El abogado antofagastino Jaime Araya (48) integra la bancada de Partido por la Democracia (PPD) en calidad de independiente y desde la semana pasada asumió su jefatura. Este legislador ha estado especialmente comprometido con los proyectos de seguridad y educación y en esta entrevista con Diario Financiero explica la razón que lo ha llevado a ello: “Si no ponemos un foco importante en impedir que el crimen organizado sea una vía o una alternativa que los jóvenes evalúen al principio de su vida, estamos muy jodidos como país”, advierte con evidente preocupación.
Pero también aborda en esta conversación la reforma de pensiones, señalando que en esta materia “el Gobierno tuvo falta de realismo político, porque había que ser muy ingenuo para pensar que (…) estando en minoría parlamentaria, iba a ser capaz de modificar el sistema”.
-¿Qué le parece el desenlace de la elección de mesa del Senado? Se lo pregunto por el parentesco que tiene con el senador Araya.
-En lo personal, él es mi hermano, así es que las palabras sobran. Pero, en lo político, que es lo relevante, es muy lamentable que la UDI no haya cumplido el pacto que firmó. Generar excusas para incumplir un acuerdo es muy delicado, porque la política se basa en la honorabilidad de los parlamentarios; entonces, tener parlamentarios que no tienen palabra dificulta muchísimo lo que podamos hacer en el futuro y ha sido una decepción tremenda que haya sido precisamente la UDI la que haya incumplido su compromiso.
-Mirando como espectador, ¿no hay ninguna autocrítica respecto de la actuación del oficialismo y sólo responsabiliza a la oposición?
-Lo central aquí es que había un acuerdo y no se cumplió. Eso es complejo, cuando se tienen que acordar materias difíciles, como lo que viene en el tema previsional y en el tema tributario.
-¿Por qué?
-Porque, mirando desde afuera, quien preside la testera de la Cámara o del Senado es una cosa que apasiona a los políticos, pero lo que realmente le cambia la vida a la ciudadanía es cumplir los compromisos en materia previsional, reforma tributaria, esos consensos y acuerdos que se puedan generar son los que están riesgo. Esa es una señal de alerta no sólo para el Gobierno, sino para todos los que estamos en política; porque cuando la política no le mejora la vida a la gente, esta siente que es inútil y que los parlamentarios son estériles; por lo tanto, empieza a mirar con cierto cariño algunos regímenes menos democráticos.
-La Cámara deberá pasar por el mismo proceso, ¿cuál es su sensación respecto de lo que ocurrirá en esta Corporación?
-Nosotros queremos ser reconocidos como gente que cumple sus compromisos y que, además, no tiene ese sentimiento anticomunista enfermizo de algunos sectores de la oposición. Nos parece preocupante la pésima señal que se da de no cumplir un compromiso que incluso está escrito y firmado, particularmente por la gente de demócratas, y que se levante una suerte de veto ideológico respecto del Partido Comunista, en tiempos en que la sociedad chilena está viviendo un clima de exasperación, de crispación.
-¿A qué atribuye que demócratas esté negociando con la oposición si cuando suscribió el acuerdo sabían que en algún momento le correspondería al PC encabezar la Cámara o no?
-Eso está firmado. En esto hay que hacer una diferencia entre lo que son los senadores y los diputados de demócratas, y yo espero que los diputados de demócratas cumplan el acuerdo que está firmado, en el que está expresamente dicho que la presidencia en esta ocasión le toca a un parlamentario o parlamentaria del Partido Comunista.
Reforma de pensiones: “Demócratas está en una encrucijada”
-A su juicio, ¿la conformación de la mesa y la nueva mayoría opositora que se generó en el Senado con Demócratas va afectar, de alguna manera, la tramitación de los proyectos emblemáticos?
-Diría que respecto a la previsional, Demócratas está en una encrucijada. O tiene una reforma a la medida de lo que quieren las AFP o tiene una reforma a la medida de lo que se necesitan los pensionados y los trabajadores. Y espero que, más allá del acuerdo político-electoral que tienen con la derecha, sean capaces de entender que el sistema como está concebido ya no resiste. El estallido social fue producto, en buena parte, del sistema de pensiones y hay que ser capaces de sincerar la discusión.
-¿Qué significa para usted sincerar la discusión?
-Si alguien quiere seguir defendiendo a las AFP a nombre de los trabajadores, nosotros vamos a salir a desmentir eso, porque lo que les interesa, en buenas cuentas, es mantener este sistema de AFP, que es sostener el mercado de capitales de nuestro país. Y lo menos que merecen los chilenos de su clase dirigente es que se hable con la verdad, con claridad, y que cada parlamentario diga desde dónde está hablando. Yo veo que hay muchos parlamentarios que están hablando en defensa de los grupos económicos que se financian con la plata que está en las AFP y otros que están hablando derechamente para defender a los dueños de la AFP.
-¿Quiénes son, se pueden individualizar?, porque parece una crítica al boleo.
-Cuando veo, por ejemplo, que se dice que lo que hay que hacer es la capitalización individual, esa es una fórmula que se busca para engañar a la ciudadanía y no tengo ningún problema en decir que hay gente de RN, la UDI, republicanos y Evópoli, que han sostenido esa tesis. A mí me parece impresentable que no seamos capaces de decir dónde está la plata de los trabajadores y partamos por reconocer, por ejemplo, que está en la banca, porque en nuestro país nadie se mete con la banca, nadie habla de los abusos de los bancos… Entonces, cuando uno ve a la derecha antirretiros, no creo que se estén preocupando de los trabajadores, sino de que se le acaba la plata a los grandes grupos económicos. Esos son diálogos más sinceros que deberíamos tener para que la gente entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de una reforma previsional.
-En el marco de la tramitación de proyectos como la reforma de pensiones ¿debería haber un mea culpa del Gobierno por su lento avance?
-El Gobierno tuvo falta de realismo político, porque había que ser muy ingenuo para pensar que gente que tiene tan buena representación en el Congreso, defensores tan fieros, como las AFP, estando el Gobierno en minoría parlamentaria, iba a ser capaz de modificar el sistema. Eso fue una falta de realismo político brutal que hoy día le está pasando la cuenta.
-¿Qué debía haber hecho?
-En su oportunidad, la verdad, nos sumamos haciendo fe de que la gente que está en el Gobierno tenía más competencias y más habilidades que nosotros. Y fue más terrorismo político, que es lo mismo que pensar que van a hacer algo que pueda tocar a la industria. Las posiciones que se tratan de disfrazar buscan mantener la plata encapsulada para que los grandes grupos económicos se puedan seguir financiando con los fondos de los trabajadores; por eso, permítame tener la legítima duda, la razón de fondo de por qué quieren un 6% completo a capitalización individual. Porque todos sabemos que la fórmula del Gobierno era mucho mejor para los trabajadores. Ahí le ha faltado al Gobierno una mayor pedagogía política, haber hecho un trabajo mucho más al detalle y de conexión con la ciudadanía, porque es importante que la gente supiera qué había detrás del 3-3 y qué hay detrás de esta platita es mía, nadie me la toca.
Crimen organizado: “La gran amenaza”
-¿En qué quiere poner el énfasis este año como bancada?
-A nosotros nos interesa y preocupa muchísimo el tema de las pequeñas y medianas empresas y del empleo, son temas fundamentales que tienen que estar. Creo que hemos estado muy comprometidos en la agenda de seguridad que se está en pleno desarrollo; pero necesitamos ponerle mucha energía al tema del empleo y naturalmente tenemos que empujar que haya un gran pacto por la educación en nuestro país.
-¿Por qué pondrán también acento en educación?
-Porque muchos de los problemas que tenemos en materia de delincuencia tienen que ver con problemas estructurales de la educación. Tenemos que generar las condiciones de igualdad de oportunidades, de crecimiento, tenemos que sacar al narcotráfico de las poblaciones, sacar al crimen organizado; participar en una banda criminal no puede ser una alternativa de vida ni para los niños ni para los jóvenes en nuestro país. Y si no hacemos un pacto importante en materia educacional y en esto este Gobierno en particular tiene una tremenda responsabilidad…
-¿Por qué cree eso?
-Porque la génesis de este Gobierno está en las movilizaciones del año 2006, de los estudiantes; por lo tanto, reclamo aquí que tengamos la claridad suficiente de entender que conjuntamente con todas las leyes que estamos sacando, si no ponemos un foco importante en impedir que el crimen organizado sea una vía o una alternativa que los jóvenes evalúen al principio de su vida estamos muy jodidos como país.
-A propósito de eso, ¿cree que el Gobierno debería analizar la posibilidad de que los militares colaboren con el trabajo policial en las calles?
-Nosotros lo hemos planteamos hace muchos meses y, nuevamente, aquí hay que hablar con sinceridad. Cuando la derecha vio que un partido del Socialismo Democrático planteaba la posibilidad lo usó para tensionar a la coalición de Gobierno y por eso insistió hasta el cansancio. Pero cuando el alcalde Vodanovic sale a decir ‘los militares a la calle’, la derecha se dio cuenta que esto era una posibilidad real y Evelyn Matthei se para en la mitad de la cancha a decir, ‘momento, los militares no están preparados para ir a la calle, esto puede ser un desastre’. Entonces, aquí queda claro que la derecha ha hecho uso político de este tema y no le importa nada la seguridad de la gente. Entonces, basta de utilizar el tema de seguridad para golpear al Gobierno.
-¿Cómo queda el Gobierno con su electorado si tomara una medida como esa?
-Claudia, esto es una medida de sentido común…mire, cuando a alguien lo asaltan no le preguntan si milita en un partido, por quién votó, ni el equipo de fútbol… El drama de la violencia que se ve en nuestro país, de los homicidios, del sicariato, los motochorros, extorsiones, portonazos, que hemos visto en estos días son dramáticos, es un tema transversal. Salvo de la derecha, que a través de su principal líder Evelyn Matthei, salió a detener la posibilidad de que los militares participen en las labores de seguridad. Pero llegó el momento que el Ejército defienda al país de la principal amenaza que tiene hoy día que es el crimen organizado.
Los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMDG) están en el ojo de todos. Nacieron a mediados de la década pasada como una apuesta para diversificar la matriz energética e impulsar pequeños proyectos de ERNC (de hasta 9 MW), y así eliminar las barreras de entrada, fomentando el ingreso de nuevos actores al sector eléctrico.
Con el tiempo, estos proyectos han ido pasando a manos de grandes inversionistas; fondos internacionales y globales de inversión, situación que los tiene en la mira del Coordinador Eléctrico Nacional.
De hecho, el 23 de enero de este año, la Unidad de Monitoreo de la Competencia del organismo, ofició a todas las empresas con el objetivo de conocer sus respectivas estructuras societarias. Hoy tras siete meses, el ente ya tiene el listado, y está trabajando en el proceso de consolidación, con la finalidad de tener una radiografía clara de quienes son y a qué inversionista o grupo controlador pertenecen.
La razón que hay tras esta inquietud, es que a la fecha existen 828 unidades de PMGD en operación en Chile, de las cuales 77,2% son solar fotovoltaico, con una capacidad instalada de 3.252 MW, que se ubican mayoritariamente en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Ñuble y Biobío. A ellos se sumaría otros 2.336 MW que se encuentran en construcción, siendo el 96% solar fotovoltaico.
El punto de mira, es que lo que partió como una apuesta para que pequeños proyectos abrieran las puertas a las renovables, hoy se han convertido en un actor relevante y con ciertas ventajas al contar con un precio garantizado.
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El factor precio
Para los críticos, el precio estabilizado implicaría un subsidio irregular del cual gozan estos desarrollos, lo cual distorsiona el proceso competitivo al aumentarle el costo a un subconjunto de generadores, incluso renovables, que deben pagar a los PMGD.
Dada la gran cantidad de oferta de pequeños generadores que existe en el horario diurno, el costo marginal se está yendo a US$ 0, lo que es una clara señal de mercado que muestra que existe exceso de energía en dicho horario.
Es así como los fotovoltaicos, que representan más del 90% de la capacidad instalada PMGD, acumulan traspasos –por parte de otros generadores- que superan US$ 500 millones anuales.
La alerta para los actores del sistema, que promueven una revisión o adecuación reglamentaria de los Decretos Supremos N88 y N125 (que regulan a estos proyectos) es que, para 2025, existirán casi 5.000 MW de solar fotovoltaico de capacidad instalada en el país, para una demanda máxima a nivel nacional de aproximadamente 10.000 MW durante las horas diurnas. Por lo tanto, en 2025 sobre el 40% de la demanda nacional durante el día se podría abastecer solo con PMGD.
Otra consecuencia, tiene que ver con el aumento del vertimiento de energía en el sistema y el consecuente aumento de los costos marginales nulos en horario diurno, ya que mientras los pequeños tienen un alto precio por su energía, el resto de los generadores debe botar la propia y vender el resto a precio nulo, debiendo asumir además el costo de pagar por la energía PMGD, costo que es traspasado a los clientes.
Al respecto, Javier Bustos, director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos (Acenor) asegura que “el cargo por precio estabilizado había sido fluctuante, hoy ha estado subiendo permanentemente y con valores que van desde los 4 a los 7 US$/MWh en el corto plazo y que incluso pueden llegar a cerca de US$ 10 en el mediano plazo, si siguen entrando proyectos con régimen de precio de nudo. En términos comparativos, lo que pagan los clientes (tanto libres como regulados) por precio estabilizado ha sido en algunos meses más de lo que se paga por toda la transmisión nacional. Es urgente que hagamos algo con este tema. Hoy, el cargo por precios estabilizado es uno de los principales cargos sistémicos”.
Carmenmaría Poblete, directora legal de Aediles, explica que esta es una industria atomizada con una variedad de participantes. “Hay empresas internacionales y locales, desarrolladores, PYME y fondos de inversión, de impacto y de pensiones. Esto es un éxito del propósito legislativo de la ley corta que justamente buscaba, con la regulación de PMGD fomentar la entrada de nuevos actores a la industria. Los pequeños generadores por su condición de distribuidos, contribuyen a mejorar y fortalecer la red de distribución existente y constituyen un aporte fundamental a la descarbonización de la matriz”.
El director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar, Acesol, Darío Morales, defiende estas iniciativas, señalando que se han invertido más de US$ 3.000 millones en centrales de generación ubicadas estratégicamente cerca de los centros de consumo, además de aproximadamente US$ 100 millones en refuerzos a las redes de distribución. Agrega que es necesario mejorar la regulación en este contexto, “tener generación próxima a los centros de consumo no solo reduce las pérdidas de transporte de energía, sino que también permite a estas unidades ofrecer servicios que mejoran la continuidad y la calidad del suministro para los clientes conectados a las redes de distribución”, explica.
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La otra discusión
En forma paralela, los PMGD también están siendo objeto de discusión ante los cambios que se quieren hacer en el decreto que los regula y que contempla un régimen transitorio que permite continuar vendiendo a un precio estabilizado. A través de una mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Energía, se está estudiando la situación de estos proyectos, lo que podría implicar una revisión del precio estabilizado y su formulación. Esto tiene en alerta a los inversionistas de proyectos que han visto en el mercado chileno una opción de inversión relevante, toda vez que existe un precio estabilizado (y para algunos asegurado) de US$ 70 MWh. En paralelo, la CNE anunció cambios en la norma técnica de conexión.
Pero la industria también está en alerta por otro punto no menor. En el marco de la estabilización tarifaria, surgió la idea de que los PMGD le vendan energía a las empresas distribuidoras, es decir, a clientes regulados. El problema que levantan con esta propuesta, es que hace ya varios años que las generadoras no logran vender toda la energía que está comprometida en sus contratos con regulados, por lo cual, abrirle espacio a los PMGD no tiene a nadie contento; ni a los incumbentes, ni a las renovables que tienen de esos contratos, por tanto, desde todos los sectores anticipan que se vienen tiempos de nuevas discusiones y batallas en el sector eléctrico.
EL MAPA DE LOS PMGD, QUIÉNES ESTÁN TRAS LOS PROYECTOS
Más allá de la discusión, el desarrollo de los PMGD ha implicado el ingreso de nuevos actores al mercado eléctrico, lo que ha ido cambiando el mapa y diversificando las empresas e inversionistas. Partieron como proyectos de pequeños inversionistas, pero con el tiempo, su atractivo precio estabilizado, comenzó a llamar la atención de los grandes. Estos son:
Carbon Free: firma canadiense, que en Chile cuenta con alrededor de 361 MW en 50 proyectos.
Aediles: La canadiense gestiona la cartera de 47 proyectos PMGD de BlackRock en Chile, que suman 297 MW.
CVE Group (Cap Vert Énergie o Changing Visions of Energy): de origen francés, cuenta con una cartera de proyectos PMGD por 255,8 MW en operación y construcción.
oEnergy: fundada en 2013 por los ingenieros chilenos Ricardo Sylvester y Yuri Andrade para el desarrollo, construcción y operación de plantas fotovoltaicas en el segmento PMGD. Cuenta en la actualidad con 49 proyectos y 173 MW en operación y construcción.
Matrix Renewables: empresa española cuenta en Chile con una cartera de PMGD de aproximadamente 430 MW en 79 proyectos de energías renovables en operación, desarrollo y construcción. Respaldada por el Grupo TPG, plataforma global de inversión de impacto que gestiona en el mundo activos por unos US$ 18.000 millones a través de The Rise Funds, TPG Rise Climate y Evercare Health Fund y cuyos fundadores son el cantante de U2 Bono y Jeff Skoll, exfundador de eBay, y cuenta entre sus accionistas a Jim Coulter, Richard Branson (Virgin Group) y Paul Polman (exChairman de Unilever).
Solek: es una empresa de origen checo que explota y tiene en construcción cerca de 40 centrales fotovoltaicas en Chile con una capacidad de 250 MW.
Grenergy: empresa española que en Chile cuenta con 80 plantas y unos 146 MW en operación y construcción. Hace unos meses inauguró el proyecto a Gran Teno de 240 MW (la planta con baterías más grande de Chile) y Oasis Atacama el proyecto de almacenamiento que tiene una capacidad de más de 4,1GWh, y cerca de 1GW solares, actualmente en construcción.
Reden: cuenta con 180 MW. Sus dueños son el consorcio formado por los grupos financieros administradores de fondos: Macquarie Asset Management, British Columbia Investment Management Corporation (BCI) y Munich Ergo Asset Management GmbH (MEAG).
Sonnedix: de propiedad del fondo de inversión estadounidense JPMorgan Asset Management -en Chile su presidente es el exsubsecretario de Energía y presidente de Acera, Sergio del Campo-, cuenta con 125 MW en Chile.
Toesca Asset Management: fundada en 2016 por Alejandro Reyes, Carlos Saieh, Maximiliano Vial y Alejandro Montero, ex Celfin Capital, ha incursionado en los PMGD contando con alrededor de 109 MW.
Otros actores son: Inter Energy asociado al fondo de inversión Brookfield (45 MW), S-Energy de capitales coreanos (65,7 MW), Prime Energía de EnfraGen (126 MW), Chile Solar (27 MW),Inversiones Consorcio Energético Nacional (45 MW), Sun Grow Power (31 MW), Langa (27 MW), Next Energy (27 MW), Solar Pack (27 MW), Enel Green Power (24,5 MW).
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.