En la mañana de hoy se inició la audiencia de formalización de 10 trabajadores del Puerto de Coronel, quienes han sido acusados de estar involucrados en actos de violencia durante las recientes paralizaciones del establecimiento que finalizaron a fines de mayo tras casi dos meses de movilizaciones.
El escrito ingresado al Juzgado de Garantía de Coronel detalla diversos actos de violencia cometidos por los trabajadores portuarios. Por ejemplo, se destaca que durante los días de paralización se realizaron daños al edificio gerencial del puerto, el emplazamiento de barricadas incendiadas en los accesos al establecimiento, el bloqueo de porterías y calles, además de daños a la infraestructura portuaria.
Asimismo, más allá de los daños estructurales, en el escrito también se describen agresiones a funcionarios del puerto, amenazas y coacciones en el contexto de reunión con las autoridades, y amenazas de muerte proferidas al gerente general de la empresa, Patricio Román.
En concreto, los trabajadores que fueron identificados como participantes de los disturbios y que enfrentarán la formalización son: Víctor Alarcón, John Cuevas, Sergio Zapata, Leonel Muñoz, José Mauricio Alarcón, Celedonio Elgueta, Lorenzo Mariñán, Felipe Morales, Enzo Zúñiga y Guillermo Jaque.
Cabe destacar que el Puerto Coronel, uno de los más importantes de Chile, estuvo paralizado durante 56 días debido a una nueva política de alcohol y drogas de la empresa, sumado a una quitada de privilegios a los sindicatos para nombrar a los trabajadores eventuales de turnos de trabajo, y a una reducción de costos.
La paralización generó un impacto considerable en la economía local y en la cadena logística del país, sin embargo, la actividad portuaria volvió a la normalidad después de que se alcanzara un acuerdo entre la empresa y los trabajadores el pasado 22 de mayo.
La comisión de Seguridad del Senado aprobó, en votación dividida, una indicación del Ejecutivo que faculta a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para solicitar el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial en determinados casos de investigaciones contra el crimen organizado.
Esto, en el marco de la tramitación del proyecto de ley de inteligencia financiera que impulsa el Gobierno.
A favor se manifestaron los senadores Iván Flores (DC), Paulina Vodanovic (PS) y Jaime Quintana (PPD), mientras que se abstuvieron Manuel José Ossandón (RN) y José Miguel Durana (UDI).
Luego de un intenso debate y de dudas de la oposición respecto a las garantías para evitar un mal uso de la información bancaria a la que se tendrá acceso sin autorización judicial, el tema logró avanzar y aprobarse en particular el texto. Tanto Durana como Ossandón señalaron que no se oponen a la medida y que la UAF les da confianza, pero se abstuvieron para tener un debate mayor en la Sala cuando se discuta el proyecto en las próximas semanas.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que “debe quedar claro que no hay funcionarios que estén dedicados a observar las compras de supermercados de clientes bancarios. Acá se trata de una institución como la UAF, que en los años que tiene de existencia jamás ha dado mal uso a esa información y menos con una finalidad política como se ha planteado en la discusión pública”.
Agregó que “se trata de un procedimiento que implica levantar secreto sin autorización judicial, pero con un conjunto de normas que mantiene reserva y que están afectos los funcionarios a sanciones tan graves o superiores a la de cualquier funcionario bancario”.
El director de la UAF, Carlos Pavez, indicó que dicho organismo cuenta con reportes de los sujetos obligados y puede pedir autorización judicial para tener acceso a información bancaria, pero que eso implica afectar la oportunidad de las indagaciones. Por eso, destacó que “esta modificación nos permite cumplir de mejor manera nuestra misión con las debidas garantías, resguardo y buen uso de la información” para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo quedó la norma?
El texto aprobado señala en lo central: “Si los antecedentes que se soliciten estuvieren amparados por el secreto bancario, la solicitud deberá ser realizada por el director mediante resolución fundada y secreta, previo requerimiento de quien ejerza la jefatura de la división a cargo de la inteligencia financiera”.
Agrega que “el requerimiento de la jefatura y la resolución del director que recaiga sobre ella deberá individualizar a la o las personas naturales o jurídicas afectadas por esta medida y la o las entidades destinatarias de la solicitud de información, y deberá justificarse en el carácter indispensable de dichos antecedentes para desarrollar o completar el análisis de una operación sospechosa previamente reportada a la unidad o detectada por ésta en ejercicio de sus atribuciones, y la imposibilidad de obtenerlos en el ejercicio de las demás atribuciones que establece este artículo”.
También, se precisa que “la información obtenida bajo el procedimiento a que se refiere este párrafo tendrá el carácter de secreta y sólo podrá ser utilizada para los fines señalados precedentemente y respecto de la o las personas y la o las entidades determinadas en la resolución respectiva, debiendo utilizarla solo para los fines del análisis correspondiente, sin perjuicio de la entrega de los antecedentes que realice al Ministerio Público de conformidad con lo establecido en el inciso tercero de este artículo”.
Queda explícito que los antecedentes que se recaben sólo podrán ser conocidos por el director de la UAF y los funcionarios que estén involucrados en el análisis de la operación específica de que se trate y que “dichos funcionarios estarán obligados a mantener el secreto. Su infracción dará lugar a responsabilidad administrativa y se sancionará con destitución del cargo”, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan.
SQM informó este lunes que llegó a un acuerdo anticipado con sus trabajadores. El presidente del sindicato, Helmo Leiva, explicó que “este proceso constituye un ejemplo de participación democrática desde su inicio. Hemos levantado información de las bases, definiendo objetivos precisos con nuestros socios y, finalmente, han sido los trabajadores quienes decidieron libre, informada y mayoritariamente aceptar la propuesta de la empresa”.
Este convenio permite robustecer la estructura de la relación laboral, centrándose en el incremento de los sueldos base, que en algunos casos supera el 8% de aumento, y “generando un bono de negocio que nos permitirá fortalecer los próximos procesos colectivos y lograr un desarrollo de diversos aspectos estructurales del convenio colectivo. Es un gran hito para nosotros los trabajadores del litio”, señaló la tesorera de la organización sindical, Sandra Sanhueza.
“A partir de ahora, podremos abordar necesidades específicas de nuestros socios, como lo es el traslado de nuestros asociados de regiones, donde la empresa está comprometida en mejorarlos a corto plazo y lograr que se reduzcan los tiempos de traslado y así disfrutar y compartir más tiempo con sus familias, buscando ser una empresa más equitativa que reconozca el talento y el valor de los trabajadores y trabajadoras”, indicó el director Cristian Varas.
“También hemos instalado y reforzaremos materias como la protección de la maternidad y la discapacidad, buscando hacer de SQM una empresa de inclusión permanente”, puntualizó la secretaria Karla Navarro.
Acuerdo SQM-Codelco
Finalmente, el presidente del sindicato SQM Salar, Helmo Leiva, y miembro del Consejo Regional de Salares y Litio del Gobierno Regional de Antofagasta, afirmó: “Este acuerdo nos permitirá proyectarnos en la nueva asociación público-privada entre SQM y Codelco. En esa nueva etapa, los trabajadores y trabajadoras tendremos un rol determinante para asegurar la sustentabilidad del Salar de Atacama, el respeto al medio ambiente y a las comunidades, como también su integración y, por sobre todo, el desarrollo de su riqueza para contribuir a sobrellevar las enormes necesidades de la sociedad chilena. Los trabajadores y trabajadoras son el real motor de la producción y la verdadera riqueza del salar”, señaló Leiva.
Los agentes deberían prepararse para un retroceso significativo del mercado bursátil debido a la incertidumbre en torno a la campaña presidencial de EEUU, las ganancias empresariales y la política de la Reserva Federal, según Mike Wilson, de Morgan Stanley.
“Creo que la posibilidad de una corrección del 10% es altamente probable en algún momento entre ahora y las elecciones”, dijo Wilson en una entrevista con Bloomberg Television el lunes. El tercer trimestre “va a ser agitado”, agregó.
El índice S&P 500 abrió la semana en máximos históricos y alcanzará su 35º récord de cierre este año si termina el lunes cerca de estos niveles. Las expectativas de que la Fed recorte las tasas dos veces este año y el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial han impulsado al índice de referencia a una ganancia del 17% desde enero, tras su subida del 24% en 2023. De hecho, analistas famosos por sus posturas bearish, o pesimistas, como Wilson, han debido moderar su tono en los últimos años.
Pero un número creciente de analistas de Wall Street han empezado a mostrar cautela de cara al tercer trimestre, un periodo estacionalmente turbulento, sobre todo ante los indicios de que el rally se está recalentando.
Scott Rubner, de Goldman Sachs Group Inc., dijo el lunes que sus modelos muestran un doloroso tramo de dos semanas a partir de agosto si las ganancias corporativas decepcionan. Andrew Tyler, de la mesa de operaciones de JPMorgan Chase & Co., dijo que está bullish, u optimista, pero con “algo menos de convicción” por el reciente debilitamiento de los datos económicos. Y Scott Chronert, de Citigroup Inc., ha dado la voz de alarma sobre un posible retroceso.
“La probabilidad de que se produzcan subidas de aquí a final de año es muy baja, mucho más baja de lo normal”, dijo Wilson, de Morgan Stanley, situando las probabilidades de que los precios de las acciones cierren el año más altos de lo que están ahora entre un 20% y un 25%.
El estratega —cuyas perspectivas pesimistas para 2023 no se materializaron— se vio forzado a elevar su meta para el S&P 500 a 5.400 puntos para mediados de 2025 en comparación con su estimación anterior de 4.500 en diciembre. El índice ya ha superado ese objetivo. Fue un momento complicado, ya que en aquel momento sus perspectivas eran de las más pesimistas en Wall Street.
Las visiones bearish se han vuelto peligrosas para los estrategas de renta variable, ya que las acciones de EEUU siguen batiendo récords. El rally ya se cobró a uno de los escépticos más destacados de Wall Street, con la salida de Marko Kolanovic de JPMorgan la semana pasada.
“A principios de año, nos alejamos de ser demasiado pesimistas. Pero al fin y al cabo, este es un trabajo duro”, dijo Wilson. “No es una excusa, es por lo que nos pagan. A veces acertamos, a veces nos equivocamos. Eso no me presiona para hacer mi trabajo de forma diferente”.
“La forma en que nos pagan los clientes institucionales es dándoles un buen análisis, un buen marco, para que puedan tomar sus decisiones sobre cómo deberían invertir y ese proceso nunca cambiará”, añadió.
En este sentido, Wilson cree que los inversionistas no deberían preocuparse por un retroceso desde estos niveles. Más bien, dijo que podría crear oportunidades de compra. Por ahora, sugiere centrarse en valores individuales más que en índices.
Wilson y su equipo siguen recomendando nombres de crecimiento de alta calidad, y calidad en general: empresas de gran capitalización, empresas con buenos balances y aquellas que puedan obtener beneficios. El impulso continuará, pero el problema es que es difícil encontrar acciones en esas categorías que estén baratas, dijo.
“Si subieran un 10%, probablemente volveríamos a interesarnos”, afirmó.