“Como se ha señalado antes, el ‘caso convenios’ es un entramado de ilegalidades y vulneraciones a nuestro ordenamiento jurídico. En este apartado detallamos algunas de dichas vulneraciones de la ley: 1) Artículos 9, 127, 205, 207, 208, 212, 214, 236 y siguientes del Código Penal: correspondientes a delitos y faltas de fraude al Fisco: al momento de la redacción de esta acusación, Daniel Andrade, exdirector de Democracia Viva, y Carlos Contreras, exseremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Atacama, han sido detenidos y formalizados por el Juzgado de Garantías de Antofagasta”.
Ese es uno de los párrafos que ayer fue apuntado por la defensa del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), como un ejemplo de los varios errores formales y de fundamentación que tenía la acusación constitucional presentada por las bancadas opositoras en contra del secretario de Estado.
Si bien el objetivo de la presentación, que fue firmada por representantes de la mayoría de los comités opositores -salvo de Evópoli-, era señalar la negligencia y la falta de supervigilancia del titular del Ministerio de Vivienda (Minvu) en los traspasos irregulares de fondos públicos a ciertas organizaciones, entre ellas la Fundación Democracia Viva, casi ninguna de estas normas del Código Penal -citadas en el escrito- tiene una relación directa con el caso.
El hecho detectado por el equipo que dirige el abogado defensor, Pablo Ruiz-Tagle, provocó inmediatamente recriminaciones en la derecha.
Uno de los más molestos era el jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, quien si bien no facilitó firmas de su grupo parlamentario para presentar el libelo, se había comprometido respaldarlo en la sala. “Me molesta que esté mal hecha (la acusación). Si queremos hacer una buena gestión, tenemos que ser serios. Una vez más, la presiones de ciertos grupos buscando ventajas, lo que han logrado es afirmar la figura del ministro Montes, que a todas luces tiene responsabilidad política”.
El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, reaccionó con resignación. “Esto quiere decir que no basta con tener las ganas y el ímpetu. Hay que analizar las cosas con más reflexión y recurrir a quienes tienen experiencia. Nosotros en RN no nos involucramos en esta presentación, porque quienes sugirieron esta acusación fueron otras bancadas y nosotros nos limitamos a respaldarlos”.
Desde la UDI, en tanto, tampoco se involucraron en la redacción, pero al igual que RN sí facilitaron firmas de diputados. El problema, admiten desde estas bancadas, es que, incluso, se hicieron algunas recomendaciones, pero que no fueron incorporadas ante la premura de los comités del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano de presentar el escrito inmediatamente después del plebiscito.
¿De quién fue el error? Desde estas últimas bancadas, que fueron las encargadas de redactar el escrito, evitaron responsabilizar a algún asesor en particular. Sin embargo, al cierre de esta edición ya estaba meridianamente claro que los errores estaban en un capítulo que elaboraron los republicanos.
De hecho, el borrador de las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha (ambas militantes socialcristianas), quienes fueron las primeras en impulsar el libelo contra Montes, no contenía las referencias equivocadas al Código Penal.
Frente a las críticas, el jefe de la bancada republicana, Agustín Romero, asumió la responsabilidad como patrocinante del escrito. “Lamentablemente cuando los documentos pasan por tantos niveles de revisión, información e intervención es difícil culpar a alguien. Pero en esto hay que ser hidalgo. Si yo puse la firma, me hago responsable. Esto es parte de ser hombre y ser profesional. Lamentablemente el documento venía con un error. Hay que dar la cara, no tengo problema en asumir la equivocación, pero eso no obsta que estamos hablando de un ministro negligente, que está comprobado que tenía información y, cuando la tuvo, no hizo nada hasta que el escándalo estalló”.
Los errores apuntados por la defensa de Montes iban desde cosas triviales; por ejemplo, las páginas no estaban numeradas o supuestas notas al pie página que no tenía ningún texto asociado.
A juicio de Ruiz-Tagle, estas desprolijidades eran parte de un trabajo basado en “copy paste”, lo que constituía una “descortesía” con los diputados.
No obstante, los errores más gruesos estaban en el marco jurídico de la acusación, donde aparecían citadas, sin una explicación clara, normas del Código Penal (CP). Lo extraño es que estas disposiciones ni siquiera figuraban en la querella que presentaron los republicanos en junio del año pasado por el caso de Democracia Viva.
Por ejemplo, la acusación citaba el artículo 127 del Código Penal, que se refiere a modalidades de prescripción en crímenes y delitos contra la seguridad interior del Estado; el 214 habla de la usurpación del nombre de otra persona; el 205 sobre la falsificación de certificados; el 207 respecto de la presentación de testigos falsos y el 208 menciona que la retractación es atenuante en casos de un testimonio falso.
En tanto, el artículo 9 hace una referencia muy general que tal vez podría tener una lejana relación con las imputaciones a Montes. “Las faltas solo se castigan cuando han sido consumadas”, dice la ley.
El único que tiene alguna relación con el caso es el número 236 del mencionado Código. “El empleado público que arbitrariamente diere a los caudales o efectos que administre una aplicación pública diferente de aquella a que estuvieren destinados, será castigado con la pena de suspensión del empleo en su grado medio (…)”.
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La mesa del Senado de Chile declaró este viernes que la deportación de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rojo Edwards (PSC) desde Venezuela, constituye una acción “antidemocrática”, por lo que solicitaron al gobierno tomar medidas diplomáticas ante lo que calificaron un “agravio” en contra del país.
Los legisladores al momento de llegar a Venezuela no pudieron formalizar su ingreso a su llegada como delegación oficial de la Cámara Alta que participaría como observadores del proceso eleccionario que se realizará este domingo y donde se define la continuidad del régimen de Nicolás Maduro frente a Edmundo González, quien se perfila como potencial ganador de los comicios.
A través de una declaración, el Senado afirmó que Kast y Edwards fueron invitados por González. El periplo había sido autorizado por la corporación y también informado a la Cancillería para “observar el normal desarrollo del proceso electoral”.
“Los hechos denotan la mayor gravedad. Los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio”, señala el escrito firmado por presidente del Senado José García Ruminot (RN) y el vicepresidente, Matías Walker (Demócratas).
En ese contexto, añaden que la acción“son antidemocráticas, y solo manifiestan el comportamiento reiterado del Gobierno de Venezuela, en orden a impedir la realización de elecciones con garantías mínimas que aseguren un resultado imparcial”.
Asimismo, las autoridades del Senado destacaron el rol de la corporación como “pilar fundamental del Estado de derecho” y “cuyos miembros tienen un compromiso irrestricto con el desarrollo y fortalecimiento de sociedades democráticas en todo el mundo”.
Debido a lo anterior, es que los firmantes solicitaron acciones diplomáticas al gobierno para “representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno”.
“El pueblo venezolano merece volver a vivir en libertad, con pleno respeto y garantía a sus derechos fundamentales, y bajo condiciones que aseguren un sistema político pluralista y elecciones transparentes”, sostuvieron Walker y Ruminot.
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Un gran número de personas se reúne a esta hora frente al Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, quienes piden justicia por las víctimas del empresario Eduardo Macaya Zentilli, condenado por abuso sexual contra menores, al tiempo que demandan que su hijo, el senador Javier Macaya, deje su puesto en la Cámara Alta por defender a un pederasta condenado.
Portando pancartas y carteles, al menos 200 personas comenzaron a llegar minutos antes de las 18 horas al edificio emplazado en calle Compañía, tras una convocatoria realizada por organizaciones feministas. Los asistentes han realizado cánticos solicitando principalmente que Javier Macaya deje su puesto en el Senado, afirmando que la defensa que ha hecho de su padre lo inhabilita para legislar.
Hasta pasadas las 18.30, la manifestación continuaba de manera pacífica.
Cabe recordar que el pasado 21 de julio, en entrevista con T13, el senador Macaya insistió en la inocencia de su padre a pesar del fallo judicial, manteniendo así las declaraciones que realizó desde que se destapó el caso.
“Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy”, sostuvo Javier Macaya, quien destacó, además, que la grabación que se utilizó como prueba de los abusos realizados por su padre se realizó “en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”.
Y pese a que -previo a renunciar como presidente de la UDI el pasado 23 de julio- el parlamentario afirmó que “cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal”, dos días después se conoció que Javier Macaya fue parte de la defensa judicial de su padre y que, incluso, declaró cuestionando a una de las víctimas.
Cabe recordar que esta jornada, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantenía Eduardo Juan Macaya Zentilli, la que fue modificada por prisión preventiva, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua a la espera de los recursos que interpondría su defensa para impugnar la condena o, en definitiva, hasta que se aplique el “cúmplase”.
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En el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando tuvo lugar este viernes una audiencia en que se revisó la medida cautelar de arresto domiciliario total que mantiene Eduardo Juan Macaya Zentilli,padre del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya.
En la instancia se modificó la cautelar que dictó la Corte de Apelaciones de Rancagua y en su lugar, el tribunal dictó prisión preventiva. Lo que significa que el acusado deberá permanecer recluido en la cárcel de Rancagua mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa para impugnar la condena.
La lectura de sentencia estaba programada para las 16.00 horas, pero finalmente se realizó una hora más tarde. Tras la resolución, el abogado querellante de una de las víctimas, Hernán Fernández detalló que los cuestionamientos de un supuesto trato diferenciado durante su paso por la cárcel de Rancagua fueron considerados en los alegatos para decretar prisión preventiva y añadió: “No puede haber un trato de privilegio. Esto lo voy a decir yo también responsablemente, en cuanto a lo que implica el poder económico y también el poder que el condenado ha demostrado que tiene”.
Fernández explicó que “el argumento de fondo es que con los nuevos antecedentes que se aportaron, se ha incrementado el peligro de fuga”.
Poco antes de la audiencia, fijada a partir de las 14.00 horas, el empresario vinícola llegó al tribunal desde su residencia, el fundo Santa Elena de Placilla. Mantuvo silencio, evitando responder a la prensa que lo esperaba.
Con la comunicación de sentencia de seis años de presidio efectivo para el empresario vinícola de 72 años por su responsabilidad como autor de cuatro delitos reiterados de abuso sexual contra menores de 14 años, el tribunal de primera instancia fijó su prisión preventiva por el peligro de fuga, ordenando su ingreso a la cárcel de Rancagua el viernes 19 de julio. Tres días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua reemplazó por arresto domiciliario total la medida cautelar y Eduardo Macaya regresó a su residencia en Placilla.
El mismo tribunal de alzada había otorgado el arresto domiciliario a Macaya el 15 julio de 2023, luego de 38 días en prisión preventiva tras ser formalizado, por una caución de 150 millones de pesos.
Al respecto del cambio en la medida cautelar, la fiscal que lideró la investigación, Javiera Oro, manifestó que presentaron nuevos antecedentes, entre ellos el sumario administrativo que envió Gendarmería, másla resolución del Tribunal Constitucional.“Nos encontramos conformes con esta resolución”, indicó.
La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins en su acusación solicitó imponer una pena de 12 años de cárcel para el sentenciado y había mantenido su pretensión punitiva tras la condena, pese a que el empresario fue absuelto respecto a dos de los cuatro hechos imputados.
El abogado querellante Hernán Fernández, representante de una de las víctimas, calificó de “baja” la pena de seis años de cárcel impuesta al empresario, aunque valoró que se trate de una pena de presidio efectivo.
Desde que fue formalizado, Macaya ha permanecido privado de libertad por 415 días, tiempo que será abonado a su condena de ser ejecutoriada. Luego de la lectura de sentencia, las partes cuentan con un plazo de 10 días para recurrir por la nulidad del juicio. El plazo corre hasta el lunes.
Eduardo Macaya en el tribunal de San Fernando. Foto: Jorge Loyola / Aton Chile.
En el marco del proceso, la defensa del empresario acudió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad respecto a la ejecución del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18.216 que delimita cuándo se deben aplicar las penas privativas o restrictivas de libertad. La acción se materializó en noviembre del año pasado por el abogado Juan Carlos Manríquez. El equipo jurídico del alcalde pedía que no se aplicara en su caso la norma que indica que no pueden acceder a una sustitución de penas quienes sean condenados por abusos sexuales. El TC lo rechazó y si la condena queda a firme, el ingeniero agrónomo la deberá cumplir en forma efectiva.
Ante un reportaje de El Mostrador que dio cuenta de un presunto trato preferencial que favoreció al empresario en la cárcel, la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile instruyó la realización de un sumario administrativo.
Por otro lado su hijo, Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI por presiones de su sector ante afirmaciones que hizo en defensa de su padre tras la condena.
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