El miércoles 31 de enero, la Dirección de Presupuestos (Dipres) publicará el informe de ejecución presupuestaria de diciembre y con ello el cierre de año. Una de las variables que sigue atentamente los economistas y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) es el balance fiscal y el nivel de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto. Ambas variables determinan qué tan sostenible en el mediano plazo son los ingresos fiscales con los gastos comprometidos que tiene el Estado.

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Para el cierre de 2023, la última proyección que entregó Hacienda junto a la Dipres fue de 2,3% del PIB para el déficit fiscal efectivo y de 2,6% del PIB para el estructural. Ambas variables están en cuestión. Asimismo, hace unas semanas, el gobierno publicó un nuevo decreto fiscal donde actualiza la trayectoria fiscal.

Ahora la meta fiscal de la presente administración, dado un nivel prudente de deuda del 45% del PIB será alcanzar un déficit estructural de 1,9% del PIB en 2024, pasando a 1,1% del PIB en 2025, para llegar a 0,5% del PIB en el año 2026. Cuando asumió el Ejecutivo, el gobierno proyecto que llegaría al 2026 con un déficit de 0,3%.

Ese cambio alertó al CFA. En un informe publicado este lunes, si bien valora que se reafirme que la política fiscal se guíe por una regla dual, compuesta por metas de Balance Estructural y un nivel prudente de deuda, en línea con lo que recomendó el organismo en 2021. Sin embargo, en el nuevo decreto criticaron que el gobierno haya fijado una meta de Balance Estructural de -0,5% del PIB para 2026, lo que constituye un déficit mayor al -0,3% del PIB que el Ejecutivo había establecido al inicio de su periodo.

Por ello, considerando que el gobierno cambió su meta de balance para 2026 de -0,3% del PIB en el decreto anterior a -0,5% del PIB en el nuevo decreto, el consejo alertó que, si esta nueva cifra de déficit se mantiene en los años siguientes, “no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas, y podría generar que la deuda pública sobrepase su nivel prudente en la próxima década”, que es 45% del PIB.

Asimismo, el consejo remarcó que para estabilizar la deuda bruta por debajo de su nivel prudente -fijado en 45% del PIB por Hacienda- se requiere, según sus estimaciones, un balance equilibrado, es decir, de 0% del PIB en el mediano y largo plazo.

“Incluso con un balance equilibrado, para que exista una estabilización de la deuda neta se suma el desafío de disminuir los ‘otros requerimientos de capital’, como, por ejemplo, la capitalización de empresas públicas, y reconstruir los activos financieros del Tesoro Público”, planteó el CFA.

Las economistas coinciden con las advertencias que levantó el CFA. La exdirectora de Presupuestos y actual académica de la Universidad San Sebastián, Cristina Torres, sostuvo el cambio en la meta al 2026 y su impacto en la deuda pública, “es una preocupación desde hace algunos meses y quedó en evidencia cuando conocimos el Presupuesto 2024. En él observamos un gasto comprometido subestimado, al considerar cambios en criterios históricos para su elaboración, pero, además, fue posible notar un incremento del gasto para el periodo 2024-2027, que ha sido sostenido y se venía reflejando en las últimas actualizaciones, en las que no entregó mayores explicaciones”, indicó. Asimismo, añadió que “el diagnóstico del CFA es compartido, ya que observábamos cómo las consecutivas actualizaciones de la meta de BE no son otra cosa que una consecuencia de estos mayores gastos”.

Macarena García, economista de Libertad y Desarrollo (L&D) afirmó que “nos extrañó mucho el cambio de la estimación de balance estructural del 2026 a -0,5% del PIB contenida en el último decreto de política fiscal y que no se hayan pedido mayores explicaciones a la autoridad. Esto refleja la pérdida de apoyo transversal que ha ido experimentando la regla de balance en nuestro país. Lo mismo pasó cuando se anunció que no se cumpliría con la meta de balance estructural comprometida para este año en su propia Ley de Presupuestos de este año pasando de 2,1% a 2,6%”.

Para García, “nos hemos ido acercando peligrosamente al nivel prudente de 45% y no se ve una clara estabilización cerca. Por tanto, preocupa qué pasará cuando haya una crisis económica importante, ya que la autoridad de turno probablemente tendrá que pasar el techo prudente de deuda y, con el historial que tenemos, se ve con dificultad que posteriormente podamos ubicarnos bajo el techo”.

El CFA mencionó también que la estabilización de la deuda bruta -prevista por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en su último Informe de Finanzas Públicas- considera una reducción de los activos financieros del Tesoro Público, que pasarían de 4% a 3,2% del PIB entre 2023 y 2028. Por ello, el consejo recalca que la deuda neta -es decir, la deuda bruta menos los activos financieros del Tesoro Público- no se estabilizaría. De hecho, según las proyecciones de la Dipres, la deuda neta aumentaría en los próximos años, pasando desde 34,2% del PIB en 2023 hasta 38% del PIB en 2028.

En este sentido, el CFA insiste en su recomendación de que a futuro el Ejecutivo considere un nivel prudente de deuda neta, en vez de deuda bruta, por ser un indicador más completo para medir la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, recomienda en su informe que “esta obligación, junto con la de establecer metas anuales de Balance Estructural debidamente fundamentadas en el contexto macrofiscal, debería quedar establecida en el proyecto de ley sobre Responsabilidad Fiscal en trámite”.