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La querella que busca que el gobierno regional de Valparaíso por el pago de un inconcluso trabajo de $233 millones para instalar validadores de transporte público

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En el contexto de cambios y transformaciones para el sistema de transporte público en la región de Valparaíso, en octubre de 2020 el entonces intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, adjudicó por licitación pública a la proveedora Everis Chile S.A. -hoy NTT Data Chile S.A.- para aplicar en el perímetro de exclusión de transporte público de Valparaíso-Quintero un sistema de recaudación electrónica bajo el proyecto de Evaluación de un sistema de recaudo, información al usuario y gestión de transporte. Pero este nunca se concretó, pese a que durante ese año el Gobierno Regional, a cargo de Rodrigo Mundaca, junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, visaron el pago del 75% de los $299 millones acordados. Es decir, $233 millones.

A casi cuatro años de esos hechos, la polémica ha vuelto a reabrise luego de que el presidente del Sindicato de Interempresas de Conductores de Quinta Región -que agrupa a los sindicados de choferes de varias líneas de la región-, Luis Torres, presentara una querella contra quienes resulten responsables por “servicios que nunca se prestaron, lo cual podría configurar un eventual fraude al fisco o malversación de fondos públicos”, según se lee en el documento.

“Nos parece una burla para nosotros como trabajadores. El Ministerio de Transportes siempre dice que no hay recursos, pero para pagar $200 millones por trabajos que no se hicieron, sí había. Ese dinero perfectamente se podría haber usado para mejorar nuestras condiciones laborales, capacitacione a los choferes, contratación de conductores que hacen falta”, señala Torres.

La acción legal presentada por Torres pretende citar a declarar al actual gobernador Mundaca, quien hizo efectivo el pago a la empresa Everis. También al ex intendente Jorge Martínez, al ex Seremi de Transportes José Emilio Guzmán y al Director de Transporte Público Regional, Pablo Ulloa, todos quienes visaron el proyecto.

1 AGOSTO DE 2023. TRANSPORTE PÚBLICA EN VALPARAÍSO. FOTO: DEDVI MISSENE

Desde el Gore de Valparaíso afirman que el proyecto fue suscrito en 2020 y contaba con un plazo de 15 meses para instalar los validadores. Sin embargo, el 25 de enero de 2022, el secretario regional ministerioal de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, solicitó el término del contrato por mutuo acuerdo “atendido que se hace inviable su continuación”, afirmaron desde el Gore.

Según detallan desde el gobierno regional, la decisión se tomó luego de que la empresa Everis Chile S.A. emitiera cuatro de los cinco informes contemplados en el proyecto que guardaban relación con un informe preliminar; reporte de implementación; reporte de puesta en marcha y un informe de seguimiento el cual, según el Gore fue aprobada por el Seremitt de Valparaíso el 25 de enero de 2022. El informe número cinco, que correspondia al documento final de la operación, no logró ser ejecutado. Los 233 millones, dicen, corresponden a las cuatro etapas sí realizadas.

“En vista de lo expresado en el informe IV, a propósito de la negativa del operador de permitir un ingreso a los fiscalizadores, es que la etapa V se vio imposibilitada de ser desarrollada, pues se requiere un análisis de la evolución del sistema en funcionamiento, a propósito del uso de este, según informa la Seremitt de Valparaíso. Por todo lo anterior se procedió a dar término anticipado al contrato”, detalla la División de Infraestructura y Transportes del Gobierno Regional de Valparaíso.

Desde la empresa de transporte Transrural -que contempla a cerca de 60 máquinas que iban a ser beneficiadas con el proyecto- fueron quienes solicitaron condiciones mínimas a la empresa para instalar los validadores, pero que fueron rechazas por la autoridad y así los aparatos no alcanzaron a operar.

Entre las aprensiones de Transrural estaban determinar la forma y periodo de pago de las empresas de los montos que los pasajeros harúan en forma electrónica, responsabilidad ante pérdidas y daños de validadores y la propiedad de la información que el plal generaría sobre la demanda de los pasajeros.

Hasta la fecha, desde el Gore señalan que no han sido notificados para prestar declaraciones.

FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

La querella presentada por el dirigente sindical no es la única. Ya existe una denuncia presentada a fiscalía local en junio de 2022 por parte del diputado republicado Luis Fernando Sánchez para investigar la procedencia del estado de pago del contrato, lo que implica uso de recursos públicos para tareas que no se ejecutaron y las razones que llevaron al fracaso de la licitación.

Según indicó el diputado en su momento, la empresa de transporte fue la que denunció que este plan de validadores nunca se hizo y que además no participó en las estipulaciones acordadas entre Transportes y Everis Chile.

En 2023 el MTT, el Gore de Valparaíso y la NTT Data descartaron anomalías, explicando que el pago corresponde a cuatro de los cinco informes que contemplaba el contrato y que sí fueron entregados con información que ha resultado útil para futuros proyectos de recaudo electrónico, homologación de validarores e integración con el sistema de recaudo Merval.

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El mea culpa de fiscal Valencia por la “patrona de lujo” en Chile

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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.

En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.

Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.

El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.

“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.

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Deportación de senadores: Cancillería entregará nota de protesta a embajador de Venezuela en Chile

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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.

En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.

Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.

Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

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