Divergentes opiniones han surgido tras la aprobación este lunes, por 122 votos a favor, de la ley corta de isapres, por la Cámara de Diputadas y Diputados, proyecto que previamente fue visado por el Senado y que surge tras el informe emitido por la comisión mixta, respecto a las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, que apuntan a darle viabilidad al fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a devolver los cobros en exceso y a utilizar la nueva tabla de factores.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri, reconoció que ha sido una “discusión difícil, larga y ardua”, asegurando que “hemos puesto en el centro a las personas, a los más de 2.800.000 afiliados que aún están en isapres, pero también a los 16 millones de personas que están en Fonasa”.
En este sentido, resaltó que el corazón de la iniciativa tiene como fin el fortalecimiento del Fondo de Salud Público (Fonasa), como también a la creación de la modalidad de cobertura complementaria, que permitiría a quienes migren a Fonasa mantener sus mismas prestaciones y prestadores privados, aspectos que serían “los primeros pasos en dirección justamente de la reforma a la salud que queremos”.
“Estamos dando una respuesta, que no vamos a dejar caer, ni a dejar sin atención, ni continuidad de tratamiento a las 300.000 personas que están hoy día con sus GES activados, con tratamientos de enfermedades y condiciones severas, pero tampoco a los 2.800.000 que aún quedan en isapres”, indicó.
En torno al plazo máximo para la devolución de la deuda de las aseguradoras de salud, que aumenta de 10 a 13 años, la diputada sostuvo que “por cierto, que nos ha dolido. Nos dolió que hubiera un alza extraordinaria, pero logramos que el techo fuera de un 10% y no un 15%. Pero valoramos sin duda que no puedan retirar utilidades hasta que terminen de pagar toda la deuda. Eso es muy importante”.
“Ha sido difícil, ha sido duro, por cierto que sí. Y desde nuestro sector, desde el principio hemos marcado la preocupación y hecho los puntos en todo aquello que no nos ha parecido. Pero bueno, no estamos en una mayoría que nos haya permitido ganar todos esos puntos. Hoy día podemos decirle con transparencia a Chile que responsablemente hemos aprobado esta ley, aunque hay muchas cosas que no nos gustan (…) Es difícil decir estamos conformes, porque para llegar a este acuerdo todos tuvimos que ceder y hay aspectos que, por supuesto, que no estamos conformes”, acotó.
En tanto, el vicepresidente de la Cámara, el diputado Eric Aedo (DC), señaló que la aprobación no representa un “salvataje” a las aseguradoras, sino que “es darle una respuesta certera a la gente que es parte del sistema de salud privado”.
“Había sectores políticos que lo que querían era eliminar el sistema privado de salud. Pero la realidad se impone. En la salud privada están hoy día participando más de 3 millones de chilenos y chilenas y a ellos había que entregar una respuesta muy concreta, no podían seguir en esta situación, en que no sabían qué iba a suceder con sus planes de salud”, añadió.
A su vez, el diputado Tomás Lagomarsino (IND), quien integró la comisión mixta, calificó la votación como “un gran acuerdo para Chile”, destacando la modalidad de cobertura complementaria “que va a terminar beneficiando el 80% de la población que está en Fonasa, ampliando obviamente cobertura a prestaciones no aranceladas, cubriendo copago y a partir del tercer año un seguro catastrófico de salud”.
“Esto es una muy buena noticia y también logramos un acuerdo en materia de isapres, donde finalmente logramos equilibrar, por un lado, que el fallo de la Corte Suprema se cumpliera en los tiempos y en las características mandatadas por este máximo órgano jurisdiccional, que se devuelvan los montos cobrados en exceso a los afiliados y que a la vez el sistema no tenga una debacle que perjudique al conjunto de los pacientes que están en el sistema de salud, tanto del sector privado como del sector público”, subrayó.
Por su parte, el diputado Stephan Schubert (IND-Rep) opinó que “esta ley no satisface a nadie, pero era necesaria. Era un acto republicano para permitir que el sistema no cayera y que otorgara ciertas facilidades para que tuviera continuidad. Tenemos un sistema mixto, público-privado, y era necesario mantener el sistema actual”.
En la misma línea, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), declaró que “primó la sensatez y el sentido común. Era necesario dar cumplimiento a los fallos judiciales, sin poner en riesgo el funcionamiento del sistema privado de salud. Se puso a los chilenos como única prioridad”.
Finalmente, la diputada Karen Medina (PDG) criticó al gobierno “por la tardanza de legislar sobre estos temas importantes, teniendo todos los antecedentes en la mesa”, afirmando que el Ejecutivo “prefirió esperar a última hora, andar corriendo y tener que aprobar este proyecto”.
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Un gran número de personas se reúne a esta hora frente al Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, quienes piden justicia por las víctimas del empresario Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual contra menores, al tiempo que demandan que su hijo, el senador Javier Macaya, deje su puesto en la Cámara Alta por defender a un pederasta condenado.
Portando pancartas y carteles, al menos 200 personas comenzaron a llegar minutos antes de las 18 horas al edificio emplazado en calle Compañía, tras una convocatoria realizada por organizaciones feministas. Los asistentes han realizado cánticos solicitando principalmente que Javier Macaya deje su puesto en el Senado, afirmando que la defensa que ha hecho de su padre lo inhabilita para legislar.
Hasta pasadas las 18.30, la manifestación continuaba de manera pacífica.
Cabe recordar que el pasado 21 de julio, en entrevista con T13, el senador Macaya insistió en la inocencia de su padre a pesar del fallo judicial, manteniendo así las declaraciones que realizó desde que se destapó el caso.
“Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy”, sostuvo Javier Macaya, quien destacó, además, que la grabación que se utilizó como prueba de los abusos realizados por su padre se realizó “en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”.
Y pese a que -previo a renunciar como presidente de la UDI el pasado 23 de julio- el parlamentario afirmó que “cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal”, dos días después se conoció que Javier Macaya fue parte de la defensa judicial de su padre y que, incluso, declaró cuestionando a una de las víctimas.
Cabe recordar que esta jornada, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantenía Eduardo Juan Macaya Zentilli, la que fue modificada por prisión preventiva, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua a la espera de los recursos que interpondría su defensa para impugnar la condena o, en definitiva, hasta que se aplique el “cúmplase”.
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En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando tuvo lugar este viernes una audiencia en que se revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantiene Eduardo Juan Macaya Zentilli,padre del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya.
En la instancia se modificó la cautelar que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua y en su lugar, el tribunal dictó prisión preventiva. Lo que significa que el acusado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa para impugnar la condena.
La lectura de sentencia estaba programada para las 16.00 horas, pero finalmente se realizó una hora más tarde. Tras la resolución, el abogado querellante de una de las víctimas, Hernán Fernández detalló que los cuestionamientos de un supuesto trato diferenciado durante su paso por la cárcel de Rancagua fueron considerados en los alegatos para decretar prisión preventiva y añadió: “No puede haber un trato de privilegio. Esto lo voy a decir yo también responsablemente, en cuanto a lo que implica el poder económico y también el poder que el condenado ha demostrado que tiene”.
Fernández explicó que “el argumento de fondo es que con los nuevos antecedentes que se aportaron, se ha incrementado el peligro de fuga”.
Poco antes de la audiencia, fijada a partir de las 14.00 horas, el empresario vinícola llegó al tribunal desde su residencia, el fundo Santa Elena de Placilla. Mantuvo silencio, evitando responder a la prensa que lo esperaba.
Con la comunicación de sentencia de seis años de presidio efectivo para el empresario vinícola de 72 años por su responsabilidad como autor de cuatro delitos reiterados de abuso sexual contra menores de 14 años, el tribunal de primera instancia fijó su prisión preventiva por el peligro de fuga, ordenando su ingreso a la cárcel de Rancagua el viernes 19 de julio. Tres días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua reemplazó por arresto domiciliario total la medida cautelar y Eduardo Macaya regresó a su residencia en Placilla.
El mismo tribunal de alzada había otorgado el arresto domiciliario a Macaya el 15 julio de 2023, luego de 38 días en prisión preventiva tras ser formalizado, por una caución de 150 millones de pesos.
Al respecto del cambio en la medida cautelar, la fiscal que lideró la investigación, Javiera Oro, manifestó que presentaron nuevos antecedentes, entre ellos el sumario administrativo que envió Gendarmería, másla resolución del Tribunal Constitucional.“Nos encontramos conformes con esta resolución”, indicó.
La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins en su acusación solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para el sentenciado y había mantenido su pretensión punitiva tras la condena, pese a que el empresario fue absuelto respecto a dos de los cuatro hechos imputados.
El abogado querellante Hernán Fernández, representante de una de las víctimas, calificó de “baja” la pena de seis años de cárcel impuesta al empresario, aunque valoró que se trate de una pena de presidio efectivo.
Desde que fue formalizado, Macaya ha permanecido privado de libertad por 415 días, tiempo que será abonado a su condena de ser ejecutoriada. Luego de la lectura de sentencia, las partes cuentan con un plazo de 10 días para recurrir por la nulidad del juicio. El plazo corre hasta el lunes.
Eduardo Macaya en el tribunal de San Fernando. Foto: Jorge Loyola / Aton Chile.
En el marco del proceso, la defensa del empresario acudió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad respecto a la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 que delimita cuándo se deben aplicar las penas privativas o restrictivas de libertad. La acción se materializó en noviembre del año pasado por el abogado Juan Carlos Manríquez. El equipo jurídico del alcalde pedía que no se aplicara en su caso la norma que indica que no pueden acceder a una sustitución de penas quienes sean condenados por abusos sexuales. El TC lo rechazó y si la condena queda a firme, el ingeniero agrónomo la deberá cumplir en forma efectiva.
Ante un reportaje de El Mostrador que dio cuenta de un presunto trato preferencial que favoreció al empresario en la cárcel, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile instruyó la realización de un sumario administrativo.
Por otro lado su hijo, Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI por presiones de su sector ante afirmaciones que hizo en defensa de su padre tras la condena.
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Mediante una declaración en video, Karla Rubilar(Ind.-RN) confirmó su candidatura a la alcaldía de Puente Alto.
“Como el alcalde Germán Codina bien sabe, he vivido semanas de una situación familiar de salud muy dura que me ha mantenido alejada de la comuna y ha ocupado gran parte de mi tiempo, además de generarme una reflexión sobre mi futuro político”, dice en el registro.
De acuerdo a la ex ministra vocera de gobierno de la segunda administración de Sebastián Piñera, durante estas semanas recibió además “el ofrecimiento formal para ser candidata a la Gobernación Metropolitana, porque existen encuestas que dicen que yo ganaría esa elección”.
Y luego agregó: “Y si bien ser intendenta de la Región Metropolitana ha sido uno de los cargos más hermosos que he tenido a lo largo de mi vida y agradezco enormemente a todos quienes creen que yo podría ser una gran gobernadora, lo cierto es que después de conversar con mi familia, con mis amigos e incluso yo que soy creyente de pedirle ayuda a Dios, he llegado al convencimiento de que mi lugar está en la comuna de Puente Alto”.
“Yo quiero ser alcaldesa de la comuna. Voy a vivir en Puente Alto para vivir sus sueños y sus dolores y para compartir con ellos este sueño de tener un Puente Alto mucho mejor para todos”, expresó.
Para finalizar, apuntó que es por eso que agradece enormemente a todos quienes la han acompañado y han comprendido el proceso que ha vivido. “Quiero pedirle a ellos también que me ayuden a tener la fuerza para enfrentar este desafío y para lograr convertirme el 27 de octubre en la primera mujer alcaldesa de Puente Alto. Estoy segura que juntos lo vamos a lograr”.
La declaración de Rubilar se da luego de un quiebre con el actual jefe comunal puentealtino, Germán Codina (RN), que había puesto en duda la candidatura de la ex secretaria de Estado.
Es que según detalló La Tercera, el distanciamiento entre ambas figuras se originó hace cerca de un mes a propósito de una petición que hizo Rubilar a Codina: incorporar personas de su confianza al municipio, lo que implicaría despedir a actuales trabajadores, situación a la que el alcalde RN se negó. Es por eso que Codina ya no estaría dispuesto a seguir respaldándola para llegar a la alcaldía.
No solo eso. Desde la misma coalición de derecha transmitieron quela situación escaló a tal punto, que Rubilar amenazó en un momento con dejar de ser candidata, y por ello, personeros del bloque habrían hablado con la exministra para convencerla de que no desista de competir.
Ahora, el escenario eleccionario vuelve a tener a la exministra como una de las postulantes fuertes para los comicios de octubre de este año. Solo resta saber si lo hará con el apoyo de Codina o sin éste.
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