Esta semana inicia con un tema administrativo que ha sido de permanente debate el último mes en la Cámara de Diputados y que ha tensionado el ambiente en el Congreso: la elección de la mesa de esta Corporación, luego que la última renunciara el pasado lunes 15 de abril.
Las negociaciones se intensificó la semana anterior, con el fin de que el oficialismo logre mantener la presidencia, con un representante del Partido Comunista (PC), tal como se acordó en el acuerdo administrativo suscrito, entre otros partidos, por Demócratas.
El nombre que ubicaría el PC en la testera sería el de la diputada Karol Cariola, en el caso de que el resultado de la votación, que está muy ajustado, favoreciera al oficialismo. Este tema está en primer lugar de la tabla de la Sala a partir de las 17:00 horas.
Más allá de lo que ocurra en materia política, a partir de este lunes 15, la Comisión de Constitución de la Cámara inicia el estudio del proyecto (moción parlamentaria) para establecer un arancel aduanero temporal a la importación de productos de acero procedentes de la República Popular China, sin urgencia. La sesión inicia a las 14:00 horas.
El mismo lunes y en segundo lugar de la tabla, la Comisión de Hacienda comienza el análisis del proyecto de Ley Corta de Salud, con suma urgencia, desde las 16:00 horas y con la presencia de los ministros de Salud, Ximena Aguilera, y de Hacienda, Mario Marcel.
El martes 16, desde las 17:30 horas, la Comisión de Economía de la Cámara inicia el estudio en particular del proyecto que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales e introduce modificaciones en cuerpos legales que indica.
El miércoles 17, desde las 15:00 horas, la Comisión de Minería de la Cámara, sesiona con el objeto de recibir al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, para que informe los resultados financieros de la empresa estatal a diciembre de 2023 y se refiera a la adquisición de la empresa australiana Lithium Power International Limited (LPI) por parte del Estado de Chile en el marco de los planes y programas para la explotación del litio.
Cumplimiento tributario aterriza en el Senado
Entre tanto, el Senado inicia una semana enfocada en el pacto fiscal, ya que el proyecto de cumplimiento tributario fue despachado la semana pasada desde la Cámara a segundo trámite. Pese a que hasta ahora no está en la tabla de la Comisión de Hacienda.
Por lo pronto, la Comisión de Constitución del Senado retoma, este lunes 15 y martes 16 de abril desde las 10:30 horas, el estudio en particular del proyecto de reforma notarial. Esta semana concluiría la tramitación de la iniciativa con suma urgencia, en segundo trámite, con el fin de despacharla a la Sala. Con la presencia del ministro de Justicia, Luis Cordero.
El lunes 15 de abril, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, desde las 12:00 horas, continúa con el estudio del proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia. Invitados, el presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), Sergio del Campo, y el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes.
Y el martes 16, desde las 12:30 horas, invitados: el biólogo marino y exministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, y el académico de la Universidad de Concepción, doctor Gonzalo Cortéz.
El 15 de abril, desde las 13:00 horas, la Comisión de Economía del Senado recibe al presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Raphael Bergoeing.
El martes 16 de abril, la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta continúa con el estudio del proyecto que crea un Registro de Deuda Consolidada (en primer lugar de la tabla).
El miércoles 17, desde las 12:30 horas, la Comisión de Trabajo continúa con el estudio de la reforma de pensiones, con urgencia simple. Invitados: representantes de “Con mi plata no”, AFP UNO y OCDE.
El mismo día, la Comisión de Minería, desde las 12:30 horas, analiza la situación de Enami, en particular, el cierre de la Fundición Hernán Videla Lira. Para ello fueron invitados la ministra de Minería, Aurora Williams, y el vicepresidente Ejecutivo de Enami, Jaime Pérez de Arce.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.
La startup tecnológica de conducción autónoma WeRide presentó su solicitud para lo que podría ser la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de una empresa china en Estados Unidos desde la desastrosa cotización de la empresa de viajes compartidos Didi Global, en 2021.
WeRide dijo en una presentación este viernes que puede enfrentar “varios riesgos e incertidumbres legales y operativos asociados con tener nuestra sede o nuestras operaciones principalmente en China continental”. La compañía no revelará el número ni el rango de precios propuesto para sus Acciones Depositarias Estadounidenses (ADR, sigla en inglés) hasta que esté lista para comenzar a comercializarlas.
WeRide, constituida en las Islas Caimán, solicitó de forma confidencial una OPI con un plan para recaudar hasta US$ 500 millones, informó Bloomberg News el año pasado. Después de que la OPI de Didi por valor US$ 4.440 millones provocara una ofensiva por parte de Beijing contra las empresas con datos confidenciales que vendían acciones en el extranjero, los listamientos en Estados Unidos de empresas con sede en China se habían estancado.
En su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en de EEUU), WeRide dijo que tuvo una pérdida de US$ 268 millones de sobre ingresos de US$ 55 millones el año pasado.
Fundada en 2017, WeRide desarrolla tecnología de conducción autónoma y la está probando o implementando comercialmente en 30 ciudades en siete países, dijo en el documento. WeRide produce vehículos que incluyen robotaxis, minibuses, furgonetas y barredoras de calles, además de sus soluciones de software y hardware para conducción autónoma.
Según el documento, el actual inversor Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance acordó comprar acciones en la OPI en una colocación privada.
La oferta está dirigida por Morgan Stanley, JPMorgan Chase y China International Capital. La compañía planea que sus ADR coticen en el mercado de valores Nasdaq con el símbolo WRD.