La semana pasada la CPC, la ASECH y la AAFP publicaron un informe con 15 recomendaciones para enfrentar la informalidad laboral. En ellas se incluyen propuestas para combatir el problema enfocadas en jóvenes, mujeres, migrantes, independientes y emprendedores, además de abordar acciones para compatibilizar los beneficios sociales con la formalidad laboral, fortalecer la fiscalización e incentivar la cotización de seguridad social.

Se destacan tres propuestas como prioritarias: un rediseño del Subsidio al Empleo Joven; condicionar la obtención de permisos al cumplimiento de cotización de seguridad social; y quizás la más innovadora, un rediseño de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Esta última recomienda que la PGU sea anclada al nivel de la línea de pobreza y se fijen aumentos discretos de su monto asociados a la densidad de la cotización, de modo que sea un incentivo a la formalidad laboral.

Los cambios administrativos y legislativos que proponen los gremios apuntan a un problema que tiene consecuencias sociales y económicas.

Otras propuestas interesantes incluyen implementar cotizaciones obligatorias a la seguridad social para todos los trabajadores independientes con ingresos; poner en marcha un sistema de permisos provisorios y silencio administrativo positivo para el desarrollo de actividades; eliminar el Régimen de Renta Presunta; y requerir el inicio de actividades y entrega de información a los proveedores de dispositivos electrónicos (POS). Estas medidas apuntan a formalizar los negocios y, con ello, también a sus colaboradores.

Las recomendaciones son oportunas, incluso urgentes, considerando que en Chile existen 2,5 millones de personas que trabajan como informales y que se ha tendido a normalizar esta actividad debido a la ausencia de sanciones para quienes adquieren sus servicios (otro tema que aborda el informe).

Es de esperar que las medidas propuestas, que incluyen cambios administrativos y legislativos, puedan permear en el mundo político para enfrentar este problema que tiene consecuencias sociales y también económicas. Con ello no sólo se transitaría hacia empleos menos precarios y con mayor cobertura de riesgos, sino que además se podría aportar directamente al desarrollo económico y a las arcas fiscales.