El próximo 12 de mayo se cumple el plazo impuesto por la Corte Suprema y prorrogado para que las isapres devuelvan los excedentes cobrados a los usuarios a raíz de la tabla de factores de riesgo. Los tiempos se acortan y pareciera que la Ley Corta que se tramita en el Congreso corre el peligro de no estar promulgada para la fecha designada por la justicia, pese a estar con urgencia de discusión inmediata.
Sin embargo, este miércoles finalmente la Sala de la Cámara concluyó la discusión y votó la iniciativa, que fue aprobada en general por 123 votos a favor, ocho en contra y una abstención; mientras que las normas de quórum se aprobaron en general por 128 a favor, cuatro en contra y una abstención a lo que se sumaron 14 votaciones en particular, tras lo cual la iniciativa se despachó a tercer trámite al Senado, pese a que no existen dudas entre los parlamentarios que la propuesta terminará en una Comisión Mixta.
Entre los principales puntos visados por los diputados destaca la creación de una nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) para Fonasa, que en varias votaciones se le dio luz verde a su constitución, requisitos y formalidades y también se aprobó la creación de un Consejo Consultivo sobre Seguros Previsionales de Salud, que asesorará a la Superintendencia de Salud en el proceso de restitución de cobros en exceso, entre otras cosas; además se aprobó la norma que permite a las isapres pagar los excedentes en bonos.
En cambio, algunas normas no corrieron igual suerte que las anteriores, entre ellas destaca la norma que obliga a las isapres a aplicar la tabla única de factores y devolver los cobros en exceso, considerado el corazón de la propuesta del Ejecutivo; lo propio ocurrió con la disposición que obliga a las instituciones de salud previsional a completar el pago de lo adeudado antes de realizar repartición de utilidades y el sistema de contratación directa propuesta para la MCC y se rechazó la exigencia para las isapres de presentar a la Superintendencia de Salud un plan de pago y ajustes.
Otras medidas que no fueron aprobadas dicen relación con la facultad entregada a la Superintendencia de Salud para hacer efectiva la adecuación del precio final de los contratos de salud y una enmienda al índice de variación porcentual, cuando el indicador esté a la baja, entre otras medidas.
Discusión
En el marco de la discusión, la presidenta de la Comisión de Salud, Ana María Gazmuri (PAH) señaló que es “injusto y frustrante el abuso reiterado de las isapres”, lo que obligó a legislar en tiempo récord para responder al fallo y enfatizó no estar a favor de un “perdonazo” a las isapres. En contraste, el integrante RN de la instancia Andrés Celis planteó que la iniciativa genera incertidumbre financiera y falta de sostenibilidad, ya que no se garantiza la estabilidad del sistema, lo que –desde su punto de vista- podría poner fin a las isapres y afectar severamente a los afiliados y al sistema privado, en general, que podría llegar al colapso.
Por su parte, el expresidente de la Cámara, el DC Ricardo Cifuentes, reflexionó en que el proyecto es “curioso”, porque tiene cosas buenas como el fortalecimiento de Fonasa, pero criticó el hecho de que lo que las isapres que cobraron demás a los afiliados “lo van a pagar ellos mismos, lo que es una vergüenza”. Algo en lo que coincidió el exrepublicano Johannes Kaiser (IND), manifestando que el proyecto se trata de arreglar lo ya resuelto por la Corte Suprema, “haciendo pagar a los cotizantes sus propias indemnizaciones”.
Mientras, la PPD Helia Molina subrayó que “tenemos que aprobar esta ley para reducir la incertidumbre, asegurar el derecho de las personas y, de alguna manera, facilitar el pago de esta deuda para que las isapres no colapsen y no se altere el sistema”.
Senado
En la jornada de la tarde, la Sala del Senado deberá resolver cuál es el itinerario que seguirá la iniciativa: entre las posibilidades está que los cambios de la Cámara sean revisados por las comisiones de Salud y Hacienda, antes que vote la Sala; que lo manden directamente a Comisión Mixta, entre otras posibilidades.
En cualquier caso, los nombres para integrar la mixta serían los senadores integrantes de la Comisión de Salud Javier Macaya (UDI), Ximena Órdenes (indep. PPD), Juan Luis Castro (PS), Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI); y los diputados Daniel Lilayu (UDI), Andres Celis (RN), Tomás Lagomarsino (Indep. bancada radical, liberal DC), Gael Yeomans (CS) y Ana María Gazmuri (AH).
Comisión de Salud
Al cierre de esta edición y después de unos 45 minutos de reunión, los comités del Senado acordaron que el proyecto de Ley Corta de Salud sea analizado en la Comisión de Salud de la Corporación hasta el lunes 29. De manera tal que la Sala será convocada para votar, el martes 30 desde las 15:00 horas, haya o no informe de la comisión.
El acuerdo que no mejoró en nada el ánimo de algunos senadores, como el oficialista Ricardo Lagos Weber (PPD), quien enrostró a la mesa que no cambia en nada lo que se había debatido previamente y que en ello “no hay nada de buena onda aquí, cero”; además, recordó que la próxima semana es distrital.
Por su parte, el UDI Sergio Gahona argumentó que “este acuerdo no resuelve nada”. Y se retomó el debate. Por lo que, finalmente, la Sala rechazó por unanimidad los acuerdos adoptados por los comités y votó las enmiendas realizadas por la Cámara Baja a la Ley Corta de Salud las que también fueron rechazadas por 26 votos, con lo que la iniciativa se fue a Comisión Mixta.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.
La startup tecnológica de conducción autónoma WeRide presentó su solicitud para lo que podría ser la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de una empresa china en Estados Unidos desde la desastrosa cotización de la empresa de viajes compartidos Didi Global, en 2021.
WeRide dijo en una presentación este viernes que puede enfrentar “varios riesgos e incertidumbres legales y operativos asociados con tener nuestra sede o nuestras operaciones principalmente en China continental”. La compañía no revelará el número ni el rango de precios propuesto para sus Acciones Depositarias Estadounidenses (ADR, sigla en inglés) hasta que esté lista para comenzar a comercializarlas.
WeRide, constituida en las Islas Caimán, solicitó de forma confidencial una OPI con un plan para recaudar hasta US$ 500 millones, informó Bloomberg News el año pasado. Después de que la OPI de Didi por valor US$ 4.440 millones provocara una ofensiva por parte de Beijing contra las empresas con datos confidenciales que vendían acciones en el extranjero, los listamientos en Estados Unidos de empresas con sede en China se habían estancado.
En su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en de EEUU), WeRide dijo que tuvo una pérdida de US$ 268 millones de sobre ingresos de US$ 55 millones el año pasado.
Fundada en 2017, WeRide desarrolla tecnología de conducción autónoma y la está probando o implementando comercialmente en 30 ciudades en siete países, dijo en el documento. WeRide produce vehículos que incluyen robotaxis, minibuses, furgonetas y barredoras de calles, además de sus soluciones de software y hardware para conducción autónoma.
Según el documento, el actual inversor Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance acordó comprar acciones en la OPI en una colocación privada.
La oferta está dirigida por Morgan Stanley, JPMorgan Chase y China International Capital. La compañía planea que sus ADR coticen en el mercado de valores Nasdaq con el símbolo WRD.