosas (ventajas absolutas), si Kamala se dedica a la comida india (donde tiene más ventajas comparativas) y Donald a las hamburguesas (donde es menos ineficiente que Kamala), en conjunto producirán más”. Este simple, pero profundo consejo, permitió que el comercio internacional se multiplicara por 20 en los últimos 60 años. Desde 1990 hasta la fecha, la pobreza mundial se ha reducido a una cuarta parte, en parte porque los países de ingresos bajos y medios más que duplicaron su participación en el comercio mundial.

Pero la geopolítica una vez más está transformando el comercio internacional. Y aunque la apertura comercial trajo muchos beneficios para Estados Unidos, en algunos sectores de la sociedad desaparecieron industrias enteras como resultado de la globalización. Las personas de esas localidades se sentían frustradas porque anticipaban que tendrían una calidad de vida inferior a la de sus padres. Aunque este efecto negativo fue anticipado por David Ricardo hace dos siglos, la rapidez con la que ocurrió esta redistribución tuvo consecuencias políticas, como se evidenció en el triunfo del Brexit en el Reino Unido y la primera presidencia de Trump con una campaña proteccionista para “Make America Great Again”.

Pero la administración de Biden continuó con la mayoría de las políticas proteccionistas de aranceles de Trump y profundizó las políticas industriales. Introdujo subsidios para relocalizar la producción de semiconductores (Ley Chips) y una ley miscelánea de reducción de la inflación que adoptó una serie de subsidios a los insumos en la cadena de producción de vehículos eléctricos para garantizar su producción interna.

Tax Foundation estima que las medidas proteccionistas desde 2018 han recaudado US$233 mil millones, donde más del 60% corresponde a la administración de Biden. La misma entidad estima que dichas políticas industriales le han costado al país un menor crecimiento del PIB de 0,2 puntos porcentuales y menores horas trabajadas equivalentes a 142 mil empleos.

La propuesta de campaña de Trump en esta materia es establecer un arancel del 10% para todas las importaciones, pero para China del 60%. Se estima que, aunque producirá una mayor recaudación tributaria en el corto plazo (US$ 520 mil millones), a largo plazo reduciría el crecimiento del PIB en 0,8 puntos porcentuales, con 684 mil puestos de trabajo menos, además de un alza en los precios de los productos y su efecto contagio en el crecimiento del resto del mundo.

La pregunta es: ¿Hasta cuándo durará el proteccionismo de Estados Unidos? Como ha ocurrido a lo largo de la historia económica, hasta que los ciudadanos, hijos de los actuales padres frustrados por la globalización a quienes se pretende ayudar con el proteccionismo, vean que ahora su futuro se proyecta aún peor que el de sus padres.

Para economías en desarrollo como Chile, sería desacertado seguir el ejemplo del creciente proteccionismo de Estados Unidos y China, una disputa de “perros grandes” que debemos observar, pero nunca imitar. Por el contrario, debemos profundizar y agilizar la diplomacia comercial fortaleciendo las exportaciones, con nuevos y mejores acuerdos comerciales (Larroulet, 2024). Por ejemplo, con India, que según Goldman Sachs será el quinto mercado de consumo más grande del mundo en dos años. Aún tenemos mucho que ganar del resto del mundo, pero también mucho que perder si abandonamos nuestra política comercial abierta.

Y tal como predijo hace más de 200 años el célebre economista David Ricardo, llegará el día en que Kamala, aprovechando sus ventajas comparativas, se especialice en preparar comida india, y Trump, en hacer hamburguesas, por el bien común de todos y no solo de un grupo de ciudadanos.

#Columna #Matías #Acevedo #Proteccionismo #política #une #Kamala #con #Trump
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El proyecto de cobalto en Chile apoyado en Estados Unidos

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C3, Chilean Cobalt Corp., consiguió en menos de dos meses dos acuerdos clave para echar a andar su proyecto de cobalto y cobre en las cercanías de Huasco y Freirina, en Atacama. En junio, el EXIM Bank de Estados Unidos, que apoya financieramente a empresas de ese país para enfrentar la competencia china en energías renovables, le preaprobó un financiamiento por US$ 317 millones; y en julio, la suiza Glencore acordó comprar toda la producción de ese yacimiento, conocido como La Cobaltera, por cinco años.

“Suponiendo que se obtengan las aprobaciones finales y recibamos el paquete de préstamos del EXIM Bank, esto reducirá en gran medida el riesgo de nuestro proyecto La Cobaltera y nos permitirá asumir más riesgos en otras áreas, como la exploración”, dice el CEO de la minera junior estadounidense, Duncan Blunt.

El ejecutivo avisa que C3 tiene planes de largo plazo: “El distrito en el que operamos, y Chile en general, probablemente alberguen varios otros yacimientos de cobalto y cobre con geología similar. Nuestro enfoque está en restablecer la producción en La Cobaltera, pero nuestro interés en el cobalto abarca todo Chile. Nos gustaría ser una empresa operadora de múltiples minas en los próximos cinco a diez años”, resume.

La Cobaltera no es un yacimiento nuevo. Fue explotado entre 1844 y 1941 por inversionistas alemanes y después cayó en el olvido. Pasó por varias manos, mientras sus instalaciones se arruinaban hasta que el mineral emergió como otro de los insumos críticos para la transición energética hacia la electromovilidad. Conocido como el “oro azul”, el cobalto es empleado en las baterías de ion litio en vehículos eléctricos, pues prolonga su duración y evita que se sobrecalienten.

En 2018, Chilean Cobalt Corp, firma que entonces pertenecía al fondo de inversiones estadounidense Genlith, pero que ahora cotiza en la bolsa de Ventures de Nueva York (OTCQB), adquirió la propiedad.

Según un prospecto enviado al regulador norteamericano (SEC), Chilean Cobalt Corp -que se define como una firma de minería junior– tiene concesiones para explotar 2.635 hectáreas en todo el llamado Distrito Minero de San Juan, una zona ubicada entre los límites sur de Atacama y norte de Coquimbo, donde además de La Cobaltera, se han explotado históricamente pequeñas minas de cobre. Y C3 también está interesado en ese mineral.

El 30 de junio, C3 recibió la preaprobación de US$317 millones para financiar la explotación de La Cobaltera por parte del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank), para un crédito de hasta 15 años.

“Hemos estado trabajando en esto durante varios años. Se espera que la cifra de US$317 millones represente sustancialmente todo el capital de deuda requerido para el desarrollo de la Fase 1, que se centrará en las zonas de óxido”, explica Blunt. La primera fase considera extraer las capas minerales en orden de la más fácil a más difícil de procesar, llegando hasta la lixiviación. La etapa número dos considera ya molienda y otros procesos. La firma espera tener restablecida la producción de La Cobaltera en los próximos cuatro a seis años.

Este financiamiento forma parte del programa CTEP del EXIM Bank, que ayuda a firmas estadounidenses a enfrentar la competencia de los productores chinos en energía renovable, almacenamiento y eficiencia.

Según la información de la compañía, se proyectan de 3.000 a 5.000 toneladas métricas anuales de cobalto y de 20.000 a 25.000 toneladas métricas anuales de cobre; es decir una mina mediana.

El proyecto de cobalto en Chile que se apoya en Estados Unidos.

“El EXIM Bank y otras agencias del gobierno de los EE.UU. están trabajando para brindar apoyo y soluciones de financiamiento a empresas como la nuestra, que están desarrollando de manera activa y responsable proyectos de minerales críticos en jurisdicciones amigas, con un procesamiento futuro que se llevará a cabo en los EE.UU. y los países del Tratado de Libre Comercio de los EE.UU.”, añade el ejecutivo.

La producción de la firma se exportará como concentrado. Y ahí es donde entra el segundo acuerdo de C3.

El 8 de julio, Chilean Cobalt Corp. acordó con la minera suiza Glencore la venta del 100% de su producción de cobalto y cobre en Chile, durante un periodo inicial de cinco años.

“Glencore brindará un apoyo fundamental a nuestro proyecto en el desarrollo de la mina, el procesamiento posterior y la comercialización del producto. Ya estamos trabajando activamente con ellos, a través de sus equipos en Suiza, EE.UU. y localmente en Chile, y avanzaremos hacia los documentos finales del acuerdo definitivo durante el resto de 2024″, anticipa el CEO de C3.

Este acuerdo era clave para la viabilidad del préstamo del EXIM Bank, que exigió asegurar un socio de compra creíble antes de preaprobarlo. “Esto nos permitirá producir y exportar un producto concentrado a una instalación nueva planificada en EE.UU. Esto significa que podemos restablecer la producción de La Cobaltera en un cronograma potencialmente acelerado y también nos permite una mayor flexibilidad para considerar la futura integración vertical en el país”, avisa el ejecutivo.

Según el acuerdo, C3 y Glencore incluirán disposiciones sobre sostenibilidad y relaciones con la comunidad en el documento final.

El relanzamiento del proyecto coincide con mínimos de precios del metal en siete años. Pero Blunt sostiene que a pesar del exceso de oferta se espera que el mercado entre en déficit hacia finales de la década, ya que el menor valor actual ha dejado fuera de producción a algunos yacimientos, cuya salida podría ayudar a ajustar el mercado. “Nuestro proyecto es polimetálico, y los precios y los fundamentos del cobre han sido relativamente sólidos, por lo que eso respalda nuestro propio proyecto ahora y en el futuro. Como dice el dicho en el ámbito de las materias primas, ‘los precios altos son la cura para los precios altos, y los precios bajos son la cura para los precios bajos’”, aclara.

Según un informe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), el mercado del cobalto seguirá dominado por la República Democrática del Congo y China, al menos hasta 2030. Blunt explica que el cobalto es un mercado relativamente pequeño, de unas 230.000 toneladas producidas por año (el cobre supera los 22 millones de toneladas por año), y como el cobalto es casi siempre un subproducto, esta dinámica a menudo puede dar lugar a niveles más altos de volatilidad de precios. “Los nuevos proyectos en la República Democrática del Congo e Indonesia aportaron más cobalto a un mercado que simplemente no necesitaba más oferta. El resultado final, como era de esperar, fue un retroceso de los precios”, dice.

C3, que se denomina así por las iniciales de Chilean Cobalt Corp., ha estado realizando sondajes y otros trabajos en su yacimiento del norte chico. La firma destaca las condiciones de la zona y su infraestructura, que Blunt califica de “excelentes” y “ventajosas”, por la baja altitud (a menos de 1.100 metros), clima seco, uso potencial de agua de mar (a 10 kilómetros de la costa), la cercanía del puerto de Huasco para exportar, buenas carreteras, potencial para trabajar con energía solar y mano obra local sin necesidad de levantar un gran campamento. Ahora solo falta que empiecen a llegar los recursos del EXIM Bank para que la Cobaltera vuelva a operar.

China tiene una posición dominante en el mercado del cobalto. Casi el 70% de la oferta global proviene de la República Democrática del Congo, y las empresas chinas controlan aproximadamente la mitad de la producción en ese país. Indonesia es el segundo mayor productor del mundo, con aproximadamente el 10% de la oferta mundial, y las empresas chinas controlan casi el 80% de esta producción.

En cuanto al procesamiento posterior, aproximadamente el 65% se hace en China. “Estas cifras representan un control de facto del mercado de cobalto extraído y refinado, y esta dinámica permite un cierto nivel de influencia sobre los precios que podría utilizarse como arma para asegurar la continuidad de esta posición dominante en el mercado”, reclama Blunt.

En 2019, Estados Unidos creó el programa CTEP de su fomento al comercio exterior, Exim Bank, con el objetivo de enfrentar la competencia de China en la carrera de las nuevas tecnologías y su dominio en el mercado de los metales críticos: además de financiamiento ofreció localizar en suelo estadounidense o de algunos socios comerciales la fabricación de baterías y demás componenentes. De hecho la producción de La Cobaltera se beneficiará de esas rebajas y exenciones.

Blunt menciona además, los problemas de derechos humanos y ambientales en algunas minas operadas por grupos chinos y las compara con el proyecto en Chile. En su última presentación a los mercados hace algunas semanas, C3 destaca que para La Cobaltera no será necesario relocalizar poblaciones.

La firma adhirió a los Principios de la IRMA (Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable, por sus siglas en inglés) que obliga a las minas a operar aplicando prácticas innovadoras para evitar los impactos negativos ambientales y sociales.

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