Llevaban su uniforme y elementos de protección cuando el teniente de Carabineros Sebastián San Martín los encontró en el pick up de la camioneta, fallecidos y calcinados por las llamas. Era algo nuevo, nunca se había presentado algo de esa magnitud en la zona y es por eso que le costó salir del shock, no solo a él, sino que a prácticamente toda una institución que aún no puede reponerse de lo que califican el mayor atentado contra sus uniformados en sus 97 años de historia.
Es que el triple homicidio de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, ocurrido en la madrugada del 27 de abril en la comuna de Cañete, en la Región del Biobío, fue calificado como un “asesinato horrible, cobarde y cruel, un ataque al alma de Chile”, en palabras del propio general director de la institución, Ricardo Yáñez.
Para Carabineros, el gobierno y el Ministerio Público dar con los responsables del crimen es prioritario. Y, por lo mismo, se han despachado equipos investigativos desde Santiago hasta el Biobío para ayudar en las pesquisas. Es más, también se sumó la PDI para ayudar en la investigación.
Tanto así que anoche efectivos de la PDI allanaron algunas comunidades en la comuna de Tirúa y así apoyar en las labores de búsqueda de los sospechosos. La Fiscalía, por ahora, no tiene los nombres concretos de quiénes realizaron el atentado, pero sí sospechas de quiénes podrían estar detrás del homicidio, a partir de una serie de pistas levantadas desde el sitio del suceso.
El primer dato que surgió en la investigación fue la camioneta siniestrada, y donde fueron arrojados los carabineros ya fallecidos, antes de prenderles fuego. El vehículo fue encontrado en la peligrosa ruta P-72-S, a la altura del kilómetro 24, específicamente en el sector Antiquina. Fue en ese punto que el vehículo policial AP-2875 fue hallado con cuatro disparos en sus puertas y totalmente quemado.
Sin embargo, la Fiscalía y el personal investigativo de Carabineros comenzaron a seguir otras pistas, como, por ejemplo, la señal de GPS que se activó por última vez desde la camioneta. No está claro si esta se emitió por el mismo vehículo o bien desde uno de los celulares de las víctimas.
Pero lo que sí se ha determinado es que esa señal se activó por última vez en Quidico-Costa, específicamente dentro de una comunidad donde los policías iban a realizar el control de medidas cautelares.
Esa fue la última vez que el GPS se reportó como encendido, por ende, su última fijación fue allí.
Lo que creen los investigadores es que fue en ese lugar donde los policías fueron baleados, para luego ser trasladados en su camioneta hasta la ruta P-72 donde fueron encontrados. Allí los quemaron y eliminaron todo atisbo de huellas dactilares.
En ese sector, según la información recabada por Carabineros, se encuentran cuatro comunidades radicales: Juan Segundo Marilao, Segundo Huenuman de Lautaro, Antiquina y Lebtraru.
Quienes conocen las pesquisas, además, agregaron que por la zona donde habría sido el atentado las pistas apuntan a la organización Weichan Auka Mapu (WAM), la cual funciona de manera “paramilitar” desde el 2016 y se han dedicado al ataque de forestales, predios, escuelas e iglesias, y también se les atribuye una serie de homicidios.
Las sospechas sobre esta organización radican en que la zona de Quidico-Costa está dentro de su “zona de control”, aunque más específicamente entre el kilómetro 29 y 38.
Sin embargo, en la policía también advierten sobre otra organización que podría estar detrás: Resistencia Mapuche Lafkenche (RML), tanto por el lugar del atentado y por las características de este. Su última “gran aparición” fue el ataque al molino Grollmus, en agosto del 2022, donde incendiaron la casa patronal y dispararon a los dueños de casa. El propio Presidente Gabriel Boric calificó ese hecho como un “acto de carácter terrorista”.
Además de diligencias en Tirúa y Quidico, los policías también están cercando la zona de Lebu, pues manejan un dato no menor: se busca una camioneta roja, la cual sería de propiedad de la persona que sería controlada por la medida cautelar. Esta tenía encargo por robo y era utilizada por el imputado que sería controlado por los policías fallecidos, quien mantenía causas vigentes por porte de armas y drogas.
Por ahora, además, la policía está haciendo un exhaustivo control de identidad, lo que ayer en la tarde arrojó un primer resultado.
A las 18.50 de la tarde, personal del OS-9 detuvo en la ruta que une a Cañete y Tirúa a un imputado asociado a una causa de lesiones graves, pero que mantiene algunos nexos en la zona que podrían ayudar en las pesquisas.
“El detenido es considerado sujeto de interés investigativo por parte de Sipolcar Arauco, con vinculación a delitos de connotación social cometidos en sectores rurales de Cañete, perteneciente al grupo criminal dedicado al robo de vehículos denominado ‘Los Pablitos’”, consigna parte del mensaje policial que registró su arresto.
Otra de las pistas que buscan los investigadores es saber qué pasó con el armamento que portaban los carabineros, pues dado su calibre significa que quienes perpetraron el crimen hoy cuentan con un importante contingente armado. Los uniformados portaban tres pistolas marca Taurus, dos ametralladoras Uzi, una escopeta marca Winchester y una cámara GoPro Hero 5.
A 48 horas del crimen, fiscales y policías cercan una zona que no es fácil, donde se cree que los sospechosos no han salido de la provincia, en una táctica que siempre les rinde frutos al momento de esconderse. El objetivo, ahora, es acceder a sus comunicaciones y las horas previas de un atentado de máxima gravedad.
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Una mujer colombiana de 47 años, apodada como la“Patrona de lujo”, fue detenida durante un allanamiento en la toma “El sueño de todos” en Puente Alto. Sandra Milena Acevedo Riascos era una de las mujeres más buscada en Cali.
En 2010, la policía colombiana ingresó a la mujer a su registro de los delincuentes más buscados y está vinculada a bandas criminales de la cuidad cafetera. Pese a tener un amplio prontuario en Colombia, acorde a 24 horas, desde 2009 que vivía en Chile, luego de ingresar de forma regular al país. Tras su tiempo en territorio nacional, incluso obtuvo la residencia definitiva.
Sobre esta detención, el fiscal nacional Ángel Valencia confesó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.
“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, indicó en conversación con TVN.
El líder del Ministerio Público también apuntó a la delincuencia en las tomas irregulares: “Hemos advertido en otras oportunidades sobre las tomas de terreno controladas por el crimen organizado”.
“Históricamente en Chile las tomas de terreno estaban asociadas básicamente a organizaciones o agrupaciones de carácter popular que buscaban resolver sus problemas de vivienda y recurrían a la fuerza. Pero eran básicamente personas que se autoorganizaban, que tenían comités propios y que tomaban esa decisión. Esto fue evolucionando al loteo. Hoy en día lo que tenemos lamentablemente son muchos focos de lotes de terrenos informales en los cuales una banda toma el control”, explicó.
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Esta tarde se conoció que las autoridades venezolanas impidieron la entrada a los senadores Felipe Kast y Rojo Edwards, quienes viajaron al país sudamericano para presenciar las elecciones presidenciales de este domingo, tras ser invitados por la oposición a Nicolás Maduro para ser observadores del proceso electoral.
En sus cuentas de la red social X, ambos parlamentarios criticaron la medida, la que calificaron como “completamente arbitraria”.
Ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta por la situación, según señalaron desde la Cancillería. La misiva fue entregada a Méndez minutos antes de las 21 horas de este viernes.
Minutos antes, la mesa del Senado había emitido una declaración en la que criticaron la “arbitraria prohibición de ingreso a territorio venezolano que sufrieron los senadores Felipe Kast y Manuel José Rojo Edwards”, por la que llamaron al gobierno de Gabriel Boric a “adoptar las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
En el texto, desde la Cámara Alta recordaron que ambos senadores “habían sido invitados por el candidato presidencial de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, en un viaje autorizado por el Senado e informado a Cancillería, y cuya finalidad era la de observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.
Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.
A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).
En ese contexto, añaden que la acción“son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.
Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.
Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.
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