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La norma que deja a Julio Ponce fuera del pacto Codelco-SQM

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La fórmula llegó casi al final, esta semana. Convencidos en Codelco y SQM de la imposibilidad legal de imponer una prohibición con nombre y apellido a la presencia de Julio Ponce Lerou en la alianza entre ambas compañías más allá de 2030, las partes acordaron una restricción genérica, innominada, pero que tiene una aplicación práctica: a partir de enero de 2031, Julio Ponce no podrá incorporarse al directorio de la nueva sociedad que formarán SQM Salar y Minera Tarar, filial de Codelco, la que será el mayor productor local de litio.

La decisión formará parte de los documentos finales que los directorios de SQM y Codelco aprobaron este jueves y que se harán públicos este viernes en la mañana, tras su firma definitiva. La alianza permitirá crear una megaempresa de litio entre 2025 y 2060, la que será el mayor productor de ese mineral de Chile. Primero estará controlada por SQM y desde 2031, por Codelco. Pero en el final, una de las últimas trabas por resolver, era el factor Julio Ponce. Dirigentes y parlamentarios oficialistas habían pedido desde hace varias semanas que la restricción que pesa sobre Julio Ponce y su familia para participar en SQM y sus filiales se extendiera en la alianza más allá de 2030: senadoras como Yasna Provoste y Paulina Vodanovic solicitaron expresamente al presidente de Codelco, Máximo Pacheco, restringir a Ponce y sus familiares directos en la nueva sociedad que se formará.

A Julio Ponce, controlador del grupo Pampa Calichera, dueño del 26% de SQM, le afecta una restricción impuesta por Corfo en 2017 y aceptada por el propio expresidente de la minera no metálica: ni él ni sus hermanos ni sus hijos podrán participar en el directorio de SQM ni de sus filiales. Para estructurar legalmente aquella prohibición, Pampa Calichera y otras sociedades dueñas de acciones de SQM se comprometieron en diciembre de 2017 a no designar a Ponce ni a ningún pariente en segundo grado de consanguinidad en esas mesas, hasta el 31 de diciembre de 2030, cuando vencía el contrato de arrendamiento del salar de Atacama por parte de SQM. Entonces, Julio Ponce tenía 73 años, hoy tiene 78 y hacia 2030, cuando termina esa restricción, tendrá 85. Recién ahí podría, en teoría, volver a SQM, la empresa que presidió hasta 2015, cuando dejó ese directorio y los de las sociedades cascadas tras el escándalo del financiamiento irregular a la política.

En 2017, el entonces vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, ahora director de Codelco, fue el duro negociador que impuso aquella “cláusula”, que en realidad era una condición sine qua non para cerrar un acuerdo conveniente para ambas partes: SQM podría aumentar su cuota de producción de litio y el Fisco cobraría una renta de arrendamiento muy superior a la vigente.

Pero esa disposición, llamada coloquialmente “cláusula Bitran”, no podía ser replicada en la actual negociación por Codelco.

Primero, porque no estuvo en la negociación de todo 2023. Segundo, porque debía contar con el beneplácito de Julio Ponce, quien no era parte de las actuales conversaciones, así como tampoco las sociedades cascadas, que él controla. Tercero, y lo más importante, porque jurídicamente era demasiado frágil, concluyeron todos los análisis legales: imponer una restricción a una persona en particular era arbitrario y discriminatorio y podía ser reclamada judicialmente y ante el Tribunal Constitucional con razonables posibilidades de éxito. Sin la anuencia de Ponce, Codelco no podía imponerle una prohibición de ese tipo. Por ello, las partes acordaron una restricción genérica, innominada y simétrica, que afecta a SQM y, menos, a Codelco.

SQM y Codelco formarán una nueva sociedad que extraerá litio desde el salar de Atacama entre 2025 y 2060. En una primera etapa, esa nueva sociedad, que nacerá de la fusión de SQM Salar, filial de SQM que explota el yacimiento, y Minera Tarar, filial que creó Codelco para participar en el negocio, tendrá seis directores: tres nominados por Codelco y tres por SQM. El presidente será designado por Codelco y el vicepresidente, por SQM. SQM controlará esa empresa por la vía de una mayoría accionaria en las juntas de accionistas. A partir de 2031, tendrá siete directores y cuatro corresponderán a Codelco, que controlará así la alianza.

Los estatutos de esa nueva sociedad establecerán requisitos y restricciones para ser director. Entre los primeros, estará que los miembros del directorio deberán tener un título profesional. Y entre las restricciones, Codelco y SQM acordaron una prohibición que afecta a Julio Ponce, pero que no lleva ni si nombre ni su apellido: no podrán ser directores de la nueva sociedad -que aún no tiene un nombre definido- quienes hayan sido directores de SQM o Codelco por un período mayor a 10 años. Ese período podrá ser o no consecutivo.

La filosofía detrás de esa norma estatutaria es la renovación de nombres en una empresa naciente. Pero su aplicación práctica afecta a Julio Ponce. El ingeniero forestal fue director y presidente de SQM -ex Soquimich- durante 28 años, entre 1987, cuando era yerno de Augusto Pinochet, y 2015, cuando dejó la firma en medio de un acoso judicial y político. Sí podrá volver a SQM en 2031, cuando venza el compromiso actualmente vigente, pero cercanos a Ponce indican que no está ni estaría entre sus intenciones volver a ocupar un cargo directivo de alta exposición, menos aún a los 85 años.

Puesta así, la norma no afectará a su hermano, Eugenio Ponce, quien fue director y presidente de SQM, pero por un período menor de tiempo, entre 2016 y 2018, hasta que el veto de Corfo lo dejó fuera. Hoy es asesor de la empresa y tiene 73 años.

Tampoco deja fuera a los hijos de Julio Ponce: Julio César (54), Alejandro (52), Francisca (44) y Daniela Ponce Pinochet (40). Las partes concluyeron que una restricción a personas específicas, y solo por ser hijos de quien son, era jurídicamente impracticable.

Había otras restricciones posibles que rondaron las cabezas de los negociadores, pero que no cuajaron. Por ejemplo, a la usanza de empresas multinacionales, fijar una edad máxima para integrar un directorio o altos cargos ejecutivos: una especie de edad de jubilación que se establece a los 65, 70 o 75 años, por ejemplo. Pero se descartó porque era discriminatorio con los adultos mayores.

La regla estatutaria definida para la nueva empresa común no dejará solo a Julio Ponce como potencialmente afuera de la nueva sociedad a partir de 2031. También aplicará a otros insignes directores de SQM. Y al menos uno de Codelco.

Operaciones de SQM en salar de Atacama.

Además de Ponce, al menos otros dos directores suman más de los 10 años en las últimas tres décadas en SQM. Uno de ellos es el exministro de Hacienda Hernán Büchi, director de SQM desde 1993. Büchi tiene hoy 75 años y sigue en SQM, empresa en la que ha estado casi ininterrumpidamente desde hace 30 años, con una breve ausencia de 12 meses, entre abril de 2016 y 2017.

El otro es un abogado: José María Eyzaguirre Baeza, socio principal del estudio Claro & Cía., bufete que hoy trabaja con SQM. Eyzaguirre fue director de SQM por casi 15 años, hasta 2015, pero fue electo por los accionistas entonces rivales de Ponce, la canadiense PCS. Eyzaguirre dejó la empresa en protesta por el escándalo de los pagos políticos en 2015, junto a los otros directores de PCS, la empresa que más tarde se transformó en Nutrien y vendió su participación a la china Tianqi. Eyzaguirre ha sido director de otras firmas, como Latam o Walmart.

Pero hay otros directores que, si permanecen en SQM, no podrán estar en la nueva y mayor empresa de litio chilena.

El primero es Patricio Contesse Fica, quien suma casi ocho años no consecutivos en la empresa -estuvo primero entre 2013 y 2015 y luego desde 2018 a la fecha- y es vicepresidente de SQM. El segundo es el actual presidente de SQM, el también abogado Gonzalo Guerrero, quien entró a SQM en 2016 y si sigue hasta 2026, ya no podría participar en la empresa que suceda a SQM Salar. Guerrero es nombrado en la mesa por la japonesa Kowa. Contesse, por Julio Ponce.

La restricción es recíproca y afecta también a quienes han sido directores de Codelco. Pero en una revisión rápida cuesta encontrar personas que hayan estado más de diez años: los ciclos políticos forzaban a una frecuente renovación de sus directorios y la ley de gobierno corporativo de 2010 limitó los períodos de sus directores a ciclos de cuatro años. Así, el único con esta restricción sería el sindicalista Raimundo Espinoza, quien fue director de Codelco por casi 14 años, hasta su salida en 2020.P

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Bonos verdes: crece popularidad como alternativa de empresas

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En el mundo bursátil, los bonos verdes, usados por los emisores para financiar proyectos con fines medioambientales, están robándose las miradas.

Para los analistas, abundan las razones de su creciente atractivo. Pablo Bawlitza, gerente de finanzas corporativas de BCI, explica que la creciente importancia mundial por el cambio climático ha desarrollado la proliferación de fondos de inversión destinados a cartera de activos con calificación verde o ESG; y al mismo tiempo, los esfuerzos medioambientales han derivado en una gran cantidad de convenios y acuerdos internacionales que han puesto restricciones relevantes a la inversión en bonos no vinculados a actividades ESG.

“Los bonos verdes corresponden a instrumentos financieros de renta fija que califican en una de las categorías ESG (sustentables). Bonos cuyo uso de fondos o los compromisos asumidos por el emisor, están vinculados a actividades de protección y control de contaminantes provocados por las actividades de las empresas emisoras o sus filiales”, dice Bawlitza.

Raimundo Alcalde, jefe de ESG de LarrainVial Asset Management, destaca el rol de los SLB (bonos vinculados a la sostenibilidad por sus siglas en inglés), ya que las compañías que los emiten se comprometen a llevar a cabo ciertas metas predefinidas de sostenibilidad. “Si alguno de estos objetivos no se cumple, la empresa aumentará la tasa de interés del bono, beneficiando a los inversionistas y también presionando a la empresa para mejorar su desempeño en sostenibilidad”, asegura.

Bonos verdes: su creciente popularidad y por qué son una buena alternativa para las empresas

Basándose en la emisión de los bonos sostenibles por parte de las empresas, Alcalde asegura que los denominados verdes ocupan un papel preponderante: entre enero y marzo los SLB representaron casi un 11% de todos los bonos corporativos en circulación en Latinoamérica. “De todas las emisiones del primer semestre, el 27% fueron sostenibles, y los (bonos) verdes dominan”, agrega.

Así, casi un 70% tanto de los SLB en circulación como de las nuevas emisiones en el primer semestre, son bonos verdes. “Su popularidad puede ser explicada por el apetito que ha tenido el mercado por ellos, dada la urgencia de mitigar los efectos del cambio climático en la región y la relevancia que ha cobrado para las empresas el impacto ambiental de sus operaciones en la sociedad. Por otro lado, y ligado a esto último, cada vez más inversionistas han comenzado a integrar factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en sus análisis de inversión”, señala.

Chile, Brasil y México son líderes del mercado de bonos en Latinoamérica, mediante la emisión de bonos sostenibles y vinculados a la sostenibilidad. Según un reporte de S&P Global de febrero, los SLB siguen siendo relativamente más frecuentes en A. Latina que en otras regiones.

Reinalina Chávarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la U. de Chile, está convencida de que los bonos verdes estimulan la participación de las entidades financieras e inversionistas institucionales, a través de sus estrategias de negocios, para contribuir a la descarbonización de la economía.

Esta herramienta cuenta con la posibilidad de ofrecer inversiones a mayor plazo en actividades o proyectos con bajo impacto en emisiones de gases de efecto invernadero y que, al mismo tiempo, generan resultados positivos en el medioambiente y sobre las personas. Para la académica, estos principios sirven para orientar las decisiones de inversión de una compañía o un conglomerado de negocios: “Es lo que conocemos como finanzas sostenibles”, puntualiza.

Según Chávarri, a corto plazo la sustentabilidad es una definición estratégica de las firmas: mirar el largo plazo con sus impactos y riesgos: “Lo anterior, permite diseñar e implementar estrategias con metas e indicadores que muestran de manera objetiva que, al adherir a tales principios de inversión, es posible crecer y desarrollarse a la vez”.

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Tras fatal accidente: EFE informa que servicio de trenes a Rancagua y Chillán permanecerá suspendido por tres días más

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La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) informó este viernes que el servicio de trenes en dirección al sur, que incluye destinos como Rancagua y Chillán, permanecerá suspendido por al menos tres días más tras el fatal accidente ocurrido la madrugada del jueves en San Bernardo.

Cabe recordar que la suspensión del servicio en dirección al sur comenzó tras el choque frontal entre un tren de pasajeros que realizaba pruebas de velocidad y un convoy de Fepasa que transportaba más de mil toneladas en láminas de cobre. El hecho dejó dos personas fallecidas de la máquina de carga y nueve heridos.

Este sábado se producirá la formalización del operador de vías y del maquinista de EFE, quienes fueron detenidos tras la tragedia.

Con todo, la empresa de trenes informó que las salidas a la Región de O’Higgins y del Ñuble permanecerán suspendidas durante este fin de semana y también hasta el lunes 24 por los trabajos que se realizan para volver a habilitar las vías férreas.

En el caso de los viajes a Chillán, la empresa habilitó un formulario para que los usuarios pueden solicitar la devolución del valor de sus pasajes, disponible en su sitio web.

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¿Cuántos empleados públicos tiene el Estado de Chile?

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Se trata de un tema recurrente en los debates políticos en el último tiempo y que hoy vuelve a escena. Conocer el número real de las personas que trabajan en el sector público, su evolución y el grado de confiabilidad de los datos existentes al respecto, se ha transformado en una tarea compleja y donde se mezclan una serie de nudos difíciles de desatar.

El año pasado el clima político se encendió cuando el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio cuenta de un fuerte crecimiento del empleo público en distintas mediciones. Una de ellas, del trimestre móvil septiembre-noviembre de 2023, mostró un alza de los asalariados públicos de casi 100 mil personas (9,1%), el mayor incremento desde agosto de 2019, previo a la pandemia y a la crisis social.

Para contrarrestar las críticas sobre este aumento, en un año caracterizado por el alza del desempleo y el fantasma de la recesión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, relativizó las cifras del INE y las comparó con un alza más moderada de las estadísticas emanadas del llamado Gobierno Central, el que incluye sólo a ministerios y servicios públicos, al Congreso -excepto parlamentarios-, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público.

De esta forma, el secretario de Estado planteó que las cifras de empleo público del INE darían cuenta de una realidad en sectores públicos que no tienen relación con la administración del gobierno de Gabriel Boric. “Puede ser que haya otra parte donde está aumentando (el) personal, puede ser que sea en las municipalidades (…) que no tenemos información completa. Hay dificultad para validar a esa información”, explicó en la oportunidad, sin dar más detalles.

“Esta idea repetida, que se da en innumerables oportunidades, foros, entrevistas, de que acá toda la plata se está yendo a contratar funcionarios públicos, simplemente no cuadra con los datos”, aseguró el ministro entonces.

Sin embargo, la fuerte polémica revela un problema más de fondo: la inexistencia de estadísticas oficiales y confiables acerca de cuál es la real cantidad de funcionarios públicos que hoy trabajan para el Estado de Chile y que van más allá de los empleados contabilizados en el Gobierno Central, los que llegan a 488.153 personas, según el último informe censal de Recursos Humanos del Sector Público de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

¿Cuántos empleados públicos tiene el Estado de Chile?

De hecho, la última encuesta del INE cuantifica en 1.214.315 los asalariados públicos al trimestre febrero-abril de 2024, ya que incluye a todos los que se autodeclaran como tales y, por lo tanto, suma a todo el Gobierno Central y al sector público descentralizado. Es decir, aglutina además a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, de las empresas públicas, de las universidades estatales, y empleados municipales y servicios municipalizados. Pero al ser autodeclarado, puede considerar también a gente que se desempeña en un ente público, pero que lo hace por medio de una firma que presta sus servicios y que por tanto son trabajadores que pertenecen al sector privado.

“La prueba más evidente de que no sabemos cuánta gente trabaja en el Estado es cuando el INE publica trimestralmente la evolución del empleo y, una parte relevante, se explicaba el año pasado por el aumento de las contrataciones en el sector público. Si tuviéramos la información, se podría explicar el origen, sector, localidad, tipo de empleados… y, en caso de identificar crecimientos de dotación que no se justifican, las autoridades podrían tomar las medidas correctivas. Pero el debate se enfoca en determinar responsabilidades de lado y lado, sin llegar a ninguna conclusión”, reclama el investigador asociado de CIES-UDD y exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo.

Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos.

Frente a la consulta de Pulso La Tercera sobre la estadística oficial de empleados que hoy tiene la administración pública en Chile, la Dipres respondió usando cifras “estimadas” de beneficiarios del reajuste del sector público que cada año entrega el Estado.

Para la ley tramitada en diciembre de 2023, los beneficiarios se estimaron en 844.934 personas. Esta proyección considera a los trabajadores del sector público, incluidos los funcionarios municipales y de atención primaria de salud, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y el personal de los otros Poderes del Estado, afirmó la Dipres. La proyección, sin embargo, excluye, por ejemplo, a quienes trabajan en empresas estatales (que tienen su propia negociación salarial y se rigen por el Código del Trabajo), universidades y centros de formación técnica del Estado, y también al personal a honorarios.

El economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, cree que no resulta “razonable” que el Estado carezca de una cifra oficial y confiable de todos quienes trabajan en el sector público, en momentos en que la tecnología permite una recopilación menos engorrosa respecto de décadas atrás.

Imagen David Bravo y Jere Behrmann41
David Bravo, académico de la UC.

“La pregunta es cómo se puede hacer gestión pública si no se tiene esa información de trabajadores públicos detallada. Habla mal del Estado no responder a una pregunta tan simple”, reclama el economista de la UC.

“Si un gerente (en el sector privado) llega a una empresa, pero no sabe si tiene 300 trabajadores o 3 mil, no es presentable”, añade Bravo, quien desliza también las posibles deficiencias que puede haber en la entrega a la Dipres de los datos de funcionarios públicos provenientes de instituciones como las municipalidades.

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, profundiza acerca de la calidad y cobertura de la información entregada por varias instituciones públicas. Recuerda que en 2020, junto al ministro de Hacienda de la época, Ignacio Briones, impulsaron la Ley 21.306, que obliga a municipalidades, universidades estatales y empresas públicas a reportar mensualmente la nómina de trabajadores a la Dipres.

“Esta falta de información alcanzó su peak el año 2020, donde producto de la pandemia se apreciaban cambios significativos en la información reportada el año anterior y no contábamos con un mecanismo para chequear la integridad de los datos, como sí existía en las cifras del Gobierno Central. Por esta y otras razones, propusimos la incorporación de este artículo en la ley de reajuste y se aprobó por unanimidad”, rememora Acevedo.

El objetivo principal de la ley, añade, era saber cuánta gente trabaja en el sector público. “A la fecha, por distintas razones, seguimos sin saberlo. Además, el artículo establece multas y sanciones ante incumplimientos de esta obligación. No parece ser una exigencia muy compleja de cumplir, porque cualquier entidad, sea privada o pública, que no lleve un registro periódico de sus trabajadores denotaría un problema serio de gestión y control, y quiero creer que no es el caso. Pero a la larga, el incumplimiento de esta norma no ayuda a fortalecer la confianza de las personas en el Estado y en cómo gasta los recursos que los ciudadanos aportan”, concluye el exdirector de Presupuestos del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El artículo 70 de la Ley 21.306 precisa que la Dipres debe informar a la Contraloría General de la República sobre el incumplimiento de la obligación, la cual podrá iniciar un sumario y establecer las sanciones que correspondan respecto de las entidades sujetas a su fiscalización. “A raíz de esto, la Dipres ha reportado mediante siete oficios correspondientes a distintos períodos de tiempo la información recibida a la Contraloría General de la República, para que esta pueda aplicar las acciones que le correspondan. El oficio más reciente enviado por Dipres a la Contraloría aborda la información reportada por las instituciones públicas durante el primer trimestre de 2024 y da cuenta de 345 instituciones que no habían cumplido con su obligación ya sea completamente o en forma parcial (con uno o más períodos faltantes desde 2021)”, complementa el organismo liderado por Javiera Martínez.

Javiera Martínez, directora de Presupuestos.

Pese a los oficios enviados por la Dipres y su obligación legal de establecer sanciones ante incumplimientos, la Contraloría se limitó a precisar a Pulso La Tercera que “no se han instruido sumarios por esta causa”.

La Dipres sostiene que tan importante como el reporte de la información de las instituciones es que estos datos sean de calidad, para que contribuyan al diseño de políticas públicas. Para ello, añade la repartición, la Dipres está trabajando en mejorar los mecanismos de reportabilidad histórica y hacia futuro.

Un exfuncionario de la Dipres, que prefirió el anonimato, explica que la mayor parte de las municipalidades del país quebrantan la ley y, muchas veces, no entregan la información requerida o envían datos parciales, difíciles de corroborar. “Muchas veces se entregan paquetes generales de información, sin especificar el RUT de cada empleado”, detalla la misma fuente.

Al respecto, la Dipres sostiene que la estimación global del número de los funcionarios municipales para efectos del reajuste del sector público se hace “considerando las fuentes de información disponibles en el Estado al momento de realizar la estimación”.

De hecho, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, anticipó que publicará semestralmente estadísticas consolidadas, según la información disponible, del número de trabajadores informados por las instituciones públicas. “A partir del 28 de junio se publicarán los promedios anuales de 2021 a 2023 divididos por grupos más amplios que la información con la que se cuenta actualmente. Se entregará información sobre la administración central (ministerios y servicios públicos), organismos autónomos, empresas públicas, municipios, universidades y CFT estatales. Para reportar esta información se usarán tanto los datos del Informe de Recursos Humanos del Sector Público de Dipres para el nivel central, como los que se reportan en virtud del artículo 70 de la Ley 21.306 que son autorreportados por las instituciones”, concluye la Dirección de Presupuestos.

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