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La querella del CDE en contra de Daniel Jadue

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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) concretó el martes, un día antes de la formalización, la presentación de una querella en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

La autoridad comunal este jueves llegó hasta el Centro de Justicia para su formalización por los delitos de malversación, lavado de activos y cohecho, entre otros delitos, en una investigación que se arrastra desde 2022 por la Fiscalía Centro Norte.

En ese contexto, el CDE se sumó a las acciones judiciales contra Jadue y presentó una querella en su contra por su calidad de autor en los delitos de cohecho y fraude al Fisco.

En el punto primero de la acción judicial, se detalla que Jadue en los años 2020, 2021 y 2022, ha tenido un doble rol como alcalde de Recoleta y presidente del directorio de la Achifarp, “administrando deslealmente los fondos públicos de la referida municipalidad, infringieron sus obligaciones legales” y en concertación con algunos funcionarios municipales y de la asociación de farmacias.

El CDE en el primer punto, lo encauza en el convenio suscrito entre la Achifarp y la Universidad de Concepción para disponer en la atención primaria de Interferon como medicamento tratante del Covid-19. El costo del convenio era de $301.349.276 y estaba sujeto a una serie de “hitos”.

El “hito 1″, requería el pago de $24.812.400. Sin embargo, el 11 de agosto de 2020, en una sesión de concejo en Recoleta, Jadue solicitó incorporar dos puntos en la tabla a discutir, entre ellos, la aprobación de una cuota extraordinaria por $25.500.000, “lo que se deduce que ya la solicitud al concejo municipal el querellado solicitó $687.600 de más”. Pese a eso, el monto fue aprobado.

El alcalde de Recoleta Daniel Jadue el 15 de julio de 2020, realizó un punto de prensa en la Universidad de Concepción, presentando el tratamiento para el Covid-19 con Interferón. Foto: Agenciauno

El 27 de abril de 2021, de acuerdo a los antecedentes presentados en la querella, Jadue volvió a solicitar aprobación al concejo para traspasar dineros a la Achifarp y pagar a la casa de estudios. En la instancia, afirma el CDE, se aprobó el traspaso de $204.976.800 para la adquisición de 180 mil dosis de Interferón. En la instancia el alcalde afirmó que los permisos para la elaboración del medicamento ya habían sido entregados por el Instituto de Salud Pública (ISP).

En este punto el CDE hace mención que tanto la Municipalidad de Recoleta y la Achifarp, estaban en manos de la misma persona, el alcalde Jadue, y que pese a haber aprobado un monto total de $230.476.800 a la asociación de farmacias para pagar a la Universidad de Concepción, solo se transfirieron $25.000.000 y que el resto no fue restituido a las arcas municipales.

El CDE agrega que el Instituto de Salud Pública (ISP), a diferencia de lo afirmado por Jadue en el concejo, nunca autorizó la fabricación del medicamento y que solo se respaldaron los planos del laboratorio, por lo que la obtención de recursos para fabricar Interferón no correspondía.

En la misma línea, también cuestiona el traspaso de $150.000.000 a la Achifarp para la compra del medicamento Avifavir. Sin embargo, la asociación señaló a un requerimiento de la Contraloría que el convenio generaba gastos por $134.968.584, por lo cual, $15.031.416 estaban pendientes de ejecución y que no fue rendida durante la pesquisa de Contraloría.

“De gastarse una menor cantidad, el saldo ($15.031.416) debió reintegrase a la Municipalidad, lo que no ocurrió. En las circunstancias expuestas, los montos transferidos desde la Municipalidad de Recoleta a ACHIFARP también dan cuenta de actos a sabiendas de falta de fidelidad en la gestión del patrimonio público que ocasionaron perjuicios económicos a las arcas municipales, por parte del querellado Daniel Jadue, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Recoleta” se sostiene en el escrito.

29/05/2024 FORMALIZACION DE DANIEL JADUE MARIO TELLEZ / LA TERCERA

De acuerdo a los antecedentes del CDE, los estatutos de la Achifarp señalan que no se puede realizar el cobro de más de una cuota extraordinaria al mes y, los fondos recibidos, no podrán destinarse a otros objetivos con el cual se recaudaron inicialmente, salvo determinación de una Asamblea General Extraordinaria.

Sin embargo, tal disposición, consigna el CDE, también fue vulnerada por Jadue, ya que en agosto de 2020, gestó que Recoleta realizara el pago de dos de estas cuotas por concepto de adquisición de Interferón y la compra de Avifavir, a la Achifarp, la que también presidía y representaba.

“Además, los montos transferidos a Achifarp, a raíz de sus gestiones, casi en su totalidad, sin mediar asamblea alguna, no fueron utilizados para el fin previsto, lo que adquiere especial gravedad al observar que el dinero público involucrado fue autorizado por el Concejo Municipal con el fin preciso, concreto y determinado”, se consigna en la acción judicial.

En otro de sus puntos de la querella, el CDE sostiene que los concejales de la comuna fueron engañados por Jadue y por el director del Departamento de Salud, Eduardo Sendra, para aprobar dineros para la Achifarp y realizar la compra de dispositivos auditivos.

Dentro de los antecedentes se menciona el convenio de colaboración entre Recoleta y la asociación de farmacias populares, a la que en marzo de 2019, se le traspasaron $63.201.926 para la compra de 125 prótesis auditivas. En el mismo acuerdo, pero para ayudar a personas con dependencia, se aprobó otra cuota extraordinaria por $49.533.000 para adquirir 100 camas clínicas.

“A lo anterior se agregan otras acciones relacionadas con el tratamiento del déficit auditivo que configuran acciones defraudatorias. Al efecto, debido a la crítica y angustiante situación económica de la Achifarp ya referida, provocado por la administración fraudulenta por parte de los imputados Daniel Jadue Jadue y José Matías Muñoz Becerra respecto del patrimonio de Achifarp, buscando los querellados la necesidad de mantener oculto el real estado financiero de la asociación, y de evitar las consecuencias judiciales personales por las operaciones realizadas, se concertaron para la obtención de recursos desde la Municipalidad de Recoleta para obtener liquidez, durante el mes de agosto del 2021, planificaron obtener nuevos recursos a través de ventas de productos directas a la Municipalidad de Recoleta, aprovechando la calidad de alcalde de esa municipalidad del querellado Jadue Jadue”, consigna el CDE.

En ese contexto, menciona que los querellados “suscribieron un Contrato de Suministro de prótesis auditivas, con fecha 30 septiembre de 2021 entre la Achifarp y la Municipalidad de Recoleta, por un valor total de $99.271.680 pesos para la adquisición de 345 prótesis auditivas, que en promedio de valor unitario correspondía a $ 287.744 pesos”.

El alcalde de Recoleta Daniel Jadue se retira del Centro de Justicia al finalizar la primera jornada de formalización.
El alcalde de Recoleta Daniel Jadue se retira del Centro de Justicia al finalizar la primera jornada de formalización. Foto: Marcelo Hernández / Aton Chile.

En esta operación no existió licitación pública y -de acuerdo al CDE- para justificar la compra directa, Jadue y Muñoz se concertaron con Sentra, quien presentó un informe que resultó ser falso “considerando que las prótesis auditivas a adquirir no tenían la referida dependencia tecnológica con las usadas en el centro audiológico de la Municipalidad (son genéricas)”.

“En el Concejo Municipal de Recoleta (nº120), de fecha 10 de agosto de 2021, los concejales, engañados por la información falsa entregada por los querellados, aprobaron la compra directa de prótesis auditivas a la Achifarp, firmándose el contrato señalado, concretándose la compra, y pagándose por parte de la Municipalidad a la Achifarp”, sostiene la querella.

El CDE recalca que con la intención de ocultar el verdadero estado financiero de la Achifarp, Jadue, Muñoz y Sendra -en diciembre de 2021- desarrollaron nuevas “maniobras defraudatorias” a Recoleta, al idear la venta directa desde la asociación al municipio. Esto ocurrió con un convenio que establecía la adquisición de glucómetros por un monto total de $58.738.311, donde -acuerdo al CDE- se preparó una solicitud de “compra urgente” de estos insumos, con lo cual se aprobaba la compra sin pasar por una licitación.

El Ministerio Público en diligencias investigativas, en febrero de este año, encontró una bodega municipal con casi 2.000 kit de glucómetros, 85 lancetas y 6.000 tiras de la orden de compra señalada, vencidos y sin haber sido usados, “lo que demuestra de manera evidente que la supuesta necesidad urgente, jamás existió”, dice la querella.

En mayo de 2022, Recoleta autorizó una nueva compra de nuevos kit de lancetas y tiras reactivas, con el argumento de adquirir insumos compatibles con los dispositivos anteriormente adquiridos, por $9.876.841. El argumento de compatibilidad, “es falso”, dice el CDE.

29/05/2024 FORMALIZACION DE DANIEL JADUE MARIO TELLEZ / LA TERCERA

De acuerdo al CDE se configura el delito de cohecho en la relación de Jadue con la empresa Best Quality, proveedora de insumos médicos de Achifarp.

En junio de 2020, en una reunión, Jadue -según la querella- le ofreció a César Ramírez Ramírez, vendedor y comisionista de Best Quality, ser proveedor de la asociación por las 93 salas de venta que tendría a través de las municipalidades.

De acuerdo al CDE “en el marco de las referidas reuniones, Daniel Jadue planteó a César Ramírez Ramírez la posibilidad de que, atendida su calidad de Alcalde de la comuna de Recoleta, y teniendo a la vista los negocios que se habían concretado con la Achifarp, la empresa Best Quality Spa efectuara una donación de sus productos para la Municipalidad de Recoleta, cuestión a la que, inicialmente, el representante de dicha empresa no accedió por cuanto aquello no se encontraba contemplado en los términos de los acuerdos comerciales que se habían alcanzado”.

Sin embargo, de acuerdo al Consejo de Defensa del Estado, tal donación no se efectuó en favor de Recoleta, sino que fue en beneficio de la sede del Partido Comunista de la comuna, en calle Lircay #486, lo que fue establecido por las diligencias de georreferenciación de antenas de celular, lo que permitió establecer que el chofer de Best Quality estuvo en el lugar.

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Eduardo Macaya: OS-9 incauta celular de jefe operativo de Cárcel de Rancagua

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Este viernes, el OS-9 de Carabineros incautó el celular de Cristián Solis Riesco, jefe operativo de la cárcel de Rancagua, recinto donde el empresario Eduardo Macaya Zentilli pasó tres días cumpliendo prisión preventiva luego de ser condenado a seis años de presidio por cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de edad.

La diligencia se debe a una investigación de oficio abierta por el Ministerio Público por un presunto tráfico de influencias ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal, hasta que la Corte de Apelaciones revocara la cautelar y decretara arresto domiciliario.

Solís Riesco es apuntado como uno de los responsables del trato diferenciado que habría recibido Macaya Zentilli en el recinto penal.

Las indagatorias ocurren luego de que se confirmara que el padre del senador y expresidente de la UDI Javier Macaya permaneció los tres días que estuvo con la máxima cautelar después de la sentencia en el sector de enfermería de la Cárcel de Rancagua, y de que funcionaros del recinto afirmaran a El Mostrador que Eduardo Macaya recibió otra serie de privilegios al interior del recinto.

Producto de esto, Gendarmería instruyó el pasado martes 23 de julio un sumario administrativo, “para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos”.

Las diligencias al interior de la institución penitenciaria se activaron ese mismo día, con el resguardo de las cámaras de seguridad del recinto.

Eduardo Macaya al retirarse de la cárcel de Rancagua cuando se revocó la prisión preventiva luego de tres días de su condena.

Durante su primera estadía de Eduardo Macaya en la cárcel luego de ser condenado, a la que retornó este viernes luego de que el TOP de San Fernando volviera a decretar la prisión preventiva, Macaya habría tenido “regalías” que no tienen el resto de los internos, de acuerdo a lo señalado por funcionarios de Gendarmería que trabajan en la Cárcel de Rancagua. Llamadas telefónicas menos restringidas, atención preferente, habitación en solitario con ducha con agua caliente y visitas “en cualquier horario” serían algunos de los privilegios del empresario.

Según lo afirmado por los gendarmes consultados, los familiares del hombre de 72 años además se estacionaban a un costado de las casas fiscales que utilizan altos funcionarios de la institución, siendo atendidos por Cristian Solís Riesco, el jefe operativo cuyo celular fue incautado esta jornada.

Además, Eduardo Macaya habría recibido encomiendas sin que estas pasaran por las revisiones que establece el protocolo carcelario.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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