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La visión de la Dipres sobre el alza del cobre

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Lleva 800 días como directora de Presupuestos. Tres presupuestos de la nación: uno que tuvo que ejecutar y dos, en de 2023 y de 2024, que elaboró. Y nueve Informes de Finanzas Públicas, el último presentado a principios de esta semana, donde se delineó una mejor perspectiva de crecimiento para este año, de 2,5% a 2,7%, y un mayor precio del cobre, de US$ 3,84 la libra a US$ 4,2. Esta semana, el precio cerró en US$ 4,7 y se acerca a su récord histórico.

Su rol ahora es mucho menos político, pero la vinculación que tiene Javiera Martínez con el gobierno de Gabriel Boric no comenzó el 11 de marzo del 2022, sino que mucho antes: fue parte del diseño programático desde los inicios de la campaña presidencial y, por lo mismo, conoce al dedillo el programa de gobierno. Y a medida que avanza la conversación aflora esa visión más política que tiene sobre lo realizado por la actual administración en estos dos años.

Martínez defiende lo realizado hasta el momento, pese a no tener aprobadas ninguna de las reformas estructurales, como la tributaria y la previsional. “El gobierno ha hecho un montón de cambios y ha avanzado en su programa de gobierno”, se apura en responder para agregar en su argumentación que “la política fiscal ha sido lo suficientemente sabia para concretar la normalización de la economía”, y que “la convergencia fiscal era parte del programa de gobierno”.

Pone paños fríos también sobre el efecto que podrá tener el precio del cobre en los mayores ingresos y menciona que, por ello, “se necesita un pacto fiscal que aumente los ingresos tributarios, incentive el crecimiento y entregue dividendos de eficiencia del gasto público”.

La situación fiscal hoy ¿cómo la define? ¿El país está mejor de lo previsto en septiembre del año pasado, cuando se hizo el Presupuesto?

-Para el 2024 en las variables macroeconómicas se observa una mejora sobre todo en materia de crecimiento del PIB, pasando del 2,5% al 2,7%. Adicionalmente, observamos un descenso en el nivel de deuda como porcentaje del PIB y un buen impulso de la inversión pública, el cual hay que seguir empujando y sosteniendo durante el año. Por último, si bien en materia de ingresos efectivos se mantiene la misma proyección en términos agregados, vemos un mayor crecimiento en materia de ingresos, producto del alza del precio de cobre. Las alzas de precio del cobre históricamente han derivado en mejoras fiscales y económicas.

¿El mayor precio del cobre alivia la situación fiscal solo de este año o eso tiene implicancias ya para el mediano plazo?

-En materia de balance fiscal efectivo, genera un alivio de la situación fiscal de este año, porque aumentan los ingresos efectivos, que a su vez habían disminuido por menores ingresos por litio, pero dado que el precio de referencia del cobre hoy es más bajo, entonces en ingresos estructurales se ven disminuidos por el mayor ajuste cíclico, lo que conlleva a moderar los gastos para poder cumplir la meta. En síntesis, un mayor aumento cíclico del precio del cobre no produce mayor espacio fiscal, aunque sí una menor presión a endeudarse. Son aquellos mejoramientos estructurales del precio, y por tanto de su recaudación, lo que permite comprometer un mayor espacio de gasto.

¿Les ha sorprendido la caída de los ingresos por el litio?

-La proyección que reportamos trimestralmente cuenta con toda la información disponible y efectiva que tenemos en cada uno de los informes. Ciertamente, entre el último informe y el cierre estadístico, Corfo actualizó sus proyecciones a la baja. Sin embargo, el espacio de gasto que proporcionan los ingresos del litio también está sujeto a la metodología de balance estructural. Esto permite que, estructuralmente, los cambios en precio del litio afecten menos el año en curso. Esta fue una mejora que introdujimos para el año 2024 y en buena hora que lo hicimos, porque de esta manera se suaviza el efecto fiscal de esta caída.

Javiera Martínez, directora de Presupuestos: “Los ingresos del cobre aportan, pero no solucionan los problemas de estrechez fiscal que tiene el país”.

El Consejo Fiscal Autónomo ha señalado que no hay espacio para nuevos gastos en el corto y mediano plazo. ¿El mayor precio del cobre alivia en algo esa estrechez fiscal de mediano plazo?

-Tanto el Consejo Fiscal Autónomo como también lo que hemos propuesto y trabajado es que la estrechez fiscal requiere un acuerdo que nosotros llamamos Pacto Fiscal. La estrechez fiscal se afronta de tres maneras: una primera parte por mayores ingresos tributarios, donde juegan un rol los mayores ingresos por cobre. Una segunda parte que son los recursos por eficiencia del gasto público y una tercera parte son las medidas que apunten al crecimiento económico.

¿Pero quita presión por generar mayores ingresos a través de los proyectos tributarios?

-En ningún caso el efecto que generan los ingresos del cobre reemplaza otros recursos. Debemos poner en contexto al peso que tiene hoy el cobre dentro de los ingresos totales. Los ingresos por cobre son importantes, pero distan mucho de la importancia que tenían antes. Entonces, hay que ser prudente en las conclusiones que se sacan sobre los nuevos ingresos efectivos. La suma es relevante, pero son $5 billones en la nueva proyección entre el cobre de Codelco y el de la tributación privada, pero el total de ingresos de la nación son $70 billones. Los ingresos del cobre aportan, pero no solucionan los problemas de estrechez fiscal que tiene el país y que el Consejo Fiscal Autónomo ha advertido.

¿Se debe poner paños fríos al análisis de que el mayor precio del cobre generará un mayor espacio fiscal relevante?

-La respuesta integral a la estrechez fiscal que el CFA ha levantado, y que nosotros recogemos en la propuesta de pacto fiscal, es que tiene que haber mayores ingresos. Tiene que haber medidas de crecimiento económico, eficiencia y modernización del Estado. Además, se ha propuesto un fast track para acelerar esos proyectos que están en el pacto fiscal.

Santiago 16 de Mayo 2024 Entrevista a Javiera Martinez Directora de presupuestos. Foto: Juan Farias / La Tercera.

Se necesita, entonces, ¿la reforma tributaria?

-Se necesita un pacto fiscal que aumente los ingresos tributarios, incentive el crecimiento y entregue dividendos de eficiencia del gasto público, tal como el Ejecutivo ha presentado.

En cuanto al escenario macroeconómico, si bien subieron la proyección de crecimiento, para la inversión la bajaron 1,1% a 0%. ¿Qué hay detrás de esa proyección?

-Producto de la revisión de Cuentas Nacionales en 2023, la Formación Bruta de Capital Fijo (inversión) no cayó tanto como se esperaba en el anterior informe. Eso lleva a que la comparación del nivel 2024 se haga con una base más alta, lo que no implica una disminución en el nivel esperado para el año. La inversión es una de las variables más complejas o volátiles de predecir. Lo que esperamos es que la normalización de la política monetaria continúe traspasándose a las tasas de mercado y así generar un impulso a la inversión privada y, por otro lado, la inversión pública, que muestra una aceleración y nuestro desafío es mantenerla durante todo el año de manera importante.

¿Qué sustenta la mayor proyección de crecimiento para el 2024?

-El principal insumo que hoy día tenemos para la nueva proyección son los datos del primer trimestre. A ello se suma que se espera que el sector externo recupere un rol que también cumplió el año pasado en cuanto a los términos de intercambio.

¿Tienen un análisis preliminar de cómo han funcionado los cambios que se fijaron en el presupuesto 2024 para una mejor regulación entre el Estado y las fundaciones?

-Nos interesa hacer una evaluación robusta a mitad de año con motivo de la preparación del Presupuesto 2025. He tenido varias consultas de cómo aplicar las nuevas normas, que difieren de ministerio en ministerio, también difieren en términos de los gobiernos regionales. Entonces, esa evaluación se va a hacer a mitad de este año.

¿Esos 1.000 cambios normativos para elevar los estándares en el uso de los recursos públicos son los que se revisarán?

-La evaluación que se haga será un insumo para las cosas que se deben mejorar. La idea es que cuando uno hace una política pública, la evalúe. Haremos una presentación en el Congreso.

En la cuenta pública se dijo que habrá una agenda de trabajo sobre el ausentismo en el sector público. ¿En qué consiste esa agenda y cómo impacta en el presupuesto 2025 de los ministerios?

-Hemos visto un aumento del ausentismo del sector público desde 2018 a la fecha. Los datos 2023 se presentan en el informe de Recursos Humanos de junio de este año, pero nos interesa abordar el tema porque obviamente tener mayor ausentismo tiene costos para la buena gestión pública y para que los servicios lleguen a las personas. Además, también porque ejerce presión sobre el resto de la dotación en el sector público.

¿Y qué cambios de esta agenda se materializarán en el presupuesto 2024?

-La agenda de trabajo tiene diversas medidas. De las que están relacionadas con la Dirección de Presupuesto para ser incorporadas en la ley de Presupuesto 2025, se fijó como requisito el índice de número de licencias que tienen los servicios públicos o nivel de ausentismo a los servicios públicos. También para los servicios que tienen alto ausentismo se realizará un plan de acción con respecto a aquello. Eso va a incidir en el presupuesto de los ministerios con respecto a sus dotaciones.

Dipres y Hacienda también pusieron nuevos instructivos para un mejor gasto público y fijaron que si los ministerios presentan un proyecto de presupuesto con un incremento mayor al crecimiento promedio de los últimos 3 años, este no será analizado. ¿Cómo ha sido esa recepción? ¿Es una medida de la agenda mejor gasto público?

-Tenemos un esfuerzo continuo de ir mejorando el gasto público y, por supuesto, la formulación presupuestaria es uno de los hitos durante el año más importante para lograr ese objetivo. Si bien es una práctica que es algo que habíamos hecho los años anteriores en situaciones particulares, ahora fue una instrucción más general. Pero es parte de nuestra agenda de mejor gasto público.

¿Cómo será el proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior? (CAE)

-Tal como se comprometió durante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos 2024, el proyecto de ley ingresará al Congreso en algunos meses aún. En esa ocasión se conocerán los detalles.

La directora de Presupuestos destacó la responsabilidad fiscal que ha tenido el gobierno.

Ya llevan dos años de gobierno y las dos principales reformas que generarían mayores ingresos para poder implementar su agenda de reformas no han avanzado. ¿Es probable que el gobierno finalmente no avance en esos cambios estructurales que tenían previsto en su programa de gobierno?

-El gobierno ha hecho un montón de cambios y ha avanzado en su programa de gobierno. No es menor haber avanzado en un royalty a la minería, no es menor haber avanzado en un salario mínimo de $500.000, no es menor avanzar en una política nacional del litio o lo que está haciendo el plan de emergencia habitacional. Todo eso se ha hecho en el marco de una política fiscal responsable. Entonces, creo que el gobierno ha avanzado en su programa de gobierno.

¿El programa se ha ido cumpliendo, entonces?

-La convergencia fiscal era parte del programa de gobierno y por eso son importantes los mayores ingresos. Tenemos una agenda de mayores ingresos, una agencia de eficiencia del gasto y una agenda de medidas de crecimiento económico para justamente poder avanzar en las cosas que todavía quedan pendientes por avanzar. Se ha ido avanzando y hemos sido bastante tenaces en avanzar gradualmente, con un horizonte claro, pero de manera responsable. Esa ha sido la tónica del gobierno desde el primer día, lo está haciendo ahora y esa será la tónica en los próximos dos años.

Santiago 16 de Mayo 2024 Entrevista a Javiera Martinez Directora de presupuestos. Foto: Juan Farias / La Tercera.

Y en ese sentido, ¿cuáles deberían ser los énfasis de estos dos años que quedan?

-Seguir avanzando, buscar relaciones colaborativas para lograr avanzar con las grandes reformas.

Poco más de dos años lleva en el cargo de directora de la Dipres. ¿Qué balance hace de su gestión? ¿Qué resalta y qué le hubiese gustado hacer más rápido de lo que tenía previsto hacer?

-La política fiscal que ha tenido el gobierno ha sido un pilar de la normalización de la economía. Ese es uno de los logros más importantes que también ha tenido el gobierno. No es gratuito, o por arte de magia, estar en la situación en que estamos hoy día. Para lograrlo, la política fiscal ha sido uno de los pilares fundamentales. Eso es lo que resaltaría en estos dos años con mayor fuerza: la política fiscal ha sido lo suficientemente sabia para concretar la normalización de la economía y por eso hoy estamos en una senda de franco crecimiento. También la política fiscal ha estado al servicio de las personas, porque hemos podido absorber los gastos de las emergencias. En 2022 pudimos hacernos cargos de las políticas sociales que todavía eran necesarias en el país, dado las consecuencias del Covid-19, como fue el Plan Chile Apoya. El bolsillo familiar electrónico, la canasta familiar. Eso ha sido lo principal de estos dos años.

¿Le preocupa que la investigación del Ministerio Público por el ‘caso convenios’ siga abierta y se cruce quizás nuevamente con el presupuesto 2025?

-Lo he dicho siempre: estamos totalmente en una disposición de colaboración con el Ministerio Público. No veo cómo se podrían enredar o cómo se podrían juntar las dos discusiones, pero siempre ha sido una política de colaboración.

Se podría enredar si nuevamente no la dejan entrar a la discusión en sala…

-Siempre la discusión del Presupuesto es compleja.

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Senado califica deportación de Kast y Edwards como “antidemocrática”

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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.

Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.

A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.

“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).

En ese contexto, añaden que la acción “son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.

Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.

Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.

“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.

#Senado #califica #deportación #Kast #Edwards #como #antidemocrática
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Realizan manifestación contra Eduardo y Javier Macaya frente a tribunales

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Un gran número de personas se reúne a esta hora frente al Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, quienes piden justicia por las víctimas del empresario Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual contra menores, al tiempo que demandan que su hijo, el senador Javier Macaya, deje su puesto en la Cámara Alta por defender a un pederasta condenado.

Portando pancartas y carteles, al menos 200 personas comenzaron a llegar minutos antes de las 18 horas al edificio emplazado en calle Compañía, tras una convocatoria realizada por organizaciones feministas. Los asistentes han realizado cánticos solicitando principalmente que Javier Macaya deje su puesto en el Senado, afirmando que la defensa que ha hecho de su padre lo inhabilita para legislar.

Hasta pasadas las 18.30, la manifestación continuaba de manera pacífica.

Cabe recordar que el pasado 21 de julio, en entrevista con T13, el senador Macaya insistió en la inocencia de su padre a pesar del fallo judicial, manteniendo así las declaraciones que realizó desde que se destapó el caso.

Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy”, sostuvo Javier Macaya, quien destacó, además, que la grabación que se utilizó como prueba de los abusos realizados por su padre se realizó “en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”.

Y pese a que -previo a renunciar como presidente de la UDI el pasado 23 de julio- el parlamentario afirmó que “cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal”, dos días después se conoció que Javier Macaya fue parte de la defensa judicial de su padre y que, incluso, declaró cuestionando a una de las víctimas.

Cabe recordar que esta jornada, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantenía Eduardo Juan Macaya Zentilli, la que fue modificada por prisión preventiva, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua a la espera de los recursos que interpondría su defensa para impugnar la condena o, en definitiva, hasta que se aplique el “cúmplase”.

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Tras audiencia de revisión de cautelares: tribunal decreta prisión preventiva para Eduardo Macaya

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En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando tuvo lugar este viernes una audiencia en que se revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantiene Eduardo Juan Macaya Zentilli, padre del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya.

En la instancia se modificó la cautelar que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua y en su lugar, el tribunal dictó prisión preventiva. Lo que significa que el acusado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa para impugnar la condena.

La lectura de sentencia estaba programada para las 16.00 horas, pero finalmente se realizó una hora más tarde. Tras la resolución, el abogado querellante de una de las víctimas, Hernán Fernández detalló que los cuestionamientos de un supuesto trato diferenciado durante su paso por la cárcel de Rancagua fueron considerados en los alegatos para decretar prisión preventiva y añadió: “No puede haber un trato de privilegio. Esto lo voy a decir yo también responsablemente, en cuanto a lo que implica el poder económico y también el poder que el condenado ha demostrado que tiene”.

Fernández explicó que “el argumento de fondo es que con los nuevos antecedentes que se aportaron, se ha incrementado el peligro de fuga”.

Poco antes de la audiencia, fijada a partir de las 14.00 horas, el empresario vinícola llegó al tribunal desde su residencia, el fundo Santa Elena de Placilla. Mantuvo silencio, evitando responder a la prensa que lo esperaba.

Con la comunicación de sentencia de seis años de presidio efectivo para el empresario vinícola de 72 años por su responsabilidad como autor de cuatro delitos reiterados de abuso sexual contra menores de 14 años, el tribunal de primera instancia fijó su prisión preventiva por el peligro de fuga, ordenando su ingreso a la cárcel de Rancagua el viernes 19 de julio. Tres días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua reemplazó por arresto domiciliario total la medida cautelar y Eduardo Macaya regresó a su residencia en Placilla.

El mismo tribunal de alzada había otorgado el arresto domiciliario a Macaya el 15 julio de 2023, luego de 38 días en prisión preventiva tras ser formalizado, por una caución de 150 millones de pesos.

Al respecto del cambio en la medida cautelar, la fiscal que lideró la investigación, Javiera Oro, manifestó que presentaron nuevos antecedentes, entre ellos el sumario administrativo que envió Gendarmería, más la resolución del Tribunal Constitucional.Nos encontramos conformes con esta resolución”, indicó.

La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins en su acusación solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para el sentenciado y había mantenido su pretensión punitiva tras la condena, pese a que el empresario fue absuelto respecto a dos de los cuatro hechos imputados.

El abogado querellante Hernán Fernández, representante de una de las víctimas, calificó de “baja” la pena de seis años de cárcel impuesta al empresario, aunque valoró que se trate de una pena de presidio efectivo.

Desde que fue formalizado, Macaya ha permanecido privado de libertad por 415 días, tiempo que será abonado a su condena de ser ejecutoriada. Luego de la lectura de sentencia, las partes cuentan con un plazo de 10 días para recurrir por la nulidad del juicio. El plazo corre hasta el lunes.

Eduardo Macaya en el tribunal de San Fernando. Foto: Jorge Loyola / Aton Chile.

En el marco del proceso, la defensa del empresario acudió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad respecto a la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 que delimita cuándo se deben aplicar las penas privativas o restrictivas de libertad. La acción se materializó en noviembre del año pasado por el abogado Juan Carlos Manríquez. El equipo jurídico del alcalde pedía que no se aplicara en su caso la norma que indica que no pueden acceder a una sustitución de penas quienes sean condenados por abusos sexuales. El TC lo rechazó y si la condena queda a firme, el ingeniero agrónomo la deberá cumplir en forma efectiva.

Ante un reportaje de El Mostrador que dio cuenta de un presunto trato preferencial que favoreció al empresario en la cárcel, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile instruyó la realización de un sumario administrativo.

Por otro lado su hijo, Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI por presiones de su sector ante afirmaciones que hizo en defensa de su padre tras la condena.

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