“Se pondrá fin a los privilegios procesales especiales de que actualmente goza el personal militar en causas penales y de justicia militar”, decía el programa de gobierno del fallecido ex Presidente Patricio Aylwin, que planteaba que los tribunales castrenses debían concentrarse exclusivamente en causas de índole militar y no en materia de violaciones a los derechos humanos, cuyas causas debían pasar a juzgados ordinarios.

No obstante, el jueves en la noche, el diputado Andrés Jouannet (Amarillos y exmilitante DC) citó a Aylwin a la hora de fundamentar su voto a favor de una indicación del diputado Diego Schalper (RN), respaldada por toda la oposición, que le devolvía a la justicia militar los casos en que uniformados incurrieran en un delito, en el cumpliendo de labores de orden público y seguridad, aun cuando hubiera víctimas civiles.

“Aquí uno observa si hay autoridad política, si una persona tipo Aylwin dice en el Estadio Nacional: civiles y militares, y tiene esa capacidad de dirigir el país y cambiar la historia… Los militares no se van a meter (a combatir el crimen organizado) si no tienen garantías. Ese es el tema”, dijo Jouannet.

Esta enmienda al proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) se convirtió en la gran batalla legislativa del final de temporada de las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad, que durante más de un año tramitó esta iniciativa, con varios incidentes y polémicas.

Finalmente esta indicación sobre la justicia militar fue aprobada, con un estrecho margen, por 14 votos a favor y 12 en contra tras un tenso debate y un par de interrupciones que solo añadieron más suspenso a la votación.

Además de los doce votos de derecha y Jouannet, también dio su aprobación el presidente de las comisiones unidas, el diputado Miguel Ángel Calisto (hoy Demócratas y ex DC), quien si se hubiera abstenido o votado en contra, se habría caído la indicación.

En la noche del jueves, Calisto estaba evidentemente complicado por el mismo peso histórico de la norma, que reabría un conflicto jurídico-político que acompañó a todos los gobiernos de la Concertación.

“Es un retroceso”, dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, debido a que esta problemática histórica se había zanjado con dos reformas. Una de 2010, promovida por la primera administración del fallecido expresidente Sebastián Piñera, quien para acogerse a exigencias de tratados internacionales excluyó a los civiles imputados de la jurisdicción castrense. Con ello, se daba un paso sustantivo para limitar a la justicia militar que tuvo una amplia competencia tras la dictadura, incluyendo a causas de derechos humanos, de conductas terroristas o de asuntos ordinarios como accidentes de tránsito.

Luego, en 2016, en el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet se incluyó una segunda consideración y se estableció que la justicia militar no podía ver ningún caso en los que hubiera civiles involucrados, independiente de que fueran víctimas o imputados.

Ello permitió, por ejemplo, que el caso de la senadora Fabiola Campillai, quien sufrió un impacto de lacrimógena en la cara, además de otros episodios del estallido social, fueran juzgados en tribunales civiles e investigados por la Fiscalía. La justicia militar, en cambio, mantiene el modelo penal antiguo, en que el juez-fiscal investiga y sanciona.

Dado que la derecha no iba a ceder, independientemente de la evidencia jurídica que presentó el gobierno respecto de por qué no era aconsejable innovar en materia de justicia militar, la estrategia de La Moneda se centró en persuadir a Jouannet y Calisto.

Además, tras gestiones del Ejecutivo viajó desde Aysén y llegó a votar en horas de la noche el diputado René Alinco (independiente ex PPD), quien llegó con un oficio de su par Pamela Jiles (independiente), informando que el legislador patagónico lo iba a reemplazar en la instancia.

Por su parte, el diputado Raúl Leiva (PS) fue el encargado de plantear los eventuales vicios constitucionales de la indicación de Schalper. De partida, la norma se escapaba de las ideas matrices del proyecto sobre reglas de uso de la fuerza, al inmiscuirse en atribuciones de tribunales. Además, según Leiva, reorganizar el funcionamiento judicial era una facultad exclusiva del Presidente de la República y, en ese caso, igualmente debía pedirse la opinión de la Corte Suprema, situación que aún no se ha hecho.

Adicionalmente, el ministro de la secretaría general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), y los diputados oficialistas hicieron reserva de constitucionalidad, abriendo el camino a una eventual impugnación ante el Tribunal Constitucional.

Consciente de que su voto era dirimente, en uso de su facultad como presidente, Calisto habló al final de la ronda de intervenciones y no fue claro si iba a apoyar o rechazar la indicación de la derecha. Incluso, llamó al gobierno a buscar una salida para derivar esta discusión a otro proyecto. Tras sus palabras, el presidente de las comisiones unidas suspendió la sesión, lo que generó una frenética ronda de conversaciones.

Calisto fue inmediatamente rodeado por algunos legisladores del oficialismo y la oposición.

En esos instantes estaban presentes Elizalde y la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quienes se apartaron del trajín para evaluar si adoptaban un plan B.

Sin embargo, según la versión del diputado de Demócratas, La Moneda no ofreció ningún camino alternativo y justificó su voto a favor como una señal en favor de los efectivos policiales y militares para que puedan combatir el crimen.

A pesar del revés, el resultado es definitivo. La sala de la Cámara tiene previsto votar el proyecto, entre las 16 y 19 horas (horario que podría alargarse dada la complejidad de la temática), donde la derecha tiene una difícil tarea.

En las mismas comisiones unidas, el gobierno logró un punto importante a su favor: la secretaría de las comisiones unidas consideró que, efectivamente, esta norma reorganizaba atribuciones de tribunales por lo que se requerirá de un quórum de 78 votos en la sala.

Al término de la sesión, ni el gobierno ni la oposición tenían un balance satisfactorio de lo que fue el trabajo de las comisiones unidas, que al fusionar a dos instancias legislativas de la Cámara (Constitución y Seguridad) tenían que legislar con una gran cantidad de diputados (26 en teoría).

Si bien nunca hubo esa cantidad de diputados en una sesión, pues hay parlamentarios que al final ejercieron un voto doble (por ejemplo Leiva y el RN Andrés Longton son miembros de las dos comisiones), la numerosa presencia de legisladores y asesores en un mismo espacio solo dificultó la tramitación.

Por ejemplo, en la noche del jueves, Calisto tuvo que pedir constantemente que los presentes en la sala Carlos Lorca guardaran silencio.

Incluso, la diputada Alejandra Placencia (PC) tuvo que reclamar en un par de ocasiones que el murmullo constante no dejaba escuchar las intervenciones de sus pares.

El año que demoró esta instancia fusionada en sacar el proyecto sobre reglas de uso de la fuerza también fue una anormalidad. Por lo general, las comisiones unidas buscan ahorrar discusiones y, en el último período, otros equipo agrupados solo se han demoran un mes de trabajo o una sesión. No fue el caso, pues cada artículo fue debatido intensamente, a veces entrampando la conversación en conceptos como qué se entiende por “arma letal” o “menos letal”.

Un tema aparte fue el juego de bloqueos legislativos y maniobras dilatorias en las que incurrieron tanto la oposición como el oficialismo. De hecho, las comisiones unidas no sesionaron desde septiembre del año pasado hasta marzo de 2024, debido a los temores que tenía el gobierno de sufrir un revés legislativo, en vista de que Jouannet y Calisto ya daban muestra de más cercanía con los postulados de la derecha.