Tras un intenso año político y legislativo, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya Danus, hace un balance de los temas que marcaron el debate y lo seguirá haciendo. Al igual que el resto de sus pares gozará de un descanso que este año fue más bienvenido que nunca en el Congreso. Muchos de los parlamentarios admiten que llegaron “agotados” al tradicional receso de febrero.
Y, claro, porque las reformas de pensiones y tributaria (pacto fiscal) y la crisis de las isapres se tomaron el año, con un debate intenso. En esta conversación con Diario Financiero, el parlamentario opositor aborda estas materias y adelanta cómo las enfrentará al regreso legislativo en marzo.
-En ese contexto, se conoce el contenido del proyecto de cumplimiento tributario, en el marco del pacto fiscal, ¿cuánto respaldo tiene en su sector?
-Hay muchas normas de evasión que en su momento fueron aprobadas por la bancada de diputados de la UDI. Hay ciertas normas que supuestamente van a combatir la elusión, que transforman al Servicio de Impuestos Internos en un ente todopoderoso, que desde el Estado, buscará perseguir a los contribuyentes y matar su espíritu emprendedor.
-¿Cómo en qué casos?
-Las normas que buscan inmiscuirse en la vida privada de las personas…
-¿Se refiere a la flexibilización del levantamiento del secreto bancario?
-Y otras que convierten al SII en juez y parte. No he visto el detalle de las normas del proyecto que presentó el Gobierno, vamos a tener febrero para entender y conocerlo en detalle. Nuestras aprensiones siempre han ido por el lado de supuestas normas antielusivas, que pueden generar el efecto contrario.
-¿Cómo cuáles?
-Por ejemplo, el incentivo de la delación compensada, al interior de las empresas, se puede terminar transformando en un incentivo para poner trampas, incluso al interior de la actividad de una empresa, para buscar afectar su prestigio o el funcionamiento interno. Hoy día tenemos mucha más información respecto a lo que ocurre al interior de las empresas respecto a prácticas atentatorias contra sus dinámicas internas y me parece que las formas de delación compensada, exceso atribución al SII, en fin, el levantamiento del secreto bancario, donde no tengamos el resguardo de lo judicial, van a ser normas que vamos a revisar con mucha mayor profundidad para ver de qué manera las enfrentamos y las podemos mejorar. Pero no nos cerramos a esta discusión, creemos que hay que tenerla.
-Entonces, el trámite no va a ser tan fluido como esperaba al Gobierno.
-Desconozco la razón por la que el Gobierno prefirió adelantar esta discusión y separarla de la discusión de las normas de impuesto a la renta. Pero es una decisión que ya tomó y nos permite revisar con mayor profundidad lo que están pensando en esta materia.
-¿Su sector se sentiría más cómodo habiendo avanzado en el impuesto a la renta primero?
-En la actual situación económica, con las dificultades que tiene la economía para reanimarse, con un crecimiento que está ausente en el discurso y en la agenda del Gobierno, subir los impuestos no conversa con el momento económico actual. Nosotros vamos a respaldar todo lo que signifique agilizar trámites, permisología; pero también vamos a rechazar todo lo que en este momento signifique subirle los impuestos a las personas y a las empresas. Creemos que lo que requiere Chile hoy día es mayor crecimiento, que va aparejado de mayor recaudación y no necesariamente mayores impuestos. Estamos de acuerdo con que Chile tiene que aumentar su recaudación tributaria, pero eso no es sinónimo de subir los impuestos.
Pensiones: “Perfeccionar no refundar”
-¿Cómo responde a las críticas de quienes sostienen que ChileVamos está muy de acuerdo con solidarizar el pago de la deuda de las isapres y no así en materia de pensiones?
-Son las típicas consignas vacías de contenido de parte de la izquierda. Nosotros estamos a favor de solidarizar con impuestos generales con la máxima profundidad. De hecho, la reforma más importante que se ha hecho en solidaridad en pensiones, se hizo en el gobierno del expresidente Piñera y se llama PGU.
-Javier, ¿qué expectativas se hace de la reforma de pensiones en su tramitación en el Senado?
-Primero le sugeriría al Gobierno que aproveche este receso legislativo para repensar las malas reformas. Estoy convencido que el trabajo de la oposición, más que decirle que no al Gobierno, es convencerlo de que sus ideas no sólo son malas porque la evidencia técnica del mundo indica que los sistemas de reparto están en retirada y que no funcionan, sino que también hay que ser capaz de convencerlo de que son impopulares y que no tienen respaldo de la ciudadanía. Desde esa perspectiva, nosotros creemos que se puede simplificar el proyecto…
-¿Qué significaría “simplificar”?
-Que suban las cotizaciones, en eso hay un acuerdo, y que todo ese aumento vaya a la cuenta individual; que le introduzcan más competencia al sistema, que se permita la posibilidad de que se incorporen a la industria previsional nuevos actores; generar una mayor libertad de elección con la entrada de estos nuevos actores; que tengamos la posibilidad de no cobrar comisiones cuando hay rentabilidades negativas… Hay muchas adecuaciones que nosotros sí estamos dispuestos a hacerle al sistema, pero que impliquen perfeccionarlo no refundarlo, esa es nuestra línea roja en esta materia.
-¿Y se van a mantener en la postura de que el 6% adicional vaya completo a cotización individual o estarían abiertos a considerar la propuesta de Demócratas?
-No conozco el detalle de la propuesta, pero fíjate que para nosotros la premisa de que todo aumento de cotización vaya a la cuenta individual y que no exista una refundación del sistema, como por ejemplo implicaría la división de la entidad administradora y de la entidad recaudadora, son aspectos que no solamente no tienen evidencia técnica de sus ventajas, sino que tampoco cuentan con respaldo de la ciudadanía. Y, esperamos, con Demócratas, con la oposición que es mucho más amplia que la derecha o que Chile Vamos, confluir en una posición lo más uniforme posible, pensando en que los desafíos que se vienen este 2024 son muy importantes.
-La propuesta de Demócratas destina un 4,2% a capitalización individual y un 1,8% a un seguro de longevidad. ¿No estarían dispuestos a analizarla?
-Yo he revisado evidencia respecto al seguro de longevidad, me gustó mucho una columna que hizo Óscar Landerretche que hablaba básicamente de acompañarse de la evidencia de lo que funciona y todo lo que no vaya a la cuenta individual, yo procuraría que fuera financiado con impuestos generales.
-¿Qué balance hace del año legislativa y políticamente?
-Un año perdido, donde sin lugar a dudas la pérdida de la oportunidad de haber sacado adelante un pacto de mayor estabilidad, como era la posibilidad de dar a Chile una nueva Constitución fracasó. Y sobre todo un año perdido por la situación que existe en materia de economía, empleo y seguridad. En esos tres aspectos este Gobierno ha hecho mucho daño y nuestra misión, nuestra obligación, como oposición, es evitar que este Gobierno siga haciendo daño con malas reformas en lo que resta de su administración. Y, en lo posible, convencerlo de que tiene que enmendar el rumbo a ideas que incluso, si las toma, van a ser un éxito político para el Gobierno.
-¿Cómo cuáles?
-Por ejemplo, la posibilidad de aumentar la competencia en el sistema previsional chileno, con la entrada de nuevos actores; llegar a un acuerdo de que del aumento de la cotización, lo que sea, aprovechemos que ya que es gradual, la primera parte vaya a la cuenta individual y lo que venga en el futuro, se discutirá en el futuro si va a reparto o a cuenta individual. Pero avancemos en lo que tenemos hoy día un cierto consenso; lo que, además, va a ser un éxito político para el propio Gobierno y ojalá que se den cuenta eso como una oportunidad.
“Debimos ser más rápidos en desahuciar malas reformas”
-Como presidente de la UDI, ¿hay alguna autocrítica de su actuación en este Gobierno? Se lo pregunto porque desde la izquierda acusan que le han negado la sal y el agua.
-Nosotros hemos rechazado todas aquellas cosas que no se alinean con dos premisas que son fundamentales: la evidencia técnica y la opinión de los expertos. Eso es lo que hicimos en materia de pensiones y en materia tributaria estamos convencidos de que la ciudadanía necesita que el país vuelva a crecer y que tenga más recaudación, pero no necesariamente que se suban los impuestos. La izquierda, lamentablemente, ha hecho sinónimo de mayor recaudación y mayores impuestos. Nosotros consideramos que para tener mayor recaudación, la torta tiene que ser más grande y muchas veces para eso se requiere bajar los impuestos, no necesariamente subirlos.
-Ya, ¿pero ustedes se han equivocado en algo?
-En política siempre uno tiene que ser autocrítico respecto a cosas que pudo haber hecho mejor y a mí me hubiese gustado que hubiéramos sido más rápidos en desahuciar malas reformas del Gobierno, para ser capaces de avanzar con mayor pragmatismo. No nos estamos negando a que el Gobierno avance, nos estamos negando a sus reformas mal concebidas. Quizás nuestro error ha sido no ser más directos en decirle al Gobierno que no estamos dispuestos a que mande ni siquiera un punto de la cotización individual a reparto. Y es importante que el Gobierno lo sepa, porque quizás ahí se puede simplificar la discusión.
-¿Se podría inferir que o hay una reforma de pensiones a la pinta de la derecha o no hay reforma de pensiones en este Gobierno?
-No, no se puede inferir eso. Nosotros no vamos a aprobar una reforma que contradiga la opinión de los expertos más prestigiados; la evidencia con datos cuestionados, desde la tasa de reemplazo a la sostenibilidad; y, con un rechazo muy mayoritario de la ciudadanía. Eso no es a la pinta de la derecha, tiene que ver con la evidencia técnica y con el respaldo ciudadano.
Crisis de las isapres: “Lo que hubo acá fue un cambio de condiciones”
-¿Qué tan conforme quedó con el resultado de la votación en la ley corta de isapres?
-Creo que es un paso importante para darle tranquilidad a los afiliados y usuarios del sistema público y privado de salud, no a los prestadores de salud, que atraviesan por una delicada situación financiera; tampoco a la red pública, que está con una situación de listas de espera como no se había vivido antes. Es una importante noticia y lo relevante ahora es actuar con la máxima celeridad en el resto de la tramitación legislativa. Y, por lo mismo, me preocupan las señales que se han entregado.
-¿Cómo cuáles?
-Las de algunas personas que están evaluando requerir de constitucionalidad este tema. O sea, me parece que sería no haber entendido el problema que se está viviendo en este en este en esta materia.
-¿Esa preocupación tiene que ver con el fondo, porque a su juicio no hay nada que sea inconstitucional?
-Lo que desconocen quienes han hecho esta amenaza de ir al Tribunal Constitucional es que la subsistencia del sistema depende de su estabilidad financiera y por mucho que puedan bajar algunos planes en el corto plazo y pueda significar “un beneficio” para los usuarios; en el mediano y, sobre todo, en el largo plazo, no va a haber que pagar, porque el sistema va a haber quebrado. Lo que buscamos con la ley es una fórmula para hacer cumplir el fallo, pero evitando la quiebra del sistema de isapre, que tiene un efecto cadena a los prestadores privados y también a la red pública de salud.
-¿Cómo explica Chile Vamos a los usuarios de que la solución para evitar la quiebra haya sido la mutualización del riesgo? Un sector contrario a ello, no sólo del oficialismo, lo explica como solidarizar la deuda.
-No tiene sentido, desde el punto de vista de la defensa de los usuarios, no del sistema, si el país quisiera avanzar en la dirección de lo que establece el programa de gobierno del presidente Boric, que es terminar con las isapres, bueno, quizá encontraron en esto una manera de encauzar eso. Pero creo que eso no conversa con la opinión del usuario del sistema privado, que obviamente quiere pagar menos, pero también quiere que el sistema siga existiendo; y tampoco con la opinión de los usuarios del sistema público, que ya está absolutamente atiborrado y con listas de esperas que son de vulneradoras de los derechos fundamentales de las personas que son usuarios:
-¿Cómo se entiende que los usuarios tengan que hacerse cargo de la viabilidad de un sistema que es privado? ¿Cómo se explica?
-Porque, en el fondo, lo que hubo acá fue un cambio de condiciones, producto de un fallo y con reglamentación y supervigilancia de las autoridades del Gobierno, de los distintos gobiernos, y con la regulación que existía en el Estado de Chile. Eso, indefectiblemente va a terminar siendo pagado por el Estado de Chile igual.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.